EL OBSERVATORIO POLITICO

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viernes, octubre 31, 2008

Comisión Mixta proyecto que crea registro público de ONG's y fomenta la participación ciudadana

El hecho de que dicho registro estuviera a cargo del Ministerio Secretaría General de Gobierno y la creación de un Estatuto del Voluntario, entre otros, generaron discrepancias entre los senadores.

Será una Comisión Mixta de senadores y diputados, la instancia que deberá resolver las discrepancias que surgieron en torno al proyecto que crea dos registros para las organizaciones sin fines de lucro y para las organizaciones de interés público, y que también fomenta la participación ciudadana en la gestión pública.

Si bien, 14 senadores votaron a favor de la iniciativa, 2 en contra y 10 se abstuvieron, no se logró reunir el quórum suficiente para su aprobación.

A favor votaron los senadores Camilo Escalona, Jaime Gazmuri, José Antonio Gómez, Antonio Horvath, Juan Pablo Letelier, Roberto Muñoz Barra, Jaime Naranjo, Alejandro Navarro, Pedro Muñoz, Carlos Ominami, Jaime Orpis, Víctor Pérez, Hosaín Sabag y Guillermo Vásquez.

En contra, lo hicieron los senadores José García y Jovino Novoa; mientras que se abstuvieron los senadores Andrés Allamand, Andrés Chadwick, Juan Antonio Coloma, Alberto Espina, Hernán Larraín, Pablo Longueira, Evelyn Matthei, Baldo Prokurica, Sergio Romero y Adolfo Zaldívar.

Aunque la mayoría de los legisladores presentes en Sala se mostró partidario de aumentar y facilitar la participación de las diversas organizaciones sociales, los principales reparos surgieron a raíz de la dependencia que tendrían dichos registros del Ministerio Secretaría General de Gobierno y la creación de un Estatuto del Voluntario, entre otros aspectos.

Cabe recordar que además de la creación de los dos registros públicos y del Estatuto del Voluntario, el proyecto favorece la obtención de personalidad jurídica y establece un Fondo para el Desarrollo de la Sociedad Civil que será administrado por el Consejo Nacional y por los Consejos Regionales.

EVENTUAL INTERVENCION

Durante el debate en Sala intervinieron los senadores Jaime Orpis, Roberto Muñoz Barra, Hosaín Sabag, Antonio Horvath, José García, Víctor Pérez, Alejandro Navarro, Jaime Gazmuri, Hernán Larraín, Juan Pablo Letelier, Ricardo Núñez y Carlos Ominami.

El senador Orpis dijo no tener inconveniente en facilitar la constitución de diversas organizaciones sociales, pero estimó que en la iniciativa se facilita la "intromisión política del gobierno de turno", tanto por la dependencia de los registros, por la composición de los consejos que entregan los recursos del Fondo.

En tanto, el senador Muñoz Barra destacó los alcances del proyecto argumentando que busca promover un marco jurídico que incentive la transparencia y al mismo tiempo genere incentivos para que las organizaciones puedan acceder a subsidios por parte del Estado.

En la misma línea, el senador Hosaín Sabag manifestó que esta iniciativa permitirá potenciar la participación de los organismos sociales en la gestión pública y recordó que durante su discusión en general, la Comisión de Gobierno desplegó una labor importante para escuchar a todas las organizaciones que lo solicitaron.

Por su parte el senador Horvath señaló que en nuestro país existe una gran cantidad de "tejido social" que hay que rescatar y fiscalizar a tiempo, y si bien dijo ser partidario de la iniciativa, advirtió que se debería modificar en cuanto a entregar más libertad a las organizaciones en la elaboración de sus estatutos y perfeccionar la composición de los consejos que entregan los recursos, eliminando a los representantes del gobierno.

Una opinión en contra del proyecto manifestó el senador García, quien señaló que éste consagra la participación de los gobiernos de turno en la sociedad civil, politizándola en exceso.

