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La rendición de cuentas es un instrumento fundamental para el logro de la transparencia y la eficiencia en el uso de los recursos administrados por nuestros gobiernos. La lucha contra la corrupción es uno de los pilares fundamentales para el fortalecimiento de la democracia y el crecimiento económico.
-Declaración de Mar del Plata (Cuarta Cumbre de las Américas, noviembre de 2005)
Las encuestas de opinión pública demuestran una relación entre la corrupción y la falta de confianza que muchos ciudadanos sienten hacia sus gobiernos. En 2005, la empresa Latinobarómetro encontró que apenas 31% de los latinoamericanos se siente satisfecho con su democracia y sólo un 30% percibe que se ha progresado en la lucha contra la corrupción. Además de socavar la confianza, la corrupción también defrauda a los ciudadanos económicamente. Algunos estudios a nivel mundial han estimado que la corrupción en la contratación pública puede añadir entre 20% y 50% a los costos de algunos proyectos públicos.
La lucha contra la corrupción es un aspecto fundamental del ejercicio democrático del poder que exige la Carta Democrática Interamericana y por lo tanto, es una tarea prioritaria para los Estados miembros de la OEA, dijo el Secretario General José Miguel Insulza, durante una reunión de expertos contra la corrupción que tuvo lugar en marzo de este año. "Los gobiernos tienen que ser cada vez más eficientes en abordar y resolver los problemas de la gente, pero a la vez tienen que ser cada vez más transparentes en la formulación e implementación de sus políticas y prácticas públicas. Y deben castigar con energía la corrupción en que incurran sus funcionarios, así como a los intereses privados que los corrompan", afirmó Insulza.
Los Estados miembros de la OEA han declarado el año 2006 como "Año Interamericano de la Lucha contra la Corrupción", en una indicación de la creciente y permanente importancia de este tema para la región. Se destacan algunos de los hitos en esta materia:
• En 1996 los Estados miembros adoptaron la Convención Interamericana contra la Corrupción, el primer tratado de su clase en el mundo.
• En 2002 los países iniciaron un proceso de seguimiento para examinar el cumplimiento de los países con el tratado. Se ha completado la primera ronda de este proceso, y están disponibles los informes sobre el avance anticorrupción en los 28 países que participan en el proceso. La OEA presentó el primer Informe Hemisférico sobre este tema durante la sesión de la Asamblea General que tuvo lugar en junio de 2006.
• Una reunión de Estados parte de la Convención Interamericana contra la Corrupción, que tuvo lugar en 2004, analizó medidas para fortalecer los esfuerzos de combate a este flagelo. Los países acordaron aumentar la cooperación entre las autoridades, negar acogida a funcionarios corruptos, fortalecer los regímenes legales de extradición y confiscación de activos, y promover medidas legislativas necesarias para la repatriación de activos que han sido apropiados de manera fraudulenta de fondos públicos, entre otras acciones.
• La OEA ha realizado seminarios y talleres de capacitación en la región sobre temas como el mejoramiento de la transparencia gubernamental y la elaboración de leyes modelo contra la corrupción. En mayo de este año, expertos anticorrupción de 34 países se reunieron en Miami para un taller sobre el decomiso de activos derivados de actos de corrupción oficial, y el enjuiciamiento de casos de lavado de dinero. El taller fue auspiciado por el gobierno de Estados Unidos, con el apoyo de la OEA.
Los países miembros han estado particularmente preocupados sobre el impacto de la corrupción en el desarrollo social y la democracia. La Asamblea General de 2004, realizada en Ecuador, declaró que la corrupción "atenta contra la democracia y la gobernabilidad democrática, debilita las instituciones, compromete el desarrollo económico y social y la lucha contra la pobreza, mina la confianza ciudadana y afecta la estabilidad política". A través de las Cumbres de las Américas, los mandatarios del hemisferio se han comprometido a promover una "cultura de transparencia" y combatir prácticas no éticas en los sectores público y privado. La Declaración de Mar del Plata, adoptada en la Cuarta Cumbre de las Américas, subrayó la importancia de la rendición de cuentas e hizo un llamado para que los países miembros implementen la Convención Interamericana contra la Corrupción y participen plenamente en su mecanismo de seguimiento.
Seguimiento efectivo
Veintiocho de los Estados miembros de la OEA participan en el Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción (MESICIC), que fue establecido como resultado de un mandato de la Tercera Cumbre de las Américas. Este mecanismo analiza cómo los Estados parte están implementando el tratado anticorrupción y recomienda medidas concretas para mejorar el cumplimiento.
La Secretaría General de la OEA coordina y provee servicios de apoyo para el proceso de seguimiento. Se están realizando esfuerzos para fortalecer el mecanismo a través de un mayor apoyo administrativo, financiero y técnico.
El proceso de seguimiento es similar al Mecanismo de Evaluación Multilateral (MEM), que mide el progreso de la lucha contra las drogas ilícitas. Tal como el MEM, el análisis de los esfuerzos por combatir la corrupción está a cargo de expertos nombrados por cada gobierno. El proceso no impone sanciones, sino que procura aumentar la cooperación y el cumplimiento de la Convención Interamericana contra la Corrupción. Durante el proceso de revisión, los expertos analizan colectivamente el desempeño de cada país sobre la base de la información recopilada y formulan recomendaciones. También se ofrece a los representantes de las organizaciones de la sociedad civil la oportunidad de reunirse con los expertos y presentar información para su consideración.
En marzo de 2006, los expertos gubernamentales contra la corrupción completaron la primera ronda de informes y adoptaron medidas para fortalecer la segunda ronda.
Innovador acuerdo
La Convención Interamericana contra la Corrupción establece que "el combate contra la corrupción fortalece las instituciones democráticas, evita distorsiones de la economía, vicios en la gestión pública y el deterioro de la moral social".
Entre sus disposiciones, el tratado requiere que las partes tipifiquen como delitos en su derecho interno ciertas actividades, como la aceptación o solicitud de sobornos por parte de funcionarios públicos. Establece requisitos de extradición y dispone la asistencia recíproca y la cooperación en la investigación y el procesamiento de actos de corrupción. Las partes acuerdan considerar una extensa lista de medidas para prevenir la corrupción, entre las que se incluyen sistemas para la declaración de ingresos, activos y pasivos por parte de las personas que ocupan ciertos cargos públicos, sistemas abiertos para la contratación de funcionarios públicos y para la adquisición de bienes y servicios por parte del gobierno, y medidas que impidan sobornos por parte de empresas públicas.
Última actualización: Junio de 2006
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