Foto: La Tercerca
Hace cuatro años, Francisca Linconao convocó a un grupo de personas a su casa en las cercanías de Vilcún. Después de reunirse allí partieron tres camionetas, con cerca de diez personas en cada una de ellas. La propia Francisca Linconao tripulaba una de color rojo, según recuerda en su confesión José Manuel Peralino, formalizado junto a la Machi Linconao y otros nueve comuneros acusados del delito de incendio con resultado de muerte de carácter terrorista de Werner Luchsinger y Vivianne Mackay, un matrimonio de ancianos que fueron atacados cerca de la una de la madrugada en su hogar, en las inmediaciones de Vilcún. Luego, los atacantes volvieron a la casa de Linconao, donde se deshicieron de parte de las armas utilizadas en el asalto.
Francisca Linconao conocía al matrimonio, pues su hermana Juana trabajó durante cerca de 50 años para ellos en su casa como empleada doméstica. Desde marzo de este año, la Machi Linconao está imputada por este delito y cumple prisión preventiva, en estos momentos en el Hospital de Nueva Imperial según consigna El Líbero, por haber sido considerada un peligro para la sociedad.
Desde hace una semana, la izquierda y el Gobierno han intensificado una campaña para presionar al Poder Judicial de manera que levante la medida precautoria de prisión preventiva por razones de salud.
El intendente regional y una subsecretaria del Gobierno de Michelle Bachelet han visitado a Francisca Linconao, pese a que la Intendencia es querellante en el caso contra ella y, según informaciones sobre el mismo, ha dejado de ejercer varios derechos y diligencias como parte acusadora. El lunes, el Instituto de Derechos Humanos, organismo de gobierno, emitió una declaración pública apoyando a Francisca Linconao. El diputado Gabriel Boric ha intervenido también en el caso pidiendo la libertad de la Machi.
El Instituto de Derechos Humanos, Boric y varios políticos de izquierda defienden a una mujer acusada del horrible asesinato de dos ancianos. Frente a la contradicción que ello representa, los cercanos al Instituto señalan que los derechos humanos sólo pueden ser afectados por el Estado, de modo que a los Luchsinger Mackay no se les han violado los derechos humanos, sino que sólo ha sido un problema entre particulares. Ese es un argumento burocrático, pues algunos organismos internacionales efectivamente siguen ese criterio, lo que no significa que haya consenso respecto a esa definición, que es muy funcional a la izquierda: permite que grupos terroristas, por ejemplo las FARC, no puedan ser acusados de violaciones a los derechos humanos pese a la constancia de horribles crímenes, como encerrar a todos los habitantes de un poblado en la capilla y quemarlos vivos.
No ven entonces ningún problema, amparados en ese argumento burocrático y discutible, en intervenir en la discusión pública para favorecer en el proceso que les siguen los tribunales a los imputados por este horrible crimen. Aún en esta circunstancia, si el Instituto de Derechos Humanos tiene la pretensión de que crezca en la población la conciencia acerca de la necesidad de respetar los derechos humanos, es imprudente que se sienta llamado a intervenir públicamente en defensa de los imputados por este crimen, en el marco de una ofensiva política para lograr beneficios para ellos.
Es una burla para los familiares de los Luchsinger esta actuación de un organismo del Estado, y degrada la defensa de los derechos humanos, porque existe la legítima impresión en la ciudadanía de que se utiliza esta institución para lograr objetivos políticos. ¿O alguien cree que el Instituto de Derechos Humanos defiende con igual celo los derechos de otros imputados por miles de delitos que cumplen prisión preventiva porque el tribunal consideró que son un peligro para la sociedad?
Una familia en La Araucanía que perdió a sus familiares en un cruel asesinato se siente desamparada hoy por un Estado que no sólo no ha impartido justicia hasta la fecha, sino que actúa para favorecer a quienes están acusados de ese crimen.
El Gobierno de Michelle Bachelet sigue utilizando el aparato del Estado para favorecer a sus partidarios y grupos de presión, y no para cumplir su mandato de resguardar el Estado de derecho en beneficio de todos los ciudadanos.
Por Luis Larraín