El senador Pérez valoró el proyecto pero advirtió que tiene aspectos cuestionables como la creación del estatuto del voluntario, la imposición de estructuras de organización interna y el hecho de que los registros dependan del Ministerio Secretaría General de Gobierno, que es uno de los más políticos.

El senador Navarro dijo que existe una ausencia de participación societal importante, por lo que esta iniciativa va en la línea correcta. No obstante señaló que es partidario que los registros no queden a cargo de dicha cartera, que el Fondo que se crea cuente con los recursos suficientes, y que se estudie en detalle la forma de dar cumplimiento al Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas, en cuando a las organizaciones con esas características.

En tanto, el senador Gazmuri resaltó la importancia de dar cierta organicidad a las organizaciones sociales y dijo no tener inconveniente en cambiar la dependencia de los registros públicos.

El senador Larraín dijo no ser partidario de que los registros estén a cargo del Ministerio Secretaría General de Gobierno, así como tampoco de la composición de los consejos que entregan recursos del Fondo, argumentando que se puede crear un instrumento político que pueda ser utilizado por cualquier gobierno.

Por su parte el senador Letelier dijo estar de acuerdo con el proyecto aunque tampoco se siente interpretado por la composición de los consejos y con la vinculación de la citada cartera con los registros.

En la misma línea se manifestó el senador Núñez quien es partidario de que tales registros dependan de la administración regional. Junto con destacar el hecho de que se de cierta organicidad y se canalice la entrega de recursos, señaló que es una exageración ver en este proyecto una eventual manipulación del gobierno hacia las organizaciones.

Por último, el senador Ominami señaló que existe una relación muy estrecha entre el grado de desarrollo de un país y el grado de organicidad de las organizaciones sociales. Por ello, valoró la iniciativa aunque tampoco es partidario de la dependencia del Ministerio Secretaría General de Gobierno.

Es necesario que exista una sociedad civil fuerte

Por Jaime Gazmuri, senador por la Región del Maule

Senador Jaime Gazmuri, Región del Maule

Es importante generar un estatuto jurídico con todas las normas que favorezcan el desarrollo y fortalecimiento de la sociedad civil; así como su participación en la vida de la sociedad y su vinculación armónica con el Estado.

Esto va más allá de la declaración evidente de la Constitución, del derecho a la asociación libre. Desde el punto de vista del Estado, es un interés público que se desarrolle la organización de la sociedad civil y, por tanto, que haya una política activa en el sentido de promover la asociación y la participación ciudadanas en los distintos aspectos de la vida social.

Ese es el sentido que debe tener una ley específica para promover la participación, de lo contrario nos bastaría solo con el texto constitucional. Ese es el gran avance que estamos haciendo desde el punto de vista jurídico con este proyecto: declaramos que es de interés público que haya una sociedad civil fuerte y, por tanto, que también es responsabilidad de Estado poner todo a disposición para que esa sociedad civil pueda, efectivamente, desarrollarse y tener cada vez más presencia, participación e influencia en la vida de la sociedad.

Sin embargo, creo que hay que hacer una discusión muy seria y a fondo sobre las críticas en torno a que el proyecto dejaría a las organizaciones de la sociedad civil sujetas al control, de una u otra manera, o a la supervigilancia, del Ministerio Secretaría General de Gobierno que ha sido calificado como un "Ministerio político".

Efectivamente, puede existir –y ha existido en la historia de la humanidad, y no vamos a decir en la historia de Chile- la tentación de los Estados a influir, manipular, intervenir en las organizaciones de la sociedad civil. Es evidente, es un dato que está.

No obstante, que estas organizaciones dependan de la Secretaría General de Gobierno es una herencia que viene desde el régimen militar, no lo inventamos nosotros y además todos los Ministerios son políticos.

Los temas de fondo son: si se necesita o no un registro de organizaciones. Creo que en la medida en que haya una política pública activa, de promoción de las organizaciones y de, incluso, un fondo y de financiamiento, evidentemente se necesita cierta formalización para que no haya entidades que no existen, o para que no se den tantos recursos públicos a organizaciones de fachada, por ejemplo.

