El presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC), Alberto Salas, dio a conocer este jueves el resultado del trabajo de la Comisión Empresarial de Productividad que contiene 109 propuestas, distribuidas en 9 temas relevantes.
"El gran desafío de Chile es hacer de la productividad la herramienta para generar más oportunidades y mejorar la calidad de vida de las personas. Este camino sólo es posible si todos colaboramos en buscar alternativas eficientes e innovadoras", dijo Salas.
El dirigente gremial precisó que al revisar las estimaciones disponibles, todas llegan a la misma conclusión: la productividad crece cada vez menos en Chile y dejó de ser uno de los motores del crecimiento. "Durante los 30 años en que la economía creció al 5,3% en promedio por año, podemos distinguir dos períodos distintos: más de una década de crecimiento muy alto -sobre el 7% en promedio- en que la productividad tuvo un aporte relevante, y los últimos 15 años en que el crecimiento se redujo casi a la mitad y el aporte de la productividad fue insignificante", añadió.
Con este diagnóstico y conscientes de que "los empresarios no tenemos la fórmula mágica para aumentar nuestra capacidad de crecimiento", la CPC recogió la experiencia y compromiso de más de 100 empresarios y expertos para trabajar por la productividad del país. Hace un año, creó la Comisión de Productividad para plantear proactivamente diagnósticos y propuestas para impulsar la productividad y sostener el alto crecimiento a través de mayor competencia y mayor eficiencia.
"Hacer más con los mismos recursos, ejecutar mejor las cosas, ser más eficientes, trabajar menos horas para lograr lo mismo, son todas definiciones válidas de productividad. Una sociedad más productiva puede combinar sus recursos de manera más eficiente, permitiendo que la actividad económica sea dinámica y sostenible en el tiempo. Y mayor productividad genera más crecimiento, los ciudadanos acceden a mejores empleos, permite salarios más altos, y acceso a más y mejores bienes y servicios como educación, salud o infraestructura. Esto se traduce en mayor bienestar y, finalmente, en mayor felicidad", indicó.
En base a indicadores y rankings internacionales, la Comisión definió nueve temas relevantes en que existen brechas que abordar. Ellos son: desarrollo de competencias de capital humano; participación laboral femenina, juvenil y del adulto mayor; simplificación de trámites; innovación; productividad digital; excelencia operacional; energía; infraestructura; y cadena logística.
El trabajo se organizó en nueve Mesas Técnicas, de las cuales surgieron un conjunto de iniciativas que se suman a propuestas ya existentes en agendas previas. Son iniciativas de diversa índole, casi la mitad de ellas de responsabilidad del propio empresariado, que en esta nueva etapa que se inicia se deben priorizar, desarrollar con más detalle y luego implementar.
El presidente de la Comisión de Productividad de la CPC, Andrés Santa Cruz, destacó que "este es el inicio de un proceso continuo, en el cual vamos a seguir trabajando, asumiendo el compromiso de implementar lo que nos corresponde desde el empresariado".
Junto con valorar el foco que está adoptando el gobierno en productividad y crecimiento, las medidas planteadas por la autoridad económica y por la Comisión Nacional de Productividad, desde la CPC hicieron un llamado a aunar esfuerzos para recuperar el círculo virtuoso del crecimiento en Chile.
"Nuestra tarea es transformarnos en un actor clave para que a través de compromisos concretos mejoremos la productividad en las empresas, en un socio estratégico para pensar cambios legales, regulatorios y de gestión que faciliten la productividad, y en un aliado de los chilenos para que la productividad sea el gatillante de que el desarrollo llegue a todos. Nosotros queremos seguir colaborando con los cambios que Chile necesita y aportar a la recuperación de la confianza", afirmó el presidente de la CPC.
El camino para erradicar el problema de la evasión no es una amnistía tributaria, como se hizo en Chile. Y es importante aclarar que es absurdo hacerla justo cuando tienes las posibilidades, más ciertas que antes, de pillar a quiénes están evadiendo impuestos. Esa es la contradicción. Las amnistías, en todos los países del mundo cuando se hacen bien, consisten en que si tienes plata afuera, y la sacaste de manera ilegal, lo primero que tienes que hacer es traerla de vuelta y pagar todos tus impuestos, para no terminar en la cárcel. En cambio en Chile esto significó que quien sacó dinero ilegalmente del país, solo pagará el 8% de los impuestos y además no tendrá que devolver la plata.
