En las democracias occidentales se sigue en la práctica una forma de realizar elecciones que consiste en el gasto de enormes sumas en publicidad, lo que obliga a los partidos a buscar la financiación ilegal de bancos y grandes compañías para sufragar parte de esos gastos.
Esa situación ha provocado durante las últimas dos décadas un enorme incremento de la influencia del poder económico en política.
Según informa el Tribunal de Cuentas (www.tcu.es, informes de 27/2/03 y 27/10/05), el control de los gastos electorales de los partidos resulta una labor imposible, debido a que los bancos con los que tienen deudas se niegan a facilitar los datos de las mismas, y a que es muy difícil hacer un seguimiento de las donaciones anónimas o realizadas por las fundaciones (casi todas las grandes empresas disponen de una fundación). Pese a esas dificultades, el Tribunal de Cuentas denuncia que ha podido comprobar donaciones ilegales a los partidos políticos por decenas de millones de euros.
Parece evidente que la entrega de esas enormes sumas pueden dificultar a políticos y gobernantes adoptar decisiones beneficiosas para el interés general, si éstas perjudican a sus generosos patrocinadores.
Esa situación es especialmente peligrosa, ya que son muchos e importantes los asuntos en que entran en colisión los intereses de la mayoría de los ciudadanos con los de las grandes compañías, tales como los derechos de los trabajadores, el precio de las viviendas, el sistema impositivo, el modelo de globalización económica que nuestro país defenderá en los foros internacionales, la inversión pública en sanidad, en gastos sociales y en educación, la política de medio ambiente, la defensa del consumidor, la igualdad efectiva de todos ante la ley, la política industrial, y otros muchos aspectos que afectan directamente al modelo de sociedad en el que hemos de vivir y, por lo tanto, a nuestro bienestar y nuestras expectativas de futuro.
En el ámbito inmobiliario, por ejemplo, esa enorme influencia del poder económico en el político puede ser una de las razones que han convertido a la vivienda en un artículo de primera necesidad casi inalcanzable para los ingresos de la mayoría, lo que ha hecho que el 30% de los españoles de entre 30 y 35 años aún viva con sus padres, y que el nivel de endeudamiento de las familias haya crecido hasta máximos históricos debido a los créditos hipotecarios, que representan el 78% de esas deudas, mientras que las grandes constructoras aumentan sus beneficios a un ritmo del 30% anual.
Esa influencia del dinero en los asuntos públicos puede ser también la causa del constante aumento de las desigualdades sociales, o de que las empresas tengan cada vez mas poder sobre los trabajadores, cuyas condiciones de empleo han empeorado notablemente en los últimos años, con la generalización de los contratos basura.
Pero quizá donde mejor se aprecia ese fenómeno es viendo la situación en la que se encuentran quienes se incorporan a la vida laboral y se someten a las leyes del nuevo mercado. Según informa el Injuve (www.injuve.mtas.es, Informe Juventud en España 2004), al salir de la universidad los sueldos de los licenciados son sólo un 11% superiores al de los obreros que sólo tienen estudios primarios, la precariedad en el empleo llega en los jóvenes al 52%, y más de la mitad al alcanzar los 29 años carece de una total autonomía económica. Y estos datos son especialmente significativos porque en 1986, en plena crisis económica, todas esas cifras eran notablemente mejores.
Soluciones que se proponen:
Si queremos un futuro mejor parece indispensable impedir, o al menos dificultar, que nuestros políticos puedan seguir recibiendo dinero del poder económico. Para eso parece necesario aprobar leyes que impongan las siguientes obligaciones:
A) En primer lugar, trasparencia en la contabilidad de los partidos, que deberían exhibirla en su página web a tiempo real. De esta forma los ciudadanos podríamos consultar con detalle cuáles son los ingresos de los partidos, de dónde provienen, cómo distribuyen los gastos y cuál es su saldo económico. Sobre este asunto hemos puesto en marcha una petición colectiva ante el Congreso, para que apruebe una Ley que obligue a esa transparencia en la contabilidad de los partidos. Si quieres apoyar esta iniciativa entra en Nuestras campañas.
B) Además, respecto a la financiación de los partidos, no se debería permitir ninguna donación (o perdón de deudas) realizada por las empresas o por sus fundaciones, así como deberían prohibirse los donativos de carácter anónimo, a fin de evitar que estas aportaciones constituyan el pago encubierto de favores.
C) El Ministerio de Hacienda, por su parte, debería publicar en Internet los ingresos, el patrimonio y las actividades empresariales y profesionales de todos los ostentan un cargo público. Esa declaración debería abarcar un periodo comprendido entre los tres años anteriores a aquel en el que accedieron al cargo, hasta los tres años posteriores al cese de su mandato.
D) Además, debería limitarse sensiblemente la publicidad y los gastos que pueden realizar los partidos durante las campañas electorales, principal causa por la que éstos acuden a la financiación ilegal. Con esto también evitaríamos que los políticos preparen las elecciones atendiendo a similares criterios que los vendedores de refrescos en las campañas de verano, gastando fortunas en anuncios en la prensa, radio y televisión en los que sólo aparecen un eslogan, una tonadilla pegadiza e imágenes sugerentes.
E) Para compensar esas limitaciones en la publicidad y en los gastos electorales que pueden realizar los partidos, los medios públicos de comunicación tendrían que ampliar los espacios gratuitos dedicados a los debates, permitiendo, además, que todas las formaciones políticas expliquen sus programas, al menos una vez, en horario de alta audiencia.
F) Por último, y muy importante, para contrarrestar la influencia del poder económico en política es imprescindible abrir cauces para que los ciudadanos puedan defender sus intereses directamente. Una vía para ello sería que los partidos tuviesen que someter sus programas electorales a debate y votación de los afiliados, con esta simple medida de democracia interna quedaría compensada una parte importante de la presión que pueden ejercen los bancos y grandes compañías en la adopción de decisiones públicas.
Con estas últimas medidas podría conseguirse no sólo una menor influencia del poder económico en política, sino además, que el elemento más visible en las elecciones sean los programas de los partidos y no sus campañas publicitarias. Quizá así los ciudadanos podamos sentirnos mas dignamente tratados en nuestra condición de soberanos del Es
Rodrigo González Fernández
DIPLOMADO EN RSE DE LA ONU
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