Por ello, establecer la personalidad jurídica y ciertos requisitos mínimos no atenta contra la libertad de las organizaciones y este aspecto está bien salvado en la ley.

Ahora, si se pretende que dependa de otro Ministerio, yo, por lo menos, no vería ningún problema, porque ése no es el punto, porque si algún Gobierno quiere intervenir de mala manera, esté en el Ministerio que esté, va a estar igual la información.

Lo mismo vale para las objeciones sobre el Estatuto del Voluntario. Aquí no es que se esté reglamentando el voluntariado sino que se están estableciendo las mínimas normas de registro para las organizaciones voluntarias que a su vez sean objeto de políticas públicas. Porque las organizaciones voluntarias que no son objeto de políticas públicas no necesitan ni registro, ni personalidad jurídica.

Libertad para participar en la vida pública

Por Víctor Pérez Varela, senador por la Región del Bío Bío

Senador Víctor Pérez, Región del Bío Bío

Uno de los elementos en que todos debiéramos coincidir es en perfeccionar en nuestro ordenamiento jurídico e incentivar en nuestra vida pública las diversas organizaciones de la sociedad civil, generar el más amplio abanico de posibilidades y alternativas para que la gente pueda organizarse y participar en la vida pública.

La posibilidad de crear organizaciones intermedias y sociales, está bastante garantizado, no solamente en nuestra Constitución, sino que también en nuestra normativa, aunque muchas veces es necesario perfeccionarlas.

Este Congreso y este Senado en particular han avanzado sustancialmente en aspectos que son esenciales, por ejemplo, en el tema del acceso a la información. Sin embargo, la participación ciudadana no necesariamente se debe agotar en tener la información de cómo los organismos públicos van desarrollando sus tareas, sino también tener la posibilidad de ser escuchados, de que sus propuestas, sus anhelos e inquietudes, sean recibidos por las autoridades.

Recién hemos terminado de participar de un proceso eleccionario municipal, que es a mi juicio, el órgano de Estado clave. Y yo creo que el anhelo de mucha gente es poder ser escuchados en esas instituciones. Y tenemos que buscar las fórmulas legales, jurídicas en que el ciudadano que libremente se asocie a otros o se incorpore a una organización, tenga la posibilidad de ser escuchado por la autoridad, cumpliendo la ley y generando sus objetivos de bien común.

No hay dos opiniones en este Senado de que eso es saludable, que eso es necesario. Y, por lo tanto, en el proyecto que fomenta la participación ciudadana en la gestión pública nosotros necesariamente debiéramos mirar con atención para ver si cumple eso.

A mi juicio la iniciativa en trámite tiene aspectos que son cuestionables. Lo primero que llama la atención es la vinculación que hace el proyecto con un órgano preferentemente político, que es el Ministerio Secretaría General de Gobierno. Se pretende entregar a esta Secretaría de Estado la tuición, la facultad de todo el entramado de organizaciones sociales de nuestro país.

Eso claramente significaría una intromisión absolutamente inaceptable de los gobiernos de turno en la participación ciudadana, que debe de estar fundada en la libertad que tienen las personas para asociarse, organizarse, y sobre todo para que esas organizaciones intermedias se manejen con la más amplia de las libertades.

Otro aspecto, es la regulación del voluntariado que propone el proyecto lo que me parece un despropósito porque si algo interpreta adecuadamente la palabra del voluntariado es la absoluta libertad que tienen las personas para poder organizarse, participar en una organización y para salirse de la organización.

Eso atenta contra la libertad de asociación, contra las organizaciones intermedias, y esperamos que en la discusión de esta iniciativa, en la Comisión Mixta, esto sea modificado sustancialmente.

