sofofa, sonami y construcción se cuadran con propuesta de tribunales ambientales y piden certeza jurídica

sofofa, sonami y construcción se cuadran con propuesta de tribunales ambientales y piden certeza jurídica

Empresarios critican "exceso" de atribuciones de futura Superintendencia medioambiental

Silvana Celedón Porzio df

"Crearemos una Superintendencia Ambiental, centrada en las funciones fiscalizadoras y sancionatorias. En esta nueva política ambiental no basta con legislar, sino también garantizar que las normas se cumplan".

De esta forma define el gobierno uno de los principales objetivos establecidos en el proyecto de ley que modifica la institucionalidad ambiental y cuya idea de legislar será votada este martes en la Comisión del ramo del Senado.

Sin embargo, para el empresariado el tema más complejo de la señalada normativa es, precisamente, la Superintendencia. Y la visión de los gremios es categórica: un organismo con "super roles" es negativo para las inversiones.

Y así lo refleja -afirman desde Sofofa, Cámara Chilena de la Construcción (CChC) y Sonami, gremios que han tenido una participación activa en la tramitación de la iniciativa- el hecho que muchas firmas extranjeras no concreten sus proyectos en el país, debido a "incertezas jurídicas".

Es por ello, que insisten en la idea de crear tribunales ambientales e incluso  reconocen que es posible que esta propuesta atrase la tramitación legislativa del señalado proyecto, pero enfatizan que esto es necesario para evitar los costos de una norma "mal diseñada".



Batería de argumentos

Para el presidente de la Sofofa, Andrés Concha,  "las leyes deben salir de la mejor forma posible, principalmente si se trata de materias ambientales, donde hay tantos actores involucrados". En la misma línea, el presidente de la Comisión de Medio Ambiente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) y gerente de Estudios de la CChC, Javier Hurtado, señala que "actualmente no es de extrema urgencia un cambio de legislación en el tema, por ende, lo mejor es darnos tiempo para que los cambios que se introduzcan en la tramitación otorguen real certeza jurídica. Es decir, que cuando se entregue una resolución de impacto ambiental, ésta sea definitiva, ya que eso garantizará que las inversiones lleguen a Chile".

A ello, Concha agrega que "desde el punto de vista de los inversionistas, es mejor un sistema de fiscalización en donde el que investiga y acusa sea diferente de quien sanciona y castiga". 

Idea que Hurtado refuerza. "Todos podemos aceptar que se requiere de una fiscalización más fuerte, pero es fundamental separar roles, los excesos son negativos. Eso es lo que se buscó con la nueva justicia penal y tributaria ¿por qué no hacer lo mismo en materia ambiental siendo que es un tema mucho más complejo?", subraya.

De la misma opinión es el presidente de Sonami, Alfredo Ovalle, quien afirma que el proyecto que será votado mañana "plantea un modelo ya ha sido abandonado en los temas de impuestos y la libre competencia, considerando argumentos de debido proceso, separación de funciones, independencia y especialidad técnica". Más en detalle, el dirigente minero advierte que la amplitud de facultades "sin contrapesos adecuados" conlleva "consecuencias gravosas para los regulados".

De hecho, Hurtado da un ejemplo: "muchas grandes empresas eléctricas no están invirtiendo en Chile por problemas de seguridad jurídica, entonces, el mensaje que tenemos que recibir es ése. No importa que la fiscalización sea más o menos dura, el punto es que deben existen entes independientes".

Y puntualiza que "lo más importante es que, cuando se aborde en particular el proyecto en el Senado, haya una buena discusión, que el debate sea de verdad  y pensando en la certeza jurídica".

Fuente:DF
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Saludos
Rodrigo González Fernández
Diplomado en "Responsabilidad Social Empresarial" de la ONU
Diplomado en "Gestión del Conocimiento" de la ONU

 

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