RODRIGO GONZALEZ FERNANDEZ, HA CREADO EL OBSERVATORIO POLITICO PARA DIFUNDIR LOS ASPECTOS RELEVANTES DE LA POLITICA PLURALISTA Y PARA ELLO NOS CONECTAMOS CON LOS PRINCIPALES REFERENTES MUNDIALES EN LA RED.DICTAREMOS CHARLAS , CONFERENCIAS DIRIGIDAS A ORGANIZACIONES, EMPRESAS, PERSONAS, PARTIDOS POLITICOS, ETC. PORQUE LA POLITICA ES DE LA ESENCIA DE LA DEMOCRACIA. FOMENTAMOS LA POLITICA 2.0, EL MARKETINGPOLITICO2.0 PUEDEN RESERVAR FECHAS EN FONO: cel: 93934521SANTIAGO-CHILE
TU NO ESTAS SOLO EN ESTE MUNDOsi te gustado un artículo, compártelo, envialo a las redes sociales, Twitter, FacebookLA POLITICA ES DE LA ESENCIA DE LA DEMOCRACIA
Hace cuatro años, Francisca Linconao convocó a un grupo de personas a su casa en las cercanías de Vilcún. Después de reunirse allí partieron tres camionetas, con cerca de diez personas en cada una de ellas. La propia Francisca Linconao tripulaba una de color rojo, según recuerda en su confesión José Manuel Peralino, formalizado junto a la Machi Linconao y otros nueve comuneros acusados del delito de incendio con resultado de muerte de carácter terrorista de Werner Luchsinger y Vivianne Mackay, un matrimonio de ancianos que fueron atacados cerca de la una de la madrugada en su hogar, en las inmediaciones de Vilcún. Luego, los atacantes volvieron a la casa de Linconao, donde se deshicieron de parte de las armas utilizadas en el asalto.
Francisca Linconao conocía al matrimonio, pues su hermana Juana trabajó durante cerca de 50 años para ellos en su casa como empleada doméstica. Desde marzo de este año, la Machi Linconao está imputada por este delito y cumple prisión preventiva, en estos momentos en el Hospital de Nueva Imperial según consigna El Líbero, por haber sido considerada un peligro para la sociedad.
Desde hace una semana, la izquierda y el Gobierno han intensificado una campaña para presionar al Poder Judicial de manera que levante la medida precautoria de prisión preventiva por razones de salud.
El intendente regional y una subsecretaria del Gobierno de Michelle Bachelet han visitado a Francisca Linconao, pese a que la Intendencia es querellante en el caso contra ella y, según informaciones sobre el mismo, ha dejado de ejercer varios derechos y diligencias como parte acusadora. El lunes, el Instituto de Derechos Humanos, organismo de gobierno, emitió una declaración pública apoyando a Francisca Linconao. El diputado Gabriel Boric ha intervenido también en el caso pidiendo la libertad de la Machi.
El Instituto de Derechos Humanos, Boric y varios políticos de izquierda defienden a una mujer acusada del horrible asesinato de dos ancianos. Frente a la contradicción que ello representa, los cercanos al Instituto señalan que los derechos humanos sólo pueden ser afectados por el Estado, de modo que a los Luchsinger Mackay no se les han violado los derechos humanos, sino que sólo ha sido un problema entre particulares. Ese es un argumento burocrático, pues algunos organismos internacionales efectivamente siguen ese criterio, lo que no significa que haya consenso respecto a esa definición, que es muy funcional a la izquierda: permite que grupos terroristas, por ejemplo las FARC, no puedan ser acusados de violaciones a los derechos humanos pese a la constancia de horribles crímenes, como encerrar a todos los habitantes de un poblado en la capilla y quemarlos vivos.
No ven entonces ningún problema, amparados en ese argumento burocrático y discutible, en intervenir en la discusión pública para favorecer en el proceso que les siguen los tribunales a los imputados por este horrible crimen. Aún en esta circunstancia, si el Instituto de Derechos Humanos tiene la pretensión de que crezca en la población la conciencia acerca de la necesidad de respetar los derechos humanos, es imprudente que se sienta llamado a intervenir públicamente en defensa de los imputados por este crimen, en el marco de una ofensiva política para lograr beneficios para ellos.
Es una burla para los familiares de los Luchsinger esta actuación de un organismo del Estado, y degrada la defensa de los derechos humanos, porque existe la legítima impresión en la ciudadanía de que se utiliza esta institución para lograr objetivos políticos. ¿O alguien cree que el Instituto de Derechos Humanos defiende con igual celo los derechos de otros imputados por miles de delitos que cumplen prisión preventiva porque el tribunal consideró que son un peligro para la sociedad?
Una familia en La Araucanía que perdió a sus familiares en un cruel asesinato se siente desamparada hoy por un Estado que no sólo no ha impartido justicia hasta la fecha, sino que actúa para favorecer a quienes están acusados de ese crimen.
El Gobierno de Michelle Bachelet sigue utilizando el aparato del Estado para favorecer a sus partidarios y grupos de presión, y no para cumplir su mandato de resguardar el Estado de derecho en beneficio de todos los ciudadanos.