Perfeccionan normas de seguridad de las instalaciones nucleares dentro de los países

Perfeccionan normas de seguridad de las instalaciones nucleares dentro de los países

La Comisión de Relaciones Exteriores aprobó en forma unánime la Convención sobre Protección Física de Materiales Nucleares que responde a la creciente preocupación por la amenaza del terrorismo internacional.

En condiciones de ser votado por la Sala del Senado quedó el proyecto de acuerdo, en segundo trámite, aprobatorio de las enmiendas a la "Convención sobre la protección física de los materiales nucleares", aprobadas en Viena, el 8 de julio de 2005.

Ello, luego de que la Comisión de Relaciones Exteriores que preside el senador Jaime Gazmuri aprobara por unanimidad, la iniciativa que responde a la creciente preocupación por la amenaza del terrorismo internacional.

Así lo afirmó el senador Gazmuri quien explicó que "esta modificación a la Convención sobre materiales nucleares perfecciona la legislación sobre todo en lo que tiene que ver con normas de seguridad de las instalaciones nucleares dentro de los países y del traslado de material radiactivo al interior de cada país firmante del convenio".

Precisó que "se trata de una norma que perfecciona las obligaciones internacionales en el tema del manejo de material radioactivo de desechos de materia nuclear y pone más énfasis en las medidas de seguridad que cada uno de países signatarios del acuerdo deberían garantizar".

Agregó que esto se debe a que "los temas de seguridad nuclear hoy día son más complejos que antes en la medida en que intervienen organizaciones que no son Estados sino redes internacionales que están intentando dañar instalaciones nucleares o capturar material nuclear y, por tanto, la legislación anterior básicamente normaba la dimensión internacional interestatal de las materias de seguridad, pero hoy día eleva los estándares de seguridad al interior de los 144 países signatarios del Convenio, incluido Chile".

De este modo, este instrumento reconoce el derecho de los Estados a desarrollar y emplear la energía nuclear con fines pacíficos, y, por otra parte, deja constancia de la preocupación que existe por la intensificación en todo el mundo de los actos de terrorismo en todas sus formas y manifestaciones.

Entre los conceptos definidos por la Convención, se agregan los de "instalación nuclear" y el de "sabotaje", entendiéndose éste como "todo acto deliberado cometido en perjuicio de una instalación nuclear o de materiales nucleares objeto de uso, almacenamiento o transporte, que pueda entrañar directa o indirectamente un peligro para la salud y la seguridad del personal, el público o el medio ambiente por exposición a las radiaciones o a la emisión de sustancias radiactivas".

PRINCIPALES OBJETIVOS

Entre los objetivos de la Convención se encuentran lograr y mantener en todo el mundo una protección física eficaz de los materiales nucleares y las instalaciones nucleares utilizados con fines pacíficos; prevenir y combatir en todo el mundo los delitos relacionados con tales materiales e instalaciones; y facilitar la cooperación entre los Estados Parte a esos efectos.

Las enmiendas disponen que cada Estado establecerá un régimen apropiado de protección física de los materiales nucleares, conforme a los principios fundamentales de responsabilidad del Estado durante el transporte.

Asimismo se propone el establecimiento de un marco legislativo y reglamentario que contemple un sistema de evaluación y concesión de licencias, de inspecciones de las instalaciones nucleares y del transporte; y la designación de una autoridad competente; garantías de calidad, planes de contingencia y confidencialidad, entre otros;

Se regula el procedimiento de contacto directo entre los Estados o por conducto del OIEA; por ejemplo, en caso de hurto, robo o cualquier acto de apropiación ilícita de materiales nucleares, o en caso de amenaza verosímil de alguno de estos actos.

También se establece que la Convención no exige a los Estados Parte que provean información alguna que no se les permita comunicar en virtud de la legislación nacional o cuya comunicación comprometa la seguridad del Estado.

