| ||||||||
|
Para mas información visite: Mundinews.com
En segundo lugar, los directivos de las distintas funciones organizacionales, quienes participan marcando la política empresarial y llevando a cabo el desarrollo de la estrategia. Y, en tercer lugar, aquellas personas que desarrollan su trabajo en la organización, apoyados en la existencia de un contrato laboral o profesional y recibiendo a cambio una compensación, que se hace visible en una retribución pecuniaria o en especie, si bien la compensación debe superar a la retribución cuando se trata de una empresa responsable, capaz de cuidar a su capital humano y motivar su retención en la empresa.
Cuando una organización introduce la Responsabilidad Social Corporativa (RSC) en su gestión, debe plantearse como primera acción a llevar a cabo la gestión del diálogo. Ello supone conocer las expectativas de los grupos de interés, analizar su viabilidad y oportunidad, con el fin de interiorizarlas en la gestión estratégica de la empresa. A su vez, el diálogo debe permitir la transmisión de información, dentro y fuera de la organización, que se considere necesaria para la mejora de la relación con los diferentes grupos.
Por un lado, todo mecanismo de diálogo con los propietarios-accionistas presenta un efecto de naturaleza significativa, al influir en la confianza y lealtad de este colectivo. Se trata de un grupo de individuos que han comprometido su capital y lo han sometido a un cierto riesgo, sin conocer cómo podría ser la evolución de la empresa. Por su parte, el diálogo de la empresa con los directivos debe basarse en la idea de que el beneficio a cualquier precio ya no se acepta, lo que no solo provoca un rechazo social creciente, determinando que las organizaciones se alejen de estos planteamientos y busquen una orientación más sostenible. Finalmente, el diálogo con los empleados puede gestionarse de diversas maneras, directas e indirectas, pero siempre se debe perseguir la oportunidad de contar con sus opiniones para lograr una organización más eficiente y eficaz desde la sostenibilidad.
La Responsabilidad Social Corporativa Interna (RSCI) es el antecedente de la Responsabilidad Social Corporativa Externa (RSCE), es su causante y facilitadora, determinándose que una buena estrategia de RSC comience por la RSCI como principal fuente de ventaja competitiva. Y esto es así porque, en la búsqueda del crecimiento de la organización, la importancia de la satisfacción de las necesidades del capital humano interno determinará la satisfacción de los consumidores y el éxito final de la empresa. Es conocido que unos empleados motivados proporcionarán excelentes resultados, a la vez que los niveles de satisfacción y vinculación de los clientes son la consecuencia directa de una gestión interna que valora y apuesta por su capital humano. Finalmente, los clientes satisfechos se vincularán a la empresa y posibilitarán el crecimiento de la misma en un proceso de mejora continua. Por tanto, bajo el enfoque de la RSCI, sin una gestión responsable de los grupos de interés internos no se puede hablar con propiedad y sentido global del término RSC.
Íntimamente vinculado con la gestión adecuada del capital humano se encuentran los programas de voluntariado corporativo (VC), estrategia que permite fomentar la RSCI en el colectivo de los empleados. Se trata de un mecanismo capaz de ayudar a superar las posibles barreras ante las que se encuentre una organización y proyectarlas al exterior.
La realización de acciones internas de voluntariado, llevadas a cabo bajo la promoción empresarial y con la participación comunitaria, representa un eje más de la RSCI y ha destacado en los últimos años como práctica muy habitual en las llamadas organizaciones socialmente responsables. A su vez, el VC contribuye al desarrollo de capacidades en los empleados de la empresa, por lo que a su vez determina la generación de ventajas competitivas. Ello presenta efectos positivos en la gestión responsable a partir de la motivación del capital humano.
Por otro lado, en el proceso de comunicación de las acciones socialmente responsables internas, la empresa debe aportar información, lo más detallada posible, de una serie de indicadores, entre los que se mencionan: la remuneración de los empleados y propietarios, los empleados, la diversidad de género, los puestos de alta dirección, la estabilidad laboral, el absentismo, la rotación de empleados, la creación neta de empleo, antigüedad laboral, los consejeros, los consejeros independientes, los consejeros en materia de RSC, la comisión de nombramientos, las reuniones del Consejo, la remuneración total del Consejo y la diversidad de género en el Consejo.