Durante 2016 publiqué 30 artículos originales en mi blog. (52 en el 2014, 55 en 2015). De estos selecciono los 12 más leídos hasta fines del 2016 por si el lector se perdió alguno, en orden de las estadísticas (poco confiables) con las que cuento. Casi todos los artículos han sido reproducidos en otros medios, en algunos a los que los envío directamente (Diario Responsable y ÁgoraRSC) y otros que lo reproducen por su cuenta (basta que indiquen la fuente del artículo). De estas reproducciones no conozco las estadísticas de lectura.
Como director de Vincular, en Chile, Dante Pesce es reconocido como una de las máximas autoridades en América Latina sobre Responsabilidad Social Empresarial, tanto en lo académico como en la práctica. La presente entrevista nos demuestra porqué.
El boom de la RSE
En los últimos años y, sobre todo, al comenzar el nuevo milenio, se desató un enorme boom de la Responsabilidad Social Empresarial (RSE), al que no han sido ajenos los países latinoamericanos.
Se trata, además, de una visión moderna de la RSE, más allá de la simple filantropía, que logró extenderse a organismos como Naciones Unidas, la Unión Europea y la ISO -Organización Internacional de Normalización, por su sigla en inglés-, donde ya hay una norma en tal sentido: ISO 26000, similar a las relacionadas con la calidad y el medio ambiente.
"Para la ISO, RSE es la nueva frontera de la excelencia, como en los años 50 lo fue el movimiento de la calidad, todo ello en el marco del desarrollo sostenible", explica al respecto Dante Pesce, director de Vincular, prestigioso centro de investigaciones de la Universidad Católica de Valparaíso, en Chile.
En efecto, Vincular es un centro de investigaciones especializado en RSE, campo en el que presta servicios de consultoría a empresas, los cuales incluyen desde capacitación de líderes hasta desarrollo de herramientas de gestión, a modo de "manuales paso a paso", basados en la experiencia práctica más que en el conocimiento académico.
Su director, Dante Pesce, destaca que Vincular ha tenido un acelerado crecimiento desde un principio en respuesta a la demanda cada vez mayor en el mercado empresarial, donde la RSE surge a su vez por múltiples razones que comprenden las presiones de la opinión pública y los beneficios que generan los proyectos desarrollados en las propias empresas.
Según él, lo que ahora hay es un déficit de know how, o sea, cómo hacer RSE en sentido estricto, si bien antes la situación era peor, de conocimiento, al confundirse con caridad o filantropía. Hoy, pues, se conoce mejor el tema, pero no cómo hacer negocios en los distintos ámbitos que le competen: gobierno corporativo, prácticas laborales y prácticas justas con contratistas y proveedores, así como cierto compromiso con la comunidad.
"Hoy se impone una visión moderna de la RSE", insiste.
Buenas prácticas
Pero, ¿qué es la RSE en opinión de Pesce, uno de los más respetados especialistas en la materia en América Latina? He aquí sus respuestas.
La RSE es, ante todo –según él-, un conjunto de buenas prácticas que deben estar presentes en la política de la empresa, desde su visión y misión hasta sus principios, pasando por lo que es propiamente el gobierno corporativo y llegando a la operación misma de la compañía.
Es, entonces, una cuestión transversal, instalada al interior de la empresa en sus múltiples áreas, y debe ser pertinente, de manera que las citadas prácticas se relacionen con la actividad productiva específica que la empresa desarrolla.
Ahora bien, es claro que muchas firmas tienen tales políticas y planes estratégicos, los cuales suelen revisarse cada año. ¿Qué ocurre, por tanto, cuando carecen de una política de RSE, sin que ésta aparezca formulada en su misión o visión? La respuesta es obvia: ¡hay que agregarla!
Que es el primer paso -anota-, el cual implica la toma de conciencia de la alta dirección empresarial siempre y cuando quieran, desde la junta directiva y la presidencia, la gerencia o la dirección general, ser reconocidos como socialmente responsables a la luz de parámetros internacionales, contemplados, por ejemplo, en el Global Reporting Initiative –GRI-.
"Si no hay convicción de los líderes sobre la RSE y la sostenibilidad, es muy difícil que puedan liderar en tal sentido a su organización", advierte Pesce mientras observa que dicho liderazgo no puede ser ejercido por los mandos medios.
Reclama, pues, que los directivos estén en sintonía con lo que ocurre en el mundo, tengan la visión debida de largo plazo (o sea, la sostenibilidad) y asuman el papel protagónico que les corresponde dentro de la empresa y ante la sociedad.
"Para eso les pagan", observa en tono crítico, a modo de reclamo. Y agrega: "Esa es su función normal".
Los siete ámbitos
Lo anterior es todavía bastante teórico, se dirá. Pero, ¿cómo afrontar la RSE en la práctica? ¿Cómo hacerla?
Antes de contestar, Pesce precisa que ahí no existe pleno acuerdo a nivel mundial, aunque sí se ha llegado a un consenso acerca de los ámbitos que comprende al menos en la citada guía voluntaria de la ISO.