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Todos sabemos las magnitudes y para qué se usan los paraísos fiscales. Una cosa es que antes no se tuvieran los datos o los papeles, pero que existen empresas de papeles un asunto sabido. Estoy sorprendido que la gente se escandalice con el caso Panama Papers. Es como que nos sorprendiéramos de que se venden computadores robados en la feria.
¿Por qué razones nace un paraíso fiscal? Hay de todo. Desde las buenas hasta las malas intenciones. Hay razones que son legítimas y legales, y hay otras que no. Legal es, por ejemplo, que tú tienes tus ingresos, pagaste todos los impuestos en tu país, y hay un riesgo de expropiación grande en ese lugar. Si estuviéramos en Venezuela ese sería un conflicto real. A pesar de que tu actividad económica sea legítima, estás en una situación donde te pueden incautar la cuenta de ahorros. En ese caso es una posibilidad pensar "bueno, dejo mis ingresos afuera bajo el nombre de alguna empresa, donde el gobierno que quiere expropiarme no sabe que soy yo", y no efectuar ningún delito. El problema está cuando algunos más creativos se dieron cuenta de que esto les podría servir para esconder actividades económicas ilegales. Y estas prácticas han existido desde los últimos treinta años.
Pero incluso con el tratado para la colaboración multilateral entre países, es difícil tener conocimiento de la evasión de impuestos en el exterior, porque estos países (los paraísos fiscales) no suscribieron. Aunque sí existen lugares donde históricamente había muchas cuentas con dineros ilegales que firmaron, como Suiza.
Por supuesto que la aparición de este caso supone que hay muchos otros que todavía no salen a la luz. Hay un libro del economista Gabriel Zucman (La riqueza oculta de las naciones) en que él dice que, de toda la riqueza mundial, un 8% está en paraísos fiscales, que es una cifra del 2015. Ahora, si con esto se ven afectados o no los Estados pequeños, depende de cuál sea la realidad. Hay cosas que son legales y cosas que son ilegales, y no sabemos todavía cuál es cuál, que es lo que hay que investigar.
El camino para erradicar el problema de la evasión no es una amnistía tributaria, como se hizo en Chile. Y es importante aclarar que es absurdo hacerla justo cuando tienes las posibilidades, más ciertas que antes, de pillar a quiénes están evadiendo impuestos. Esa es la contradicción. Las amnistías, en todos los países del mundo cuando se hacen bien, consisten en que si tienes plata afuera, y la sacaste de manera ilegal, lo primero que tienes que hacer es traerla de vuelta y pagar todos tus impuestos, para no terminar en la cárcel. En cambio en Chile esto significó que quien sacó dinero ilegalmente del país, solo pagará el 8% de los impuestos y además no tendrá que devolver la plata. Además, hoy el Servicio de Impuesto Internos (SII) maneja mucha más información que antes. Chile firmó hace dos años un pacto multilateral con 87 países para compartir información tributaria, que entra en vigencia a partir de 2017. Con eso, es absurdo decir "justo ahora que te puedo pillar, te voy a perdonar". ¿Entonces por qué se hizo? Esa es la gran pregunta de la Reforma Tributaria. Si se mira toda la discusión de la reforma, desde lo primero que se planteó, lo que salió de la Cámara y se discutió en el Senado, y se miran todos los antecedentes y argumentos, nunca jamás estuvo en discusión hacer una amnistía tributaria. Nunca, en las propuestas de nadie. Ahora, quienes no se acogieron a esta medida, a partir del primero de enero de 2016, tendrán que pagar todos los impuestos y todas las multas. Y si hay persistencia del delito, las magnitudes aumentan y potencialmente pueden terminar presos.
No se puede saber a quiénes están ligadas las platas que han salido de Chile hacia el extranjero. No hay ninguna información. Aunque el SII puede saber algo ahora: quiénes, cuánta plata tienen y dónde, a raíz de las personas que adscribieron a la amnistía. Mientras no salga esa información públicamente todo lo que se diga es especulación.
*Economista y profesor
de la Universidad
Adolfo Ibáñez
12/04/2016
CORTE SUPREMA DESECHA RECURSO DE QUEJA CONTRA DECISIÓN QUE ORDENÓ A SVS ENTREGAR INFORMACIÓN POR LEY DE TRANSPARENCIA
La Corte Suprema desechó el recurso de queja presentado en contra de los ministros de la Corte de Apelaciones de Santiago que ratificaron la decisión del Consejo para la Transparencia que ordenó a la Superintendencia de Valores y Seguros entregar información requerida por el Centro de Investigación Periodística (Ciper-Chile), sobre las sanciones aplicadas por la entidad a Roberto Guzmán Lyon, en 2000 y 2001.