Finalmente, debe considerarse la necesidad de implantar programas internos de RSC, de analizar los mecanismos de diálogo con los grupos de interés, observar sus condiciones y valorar adecuadamente su rendimiento, a la vez que favorecer mecanismos de formación y participación que les ayuden a mejorar sus habilidades. Una empresa que diseña un programa sólido de RSCI será capaz de desarrollar un verdadero programa de RSC.
Si bien el presidente de la Fundación Avanza Chile enfatizó que Piñera "ha manifestado en múltiples ocasiones su voluntad de participar de las primarias", se plegó con la postura de la UDI de evaluar los comicios.
Tal como en la Nueva Mayoría, las primarias al interior de Chile Vamos están en duda. Esto luego de que la presidente de la UDI, Jacqueline van Rysselbergue abriera la opción de "evaluar si vale la pena mantenerse en ese camino".
Ahora a esa misma idea se sumó Andrés Chadwick, quien señaló que las nuevas circunstancias podrían llevar a reevaluar los próximos pasos.
Si bien Chadwick enfatizó que "el acuerdo vigente en Chile Vamos es realizar elecciones primarias" y que "Sebastián Piñera ha manifestado en múltiples ocasiones su voluntad de participar en dichas primarias", planteó que "es lógico y natural, si las circunstancias cambian, reevaluar las decisiones adoptadas con una sola misión: Qué es mejor para construir un Chile mejor".
Chadwick agregó que "esta misión de Chile Vamos y de la mayoría de los chilenos requiere ganar las próximas elecciones presidenciales y parlamentarias. Todo lo demás debe ser funcional a este compromiso con Chile y no a intereses personales o partidistas", precisó Chadwick.
Los dichos del presidente de la Fundación Avanza Chile se dan en medio de la ofensiva del diputado y precandidato de Evopoli, Felipe Kast, quien acusó a Piñera de querer "bajar las primarias". Hoy, en Tele13 Radio, Kast profundizó en sus dichos, señalando que su eventual apoyo al ex mandatario está condicionado a la realización de estos comicios.
Victoria Viñals |Lunes 10 de abril 2017 22:27 hrs.
La compañía, que controla el 40 por ciento del mercado nacional, teme multimillonarias multas y que las indagaciones del fiscal Emiliano Arias escalen hasta su directorio. Por ello ha desplegado una estrategia para torpedear las investigaciones. Ya tuvieron un éxito: que el fiscal nacional Jorge Abbott accediera a abrir un sumario en contra de su propio fiscal.
Fecha de publicación: 11/04/2017
El presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), Patricio Crespo, critica duramente las modificaciones a la reforma al Código de Aguas enviadas por diversos actores que fueron invitados por el Gobierno con el fin de que expusieran sus puntos de vista sobre el tema.
"Esto es un maquillaje de lo mismo. Cambiaron las palabras, pero en el fondo dice la misma cosa", señala Crespo.
El líder del agro explica que para la SNA, la reforma al Código de Aguas es un problema en cuanto a principios y que la oposición a ella va más allá del valor del agua. "Aquí se está socavando el derecho de propiedad, y la propiedad en una sociedad democrática es la que garantiza la libertad. Esto nosotros no lo vamos a aceptar", aclara.
Crespo añadió que "el Gobierno sabe que va a perder la pelea, y por eso están tratando de arreglar la cosa ahora".
La comisión de Recursos Hídricos del Senado recibió hace tres semanas una minuta del Ministerio de Hacienda, donde se le notificó de modificaciones a la reforma al Código de Aguas, que fue recientemente aprobado por la Cámara Baja.
Las enmiendas se introducirán el próximo 12 de abril vía indicaciones, las que se dividen en seis capítulos: Naturaleza jurídica de los derechos; Caudal ecológico mínimo; Caducidad por cambio de la finalidad de uso del recurso; Aguas del minero; Fortalecimiento de las organizaciones de usuarios; y Certeza jurídica.
En el último punto, se sitúa parte importante de los ajustes que se incorporarán al proyecto, ya que aclara: 1) los derechos existentes seguirán siendo indefinidos, con todas las características del dominio; 2) la norma no tendrá efecto retroactivo y especifica hacia el futuro la caducidad; 3) las prioridades del consumo humano y caudales ecológicos.
YA HAN pasado más de tres años desde que Michelle Bachelet asumió la conducción del gobierno y junto a la Nueva Mayoría comenzaron una vorágine reformista -casi refundacional-, que afectó gravemente los sólidos cimientos de la estructura social y económica chilena y con ello, el bienestar de miles de compatriotas.