Son siete ámbitos, a saber: 1- Gobierno corporativo; 2- Prácticas laborales; 3- Prácticas ambientales; 4- Prácticas de derechos humanos; 5- Prácticas operacionales justas; 6- Asuntos de consumidores, usuarios o clientes, y 7- Compromisos con la comunidad y el desarrollo social.
El primero, sobre Gobierno Corporativo, establece los parámetros (misión y visión, principios y códigos de ética o conducta) sobre los cuales la empresa se gestiona, avanza y es evaluada por los stakeholders o grupos interesados: empleados, clientes, proveedores, comunidad…
Los otros ámbitos son operativos, referentes a la gestión del negocio: en sanas prácticas laborales, que los trabajadores las confirmen a cabalidad, no que simplemente la empresa diga que las tiene; en prácticas ambientales, también según parámetros internacionales como la norma ISO 14000, "que es un buen indicador"; en derechos humanos, lejos de limitarse a cumplir los convenios de la OIT o normas locales, sino actuar con respeto ante la formación de sindicatos por el derecho de asociación, sin discriminación y con incentivos a empleados como desarrollo profesional o capacitación.
En cuanto a las prácticas operacionales justas, implica asimismo respeto a contratistas y proveedores, garantizando igualdad de oportunidades, pago a tiempo, no abusar de la posición dominante y desarrollar la cadena de valor excelente; a clientes o consumidores, darles adecuados servicios post venta, rotulación pertinente y, en especial, que en los contratos "la letra chica no sea tan chica", sin hacerles trampa.
Por último, están los compromisos con la comunidad, por ejemplo en planes educativos, de empleo, salud y medio ambiente, casi siempre en alianza con gobierno, universidades y ONGs, lo cual genera -dice- múltiples beneficios.
Estrategia corporativa
No es difícil, a partir de lo anterior, trazar una estrategia de RSE en una empresa, más aún cuando ésta, cualquiera sea, posee en general un plan de desarrollo, políticas laborales, preocupación por el medio ambiente, relaciones con contratistas y proveedores, clientes y más clientes, todo ello en un contexto donde hay muchas expectativas sobre su actividad productiva.
¿Qué falta, entonces, si casi todas las empresas tienen tales políticas y prácticas, así sea de manera informal, que cobijan temas característicos de la sostenibilidad y la RSE?
"Falta ponerles una estructura. Más ciencia, si se quiere. O construir un sistema", afirma Pesce, recordando su vasta experiencia en consultoría, educación de líderes e investigación para el desarrollo de herramientas de gestión en RSE.
Cuestiona, en fin, que tales prácticas estén dispersas, sin integrarlas alrededor de una estrategia corporativa: urge, en consecuencia, la coordinación de acciones, sea en un área o en un departamento de la empresa (que considera "lo más probable"), y propone crear comités de RSE en las compañías, donde se agrupen las distintas gerencias (de personal o recursos humanos, administrativa, financiera, etc.).
En ocasiones hay una gerencia que coordina, como es la de recursos humanos, agrega no sin aclarar que las empresas son casi siempre reacias a la creación de nuevos cargos, como no sea en las grandes o multinacionales, donde es habitual que exista la gerencia de RSE o la superintendencia de sostenibilidad, siempre con la misión de coordinar, dado el carácter transversal de los programas.
Por su parte, las pequeñas y medianas empresas -Pymes- se encadenan, para ser socialmente responsables, a las más grandes, las cuales suelen "sugerirles", por ser sus mayores clientes, que adopten prácticas de buen gobierno, ambientales o sociales en sentido estricto.
"Los gremios empresariales juegan ahí un papel clave, de liderazgo y orientación", dice.
Costos y beneficios
"¡Ese es un mito! ¡No es cierto que la RSE sea sólo para empresas grandes y sea costosa!", es la expresión tajante de Pesce al escuchar que muchas compañías, en especial Pymes, se abstienen de adelantar programas sociales por sus costos elevados.
Al contrario, en su trabajo con este sector ha encontrado que, al implementar los sistemas de gestión en RSE, confirman después la reducción sustancial de sus costos por factores como los menores accidentes de trabajo y conflictos laborales, el aumento de productividad, las mejores relaciones con proveedores, clientes y prestamistas, y el mejor desempeño en las relaciones comerciales.
"Más que costos -asegura-, es una inversión, una inversión inteligente, que además atrae a los inversionistas".
UNA CERTIFICACIÓN INTERNACIONAL QUIERE ACABAR CON EL SOBORNO EN LAS EMPRESAS
Una nueva norma ISO asesora y certifica a organizaciones para no incurrir en este tipo de prácticas, algo que, en México, alcanza cifras alarmantes.
Adiós al transa.El estándar internacional es de adopción voluntaria.(Foto: POR: Sr. García)
AMINETTH SÁNCHEZ
CIUDAD DE MÉXICO (Expansión) -
Walmart de México protagonizó, hace cuatro años, uno de los episodios de corrupción empresarial más emblemáticos a escala mundial. El 21 de abril de 2012, el periódico estadounidense The New York Times reveló que la firma habría destinado 24 millones de dólares para sobornar a funcionarios mexicanos que facilitaron su estrategia de expansión en el país. La noticia dio la vuelta al mundo, pero no ha sido un caso único. Compañías como Oceanografía, Avon y Hewlett-Packard han sido señaladas de participar en hechos similares.
