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por Cristóbal Bellolio (publicada en Las Últimas Noticias del 16 de Julio de 2016)
Toca designar un nuevo integrante del Servicio Electoral. La Moneda propuso al histórico asesor de la UDI, Andrés Tagle ¿Por qué un gobierno de izquierda promueve un nombre tan alejado de sus convicciones? Porque la vacante la deja otro gremialista. Es decir, lo que importa es mantener los equilibrios políticos. Suena razonable. No es buena idea que los distintos órganos del estado queden concentrados en las manos de un solo sector. El problema es que el sistema tiene otros vicios. Se da por sentado que cada partido tiene derecho a una determinada plaza en el Consejo del Servel, pero también en el Instituto Nacional de Derechos Humanos y en el Directorio de TVN, por nombrar algunos entes que están en proceso de renovación. Son muchos más. Algunos tremendamente relevantes, como el Tribunal Constitucional.
Para ser claros, Tagle sí sabe del tema. Le toca la mala suerte de ser el niño símbolo del cuoteo porque calza justo con la campaña que una serie de organizaciones de la sociedad civil –entre cuyos firmantes me incluyo- acaban de lanzar para terminar con una práctica que se puso tóxica. El acuerdo político transversal en torno a qué cupos le toca a cada grupo funciona de manera casi automática. Sus nombres pasan por un tubo en el Senado, prácticamente sin discusión.
Lo que pide la campaña #NoMásCuoteo es que por lo menos la ciudadanía tenga una ventana de escrutinio público, una cuota de necesaria transparencia para conocer los méritos técnicos y éticos de los candidatos. Que quede claro si los encargados de velar por la probidad de nuestros procesos políticos, el pluralismo de nuestros medios o la interpretación correcta de nuestra ley fundamental –ninguna bicoca- están ahí porque son operadores del partido o porque cargan con credenciales para desempeñar tales funciones. No es mucho pedir.
Por lo demás, Chile ya no tiene dos coaliciones con los partidos de siempre. Ya se advierte cómo los (pocos) programas televisivos de debate tienen que adaptarse a invitar más actores para cubrir el nuevo mapa político y social. Pero la regla sigue siendo el cuoteo, más o menos descarado, entre los mismos. El mismo, entre otras cosas, que tiene al Sename convertido es un botín. Gobierno y oposición le seguirán llamando equilibrio político –y se entiende que hay compromisos adquiridos- pero ya es hora de ponerse serios y subir el estándar de una práctica opaca. Mientras más transparentes, más públicas, más de todos y para todos. Mala suerte la de Tagle, pero buena idea para Chile.
Link: http://www.lun.com/Pages/NewsDetail.aspx?dt=2016-07-16&NewsID=350542&BodyID=0&PaginaId=22
Gendarmería y Sename golpean a una de las ministras favoritas de Bachelet
por MARCELA JIMÉNEZ 15 julio 2016
"A la ministra la puede afectar el síndrome Peñailillo", advirtieron en el Gobierno, entendiendo que la Presidenta hace meses que no logra salir del fondo en las encuestas, lo que –agregaron– le estrecha el espacio de maniobra si estos temas sensibles a la opinión pública, como las pensiones, las licencias y los niños del Sename, terminan convertidos en un búmeran para La Moneda. Amargas, duras, pero sobre todo tensas, así han sido las últimas semanas para la ministra de Justicia, Javiera Blanco, que ha estado en la mira de todas las críticas políticas por los conflictos que en paralelo han salido a la luz pública en las áreas más sensibles de su gestión: Gendarmería y Sename.
Es la figura del gabinete que tiene la llegada más directa con la Presidenta Michelle Bachelet, una relación privilegiada, pero la debilidad que evidencia en estos momentos obligó a que desde La Moneda y la Nueva Mayoría salieran a blindarla políticamente, para evitar que escalen los cuestionamientos a las falencias que arroja su gestión y la pongan en jaque.
Tiene fama de ser muy aplicada, matea, inteligente, que tiene "talento político", que escucha, que es solvente y encantadora, lo que le abre muchas puertas en momentos clave de negociación política. Además, tiene llegada y goza de una buena evaluación transversal, tanto en el grueso del oficialismo como en la derecha, donde su pasado al alero de Fundación Paz Ciudadana le permitió obtener buenas redes políticas y gozar de la venia permanente de sectores de la oposición, especialmente del otrora todopoderoso Agustín Edwards, su diario y su entorno.