En fallo unánime (causa rol 16628-2016), la Tercera Sala del máximo tribunal –integrada por los ministros Pedro Pierry, Rosa Egnem, María Eugenia Sandoval, Manuel Antonio Valderrama y el abogado (i) Jaime Rodríguez– desestimó el recurso disciplinario, porque del "(…) mérito de los antecedentes no permite concluir que los jueces recurridos -al decidir como lo hicieron- hayan realizado alguna de las conductas que la ley reprueba y que sería necesario reprimir y enmendar mediante el ejercicio de las atribuciones disciplinarias de esta Corte".
El fallo recurrido, dictado el 1 de marzo pasado por la Primera Sala de febrero de la Corte de Apelaciones de Santiago, ratificó la decisión del CPLT que ordenó a la SVS entregar la información requerida por el centro periodístico. Resolución del tribunal de alzada que consideró que "(…) normas como la del artículo 21 de la Ley 19.628 en la que pretende asilarse la Superintendencia de Valores y Seguros para no solo negar la información requerida por CIPER Chile, sino que recurrir de ilegalidad en contra de la Resolución del Consejo de Transparencia, que ordenó entregar la información son de carácter excepcional, y deben ser interpretadas restrictivamente a objeto de que su aplicación no vulnere en este caso la garantía consagrada en el artículo 19 N° 12 de la misma Constitución política respecto de la libertad de información invocada por CIPER".
Fallo que agrega "(…) que estos sentenciadores comparten el criterio sustentado por el Consejo de Transparencia en cuanto a que el artículo 21 de la Ley 19.628 debe interpretarse de una forma armónica con el principio general de publicidad de los actos administrativos, y que dicha interpretación exige ajustar su alcance al de una prohibición para organismos públicos que hacen tratamiento de datos para revelar aquellos caducos como sanciones prescritas o cumplidas en las publicaciones o registros confeccionados a partir de determinados datos, pero que no puede extenderse a las sanciones contenidas en actos administrativos que originalmente impusieron la medida disciplinaria. Es como si por ejemplo extrapolada la situación al caso de las sanciones penales, se pretendiera que por no poder figurar ya una sanción en el extracto de filiación y antecedentes, pasare por ello a estar prohibido el otorgar copia de la sentencia que la impuso".
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| Corte Suprema |
| ICA Santiago |
Sus problemas patrimoniales se han agravado con el tiempo: en octubre fue declarada en quiebra y la autoridad está por sacarla definitivamente de los registros.
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"Muy pronto van a estar todos los temas resueltos". La frase se le escucha decir una y otra vez a Francisco Montaner. La pronuncia por lo menos desde 2008. Desde ese año que el "niño prodigio" de la bolsa, el ex panelista de radio y televisión, responsable en Chile de uno de los primeros proyectos punto com financieros ligado al gurú latinoamericano de internet Wenceslao Casares, viene a los trastabillones. Una y otra vez, como quien cae de noche por una escalera con la luz apagada.
Tras alcanzar hace algunos años un acuerdo con el holding financiero EuroAmerica, para terminar con un juicio en su contra por uso de información privilegiada (fue sancionado por la Superintendencia de Valores y Seguros) y pagar a cambio $15 millones más otro monto que no se hizo público, hoy el nombre de Montaner nuevamente es protagonista del comidillo en el mundo de los negocios.
La intermediaria bursátil de la que es socio, Fit Research Corredores de Bolsa, fue declarada en quiebra. La Bolsa de Comercio le canceló su licencia para operar en ese mercado. Y el síndico que hoy está a cargo de pagarle a sus acreedores, Ricardo Alid, incautó las acciones de las bolsas de Santiago y Valparaíso que pertenecen a la sociedad y que en conjunto valen poco más de $2 mil millones. "La primera con numerosos embargos, los cuales serán alzados para su enajenación, y dichos juicios acumulados a la quiebra", asegura el interventor.
Además, la custodia de acciones que mantenían para sus clientes fue traspasada al Depósito Central de Valores, y cerca del 50% de esos papeles han sido reclamados por sus dueños.