México no es un caso aislado y la situación preocupa, tanto que, para complementar las leyes nacionales y reforzar los acuerdos mundiales contra la corrupción, la Organización Internacional de Normalización (ISO, por sus siglas en inglés) –encargada de crear y promover el uso de estándares– publicó el pasado 15 de octubre la primera norma global antisoborno: ISO 37001.
El estándar, que es de adopción voluntaria, proporciona una orientación para implementar un sistema de gestión antisoborno dentro de empresas de cualquier tamaño, organizaciones no gubernamentales y dependencias de gobierno.
La encuesta de Combate a la Corrupción 2015, realizada por el Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresas (IPADE), revela que la principal práctica de corrupción que se presenta en las compañías en México es el soborno. De los 244 empresarios consultados, 64% afirmó que si no paga sobornos, pierde negocios.
El pulso internacional es similar. La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Christine Lagarde, calcula que, cada año, se destinan entre 1,500 y 2,000 millones de dólares a sobornos.
"Las leyes y regulaciones dicen qué no hacer: no des sobornos, no incurras en actos criminales...", dice Judith Galván, socia de Servicios de Asesoría Financiera de la consultora KPMG. "Éste es un estándar con recomendaciones sobre qué hacer dentro de la organización para prevenir y disuadir actos de corrupción".
El objetivo, según la ISO, es que las organizaciones contribuyan a combatir el fenómeno que aumenta el costo de hacer negocios e introduce incertidumbre en las transacciones. Aunque, advierte, su puesta en marcha no proporciona ninguna garantía de que los sobornos no vayan a producirse.
Asociaciones empresariales fueron consultadas sobre el valor de la norma, pero, al cierre de esta edición, no respondieron.
EL ORIGEN
La historia comenzó en 2013. "El organismo nacional de normalización de Reino Unido, British Standards Institution (BSI), inició la propuesta para desarrollar una norma internacional contra el soborno", explica Mike Henigan, secretario del comité técnico encargado de desarrollar el proyecto.
Representantes de los organismos de normalización de 37 países, entre ellos, México, Canadá y Colombia, participaron en el proceso. Otras 23 naciones, como Nueva Zelanda y Japón, fungieron como observadores.
El resultado fue una norma que busca combatir ocho tipos de actividades que, según el comité, la ley por sí sola difícilmente puede reducir, como sobornos por parte del personal que actúe en nombre de la organización o para su beneficio y los ofrecidos o aceptados a través de un tercero.
Alejandro Pulido, coordinador de anticorrupción y transparencia del laboratorio de políticas públicas Ethos, considera que la implementación permitirá a las empresas u organizaciones estandarizar los procedimientos internos y fortalecer la transparencia.
"(La norma) provee valoraciones y procedimientos muy claros que describen cómo instrumentarla", dice Anne Hayes, jefa de Desarrollo de Mercado para la Gobernabilidad y Riesgo de BSI Group. "Lo que una organización necesita es que a los altos directivos se les someta a este estándar y se les obligue a responsabilizarse de tal procedimiento".
Sobre el tiempo que tomará a las empresas implementarlo, Eugenia Castañeda, abogada de la asociación Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, detalla que dependerá del tamaño. "Hay empresas que son pequeñas y se pueden mover más rápido. Hay otras que van a requerir autorizaciones y por la cantidad de empleados, probablemente, se van a tardar más, calculo que tomaría seis meses", dice.
TAREAS PENDIENTES
Sobre el perfil de las empresas en México que deberían comenzar a trabajar con el estándar, la socia de KPMG considera que deben hacerlo aquellas a las que el Departamento de Justicia de Estados Unidos les ha exigido que implementen programas anticorrupción robustos. "Hay muchas compañías que están en México, que son subsidiarias de firmas de Estados Unidos", detalla. Las empresas y organizaciones que implementen el sistema podrán obtener una certificación antisobornos. Sin embargo, a pesar de que el documento guía para implementar el sistema de gestión ya está disponible en el sitio oficial de la ISO y ha comenzado a descargarse, lo que demuestra interés en el tema, en México todavía no puede certificarse su implementación.
"No hemos recibido solicitud de algún organismo interesado en acreditarse para certificar esta norma", revela Martha Mejía, directora de la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA). "Hemos recibido consultas y en el momento en que exista alguno estaremos en posibilidades de ofrecer información".
La EMA tiene 86 organismos acreditados para certificar diversos sistemas de gestión ambientales, de seguridad o salud, entre otros. "Alguno de ellos pudiera ampliar su alcance a esta norma", agrega Mejía.
Respecto del alcance de la repercusión, Pulido y Castañeda coinciden en que es necesario que se extienda a otras variables de corrupción, como fraudes, lavado de dinero y monopolio. "Los sobornos son una parte muy pequeña", concluye la abogada.