Por otro lado, se precisan los actos intencionales relacionados con los materiales y las instalaciones nucleares que los Estados se comprometen a sancionar en su legislación penal, tales como el hurto o robo de materiales nucleares; su malversación u obtención fraudulenta; el transporte, envío o traslado sin autorización legal; un acto ejecutado en perjuicio de una instalación nuclear; la exacción de materiales nucleares mediante amenaza o uso de la fuerza u intimidación; inclusive en grado de tentativa;

Finalmente se declara que ninguno de los delitos penados en conformidad a esta Convención será considerado, para los fines de la extradición, delito político o inspirado por motivos políticos; en consecuencia, una solicitud de extradición o de asistencia jurídica no podrá denegarse por tales alegaciones; sin embargo, ella podrá ser denegada cuando haya motivos sustanciales para temer que la extradición obedece a fines de persecución racial, religiosa, nacionalidad, étnicas o políticas.

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Senador Jovino Novoa, Región Metropolitana

El senador Jovino Novoa, presidente de la Primera Subcomisión Mixta de Presupuestos aseveró que "todas las variables que se usaron para elaborar la Ley de Presupuestos 2009 se han modificado y es necesario adoptar medidas urgentes".

Director de Presupuestos, Alberto Arenas

Un fondo de reserva de unos 500 ó 600 millones de dólares dentro de la Ley de Presupuestos 2009 propuso el senador Jovino Novoa, presidente de la Primera Subcomisión Especial Mixta de Presupuestos para hacer frente a los efectos de la crisis financiera internacional.

El parlamentario aseguró que "mantener un presupuesto expansivo para el próximo año que crecerá 5,7% real, por sobre un gasto que -en el 2008 ya había crecido cerca del 10% real- es de una ceguera e irresponsabilidad enorme".

Agregó que "todas las variables en las cuales se basó el Gobierno para elaborar la Ley de Presupuesto del próximo año se han modificado: el precio del cobre, del petróleo, el crecimiento de la economía mundial, el de la economía chilena y los ingresos fiscales con los que contará el país".

A modo de ejemplo señaló que "según el Informe de Finanzas Públicas, que entregó el Director de Presupuestos, Alberto Arenas, el precio del cobre para el 2009 sería de US$ 2,9 la libra, sin embargo, vemos que la semana pasada el precio del metal rojo se desplomó llegando a US$ 1,6 la libra".

Indicó que "ocupando las proyecciones del mencionado informe los ingresos estimados por concepto de excedentes del cobre e impuestos pagados por CODELCO serían de $2.627.592 millones. Sin embargo, las expectativas de de precio del metal de largo plazo serán corregidas a la baja y durante el 2009 veremos un precio del cobre muy por debajo de los US$2,9 la libra, lo que hará caer significativamente tanto los ingresos transitorios como los permanentes de la nación".

A esto hay que agregar que "los costos de producción de CODELCO han aumentado ya que para el año 2008, los costos promedios por las minas era US$1,55 la libra, sin embargo, para el 2009 las estimaciones subieron a US$1,77 la libra".

Por otro lado, "a cifra de crecimiento de nuestra economía el 2009, de 4% proyectada por Hacienda tampoco corresponde a las estimaciones del mercado que ubican una expansión entre apenas 2% y 3% para el próximo año".

Por estas razones, el senador Jovino Novoa, recalcó que "es indispensable prevenir el impacto de la crisis internacional en el empleo, en los ingresos de las personas y en la situación de las pymes". Por ello, propuso que "el gasto público crezca en un 4%, y que el 1,7% restante y que equivale a unos US$500 ó US$600 millones quede en una Reserva Presupuestaria que será administrada por el Tesoro Público".

Según el parlamentario "la finalidad de esta Reserva será: generar planes de contingencia para enfrentar aumentos del desempleo; rebajas tributarias transitorias en los impuestos que deban pagar las pómez y la refinanciación de pasivos del sector de empresas de menor tamaño".

Asimismo servirían para crear programas de emergencia para la construcción y venta de viviendas nuevas, aumentar los bonos de invierno y otras ayudas que se entregan a los sectores más pobres, así como contribuir a la baja de la inflación.

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