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miércoles, julio 30, 2014

"Se necesita una Corte Internacional Anticorrupción para acabar con la cultura de impunidad" Por: Adrián Bono

"Se necesita una Corte Internacional Anticorrupción para acabar con la cultura de impunidad"

Adrián Bono

Por: Adrián Bono abono@infobae.com

El juez norteamericano Mark Wolf, impulsor de un proyecto para crearla, habló en exclusiva con Infobae y contó cuáles son los desafíos que debe atravesar para convertirlo en realidad. Habló de la "relación directa entre corrupción y abuso de los derechos humanos".

Hace unos días, el juez de distrito Mark Wolf, de EEUU, publicó una columna de opinión en elWashington Post en la cual proponía la creación de una Corte Internacional Anticorrupción para luchar contra este mal endémico que afecta a la clase política de muchos países alrededor del mundo.

En conversación exclusiva con Infobae, Wolf -asistente especial del fiscal general de EEUU entre 1975 y 1977- describió qué lo impulsó a tomar esta iniciativa y cuáles son los pasos a seguir para que su propuesta se haga realidad, para así poder luchar contra una práctica responsable de afectar al 5 por ciento del producto bruto interno global.

La idea, que originalmente presentó este año en el Foro Mundial de Gobernanza, en Praga, tiene una estructura de funcionamiento que se asemeja a la de la Corte Penal Internacional.

"La corrupción es algo que ocurre en muchos países del mundo gracias a una cultura de impunidad, en la que funcionarios en puestos de poder no permiten que se investiguen los hechos que ellos mismos cometen", explica. "Entendí que había que crear una amenaza real de enjuiciamiento y castigo para erosionar esta cultura de impunidad".

Wolf opina que existe un "desafortunado vacío legal" que no permite enjuiciar en un foro internacional a aquellos involucrados en "grandes actos de corrupción. Aquellos líderes que abusan de su poder en la administración pública para provecho personal".

En la era de la transparencia y el acceso a la información gracias a las nuevas tecnologías, la corrupción tiene mayor exposición y la ciudadanía tiene mayor acceso a herramientas para combatirla en conjunto con el apoyo de medios independientes.

"La gente que usa las nuevas tecnologías para exponer la corrupción es de vital importancia", asegura Wolf. "Pero la mayoría de los países no posee medios independientes. Usar internet para documentar y diseminar información sobre actos de corrupción es muy importante. Eso crea evidencia y quizás la indignación de la ciudadanía, pero hay un vacío legal porque no hay nada que se pueda hacer con esa evidencia. La opinión pública puede hacer una diferencia, pero hay un crítico eslabón perdido, ya que no hay fiscales imparciales e independientes que puedan utilizar esa evidencia en una corte".

Este vacío es el que llevó al juez norteamericano a buscar el apoyo de la comunidad internacional en su proyecto de crear un instrumento legal que pueda lidiar de manera efectiva con la corrupción salvaje que se da en muchos países del planeta. Y si bien Wolf es quien lleva las riendas de la propuesta, su idea ya cuenta con el apoyo de colegas y ONG como Not in my country, encargada de brindar herramientas anticorrupción a ciudadanos en países que carecen de apoyo interno a la hora de denunciar a funcionarios gubernamentales.

Sin embargo, la creación de una CIAC requiere de un gran esfuerzo y apoyo de la comunidad internacional, en especial de aquellos países en los que la corrupción es moneda corriente y en los que someterse a su jurisdicción significaría correr el riesgo de verse afectados por ella. Lograr un apoyo activo a la causa no sería tarea fácil. Pero Wolf se mantiene optimista.

"Este fue un tema muy importante durante la creación de la Corte Penal Internacional", comenta, mientras explica que a pesar de la reticencia inicial, eventualmente muchos países se unieron porque "hubo una evolución en el consenso internacional al entender que los abusos a los derechos humanos, el genocidio, y los crímenes de guerra eran intolerables. Y cada vez más se cree que el mundo podría usar una corte similar para combatir la corrupción. Hay una fuerte relación entre la corrupción y el abuso de los derechos humanos. El enojo de la población por la corrupción causa desestabilización en los países, como pasó en Ucrania, Egipto o Túnez. Y a su vez, esto desestabiliza al mundo, ya que no son más fenómenos contenidos dentro de sus propias fronteras."

En efecto, es ese descontento social liderado por las generaciones más jóvenes -como el que se dio durante la Primavera Árabe- el que, según Wolf, servirá para dar un impulso adicional a su propuesta.

"Los jóvenes alrededor del mundo y a través del tiempo son los que han estado a favor de los cambios. Ahora la gente tiene un acceso a información que antes no tenía. La gente sabe que hay gobiernos honestos en otras partes del mundo y que la democracia funciona en otros países y consideran intolerable que no sea así en sus propios países", explica y agrega que a diferencia de sus mayores, los jóvenes "suelen ser idealistas" y no aceptan el status quo.