NOTA DEL EDITOR: Este reportaje se publicó originalmente en la edición 1203 de la revista Expansión, publicada el 15 de diciembre de 2016. Adquiere esta revista o suscríbete a nuestra edición digital en iOS o Android.
El actual precandidato presidencial ejerció casi toda su carrera televisiva a través de contratos civiles: creó una sociedad junto a su mujer mediante la que recibía sus remuneraciones vía facturas. Esto le permitía pagar el impuesto de primera categoría y diferir el resto. El SII fiscalizó este mecanismo en 2013 y en 2016 lo incluyó en un catálogo de figuras elusivas. Ex director del SII lo califica como evasivo.
El 22 de octubre de 1993, Alejandro Guillier dio un paso relevante, aunque hasta ahora desconocido, en su por entonces corta carrera televisiva. Ese día, Guillier y su esposa, María Cristina Farga, crearon la "Sociedad de Profesionales Guillier y Farga Limitada", una firma de papel que le reportaría importantes beneficios tributarios que se prolongaron durante los más de 20 años en los que el actual precandidato a la presidencia se desempeñó como "rostro" de la pantalla chica.
Guillier, de acuerdo a una recopilación de diversos antecedentes que realizó Radio Bío Bío, firmó todos sus contratos televisivos en TVN, Chilevisión y La Red, mediante dicha sociedad. Aquello le habría permitido tributar como empresa, es decir, por un 20% de sus utilidades, pudiendo darle espacio para diferir el resto hasta el momento en que retirara las utilidades de la sociedad, o pagar menos impuestos. Así, el actual senador por Antofagasta podría haber evitado tributar como un trabajador de renta alta, que hasta antes de la entrada de la reforma tributaria en 2015 pagaban un 42% de su renta bruta en impuestos.
La figura empleada por el eventual candidato del Partido Radical (PR) ha sido calificada como elusiva por el Servicios de Impuestos Internos (SII), organismo que se querelló contra ejecutivos de Empresas Penta por recibir bonos a través de sus sociedades personales; y llegó a acuerdos con ejecutivos de Endesa, tras amenaza de querella, por la utilización de la misma figura. Tal ha sido la controversia sobre este tipo de contratos, que algunos expertos tributarios los califican directamente como evasión.
"Cuando menos es elusión", dice Michel Jorratt, ex director del SII, sobre este tipo de figura contractual. "Pero yo creo que esto es derechamente evasión, pues la ley es clara: las rentas del trabajo se gravan con el impuesto de segunda categoría. Aquí estamos hablando de una persona que realiza un trabajo, que no requiere capital, que además cumple un horario y tiene todas las obligaciones de cualquier trabajador dependiente. Entonces, él arma una sociedad, por ejemplo, con su esposa y sus hijos, que a lo mejor todavía están en el colegio, para hacerle creer al Fisco que los ingresos provienen de un servicio prestado por esa sociedad", agrega.
Maribel Fornerod | Agencia Uno
La utilización de este tipo de sociedades empresariales para convertir renta de trabajo en renta de capital preocupa al SII, pues también existe el riesgo que el titular de dicha sociedad pase gastos personales y familiares como empresariales para demostrar una renta aún menor, disminuyendo aún más el pago de tributos. Por lo mismo, el SII fiscalizó esta figura en 2013, que ha sido utilizada por varios "rostros" televisivos, actores y actrices, a sugerencia de los mismos canales en algunas oportunidades, cursando liquidaciones en algunos casos. Guillier salió de la televisión justo antes que iniciara dicha fiscalización. Pese a los múltiples intentos, Guillier no quiso responder a Radio Bío Bío si fue parte de estas fiscalizaciones.
Como sea, el 30 de noviembre de 2016 el SII publicó el Catálogo de Esquemas Tributarios, en el marco de la entrada en vigencia de la norma antielusión de la reforma tributaria, en el que se incluye la utilización de este tipo de contratos civiles. Varios expertos tributarios consultados para este artículo señalaron que el esquema utilizado por Guillier para firmar sus contratos con canales corresponde al caso 10, de 12 que identificó el SII.
Al utilizar esta fórmula, dice el SII en el caso 10 de su catálogo, la persona natural "soporta una carga tributaria menor ya que no se afecta la totalidad de los ingresos con Impuesto Global Complementario (impuesto a las personas naturales), probablemente con la tasa más alta, sino que sujeta parte de sus ingresos a la tasa del Impuesto de Primera Categoría (impuesto a las empresas) que es menor a la del Global Complementario".
Consultado sobre este tipo de contratos, Jorge Torres, ex subdirector jurídico del SII, explica que "la ley le entrega esta facultad de control de la elusión en forma exclusiva al director del SII, para que este pueda efectuar el requerimiento ante los Tribunales Tributarios y Aduaneros y sean ellos en definitiva que declaren la elusión tributaria, ya sea por abuso o simulación". Al respecto, aclara que "si se está tratando de simular un contrato y la autoridad tributaria cuenta con los medios de prueba necesarios, nos encontraríamos frente a un caso de elusión tributaria".
