Estados Unidos y las emisiones de CO2
Enviar comentarioEstados Unidos es la mayor economía del planeta y el país que más emisiones netas de gases de efecto invernadero libera a la atmósfera cada año[1] . Sin embargo se mantiene al margen del único acuerdo global que existe sobre reducción de emisiones, el Protocolo de Kyoto. Este documento, firmado por más de 170 países del mundo, es un acuerdo internacional que tiene por objeto reducir en un cinco por ciento respecto a 1990 las emisiones de seis gases de efecto invernadero durante el período 2008-2012. Los gases sujetos a las restricciones de Kyoto son el dióxido de carbono (CO2), el gas metano (CH4), el óxido nitroso (N2O), los hidrofluorocarbonos (HFC), los perfluorocarbonos (PFC) y el hexafluoruro de azufre (SF6).
Los científicos han concluido que las emisiones de gases de efecto invernadero están produciendo, junto a la deforestación, un cambio sobre el clima del planeta, con efectos como el aumento de las temperaturas medias, del nivel de los mares y de la salinidad de sus aguas; una mayor frecuencia de las lluvias torrenciales y de las olas de calor, o las nevadas menos copiosas.
El principal argumento que esgrime la administración norteamericana para rechazar Kyoto es el coste económico que supondría su aplicación como sistema de cuotas obligatorias. Hay analistas norteamericanos que han hecho números para medir el impacto en términos de pérdida de puestos de trabajo o disminución del ingreso familiar [2]. Pero esos cálculos olvidan tomar en consideración el contrapeso que supone la pujanza de los sectores económicos vinculados a la lucha contra el cambio climático, como por ejemplo las energías renovables o la consultoría especializada. Tampoco tienen en cuenta el lastre económico que ya están provocando los efectos del cambio climático sobre la sociedad, como se pone de manifiesto en el Informe Stern sobre la economía del cambio climático.
Otro punto de discrepancia que ha suscitado Kyoto es el trato que reciben los países en vías de desarrollo y su exención frente a las cuotas obligatorias que impone el Protocolo. Estados Unidos exigió desde el inicio que se limitaran también las emisiones de estos países, adelantándose a los efectos que sobre el país pudiera tener la fiera competencia de economías emergentes como China o India.
La administración americana, con alternancia de republicanos y demócratas, ha manejado discursos políticos distintos frente al problema del cambio climático, pero en la práctica, siempre ha mantenido su veto a Kyoto en sus términos actuales. Tanto es así que el Senado americano aprobó en 1997, con ningún voto en contra, la Resolución Byrd-Hagel, en la se especificaba que el país no suscribiría ningún tratado de reducción de emisiones que no obligase también a los países en vías de desarrollo.
El Gobierno presidido por George H. W. Bush firmó la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, durante la Cumbre de la Tierra celebrada en Río de Janeiro en 1992, un tratado en el que predominan las buenas intenciones pero con pocos compromisos explícitos, excepto el de hacer público cada año un inventario nacional de emisiones. Esta firma ha permitido al gobierno americano estar presente en las Conferencias de las Partes, foro donde se marca el rumbo de la política internacional sobre el cambio climático.
El gobierno de Bill Clinton, más cercano a las posiciones ecologistas, negoció e incluso firmó el Tratado, aunque manifestando abiertamente que no lo pasarían a ratificación por el Senado hasta que no se incluyesen las reivindicaciones americanas.
George W. Bush cerró la puerta definitivamente a Kyoto cuando llegó al poder en 2002, al considerar que su aplicación no podía ser asumida en los términos en los que estaba escrito. Sin embargo, ese mismo año anunció que su Gobierno se comprometía a reducir la intensidad de las emisiones de CO2 hasta un 18 por ciento en 2012, tomando como año base el 2000.
Pero el plan alternativo de Estados Unidos presenta sustanciales diferencias con Kyoto. Por un lado, no se establece un sistema de cuotas obligatorias, sino la aplicación de medidas más o menos indirectas, que van desde los incentivos fiscales a las normativas de producción o la apuesta por el mercado voluntario de derechos de emisión. Y, por otro, los objetivos de reducción de emisiones no son absolutos como en Kyoto, es decir, no se busca su disminución en una cantidad fija, sino que se establecen en su lugar ciertos objetivos de una nueva magnitud que se denomina "intensidad de emisiones", definida como el cociente entre emisiones de gases de efecto invernadero y estado de la economía en términos de producto interior bruto. Con este enfoque se busca minimizar el impacto económico de las restricciones de emisiones, permitiendo que éstas suban o bajen de acuerdo con el estado de la economía nacional, pero sin permitir garantizar un nivel mínimo de protección ambiental. El objetivo del plan de Bush de mejorar un 18 por ciento la intensidad de las emisiones en 2012 puede, de hecho, significar que las emisiones netas se verán incrementadas, como viene sucediendo en las últimas décadas.
