El Convenio 169 de la OIT sobre pueblos originarios fue ratificado casi por unanimidad en el Congreso, probablemente como un gesto hacia los descendientes de aquéllos, que en muchos aspectos se encuentran en desventaja, por múltiples errores de enfoque de las políticas correspondientes. Dicho convenio no contiene normas vinculantes para los países que lo reconocen, sino que es un conjunto de principios y solicitudes a los gobiernos que lo ratifican; éstos son los responsables de proponer los cambios que puedan darle eficacia. Naturalmente, la manera como ello se materialice es ampliamente debatible, y a menudo requiere de cambios legales.
El Gobierno ha dado a conocer una propuesta de concreción del mismo por medio de un "Código de Conducta Responsable", que regularía las inversiones en zonas indígenas. Éstas incluyen tierras indígenas y las llamadas "áreas de desarrollo indígena", que también contienen tierras privadas, no pertenecientes a aquéllos. Según la clasificación de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi), la superficie total en estas zonas alcanzaría a casi nueve millones de hectáreas.
Dicho código sería obligatorio para el sector público e, inicialmente, voluntario para el sector privado. Después de un plazo, se buscaría aprobarlo por la vía legislativa, y extender a todos su obligatoriedad. Pero con esto se ejerce sobre el sector privado una presión indebida, sin concurso legislativo. Constitucionalmente, todo código es materia de ley. Por eso, incluso es discutible que este llamado "código" pueda ser obligatorio para el sector público, en particular para las empresas del Estado, que tienen precisas obligaciones legales que satisfacer.
Como es lógico, esta propuesta gubernamental ha despertado reacciones críticas mucho más numerosas que las positivas: se cuestiona el alcance que se le ha dado, que en muchos aspectos va más allá del espíritu y del texto del propio Convenio 169; se objeta la forma en que se materializaría la participación de las comunidades indígenas, que más parece una negociación, en terrenos que no les pertenecen; se critica la creación de un nuevo organismo -el Consejo Nacional de Certificación-, que aprobaría las inversiones, y su capacidad para hacerlo de manera no discrecional, dada la ausencia de criterios precisos para definir qué proyectos satisfacen tal "código".
En la práctica, todo lo anterior podría bloquear cualquier iniciativa que no fuere aprobada por grupos indígenas minoritarios, lo que puede someter los proyectos de inversión a una extorsión mayor, en favor de pequeños intereses y en contra de comunidades más amplias. La idea de que la participación indígena sea simétrica en estos procesos es hoy una utopía sin asidero.
El potencial desaliento que una situación como la descrita conllevaría para las inversiones es alarmante. Libertad y Desarrollo ha estimado que casi dos mil 700 millones de dólares ya están sujetos a evaluación de impacto ambiental en estas zonas, y los proyectos ahora no sólo tendrían que buscar una resolución de calificación ambiental, sino también una certificación del nuevo consejo antes mencionado, la que, además, sería revisada cada tres años, nuevamente con participación de comunidades indígenas. Todo esto amplía ilimitadamente las posibilidades de comportamiento oportunista, arbitrario y extorsivo. Es obvio que, ante semejante falta de garantías, difícilmente habrá proyectos serios y de envergadura que deseen aventurarse en tales zonas. Como consecuencia igualmente obvia, la situación de desmedro en que se encuentran muchas comunidades indígenas sólo empeoraría.
Dada la ola de críticas, algunas autoridades parecen tomar distancia de este proyecto y ahora sostienen que sólo se trata de una propuesta preliminar. Ojalá ésta se diluya sin más daños que la incertidumbre adicional ya causada, pero sorprende que en un tema tan relevante para el país -y tanto más aún con la inversión muy debilitada a resultas de la crisis-, este "código" no haya sido objeto de mejor reflexión previa en el seno del Gobierno.
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Fuente:EL MERCURIO
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Rodrigo González Fernández
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