Guillier ocupó esta fórmula contractual hasta 2013, año en el que dejó la televisión y comenzó su carrera política. La fecha coincide además con el inicio del debate de la reforma tributaria que impulsó Michelle Bachelet y que cerró brechas en esta materia, aunque no completamente.
"En el sistema anterior a la reforma tributaria las rentas del capital tenían un tratamiento muy favorable, pues una buena parte de la tributación se podía diferir hasta el momento del retiro", dice Jorrat. "Entonces, el disfrazar rentas del trabajo como rentas del capital significaba un gran beneficio económico. Además, al tributar como empresa se abren muchas otras posibilidades de evasión que los trabajadores no tienen. Por ejemplo, rebajar gastos personales (compras del supermercado, bencina del auto, entre otras) como si fueran gastos necesarios para generar la renta", agrega.
Para Javier Jaque, socio de EY y ex director ejecutivo del Centro de Estudios Tributarios (CET) de la Universidad de Chile, la figura de los contratos civiles podría considerarse como elusiva, pues "por el tipo de trabajo que hacen los rostros, este es un tipo de renta de persona y no empresarial". Además, añade que "cualquier renta de orden empresarial, se va ahorrar un porcentaje con respecto a los impuestos finales, en la medida que la ganancia no sea retirada de la empresa".
Factura por leer noticias
A fines de 2008 TVN estaba afinando los últimos detalles para el estreno del canal 24 Horas, su nueva señal para la TV pagada, la que entraría a competir directamente con CNN Chile, cuyas transmisiones se iniciaron el 4 de diciembre de ese año. Entre otros detalles, los ejecutivos de la estación estatal buscaban un rostro que representara la imagen del canal 24 Horas y les garantizara un buen nivel de rating. Entre los nombres que se barajaban ganó fuerza el de Alejandro Guillier, quien en ese momento trabajaba en Chilevisión.
Los ejecutivos contactaron a Guillier, le ofrecieron el proyecto y el periodista aceptó. Así, el 20 de noviembre de 2008 se firmó el contrato entre TVN -representado por su entonces director ejecutivo, Daniel Fernández; y el director de gestión, David Belmar- y la "Sociedad de Profesionales Guillier y Farga Limitada", representada por Alejandro Guillier. De esta forma, suscribió el contrato como si fuese una empresa prestadora de servicios y no como un trabajador con un vínculo laboral con el canal.
Si bien el abogado laboralista José Luis Ugarte, académico de la Universidad Alberto Hurtado, no se refiere al caso particular de Guillier, hace una dura acusación respecto del uso de este tipo de contratos. "Es posible, en la mayoría de los casos, estar frente a una situación de fraude a la Ley Laboral cuyo responsable es el empleador, en cuanto se encubre una relación de subordinación que ya ha sido declarada varias veces por los tribunales como una figura civil o mercantil. Comúnmente esa figura lo que busca es dejar la relación fuera del estatuto del Código del Trabajo, el que genera una serie de derechos y responsabilidades para las partes", afirma Ugarte.
El contrato, al que accedió Radio Bío Bío, estipuló que los servicios proporcionados por la sociedad de Guillier a TVN serían de "a) conductor de noticias; b) periodista y/o editor de programas y noticieros del área de prensa; c) toda otra labor que acuerden las partes expresamente y por escrito durante la vigencia de este contrato". Asimismo, se fijó una remuneración mensual de $11,5 millones más el Impuesto al Valor Agregado (IVA), la que se pagaría "contra la presentación de la factura, el último día hábil de cada mes".
La Sociedad de Profesionales Guillier y Farga había sido creada por Guillier y su esposa, María Cristina Farga, en 1993, con un capital inicial de $1 millón, según consigna la base de datos del Diario Oficial. Su objeto social era "la prestación de servicios y asesorías profesionales de todo tipo, especialmente en las áreas investigación, científica y aplicada; la docencia, extensión, publicación o difusión en las áreas de ciencias sociales, historia y comunicaciones en general; asesorías periodísticas, marketing, la realización de cualquier actividad profesional relacionada o derivada a lo anterior".
En el intertanto, en enero de 2009, la sociedad cambió de nombre a "Guillier Periodismo y Comunicaciones Limitada" y los socios subieron a cinco: Alejandro Guillier, María Cristina Farga, su hijo Alejandro Guillier Farga y los hijos de María Cristina con una pareja anterior; Andrés Almeida Farga y Cristóbal Almeida Farga. También modificaron el objeto de la sociedad, que pasó a ser "la prestación de servicios periodísticos, agencias de noticias, servicios publicitarios y de comunicaciones, producción y marketing de eventos institucionales, asesorías comunicacionales y periodísticas, producción y publicación de textos en las áreas de ciencias sociales, historia y comunicaciones".
Una práctica habitual
De acuerdo a diversas fuentes de la industria consultadas por este medio, Guillier ocupó este mecanismo durante casi toda su carrera televisiva. En su primer paso por TVN, entre 1992 y 1999, por ejemplo, tuvo dos contratos a la vez: uno laboral (como trabajador) y otro por medio de su sociedad.