Hizo gala de eso el año pasado, cuando lideró en el Senado las tratativas dirigidas a asegurar la elección de Jorge Abbott como Fiscal Nacional, para evitar un traspié como el que había vivido el entonces ministro del Interior, Jorge Burgos, con la fallida postulación de Enrique Rajevic a la Contraloría General.
Pero hoy, en reserva, se le critica a Blanco desde el oficialismo, el Congreso y La Moneda por haber esquivado la toma de decisiones complejas, "quebrar huevos", no ha querido arriesgarse y, por ende, pagar los costos de adoptar ciertas decisiones ministeriales, precisamente para no hipotecar su capital político de cara a las próximas elecciones parlamentarias.
En definitiva, en Palacio reconocen que el escenario actual en gran medida se debe a que no resolvió en su momento, cuando pudo, temas clave que pudieron desactivar o al menos aminorar los incendios políticos que se desataron en paralelo las últimas semanas.
El caso de la jubilación de 5,2 millones de pesos de la ex esposa del diputado PS, Osvaldo Andrade, que trabajó más de 20 años en Gendarmería, fue la mecha con la que se incendió la pradera en Justicia. Eso puso en el foco de los cuestionamientos públicos los altos montos de las pensiones en dicha institución, puntualmente las de 187 ex funcionarios, como también dejó en tela de juicio la venia parlamentaria para no aplicar el techo de 60 UF a los retiros, situación que desató la molestia de los suboficiales de Gendarmería y los rangos más bajos de la institución.
Luego vino el anuncio ministerial de despidos masivos –que se concretarían hoy viernes 15 de julio– a más de 100 funcionarios de Gendarmería por el uso de licencias médicas fraudulentas. En este cuadro, el miércoles 13, al final del día y tras una reunión con la ministra Blanco, se hizo pública la renuncia del director de Gendarmería, Tulio Arce.
Entremedio, Blanco enfrentó un fuerte gallito político a fines de la semana pasada, que concluyó con la salida del subsecretario de la Segegob, el radical Osvaldo Soto, luego que el jueves 7 apareciera enEl Mercurio afirmando que "hay graves debilidades en los equipos técnicos de la ministra de Justicia, debería hacer un análisis de eso".
La crítica que hizo Soto se enmarcaba en un informe de la Contraloría sobre una denuncia que se realizó en febrero por un déficit de más de dos mil millones de pesos en la Corporación de Asistencia Judicial (CAJ) y contrataciones de personal en el período en que la ex autoridad PR fue su director.
"Las grandes denuncias se descartaron, por ejemplo, no hubo contrataciones millonarias ni el déficit es de mi gestión, ni tampoco contrataciones de operadores políticos, como se dijo (…) son funcionarios del Ministerio de Justicia los que estaban informados del déficit. Aquí no es como se quiso hacer ver: que se descubrió un déficit. Yo en febrero informé y así como existen debilidades de tipo administrativo en la Corporación, la ministra debería hacer un análisis de los equipos técnicos de que dispone", afirmó Soto en el diario.
En La Moneda aseguraron ese jueves que sus declaraciones desataron la ira de la ministra Blanco, la que pidió la salida del subsecretario y, como esta no se concretó ese día, habló directamente del asunto con la Presidenta Michelle Bachelet el viernes 8, según confirmaron diversas fuentes gubernamentales.
Esa mala semana terminó para Blanco con un par de guindas para la torta.
La encuesta Adimark arrojó que la ministra es la peor evaluada por la opinión pública de todo el gabinete, con un 27% de apoyo, después de sus pares de Salud, Carmen Castillo (32%), y de Educación, Adriana Delpiano (31%), posición que comenzó a registrarse a fines del año pasado como consecuencia directa del paro que enfrentó por 39 días de los funcionarios del Registro Civil.
Fue, asimismo, el epicentro de críticas mediáticas y en redes sociales, a pesar de disculparse inmediatamente y corregir la equivocación, por usar erróneamente la palabra "stock" para referirse a los niños de los centros Sename durante una sesión de la comisión investigadora de la Cámara Baja.
Si el caso de la pequeña Lissette Villa Poblete, de 11 años, que murió la primera quincena de abril al interior de un recinto del Servicio Nacional de Menores (Sename), desató una ola de reparos a la deficiente situación que hay en distintos centros de esa institución e incluso la creación de una comisión investigadora de la Cámara de Diputados, a finales de mayo se conoció un duro informe de la Contraloría que fiscalizó a casi un centenar de estos, y que concluyó evidenciando la existencia de problemas como falta de infraestructura adecuada, falencias de capacitación y carencia de habilidades del personal a cargo de los menores de edad, además de un inadecuado seguimiento de los casos.
