El ministro de Relaciones Exteriores de Bolivia, en entrevista con este diario, ha expresado el deseo de mantener buenas relaciones bilaterales con sus vecinos, fundadas en la confianza mutua. Ese cometido, compartido por Chile, resulta contradictorio con sus dichos y con la política exterior de Bolivia.
Desde luego el canciller vecino elude las consecuencias del reiterado intento boliviano de impugnar el Tratado de 1904, que fijó la frontera y puso término al conflicto con Chile. Bolivia y Chile acordaron sus fronteras a través de un tratado válidamente celebrado, vigente y reconocido por ambos países y por la comunidad internacional, recibiendo el país vecino obras y compensaciones monetarias, que no ha recibido en acuerdos, cesiones y pérdidas territoriales con otros países limítrofes.
Tal impugnación, contraria al derecho internacional, es una grave transgresión a la confianza recíproca y un precedente negativo para la seguridad y la convivencia pacífica de la región, cuyos límites dependen de la observancia de los tratados. Tanto o más agraviantes para Chile son las disposiciones de la Constitución boliviana sobre la supuesta reivindicación marítima y el autoasignado derecho a una denuncia unilateral de convenios internacionales válidamente suscritos y vinculantes. También merece observarse la falta de coherencia de la política exterior boliviana cuando se intenta desconocer el Tratado de 1904 y, a la vez, se reclama el incumplimiento de sus términos.
Asimismo, se comete un error al atribuir consecuencias regionales a la reclamación de Bolivia. Para que ello se fundamente debe haber una amenaza a la paz, pero, por cierto, ninguno de los dos países ha considerado recurrir a la fuerza para resolver supuestas diferencias. Por el contrario, ambos valoran y coinciden en la necesidad del diálogo. Si hubiese una repercusión regional por este debate, ella provendría precisamente del desconocimiento boliviano del derecho de los tratados.
Yerra igualmente el canciller vecino cuando intenta asimilar la aspiración boliviana de salida soberana al mar con la demanda argentina sobre las islas Malvinas. Nuevamente, esa argumentación es evidencia del desprecio de Bolivia por los tratados internacionales. El ministro boliviano conoce perfectamente los convenios suscritos por su país con Chile, y también sabe que el Reino Unido de Gran Bretaña no ha celebrado tratado alguno que le atribuya soberanía sobre las islas.
La buena voluntad del canciller boliviano y el interés compartido por el diálogo y la cooperación bilateral son bienvenidos, pero no deben ser obstáculo para aclarar sus contradictorias y equivocadas expresiones.
Saludos
Rodrigo González Fernández
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