Varios de los tributaristas consultados coincidieron en que si tuvo un contrato laboral de trabajo, eso valida que era empleado del canal, por lo que el otro contrato se hizo derechamente para aprovechar los beneficios tributarios que implica este mecanismo.
En su paso por Chilevisión, en tanto, donde estuvo desde 1999 hasta fines de 2008, también tuvo un contrato a través de su empresa. Guillier, además, ocupó la figura del contrato civil durante su estadía en La Red, estación a la que llegó en diciembre de 2011 tras su salida de 24 Horas y de la que se fue en febrero de 2013, pues ese año participó de las elecciones parlamentarias, siendo elegido senador por la Región de Antofagasta, cargo que mantiene hasta hoy.
Un hábito en la industria
La campaña de fiscalización a la industria de la televisión iniciada por el SII en marzo de 2013, que incluyó a presentadores de noticias, actores y actrices, concluyó a fines de ese año con algunos de los fiscalizados pagando las diferencias de impuestos detectadas por la entidad, de acuerdo al testimonio de ejecutivos de canales, de figuras televisivas y fuentes ligadas al SII.
"En las fiscalizaciones de 2013 el SII encontró ciertas anomalías en algunos casos específicos de algunos actores, quienes debieron pagar las respectivas multas", dice Andrea Gutiérrez, presidenta del Sindicato de Actores de Chile (Sidarte). "Las anomalías o diferencias se dieron, principalmente, en los gastos que realizaban los actores a través de sus empresas. Pero fueron casos puntuales y aislados, alrededor de cinco", agrega.
El SII no quiso entregar detalles de estas fiscalizaciones a rostros de las noticias, actores y actrices, pese a las diferencias de ambos casos debido a su formato de trabajo. Tampoco se refirió en general a dicho plan de fiscalización. Sin embargo, fuentes del organismo confirmaron que en 2013 fue la primera y única vez que se realizó dicho plan de fiscalización. Además, dijeron, las fiscalizaciones coincidieron con el momento más álgido del denominado caso Johnson's, que terminó con la salida, ese mismo año, del entonces director del SII, Julio Pereira, por lo que habrían quedado en segundo plano.
Varios actuales y exjecutivos de distintos canales consultados por Radio Bío Bío justificaron el uso de los contratos civiles, que han utilizado figuras como Iván Núñez, Felipe Camiroaga, Tonka Tomicic, Felipe Bianchi, Macarena Pizarro, Jennifer Warner, Claudia Di Girolamo, Francisco Melo, Francisco Reyes, Blanca Lewin, Consuelo Saavedra, Amaro Gómez-Pablos y Mauricio Bustamente, entre otros. Según dijeron las fuentes consultadas, dichos contratos sirven como mecanismo para retener sus talentos y no tenían como objetivo vulnerar disposiciones legales.
Pero sí lo hacen. Además de los efectos tributarios, este tipo de contratos civiles, que simulan rentas de trabajo como si fueran de capital, también afectan los derechos laborales de los trabajadores, pese a que muchos de ellos los pidan para aprovechar sus beneficios impositivos.
De hecho, para el abogado laboralista, José Luis Ugarte, en la mayor parte de los casos se podría configurar un fraude a la Ley Laboral, ya que se está disfrazando una relación de subordinación y dependencia por una de tipo civil y/o mercantil.
"Se perjudica al trabajador, pues no recibe los derechos que le corresponden como un subordinado, sino que se atiene sólo a los términos pactados en el contrato", dice Ugarte. "Pero también hay un problema de interés público, pues si hay una relación laboral deberían haber cotizaciones previsionales, cotizaciones a la salud, que en este caso son evadidas", añade.
Debido a lo anterior, la Dirección del Trabajo también ha realizado fiscalizaciones en este ámbito, en las cuales ha constatado este tipo de vulneraciones laborales. Así ocurrió entre enero y septiembre de 2014, cuando fiscalizó a Canal 13 a raíz de una denuncia realizada por Sidarte por informalidad laboral en el rodaje de la teleserie "Chipe Libre". Algunos de los actores en esta situación tenían contratos civiles y otros estaban a honorarios.
Hoy, dice Jorge Torres, ex subdirector jurídico del SII, "sería muy curioso ver un contrato de trabajo de un trabajador con un sueldo elevado, jornada de trabajo completa y además prestando servicios por medio de su empresa al mismo empleador. Nuestra legislación ha cambiado y esto merece una nueva revisión por parte de todas las autoridades fiscalizadoras teniendo siempre presente los derechos constitucionales de todos los contribuyentes. Sin perjuicio que estos casos debieran ser revisadas por los departamentos legales de los empleadores respectivos".
Las otras omisiones de Guillier
Guillier, desde que oficializó su precandidatura presidencial, ha sido cuestionado por haber omitido información de su trayectoria profesional en su currículum como precandidato, consignado en su sitio web oficial. Las omisiones tienen un factor común: son trabajos realizados a empresas y sectores que han estado cuestionados por la opinión pública en los últimos años, lo que podría afectar su imagen de "candidato ciudadano".
