| Anomalías en el aparato estatal En los últimos días se han dado a conocer nuevos casos en organismos y empresas públicas que tienen visos de irregularidad y que se suman a los ya conocidos relacionados con el MOP y Chiledeportes. Esto configura un cuadro crecientemente inquietante. En Gendarmería, a requerimiento de un diputado opositor, la propia Subsecretaría de Justicia entregó un listado con una serie de asesorías realizadas hasta el año 2003, y algunas con posterioridad a ese año. Según el ministro de Justicia, corresponden a sobresueldos. Según algunos de los receptores de esos honorarios, corresponden a asesorías solicitadas y realizadas. Hay un matiz de la discrepancia en la explicación y, en caso de tratarse efectivamente de asesorías profesionales, surge la duda acerca de la necesidad de Gendarmería de solicitar tantos estudios, muchos de ellos hechos por funcionarios del propio Ministerio de Justicia del que depende Gendarmería. Es, además, notorio que han sido realizados por personas cuyos nombres comienzan a repetirse con frecuencia. Otras presuntas anomalías han surgido en la investigación de EFE por una comisión de la Cámara de Diputados, en particular el abultamiento de los ingresos de la compañía por tres mil millones de pesos, mediante facturas que resultaron incobrables, pero que habrían permitido a altos ejecutivos cobrar los bonos pactados por cumplir metas de ventas. EFE es una empresa cuyo balance del año 2006 presenta una pérdida patrimonial que supera la totalidad de los ingresos por venta que tuvo esa compañía en el año, de modo que no sólo enfrenta problemas de eventual irregularidad, sino también de ineficiencia en la administración del cuantioso plan de inversiones por más de mil millones de dólares y, eventualmente, de desvío de parte de esos fondos a usos indebidos. Por la acción de algunos irresponsables, todo esto parece dibujar un aparato estatal confundido éticamente -el ex presidente de la Cámara de Diputados Jorge Schaulsohn lo llamó "ideología de la corrupción"-, que utiliza los fondos de los contribuyentes para pagar sobresueldos u organizar actividades políticas para candidatos de la Concertación. Es, pues, indispensable e impostergable revisar a fondo su forma de operar, y hacer regir en plenitud y a la brevedad la tantas veces anunciada acta de transparencia de la información pública, para dificultar la repetición de esta clase de operaciones en el futuro. Adicionalmente a los presuntos focos de corrupción, las empresas estatales están mostrando una ineficiencia nociva de su capacidad de generar fondos, que los ciudadanos esperan vayan en beneficio de todos. Parte de esa ineficiencia deriva de las presiones políticas a que son sometidas, y que distorsionan sus decisiones de gestión. En el caso de EFE, la necesidad de disminuir su dotación en 20 por ciento se estrella con los sindicatos, que piden que se aumente en 150 por ciento. Dichos sindicatos han sido y siguen siendo una importante fuente de problemas para la empresa, pero su fuerza política impide enfrentar sus demandas adecuadamente. Codelco, por su parte, ha sido sometida a una máxima tensión, cuando las presiones políticas la han obligado a pagar bonos a trabajadores que no son propios -pago resistido por su administración, pero impulsado por algunos personeros del Gobierno y del Congreso-. Dicha tensión, por lo demás, se puede advertir en el gabinete, donde las posturas de las carteras de Hacienda y Trabajo conviven con perceptible dificultad. En los temas de corrupción, la Alianza ha decidido continuar con la línea fiscalizadora que le corresponde, procurando, cuando es posible, judicializar las denuncias. Sin embargo, en los temas de ineficiencia, aún no se han hecho sentir su voz y su opinión al respecto. |
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| Posteado por El Mercurio |
Rodrigo González Fernádez
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