Entretanto, Montaner -que no quiso hablar para este artículo- insiste en que está cerrando la venta de la mina Sierra Miranda, propiedad del empresario antofagastino Mohamed Duk, al norteamericano Roger Kennedy, y que en paralelo trabaja en el levantamiento de la quiebra. Y asegura que luego habrá dinero para pagarles a todos sus acreedores. Incluyendo a Juan Alberto Scuncio, el dueño de Inversiones Ramaja, sociedad que pidió la quiebra de Fit al 4º Juzgado Civil de Santiago alegando una deuda de $1.100 millones originada "en diversas operaciones bursátiles y de cambio de monedas".
Mientras, su gerente general interino Antonio Fuenzalida, es el encargado de dar la cara y contener a los clientes que le quedan a la corredora.
Durante los últimos 9 meses y tras la abrupta salida del ex gerente general Gerardo Rojas -quien estaba encargado de levantar un salvador aumento de capital por US$25 millones que fue informado a la SVS y a las bolsas pero que nunca se concretó-, Fuenzalida se ha dedicado a visitar clientes en Antofagasta, Concepción, Punta Arenas, Valdivia, Viña del Mar y Santiago para entregarles la poca información que emana de sus jefes y de la cual parece haber realizado un acto de fe.
El abogado David Pincheira -que representa a la importadora Universal Nutrition Chile Limitada, uno de los clientes acreedores de Fit- se entiende principalmente con el ejecutivo y confía en la disposición de pago que, a nombre de la compañía, ha mostrado. Sin embargo para este reportaje, Fuenzalida optó por guardar silencio.
Pincheira agrega que no tuvo una buena experiencia con su antecesor, Gerardo Rojas, quien "prometió pagarnos en junio y nunca más dio la cara".
El día que el tribunal declaró la quiebra de Fit Corredores de Bolsa pedida por Scuncio, el 13 de octubre de este año, la corte reveló que la intermediaria entregó 5 cheques de $250 millones cada uno para saldar dicho compromiso, pero esos documentos no tenían fondos. "El hecho de que el acreedor no deposite de inmediato los cheques, no constituye igualmente, en modo alguno, la concesión de plazos, como tampoco ningún tipo de esperas o prórrogas", se lee en la resolución de quiebra.
No es la primera vez que Fit tiene problemas con cheques. En junio de 2014, la clienta Eloísa Noches Sánchez presentó un escrito en el 11° Juzgado Civil de Santiago para notificar el protesto por falta de fondos de un documento por $65 millones.
En el 7º Juzgado Civil se ventilan tres causas más: dos corresponden a las que ingresó la ex gerente comercial -renunció en julio de este año- María Graciela Iturra por cheques que suman casi $65 millones, los que recibieron órdenes de no pago, una de ellas sin motivo; el otro, por "incumplimiento contractual". El tribunal dijo que dentro de las causales para protestar un cheque no se incluía dicha figura y le dio curso a la demanda.
La otra corresponde a la proveedora de insumos industriales Prisa, que también entabló una demanda ejecutiva por facturas impagas cercanas al medio millón de pesos.
Una de las últimas acciones legales que constan en los registros del Poder Judicial, es una notificación por otro cheque protestado de $108 millones girado en favor de Inversiones Santis, la que fue ingresada el 22 de octubre al 29º Juzgado Civil de Santiago.
En los tribunales también hay varias otras causas en contra de la intermediaria bursátil por el no pago de arriendo de algunas de sus sucursales, algunas de ellas ubicadas en Concepción.
A su historial de incumplimientos, se agregan dos multas cursadas por la Dirección del Trabajo. Una, por no exhibir los documentos que acrediten el pago de cotizaciones previsionales de algunos de sus trabajadores entre noviembre y diciembre de 2013, y la otra, por "no pagar las remuneraciones consistentes en sueldo base con la periodicidad estipulada en el contrato" ni acreditar el pago de asignaciones familiares durante los meses de marzo, abril, mayo y junio de este año.
Según Alid, al momento de la quiebra había 42 empleados con contrato vigente.
"Respecto de los juicios civiles y laborales, y su cuantía los conoceremos a medida que se vayan verificando sus créditos, o sus expedientes sean acumulados al proceso de la quiebra", explicó el síndico.
Aunque es difícil saber a ciencia cierta cuán profundo es realmente el hoyo financiero de Fit, fuentes al interior de la compañía lo avalúan en cerca de $2 mil millones y que su origen está en los supuestos incumplimientos de uno de sus clientes principales, Oscar Johnson -uno de los fundadores de la empresa de comidas La Punta y hermano del conocido banquetero Juan Pablo- por operaciones simultáneas. En estas transacciones, la corredora realiza "préstamos" garantizados con títulos accionarios a sus clientes para efectuar operaciones bursátiles de montos mayores al capital disponible de quien lo realiza.
