¿Y LA LEY DE LOBBY?
Problemas en aplicación de ley de transparencia y acceso a información pública complica al gobierno
La norma entrará en vigencia el 20 de abril y su cumplimiento cabal tiene de cabeza a La Moneda. El temor a fallar es tal que la Comisión de Probidad y Transparencia se fijó un plazo "perentorio" para medir el nivel ad hoc con que llegarán al día D.
por Pamela Jimeno | 01/03/2009 - 09:30
Este año el gobierno gastará casi US$ 6.300 millones en personal. Otros US$ 2.900 millones en financiar bienes y servicios de consumo (desde un lápiz hasta el arriendo de un inmueble), mientras unos US$ 968 millones irán a la red de subsidios para los pobres. Sin embargo, si alguien quiere saber cuánto gana un jefe de servicio o un asesor, cuánto se gasta en muebles y a quién se le compra, o quiénes reciben beneficios asistenciales y a cuánto llegan, no puede. Hoy eso es un misterio, incluso, para los tribunales.
Pero tal situación tiene los días contados, pues el 20 de abril comienza a operar la nueva Ley sobre Acceso a la Información Pública, que permitirá saber por primera vez quiénes trabajan para el Estado y cuánto cobran por ello, como también a quiénes se beneficia con subsidios y transferencias.
La norma hoy tiene de cabeza a La Moneda, donde batallan contra el tiempo para asegurar que ese día no haya riesgo de que el sistema falle, o de que simplemente la información requerida no esté. Esto, en vista de que tanto en el sector público como organismos privados coinciden en que existen problemas administrativos (los plazos no son suficientes para la implementación), normativos (reglamentos y estatutos aún no se dictan) y políticos (algunos sectores se oponen a entregar la información) que están entrabando la puesta en marcha. Incluso algunos ministerios políticos sondearon -sin éxito- la opción de postergar el inicio de la Ley.
Uno de los principales temores en torno al funcionamiento de la nueva ley por parte del gobierno es que "puede transformarse en un nuevo Transantiago, donde nada funcione como debe", y por ello se cuestione la transparencia del gobierno, advierte un cercano al comité político. Para acotar el riesgo, la Comisión de Probidad y Transparencia -a cargo de implementar la ley y que depende del Ministerio Secretaría General de la Presidencia- se fijó un cierre anticipado, el 10 de abril, para medir el avance del proceso: ese día el sistema comenzará a operar internamente para medir quiénes cumplieron y quiénes se han retrasado por problemas técnicos o por la connotación política de la información.
LO QUE FALTA
La ley sobre Acceso a la Información Pública (20.285) llegó al Congreso en enero de 2005, como una moción de los senadores Hernán Larraín (UDI) y Jaime Gazmuri (PS). En 2006 entró a la Agenda de Probidad del gobierno y logró algo de celeridad. Fue aprobada a mediados de julio de 2008 (con fallo del Tribunal Constitucional incluido) y se publicó el 20 de agosto.
En todo este tiempo, el Ejecutivo ha debido implementar la infraestructura necesaria para que el sistema opere, pero también sentar las bases para la constitución del Consejo para la Transparencia, organismo autónomo encargado del cumplimiento de la norma, dictar el estatuto pertinente y aplicar sanciones cuando corresponda, entre otros. En La Moneda reconocen que el gobierno aún no dicta el reglamento necesario, mientras en el Consejo admiten que los estatutos que a éste corresponde emitir están en revisión por parte del director jurídico. "Estamos trabajando en revisar el reglamento de la ley, en nuestros estatutos y en determinar los primeros instructivos, todo lo cual estará listo para el 20 de abril", afirma el presidente del Consejo, Juan Pablo Olmedo.