En efecto, uno de los datos que el senador dejó fuera de su trayectoria en su sitio web oficial, es su paso por la Universidad Mayor. Entre 2008 y 2009 se desempeñó como académico de la Escuela de Periodismo y en 2010 asumió como director de ella, cargo que mantuvo hasta julio de 2013. Incluso, en ese lapso ofició de "rostro" de la Escuela de Periodismo de la casa de estudios, con el fin de atraer estudiantes. Así lo demuestran algunos folletos de esa época y un largo debate ético entre periodistas que se dio en la prensa en aquel momento.
Folleto de Periodismo de la Universidad Mayor
Este plantel universitario ha estado en el centro de la polémica porque viene siendo investigado por el Ministerio de Educación (Mineduc) por eventual lucro, desde fines de 2015. Desde el Mineduc confirmaron que la investigación sigue abierta.
Además, algunos de sus socios fundadores estuvieron ligados a la dictadura cívico militar que encabezó Augusto Pinochet. Ese es el caso de Rubén Covarrubias Giordano -miembro del directorio y actual rector de la casa de estudios-, quien fue director de Educación Superior del Ministerio de Educación durante la dictadura. Algo similar ocurre con Erich Villaseñor Maldonado -director de la Universidad Mayor-, quien fue un alto asesor de dicha cartera en ese mismo periodo.
Una entrevista que hizo Guillier a Covarrubias el 14 de junio de 2011, en plena movilización estudiantil, revela el conflicto ético que enfrentó el periodista. Ese día, y durante casi 15 minutos, hablaron sobre las movilizaciones y los 30 años de las universidades privadas, entre ellas, la Universidad Mayor. Durante la entrevista, Guillier no mencionó su vínculo laboral con la universidad ni su dependencia jerárquica de Covarrubias.
La omisión de su trabajo en la Universidad Mayor en su currículum como precandidato resulta extraña considerando que este dato sí aparece en su currículum como senador. Y se torna aún más contradictoria si se toma en cuenta que sí informó en su página web que se desempeñó en otra universidad: ejerció como docente y vicedecano de la Escuela de Periodismo de la Universidad Diego Portales, entre 1988 y 1997.
Otra información relevante omitida por Guillier es su reconocido rol como rostro de un video que promocionaba las isapres en 2006, conmemorando el aniversario número 25 del sistema de gestoras privadas de salud. Para ello, el periodista -que en ese momento era director de prensa en Chilevisión, lo que podría haber implicado conflictos éticos y de interés- fue contratado por la Asociación de Isapres.
A todo lo anterior se suma que El Mercurio dio a conocer, el 7 de diciembre pasado, que Guillier integró durante dos años el directorio de la Fundación Minera Escondida, perteneciente a la australiana BHP Billiton, la segunda mayor minera del mundo tras Codelco y la más grande entre las privadas. Como en los casos anteriores, el senador tampoco incluyó este dato dentro de su currículum ni se lo había informado a los miembros de la Comisión de Minería y Energía del Senado, de la cual forma parte.
Según pudo constatar este medio, el paso de Guillier por la fundación de BHP Billiton fue mucho más amplio y remunerado.
En efecto, pues el senador por Antofagasta integró la mesa directiva de la fundación entre 2003 y abril de 2013, lapso en el cual recibió una remuneración bruta total cercana a los $9 millones. Es decir, tuvo un sueldo anual bruto en torno a $1 millón por su participación en el directorio.
Otra omisión por la que ha sido cuestionado Guillier corresponde a las vocerías o coaching que le hizo a las empresas clientes de una de las principales firmas de lobby del país, Imaginaccion Consultores, controlada por Enrique Correa, ex ministro durante el gobierno de Patricio Aylwin (DC).
Estas vocerías consistían principalmente en realizar talleres sobre cómo relacionarse con la prensa ante una crisis y dar conferencias, entre otras cosas. Estaban dirigidas a los altos ejecutivos de algunas compañías que requerían los servicios de Imaginaccion y han provocado un fuerte debate ético en el ámbito comunicacional.
Uno de los periodistas que también participó de estos talleres fue Luis Álvarez, quien se desempeñó como gerente de comunicación estratégica y director del área de prensa de Imaginaccion entre 2001 y 2006. Tras ello, en junio de ese año, Álvarez se fue a trabajar al Banco Central como gerente asesor de comunicaciones y luego -en diciembre de 2013- fue ascendido al cargo de gerente de comunicaciones del instituto emisor. Álvarez y Guillier, según varias fuentes consultadas, trabajaron juntos en estas asesorías.
La práctica antes mencionada también la realizan otros conocidos lobistas como Extend y Tironi & Asociados. Esta última empresa desató una pequeña crisis en CNN cuando directivos del canal descubrieron que varios de sus "rostros" hacían coaching a empresarios y luego los entrevistaban. La medida en CNN fue suspender cualquier doble militancia de sus "rostros".
Radio Bío Bío le envió preguntas a Guillier para conocer los motivos por los cuales ha omitido estas informaciones y si estos servicios los hizo a través de su sociedad o como persona natural, pero el senador tampoco quiso responder preguntas sobre estos temas.
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