En 1990, las emisiones totales de Estados Unidos fueron de 6.128 millones de toneladas métricas de CO2eq. Y en el año 2000 fueron un 14 por ciento superiores a las de 1990, llegando a 6.994 millones de toneladas métricas. Aunque las emisiones totales siguieron creciendo, su intensidad (es decir, la cantidad de emisiones de CO2eq por dólar de producto interior bruto) disminuyó en las últimas dos décadas. Entre los factores que contribuyeron a este fenómeno está la mejora de la eficiencia energética, la introducción de las tecnologías de la información, y la transición desde una economía basada en industria pesada a otra más orientada a servicios. Todo ello ha hecho que la intensidad de las emisiones decreciera un 21 por ciento durante los años 80 y un 16 por ciento durante los 90, por lo que no es descabellado pensar que aunque se cumpla el objetivo norteamericano de mejorar la intensidad de las emisiones en 2012 respecto a las del año 2000, las emisiones netas habrán crecido.
A pesar de ello, hay algunas iniciativas interesantes que Estados Unidos ha puesto en marcha para la contención del cambio climático, entre las que destacan las siguientes:
- La Energy Policy Act de 2005, que incluye beneficios fiscales por 5.000 millones de dólares hasta 2010 para incentivar la inversión en eficiencia energética y energías renovables. También recoge, entre otras cosas, el incremento de la proporción de las mezclas de biocarburantes hasta alcanzar los 28,4 billones de litros en 2012.
- La Green Power Network, organización puesta en marcha por el Departamento de Energía ( DOE), que contempla políticas de discriminación de precios para las energías renovables y la obtención de títulos negociables, los Renewable Energy Certificates, que hacen aún más atractivas las inversiones en este sector al suponer un incentivo económico a la producción de energía mediante tecnologías limpias.
- La creación de una agencia nacional, Climate Change Technology Initiative, encargada de coordinar y desarrollar políticas de investigación y desarrollo de nuevas tecnologías para frenar el cambio climático. Es una de las prioridades nacionales dado el interés del país por convertirse en exportador de tecnologías limpias.
- Las iniciativas regionales de cap-and-trade de CO2, entre las que destaca la Regional Greenhouse Gas Initiative, que reúne a los sectores eléctricos de 10 estados del centro y noroeste de los Estados Unidos, o la Western Regional Climate Action Initiative, iniciativa transfronteriza e intersectorial que incluye a cinco estados estadounidenses y uno de Canadá. El objetivo propuesto es la reducción del 33 por ciento de las emisiones en 2020, lo que supondría un 10 por ciento sobre las de1990.
- Finalmente, hay iniciativas en el mercado voluntario de emisiones cuya pujanza se resume en que el 68 por ciento de los clientes de este mercado internacional son estadounidenses[3] . Su máximo exponente en el país es el Chicago Climate Exchange. En él tanto compañías públicas como privadas limitan voluntariamente sus emisiones, generando un mercado de compra y venta de créditos de carbono muy activo.
Pero la gran pregunta clave es qué ocurrirá después de Kyoto.
La discusión en la decimotercera Conferencia de las Partes reunida en Bali durante el mes de diciembre pasado puso de manifiesto que el camino del consenso es arduo. Duras negociaciones dieron lugar a una hoja de ruta de mínimos en la que EE.UU logró introducir el recorte voluntario de las emisiones de los países emergentes. Hay que especificar que EE.UU. se presentó en Bali como el único gran país del mundo desvinculado de Kyoto después de que el otro gran ausente, Australia, hubiese confirmado tras el cambio de gobierno, su intención de ratificar el protocolo. Pero la nación norteamericana no se vio sólo representada en Bali por la postura oficial de la administración Bush. También hubo otras voces, como la del reciente Premio Nobel de la Paz, Al Gore, el alcalde de Nueva York o representantes del Estado de California, que dieron testimonio del compromiso de buena parte de la sociedad estadounidense en la lucha por el cambio climático, afirmando ante el mundo que más de 700 ciudades de EE.UU. se han sumado de forma voluntaria a los objetivos marcados por el Tratado.
La era post Kyoto vendrá determinada por muchos factores políticos. Entre ellos uno que parece clave es quién ganará la presidencia americana. El candidato demócrata, Barack Obama, se ha manifestado a favor de establecer un sistema de cap-and-trade, e incluso ha puesto cifra a las reducciones[4] . Pero no hay que engañarse, aunque nadie duda de la necesidad de que EE.UU. participe de lleno en el futuro acuerdo global sobre emisiones, también parece claro que los americanos presionarán hasta el último momento, como hicieron en Bali para favorecer los intereses de sus corporaciones: proponiendo abrir nuevas vías para la comercialización de tecnologías de reducción de emisiones y secuestro y captura de carbono y evitando lo que consideran competencia desleal de las empresas ubicadas en los países sin cuotas obligatorias.
La certeza es que ya no hay marcha atrás en la concienciación política y ciudadana sobre el cambio climático y que esta misma concienciación impele al consenso mundial para atajar un problema con dimensiones globales que puede hipotecar el futuro de muchas generaciones.
[1] 7.014 TtCO2eq en 2004 según el USA Climate Action Report 2006.
[2] $30.000 USD por hogar y más de dos millones de puestos de trabajo cada año. The Road to Kyoto: How the Global Climate Treaty Fosters Economic Impoverishment and Endangers U.S. Security.
[3] Encuesta realizada por New Carbon Finance 2007.
[4] 80 por ciento de las emisiones para 2050.
Carlos Bousoño Crespo
Director de Responsabilidad Social Corporativa
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Saludos
Rodrigo González Fernández
Diplomado en RSE de la ONU
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