MARIELA HERRERA y NELLY YÁÑEZ
La sola posibilidad de que los candidatos oficialistas sean pifiados en la campaña parlamentaria y presidencial del próximo año ante las alzas originadas por una alta inflación es un escenario que aterra a La Moneda y que Hacienda se ha encargado de advertir en todos los tonos a los parlamentarios, para evitar presiones por un aumento del gasto fiscal ante la discusión del presupuesto 2009 que parte mañana y que tiene a septiembre como mes clave.
El asunto es complejo. La partida presupuestaria no sólo es estratégica para el último año de la administración Bachelet -debido a que esos recursos son cruciales para lo que puede y no puede hacer antes de abandonar el Gobierno-, sino que también para un oficialismo que debe medirse en elecciones presidenciales tan exigentes, que incluso arriesga perder La Moneda.
De ahí que la mira de Palacio esté puesta en los posibles focos de resistencia: en los díscolos internos que no quieren cortes de oxígeno, y en la Alianza y en los escindidos de la Concertación, que no están dispuestos a dar espacios de lucimiento a sus adversarios.
Mirada con lupa
En las bancadas el debate parte esta semana. Y aunque hay una mayor moderación en las demandas -debido a los malos guarismos económicos de este año-, la discusión no se prevé fácil ante quienes advierten que no hay que exagerar ni ceder espacios a la derecha.
"Una cosa es la responsabilidad y otra la tontera. No vamos a caer en el populismo, pero tampoco nos vamos a inhibir de lo que haya que hacer", advierte el senador DC Jorge Pizarro, al insistir en que su partido no va a permitir que se toque el presupuesto social, aunque sí respalda la decisión del Gobierno de no aumentar el gasto público.
"Hay que recortar -dice- los programas 'grasa', que son aquellos que no sirven. De ahí que estemos pidiendo a los ministros que hagan una evaluación muy estricta de los proyectos y programas que no han andado bien y que no han dado resultado, para que los eliminen. Pero también les hemos pedido que no toquen aquellos que van en directo beneficio de las familias, como el programa de mejoramiento de viviendas".
Un sinceramiento de las cifras es otro de los puntos que exigen los habitantes de Alameda 1460. Pues sostienen que mientras no se tenga claridad sobre lo que va a costar el paquete, no están dispuestos a respaldar así como así la propuesta del Gobierno.
De esta posición quedó notificado el lunes 25 el propio ministro del Interior, Edmundo Pérez Yoma, en el cónclave falangista en el ex Congreso Nacional, cuando fue respaldado en el principio de austeridad que levantó, pero con condiciones.
"Los recortes debemos verlos entre todos, no sólo Hacienda", le advirtieron.
Con igual énfasis en lo social está el radicalismo que, recogiendo las banderas de Pedro Aguirre Cerda, desea que Educación, al igual que el año pasado, sea la cartera que cuente con la mayor cantidad de recursos. Espera que las rebajas se hagan con extrema motricidad, pues -según advierte el presidente del partido, José Antonio Gómez- "como las decisiones se toman en Santiago, muchas veces no se considera el impacto social que éstas causan a nivel de regiones".
Esto, unido a la actitud restrictiva que ven en la Alianza ante los proyectos de gobierno, será analizado mañana en el comité ejecutivo nacional que contará con la intervención del ministro de Justicia, Carlos Maldonado.
Desde el PPD, el senador Roberto Muñoz Barra no duda en declararse en alerta.
"Hacer un presupuesto menguado -advierte- no beneficia a nadie. Podría generarnos críticas de la ciudadanía y llevar a la Alianza a capitalizar el descontento... Es decir, a río revuelto, ganancia de pescadores".
Y, en su directo estilo, añade que "el ministro, reconocido por cuidar tan bien las arcas fiscales, va a pasar algunas rabias en el Congreso y le van a salir algunas canas verdes, porque, no hay que ser hipócrita, ha habido asperezas entre él y los parlamentarios en varios temas".
Una visión similar hay en el socialismo, que acepta la rebaja pero también alberga posturas críticas.
El senador Carlos Ominami, ex ministro de Economía de la administración Aylwin, exige conocer en qué consiste la "austeridad de la que habla Hacienda". Porque -advierte- "las grandes partidas están justamente en lo social y cualquier recorte genera una sensación de sacrificio de políticas importantes en esa área". Además, hace ver que las medidas que el Gobierno ha lanzando para disminuir gastos, como la decisión de no renovar automóviles y de ahorro en los viajes -vía clase económica-, "son sólo simbólicas y no tienen mayor incidencia".
Velasco con respaldo presidencial
Desde el mismo PS, el senador Alejandro Navarro reconoce que hay inquietud. Y hace ver que "Velasco va a tener que dejar su perfil técnico y asumir un rol político en esta materia".
No obstante, los partidarios del ministro sostienen que ya está investido de ese rol y que es uno de los pocos en ese cargo -sino el único de los que ha tenido la Concertación- que sale a terreno casi todos las semanas para enterarse sin intermediarios de las demandas ciudadanas.
"Ya debieran saber que cuando él habla, lo está haciendo la Presidenta", dice el senador PS Juan Pablo Letelier, para graficar que él no decide por sí solo.
Desde Teatinos 120 se anexa como argumento que desde el 90 a la fecha todos los titulares de Hacienda han enfrentado los procesos eleccionarios sin relajar la disciplina fiscal y que él no será la excepción en los test que le tocan este año y el próximo.
Para esta tarea cuenta con el total respaldo de la Presidenta Bachelet. Y si a alguien le quedaba alguna duda, la Mandataria se encargó de despejarla en el último consejo, cuando la veintena de ministros presentes una vez más acusó recibo de que Velasco es el hombre más fuerte del gabinete.
"No hay dos miradas sobre este tema en el Gobierno. La decisión la toma la Presidenta y de ahí para abajo se tienen que ordenar todos", dicen en Interior, al descartar choques político-económicos en Palacio.
Inflación, un "problema político"
Frente a la discusión que se avecina, Velasco es enfático en sostener a "El Mercurio" que el mensaje del Ejecutivo es claro.
"En 2009 -dice- vamos a tener un incremento del gasto inferior al proyectado para este año, pero el social no se va a reducir. Y este mensaje, que es el mensaje que conversé con las mesas de los partidos, con los parlamentarios, los gremios y las pymes, ha tenido un respaldo muy fuerte, porque todos entienden que la inflación no es sólo un problema económico, también es un problema político".
Hasta el martes 30 de septiembre el ministro y su equipo tienen plazo para llegar al Congreso con el presupuesto 2009 bajo el brazo y así iniciar una tramitación que podría extenderse por de 60 días y que no le dará espacios de descanso al equipo económico.
La evaluación en La Moneda es que la discusión está "presidencializada". Se prevé que la Alianza va a tratar de poner trabas al presupuesto vía indicaciones y a hacer ruido aunque no tenga éxito. Y el oficialismo seguirá midiendo cada paso ante el temor de que cualquier mal cálculo en la restricción de recursos a sus políticas termine jugándole en contra y facilitando un triunfo de Sebastián Piñera, el candidato presidencial mejor posicionado de la Alianza.
Saludos
Rodrigo González Fernández
Diplomado en RSE de la ONU
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