Esto no significa que la CIAC tenga allanado el camino para su creación. Si bien el apoyo de la ciudadanía ciertamente contribuye, se necesita una coalición de respaldo que incluya organizaciones internacionales activas en la lucha contra la corrupción y en la defensa de los derechos humanos, así como también del sector empresarial.

Wolf también propone la necesidad de someterse a la jurisdicción de la CIAC como requisito para pertenecer a organismos internacionales como la Organización Mundial del Comercio. Muchos de los países africanos en los que la corrupción está fuera de control dependen de préstamos internacionales, por lo que el juez considera que apoyarían la idea para no quedarse fuera del sistema.

"Unos 140 países han firmado la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y han asumido la obligación de gobernar de manera honesta. Si se pudiera revisar la convención para incluir como requisito la obligación de someterse a la jurisdicción de la corte, esto serviría como incentivo para su creación", dice Wolf.

El juez de Massachusetts, con vasta experiencia en derecho, acepta que su propuesta tiene un largo tramo por recorrer y que "no es posible predecir el resultado de ciertas cosas". La corrupción, a diferencia de figuras legales como el genocidio o los crímenes de guerra, es un fenómeno que se ha extendido y enquistado por muchos países y no serán muchos los líderes que acepten enjuiciar a funcionarios de sus gobiernos por una corte internacional en la cual se verían desposeídos de toda influencia.

Sin embargo, considera que el esfuerzo vale la pena.

"Hay gente que literalmente arriesga sus vidas -como en Ucrania, por ejemplo- para que sus gobiernos sean honestos. Ellos merecen el apoyo de gente como yo y el de muchos otros", dice.

Cuando hace años comenzó la campaña para crear la Corte Penal Internacional "parecía una posibilidad muy remota". "Nos llevó mucho tiempo, pero hoy es una realidad, y apenas empezamos a comprender su potencial".

Y a pesar del complejo proceso que se debe atravesar para que su plan se haga realidad, Mark Wolf no parece estar listo para darse por vencido fácilmente.

"No quiero vivir en un mundo en el que nadie se muestre interesado por crear un orden internacional honesto", concluye.














































































































































































Fuente:infobae

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UDI envía oficio por vínculos de asesor de Hacienda con Asociación de Bancos

UDI envía oficio por vínculos de asesor de Hacienda con Asociación de Bancos

Francisco Zúñiga colaboraría con ministerio y agrupación gremial.

por Carlos Campos - 30/07/2014 - 09:27
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Mediante un oficio, los diputados de la UDI Juan Antonio Coloma y Joaquín Lavín solicitaron ayer a la Contraloría que se pronuncie sobre los vínculos de uno de los asesores del Ministerio de Hacienda con la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras (Abif).

Se trata del abogado de la Universidad de Chile y ex integrante del Tribunal Constitucional entre 2006 y 2009, Francisco Zúñiga Urbina, quien, según el sitio web del ministerio, colabora con la cartera.

Los parlamentarios señalan que distintas informaciones han dado cuenta que sus asesorías también se extenderían a la agrupación gremial, entidad que a principios de este mes presentó reparos al proyecto de fortalecimiento del Sernac Financiero firmado en junio por la Presidenta Michelle Bachelet, calificándolo, incluso, de "inconstitucional".

Es así, que en el oficio los parlamentarios gremialistas solicitan al ente fiscalizador "informar sobre una posible incompatibilidad en las funciones que cumple el señor Francisco Zúñiga".

Según el diputado Coloma, "es absolutamente impresentable que un abogado, que cumple funciones como asesor en el Ministerio de Hacienda, esté a su vez asesorando a la Asociación de Bancos en el tema del Sernac Financiero; y peor aún, que esté planteando que es inconstitucional, lo que atenta abiertamente con las posibilidades que tiene la gente de defenderse frente a los abusos".

Los legisladores enfatizaron en que resulta insostenible que el abogado figure como asesor de ambas partes: la Abif, que pretende introducir indicaciones al proyecto, y una cartera ministerial del gobierno.

"Acá no se puede estar trabajando con Dios y con el diablo al mismo tiempo", remató el diputado Coloma.

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DDHH; Estados Unidos niega visas a funcionarios venezolanos por violaciones de derechos humanos

Estados Unidos niega visas a funcionarios venezolanos por violaciones de derechos humanos

POR AFP. - Actualizado el 30 de julio de 2014 a: 08:24 a.m.

Gobierno estadounidense reiteró que las restricciones están dirigidas a funcionarios específicos y no a toda la población de Venezuela

 

ÚLTIMAS NOTICIAS

Washington.

Estados Unidos negó visas de viaje a un número de funcionarios venezolanos a los que acusa de violaciones a los derechos humanos, anunció este miércoles un portavoz del Departamento de Estado.

"El secretario de Estado decidió imponer restricciones de viaje a Estados Unidos a un número de funcionarios venezolanos que son responsables o cómplices de violaciones de derechos humanos", dijo en un comunicado la portavoz Marie Harf.