Muchos advertimos sobre los efectos que tendría para el país la lógica de la retroexcavadora, pero debido a nuestra minoría parlamentaria, muy poco pudimos hacer para evitar la aprobación de las reformas tributaria, educacional y laboral, que sumadas a una visión extremadamente ideologizada en casi todas las políticas públicas impulsadas por el actual gobierno, han desviado a Chile de un camino virtuoso de desarrollo.
Lamentablemente así lo reflejan las cifras: Hace pocos días, el Banco Central dio a conocer el peor desempeño de la actividad económica desde el año 2009 y en materia de inversión, llevamos una caída de tres años consecutivos y, de acuerdo al último IPOM, las proyecciones no son muy esperanzadoras.
Pero como dice el refrán, "no hay peor ciego que el que no quiere ver", y cuando todo indica que el frenesí reformista debe parar, el gobierno nos sorprende con una nueva reforma, la más grande de todas, la que genera más incertezas y, en consecuencia, la que produce más daño a la institucionalidad política y económica, al empleo y al salario de los chilenos.
Se trata de una propuesta de reforma constitucional que, además de no ser lo que se prometió en octubre de 2015, busca incorporar un nuevo artículo 130 al Capítulo XV de la Carta Fundamental para establecer a través de una Convención -que será normada por una Ley Orgánica Constitucional en otro momento- la posibilidad de cambiar completamente la Constitución. Es decir, se pretende entregarle a un grupo de personas, que nadie sabe quiénes serán ni cómo van a funcionar, la facultad de alterar todo el arquetipo constitucional chileno.
Y es que estamos frente a un gobierno que no quiere ver que todos los índices van a la baja desde que asumieron.
El reciente IPoM disminuyó la proyección de crecimiento para 2017 a un rango de entre 1% a 2%, el nivel más bajo de la última década; y en materia de trabajo, de acuerdo a los últimos datos entregados esta semana por el INE, se registró un aumento del 0,5% del desempleo, siendo lo más grave el notable deterioro del empleo asalariado (-2,1%) frente a una marcada alza de trabajo por cuenta propia (8,1%) con toda la precariedad que ello significa.
Tampoco quieren ver las encuestas. Todas, sin excepción, afirman que los chilenos no quieren más reformas. Sin ir más lejos, de acuerdo a la encuesta CEP de diciembre pasado, la última prioridad de la ciudadanía es reformar la Constitución con solo un 2% de las menciones.
Pero incluso, si obviáramos lo anterior, el anuncio de reforma constitucional es irresponsable. Han pasado cuatro años desde que la Nueva Mayoría comenzó a instalar la idea de una nueva Constitución; ya van dos años desde que nos embarcaron en un proceso constituyente que costó más de 4 mil millones de pesos al Estado y donde no participó ni el 0,5% de los chilenos; y hoy, a menos de un año que termine su mandato, todavía no son capaces de decirle al país cuál es la Constitución que quieren.
Cuando lo que más pide el país son certezas; la Nueva Mayoría, con esta nueva reforma, nos sumerge en un mar de inseguridades.
Al inicio del gobierno, poco después de la Reforma Tributaria, el entonces ministro de Hacienda pedía que lo juzgaran por los resultados. Hoy, a tres años de esa insigne frase, cuando el resultado es conocido por todos, resulta difícil no recordarla. Lamentablemente estamos frente a un gobierno que no quiere ver.
Diario Uchile |Jueves 6 de abril 2017 7:36 hrs.
La Moneda optó por Arturo Prado Puga, abogado con postgrado en una universidad del Opus Dei y hombre de confianza del banquero Yarur, y Lya Cabello, pareja de un actual ministro de la Corte Suprema, para integrar el máximo tribunal de Chile.
Lo que más incomoda a los críticos de este nombramiento es que Prado Puga vendría a integrar la Cuarta Sala de la Corte Suprema, que es la encargada de temas laborales, en reemplazo de Patricio Valdés, ex gerente de la Sofofa. "De concretarse su nombramiento, la gran banca y la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (Sbif) tendría a un hombre de sus filas en el corazón de la suprema", afirma un abogado que pertenece a los altos niveles del Poder Judicial. Otra posibilidad es que se sume a la Tercera Sala de la Corte, la que revisa asuntos constitucionales.