Las recientes demandas regionales -las de Aysén y Calama son las más notorias- han repuesto en discusión iniciativas para impulsar la regionalización y descentralización del país, así como otras que buscan un mejoramiento de las capacidades y organización de los municipios, que sirvan a tal propósito.
El Gobierno busca reforzar los planes que apoyan a las regiones, iniciando simbólicamente ese esfuerzo mediante una exposición en la Plaza de la Constitución de los diversos proyectos, obras y planes de inversión ejecutados desde Arica a Punta Arenas durante su mandato. Asimismo, ha encargado a los ministerios de Hacienda y Secretaría General de la Presidencia preparar planes que extiendan esa actividad hacia el futuro, y ha comenzado a estrechar la comunicación con las regiones por intermedio de los gobernadores provinciales, para perfeccionar la información que defina esos proyectos y coordinar mejor su implementación.
En el ámbito municipal ha surgido una propuesta -ya traducida en proyecto de ley- para reforzar las capacidades profesionales de los municipios, y lograr así mejoramientos en su gestión, mediante el sistema de la Alta Dirección Pública en versión municipal. Así, los municipios podrían seleccionar los altos cargos de su administración en forma más profesional, y aunque sería voluntario su uso, aquellos que lo empleen mejorarían sus posibilidades de recibir recursos del gobierno central. Asimismo, se busca eliminar los límites vigentes para gasto en personal de los municipios, para permitirles tener mejores salarios y personal para cumplir sus labores.
Todos estos esfuerzos -muy loables- no resuelven, sin embargo, el problema de fondo que enfrentan las regiones y sus municipios, cual es la excesiva centralización del país, que implica una recaudación central de los recursos y una definición centralizada de su asignación. Tal centralismo se traduce en dependencia económica de aquéllas de organismos centrales como la Subsecretaría de Desarrollo Regional, cuyos criterios de asignación no son siempre coincidentes con los de las regiones. Eso puede llevar a éstas a expresar peticiones mediante manifestaciones sociales, como las de Aysén, cuya eventual satisfacción por parte del Gobierno tiende a perpetuar al mecanismo. Por otra parte, ignorarlas las profundiza y radicaliza. Es hora de un debate a fondo sobre una descentralización basada en mayor autonomía política y económica de las regiones, que aborde estos aspectos centrales de sus problemas con soluciones menos correctivas y más estructurales.
Saludos
Rodrigo González Fernández
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