En el caso de La Polar, parece cada vez más probable que se configuren figuras fraudulentas, al menos respecto de una parte de su administración, y las investigaciones judiciales deberán determinar las responsabilidades de los antiguos dueños, del directorio, de las auditoras y de las clasificadoras. También deberá revisarse el papel jugado por otros actores del mercado financiero, como las corredoras de bolsa y las AFP.
El caso del directorio es el más evidente. La Ley N° 18.046 (art. 41) establece que sus miembros "deberán emplear en el ejercicio de sus funciones el cuidado y diligencia que los hombres emplean ordinariamente en sus propios negocios". Los hechos conocidos indican que eso no ocurrió aquí, y que no se establecieron controles ni se realizó una adecuada supervisión sobre la administración.
Pero tanto o más relevantes -pues sus efectos podrían extenderse a más de una empresa- son las deficiencias de los demás actores, y entre ellas son especialmente graves las responsabilidades de los auditores. Su obligación fundamental es certificar que la contabilidad de la empresa refleja efectivamente su situación financiera, de manera que los inversionistas estén informados al invertir en ella. Si, como en este caso, la contabilidad aprobada por el auditor no refleja ni remotamente la condición real de la empresa, el auditor ha fallado en su responsabilidad principal.
Los auditores se defienden argumentando que su función no es detectar fraudes. Efectivamente, puede ser difícil detectar si en forma esporádica un ejecutivo de rango medio desvía recursos de la empresa para su beneficio, pero esos fraudes menores no afectan la viabilidad de la empresa. En La Polar, en cambio, la situación era distinta: aparece una anomalía -un eventual fraude- de gran magnitud, que podría haberse advertido con una investigación de razonable acuciosidad.
Los auditores de empresas que ofrecen crédito saben -o deberían saber- que el mayor peligro para la supervivencia de las mismas deriva de la renovación de la deuda de los malos pagadores, para no tener que establecer provisiones y reducir las utilidades. Al revisar estas empresas, los auditores deberían tomar muestras de créditos individuales y seguir su comportamiento de pagos, morosidades y renovaciones, para determinar si difieren de lo que refleja la contabilidad interna. Además, se habría podido usar información agregada -como lo hicieron algunos actores del mercado- para determinar si el comportamiento de los clientes de La Polar era anómalo y daba razón para estudiarlo más a fondo. Si los auditores estiman que una revisión de esta especie excede su responsabilidad fiduciaria, su labor sería inútil, las auditorías serían una formalidad, y su costo representaría un inconducente impuesto a las empresas.
También exhibieron deficiencias preocupantes los calificadores de riesgo que certificaron hace poco la calidad de los bonos de La Polar. Otros afectados por el escándalo son no pocos corredores de bolsa, cuyas recomendaciones demostraron un desconocimiento grave de la empresa que recomendaban, y las AFP, que cobran elevadas comisiones para realizar un trabajo que se asemejaría más al de custodios de un índice accionario que al de inversionistas altamente calificados de los recursos de sus afiliados.
Una conclusión que cabe desprender es que nuestro mercado financiero no resulta suficientemente competitivo, por sus altas comisiones y su escaso análisis de buena calidad. Ha mostrado rasgos de una suerte de "amiguismo", por el cual algunos ejecutivos invierten los recursos de terceros sobre la base de conversaciones telefónicas con otros que reputan confiables, y en el que el trabajo aplicado, metódico y eficaz está poco presente.
Fuente:emolCONSULTEN, OPINEN , ESCRIBAN .
Saludos
Rodrigo González Fernández
Diplomado en "Responsabilidad Social Empresarial" de la ONU
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