Aunque Johnson no estuvo disponible para este artículo, en octubre de 2013 Fit informó a la SVS que había logrado "renegociar la deuda mantenida por el principal cliente de esa corredora, obteniendo un pago inicial de $300 millones y un compromiso de pago para la cancelación de $2.600 millones, en dos cuotas, al 15 de octubre y al 15 de noviembre de 2013". Al 21 de noviembre de ese año y de acuerdo a lo informado por la gerencia de Fit a la SVS, "el referido cliente no ha realizado el pago de ninguna de las cuotas comprometidas con esa corredora".
La SVS dio plazo hasta el 21 de noviembre para que Fit regularice su situación patrimonial. Si no lo hace, le cancelará su inscripción en el Registro de Valores, casi el último vestigio que le va quedando como corredora bursátil, luego de que la Bolsa de Comercio le quitara esa calidad en la reunión del 28 de octubre de este año. Aunque todavía figura como intermediaria en la Bolsa de Valores de Valparaíso.
Para la primera quincena de diciembre, además, se espera la convocatoria a junta de acreedores donde deberían quedar verificadas todas las deudas. Ahí se podrá saber exactamente de cuánto es el forado financiero de la corredora, que todavía tiene una chance de salir del impasse: convocar a junta extraordinaria de acreedores para proponerles un convenio judicial donde deberá ofrecer una opción de pago mejor que en el escenario de la quiebra. Para eso, necesita los cerca de US$20 millones que supuestamente recibirá la agonizante casa de bolsa por la venta de Sierra Miranda, cuyo negocio otra vez, "está muy pronto a cerrarse", aseguró ayer un cercano a Montaner.
Sobre la anunciada pero fallida capitalización de Fit, Gerardo Rojas explicó a La Segunda: "yo propuse un aumento de capital en junta extraordinaria de accionistas, donde incluso otros accionistas se sumaron al mismo". "En ningún caso fue un compromiso personal de realizar el aumento, sino una proposición a los accionistas", agrega.
"Lamentablemente, las condiciones comerciales acordadas por parte de los financistas fueron modificadas unilateralmente, debido a problemas políticos e incertidumbre con las reformas tributarias y sus alcances propuestas en ese momento, dado que gran parte de los nuevos recursos serían utilizados para el desarrollo de proyectos de energía y minería. Se intentó con nuevas fuentes de financiamiento, pero no fue posible llegar a acuerdo en las condiciones", detalló.
-¿Por qué renunció a la gerencia general?
-Principalmente, debido a problemas personales y familiares. Además, ya no era necesaria mi participación.
-En Fit acusan que usted los dejó botados y que no contesta ni el teléfono. ¿Qué responde a esas acusaciones?
-No he dejado botado a nadie de Fit, y siempre contesto todas las llamadas que recibo, incluso la suya, sin saber quién me llama. El mismo personal que colaboró en Fit durante mi período podrá contestarle esa pregunta, dado que siempre he tenido un especial cuidado y preocupación por todas las personas, teniendo siempre una política de "puertas abiertas" para poder recibir sugerencias y resolver problemas.
Según información recogida de la Superintendencia de Valores, la propiedad de Fit se reparte entre 14 sociedades.
Como mayor accionista aparece el Fondo de Inversión Privado Exchange , con el 34% y cuyo representante es Ricardo Montaner Lewin.
El Fondo de Inversión Privado Trogir , representado por Juan Esteban Montero León, figura con el 16,4%. Montero también aparece como representante de Inversiones Miluro , que tiene el 2,33%.
Francisco Montaner ha representado a Inversiones Cortadera (9,61%), Dubois y Jarpa -ligada a Germán Dubois- (2,93%), Inversiones Montaco (1,03%), GDI Ingeniero limitada (0,49%) e Ingeniería y Construcción del Bosque (0,45%).
Artrux Investment , que tiene personalidad jurídica de nacionalidad española, posee el 13% y su representante es Manuel José Montes Cousiño.
Inversiones Amanda , ligada a Gerardo Rojas, ostenta el 6,51%.
Inversiones y Asesorías Magalet , representada por Alvaro Magallón Quezada, figura con el 1,16%.
Sociedad de Inversiones y Asesorías La Araucaria , ligada a Roberto Guzmán, aparece con el 3,69%.