"Nuestro mensaje es claro: aquellos que cometen esos abusos no serán bienvenidos en Estados Unidos", dijo Harf, indicando que Washington no publicará los nombres de los afectados.

Las acusaciones se remontan a las protestas antigubernamentales que sacudieron varias ciudades venezolanas entre febrero y mayo, y que terminaron con un saldo de 43 muertos y cientos de heridos.

Un manifestante arenga contra los antimotines en Tachira, en febrero pasado. Las autoridades dicen que las protestas provocaron un aumento en la inflación.
Venezuela desde febrero registra constantes manifestaciones, a lo que la fuerzas de seguridad a respondido con detenciones arbitrarias y el uso excesivo de fuerza. (AFP / ARCHIVO)ampliar

Según Estados Unidos, el gobierno venezolano respondió a las manifestaciones con "detenciones arbitrarias y uso excesivo de la fuerza", y en repetidas ocasiones ha buscado intimidar judicialmente a la disidencia, limitar la libertad de prensa y silenciar a los opositores.

El gobierno estadounidense reiteró que las restricciones están dirigidas a funcionarios específicos y no afectan a la población venezolana.

La Cámara de Representantes del Congreso estadounidense aprobó a fines de mayo una ley que determina que el gobierno del presidente Barack Obama congele bienes y restrinja visas contra funcionarios venezolanos acusados de violar derechos humanos durante las manifestaciones recientes. El Senado estudia una ley similar.

Pero el Ejecutivo reiteradamente se había distanciado de esa opción, señalando que no era necesaria ni oportuna y prefiriendo un diálogo político en Venezuela.

Venezuela y Estados Unidos carecen de embajadores desde 2010.

A pesar de la tensa relación bilateral, Estados Unidos es el principal comprador de petróleo de Venezuela, que a su vez importa miles de productos de ese país.


























































































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ALBERTO ESPINA: “NO ES CULPA DE LA LEY ANTITERRORISTA QUE HAYA DETENIDOS”

/ Agencia Uno

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PAÍS

senador Espina le responde a Mahmud Aleuy

Alberto Espina: "No es culpa de la ley antiterrorista que haya detenidos"

  • PUBLICADO POR: 
  •  
  • •   29 DE JULIO DE 2014 A LAS 16:12 PM

El parlamentario de RN dijo que ha habido fallas en las investigaciones de los 198 atentados con bombas que ha habido desde 2005.

El senador RN Alberto Espina respondió al subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy,  quien responsabilizó al gobierno del ex Presidente Sebastián Piñera de haber introducido normas de impunidad en relación a la ley antiterrorista y su aplicación en nuestro país.

"La afirmación del Subsecretario es equivocada, incomprensible y demuestra poco conocimiento del tema. Decir que la responsabilidad es del gobierno de Piñera, cuando eso viene en el origen de la ley".

El senador Espina explicó que desde el año 2005 han habido 198 atentados con bombas por los cuales no hay detenidos. 

"La ley que sanciona conductas terroristas fue íntegramente modificada en el Gobierno de Patricio Aylwin, en las leyes Cumplido. Se adoptó el modelo español, aprobado por el parlamento chileno casi por unanimidad. Esta afirmación es falsa, esta es una ley que en su integridad fue modificada en democracia", señaló.

Espina explicó que "esta ley establece que cuando se comete un delito grave, un asesinato o se pone una bomba en un medio de transporte, frente a un banco o un  domicilio; y esa conducta no tiene por objeto un delito común y se hace con el propósito de crear miedo en la población, ese ánimo convierte un delito común, en un delito terrorista".

"El hecho o circunstancia que en nuestro país más de 190 atentados con bombas no existan detenidos no es culpa de la ley; lo que ha fallado son quienes están encargados de llevar adelante las investigaciones".

El Senador Espina recalcó que ellos como legisladores siempre estarán disponibles para modificar la norma siempre y cuando signifique fortalecerla y no para debilitarla. A su juicio, se requiere mejorar sistemas investigativos, trabajo policial e incorporar mayores instrumentos de investigación.

"Fue precisamente el gobierno anterior quien corrigió dos normas que establecían presunción de conductas de terroristas, eliminándose.  Fue todo lo contrario en el Gobierno anterior se eliminaron aspectos, que en definitiva pueden ser más controvertidos".

"En vez de echarle la culpa a la ley, en conjunto todos debemos buscar cuáles son las fallas de investigación para que estos hechos no queden en la impunidad".

Finalmente, el Senador Espina anunció una Comisión Especial en la Cámara Alta a realizarse el próximo lunes que tiene por objeto analizar este tema con el propósito de avanzar en estos aspectos y modificar esta materia, otorgando mayor protección a la ciudadanía.



Fuente: El Dínamo http://www.eldinamo.cl/2014/07/29/alberto-espina-no-es-culpa-de-la-ley-antiterrorista-que-haya-detenidos/ 
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