CONFIANZA EN JUEGO
Uno de los desafíos de la Ley, sostiene Moisés Sánchez, director ejecutivo de la Fundación Pro Acceso, es que entra en vigencia en un año electoral y "eso hará que en un principio se use para fines distintos de lo que fue creada, que es dar acceso a la información al ciudadano común". Este factor complica a La Moneda y a los partidos, reconocen fuentes de Palacio. Hay antecedentes de reparticiones y servicios, además de municipalidades y hasta empresas públicas, donde la inexistencia de antecedentes contables sobre contratos a honorarios o la relación político partidista de algunas asesorías ha complicado el levantamiento de información. "Esto no es novedad. En general los honorarios y las asesorías son una suerte de caja negra en el Estado", afirma el presidente de la Anef, Raúl de la Puente. El dirigente cree que con esta nueva ley "por fin vamos a dar cuenta de la desigualdad de ingresos entre los funcionarios que trabajan en el sector público y los asesores del sector público y de cómo esa brecha llega a casi 30 veces". El cruce de información dejará en evidencia, por ejemplo, a quienes ganan más que la Presidenta, explican los expertos.
En la Comisión indican que en lo relativo a honorarios y asesorías no han recibido alerta de grandes complicaciones, pero reconocen estar preocupados por la recopilación y homologación en lo relativo a los subsidios, porque "hay información repartida entre organismos" que no es homogénea.
El director de Estudios Jurídicos de Libertad y Desarrollo (LyD), Axel Buchheister, ve "virtualmente imposible" recoger, organizar y homologar la información que la ley mandata antes del 20 de abril. "Hay un nivel de confusión, datos inexactos e incluso desorden administrativo del que hemos dado cuenta por años en el sector público. A eso hay que agregar el factor político que evidentemente jugará un rol en la transparencia y oportunidad en la entrega de los antecedentes", afirma. Una impresión que también tiene la directora ejecutiva del Instituto Libertad, María Luisa Brahm. "He escuchado que hay muchos organismos del sector público que están complicados por la recopilación y homologación de datos, y que hay duda respecto del cumplimiento oportuno de la norma tanto en los honorarios y asesorías como en materia de subsidios. Creemos que esto va a ser un fracaso, que los servicios no van a estar listos", dice la abogada, quien como parte del Consejo de Alta Dirección Pública ha participado de la selección de personal para el Consejo para la Transparencia. Pero también advierte que habrá otros dos puntos en disputa: "Algunos servicios se van a refugiar en las causales de reserva para no entregar información, esto requerirá un pronunciamiento del Consejo y ahí se dará una discusión jurídica potente. Pero, además, habrá un debate sobre competencia entre la Contraloría y el Consejo". La experta, de hecho, confirma que el contralor, Ramiro Mendoza, ya se reunió con el Consejo y les planteó algunos reparos en esa materia.
En la Comisión afirman que han dispuesto las herramientas para que en la fecha prevista el nuevo sistema funcione al 100%, pero admiten que en el manejo de los archivos habrá problemas. "Al 20 de abril estaremos OK con la transparencia activa (información en la web), pero reorganizar la totalidad de los archivos históricos en un plazo tan corto de ocho meses es casi imposible", dice el secretario ejecutivo de la Comisión, Felipe del Solar.
LAS DIFICULTADES QUE ENFRENTA EL ARCHIVO NACIONAL
Otra de las reformas clave de la Ley 20.285 está en el título IV, y apunta al derecho que tiene toda persona a solicitar y recibir gratis información de cualquier órgano del Estado, entendiéndose por ésta a los actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos. También se puede pedir toda la información elaborada con el Presupuesto público, en cualquier formato o soporte, salvo lo que sea de carácter reservado.
Cuando los datos solicitados estén permanentemente a disposición del público en medios impresos como libros, compendios, folletos, archivos públicos, así como también en formato electrónico disponible en internet o cualquier otro medio, se debe comunicar al solicitante la fuente, lugar y forma para acceder a la información, con lo cual se entiende que el Estado ha cumplido con su obligación. Este punto, sin embargo, preocupa a la Comisión de Probidad y Transparencia, donde advierten un retraso en la actualización de los archivos públicos y el riesgo de ausencia de información relevante. "El Estado históricamente no ha tenido preocupación por el manejo de archivos y la ley implica mejorar esto. Rectificar eso al 20 de abril es muy complejo. El plazo que definió la ley de ocho meses es muy breve. Es muy difícil hacer todo el trabajo de adaptación, pero el Archivo Nacional tiene un desafío importante y está trabajando", dice el secretario ejecutivo, Felipe del Solar.
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Saludos
Rodrigo González Fernández
Diplomado en RSE de la ONU
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