Aliviar la situación desmejorada de muchas familias chilenas es una tarea a la que todos debemos contribuir
Por Eduardo Frei Ruiz-Tagle, Presidente del Senado
Presidente del Senado, Eduardo Frei Ruiz-Tagle
En estos últimos días, hemos sido testigos de un intenso debate a propósito de las palabras de Monseñor Alejandro Goic en torno al salario de los trabajadores. Esta interpelación debemos asumirla como una invitación para que como sociedad nos pongamos de acuerdo acerca de importantes temas sociales e institucionales que requieren de discusión, análisis y construcción de consensos.
Precisamente hace un año propuse una iniciativa en el Senado firmada por representantes de todos los partidos políticos con presencia en el Parlamento- para crear el Consejo de Diálogo Social como una institución permanente en nuestro país.
Es una forma de fortalecer nuestra democracia a través de un instrumento que permita, con altura de miras, establecer diálogos amplios y fructíferos entre los actores políticos, sociales y la ciudadanía, que redunden en un mejoramiento sustancial en la calidad de vida de todas las chilenas y chilenos.
Esta idea surgió del ejemplo que nos brindan los países más exitosos del mundo, los que han sido capaces de generar confianzas y alianzas estratégicas de largo plazo para el logro de objetivos comunes. Por lo tanto, en este contexto, mi llamado al Ejecutivo es a patrocinar este proyecto enviándolo a la brevedad a trámite legislativo, de tal forma de aprovechar la actual coyuntura política-social con una acción concreta que provocará enormes beneficios al progreso del país.
Sin perjuicio de lo anterior, mi obligación como senador es saber interpretar el sentir de la gente y encaminarlo a través de propuestas concretas que apunten al desarrollo del país y que tengan un contenido solidario. Fiel a esa convicción, presenté al Ministro de Hacienda, Andrés Velasco, cinco iniciativas destinadas a apoyar a los sectores más necesitados de nuestra sociedad y a las pequeñas empresas y a sus trabajadores.
La primera de ellas está orientada a mejorar las condiciones de vida de los jubilados y consiste en eliminar la cotización del 7% de salud que actualmente se rebaja a las personas que reciben jubilación. Además, planteé que se les fije una tarifa preferencial en los sistemas de transporte público de manera que lo que se pague, sea, a lo menos, equivalente al valor que cancelan los estudiantes.
Y también, en este ámbito, solicité al Ejecutivo que envíe al Congreso Nacional un proyecto de ley que permita que aquellos jubilados que tienen que trabajar para complementar sus bajas entradas, no les sea considerada en su renta global, para los efectos de pagar impuestos, aquella parte de sus ingresos obtenidos por la pensión que reciben, tributando sólo por lo que corresponde a lo que efectivamente están percibiendo por el trabajo que realizan.
Mi segunda propuesta consiste en crear un subsidio al consumo de electricidad destinado a las familias más pobres del país, similar al que se entrega por el consumo de agua potable. De este modo, llegaría directo al beneficiario, sin burocracia ni demoras y favorecería a cerca de 450 mil familias, es decir, a unos 2 millones de habitantes.
En tercer lugar, planteé una serie de medidas de orden impositivo destinadas a apoyar a las Pymes con ventas menores a las 20.000 UF al año. Ellas son: acelerar el trámite legislativo del proyecto de ley que permite que las deudas tributarias se puedan renegociar con Tesorería a 36 meses, otorgando el beneficio de condonación de los intereses, reajustes y multas; la eliminación del impuesto de timbres y estampillas para el segmento indicado; el envío al Congreso Nacional de una iniciativa que posibilite que los impuestos que pagan las Pymes sólo se cancelen una vez que se retiren las utilidades, estableciendo una exención cuando éstas sean reinvertidas por las empresas; y aprobar el proyecto sobre depreciación acelerada, acotando los beneficios establecidos a la categoría de Pymes señalada.
En cuarto lugar, rebajar el impuesto específico a las gasolinas en un 20%, de manera de beneficiar a los consumidores con una reducción de cerca de un 10% en el precio final de estos productos y con ello contribuir a disminuir los costos en que incurren muchos sectores productivos.
Por último, propuse fortalecer la capacitación de los trabajadores, ya que en la actualidad el subsidio que el Estado entrega con ese fin, es utilizado en cerca de un 80% por las grandes empresas. Del total de los recursos asignados a este beneficio, entre un 30 y un 40% no son usados, por lo que amerita que se busque una alternativa distinta, especialmente cuando existe una gran cantidad de necesidades en materia de certificación de competencias laborales.
He querido aportar de forma constructiva al debate suscitado tras las declaraciones de Monseñor Goic, sugiriendo propuestas concretas que de implementarse van a mejorar la calidad de vida de los sectores más necesitados de nuestro país. Creo que es la manera responsable de aprovechar la gran oportunidad que hoy tenemos para hacerlo, dada la gran cantidad de recursos que disponemos y el amplio consenso que se ha generado en torno a este tema.
Sin perjuicio de lo anterior, quiero decir que más allá del esfuerzo que haga y que debe hacer el Estado, el sector privado también tiene que hacer un aporte. Aliviar la situación desmejorada de muchas familias chilenas es una tarea país a la que todos debemos contribuir, especialmente aquellos que más se han beneficiado gracias al crecimiento que ha experimentado el país en los últimos diecisiete años.
Rodrigo González Fernández
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