A principios de esta semana, el Ministerio de Justicia entregó al Congreso un informe –solicitado vía oficio a principios de mayo por el diputado René Saffirio– que determinó que, desde 2005 y hasta mayo de este año, hubo 185 niños que fallecieron estando bajo el cuidado del Estado: 134 murieron en recintos de salud, 49 se encontraban en centros colaboradores y otros dos en centros propios del Sename.
La derecha no desperdició la oportunidad ni el conflictivo escenario. Tras anunciarlo públicamente en la semana, ayer concretó la presentación de una interpelación a la ministra Blanco para que explique a la Cámara de Diputados su responsabilidad en la situación del Sename, así como en las cuestionadas pensiones en Gendarmería.
Una decisión polémica, que no contaba con el visto bueno ni la aprobación de la mitad de la derecha, puntualmente de los senadores, donde hay una buena evaluación del desempeño de Blanco. Ahí consideran que, si bien se han juntado todos los problemas del sector Justicia, no se debe a la gestión de la ministra sino que a falencias que se arrastran hace años en cada institución hoy incendiada.
En la Nueva Mayoría dicen que Blanco tiene falencias de gestión política, que no se adelantó a ninguno de los problemas de su cartera, sino que solo ha reaccionado una vez que explotaron, pero igual consideran un grave error de la derecha interpelarla, porque con eso solo consiguen que toda la coalición se alinee tras ella. En el Gobierno aseguraron que no existe el escenario para pensar en moverla de Justicia, que esa no es la mejor solución en estos momentos y que el camino es blindarla, lo que se hizo ayer.
Por el Ministerio de Justicia desfilaron parlamentarios y dirigentes de toda la Nueva Mayoría, le dieron su apoyo público, fustigaron a la derecha por aprovecharse políticamente de la situación. El jefe de los senadores DC, Andrés Zaldívar, menifestó que Blanco "tiene capacidad y espaldas para enfrentar cualquier situación que se pueda presentar. Pero en este momento que hay una situación de crítica y muchas veces muy injusta, tenemos que hacerle un reconocimiento, porque es una ministra que está cumpliendo sus funciones, que tiene mucha capacidad y conoce los temas que tiene que abordar (…) hay que darle todo el respaldo que sea necesario".
En reserva, se le critica a Blanco desde el oficialismo, el Congreso y La Moneda por haber esquivado la toma de decisiones complejas, "quebrar huevos", no ha querido arriesgarse y, por ende, pagar los costos de adoptar ciertas decisiones ministeriales, precisamente para no hipotecar su capital político de cara a las próximas elecciones parlamentarias. En definitiva, en Palacio reconocen que el escenario actual en gran medida se debe a que no resolvió en su momento, cuando pudo, temas clave que pudieron desactivar o al menos aminorar los incendios políticos que se desataron en paralelo las últimas semanas.
También se reunieron con ella la presidenta del PS, Isabel Allende, los senadores socialistas Juan Pablo Letelier y Carlos Montes, durante la tarde fue el turno de la bancada PPD, liderada por el diputado Ramón Farías, y representantes del Partido Radical.
Por ley, la tarea principal de los subsecretarios es llevar las riendas cotidianas de los ministerios, en sus manos está la administración interna de estos, son los colaboradores directos de los secretarios de Estado, por lo tanto, están encargados de coordinar las acciones de los órganos y servicios dependientes de cada cartera. En el oficialismo y La Moneda concuerdan que eso es precisamente lo que no ha sucedido en el Ministerio de Justicia y que el subsecretario, Ignacio Suárez, es en gran medida responsable por los problemas que enfrenta hoy dicha repartición.
"El subsecretario no ha hecho la pega", sentenció un alto dirigente de la Nueva Mayoría, diagnóstico que es plenamente compartido en Palacio, donde aseguraron que hay "una gran responsabilidad de él en el escenario actual".
Hace rato que en el Gobierno hay una evaluación deficiente de la gestión de Suárez, al punto que desde diciembre al menos existe claridad interna en el ministerio respecto a que, apenas se consolide el ajuste de subsecretarios, él está en la nómina para salir del gabinete y así se le habría notificado hace meses.
Suárez, abogado de la Universidad de Chile y DC, fue nombrado como subsecretario de Justicia en marzo de 2015, tras la salida del también militante de la falange, Marcelo Albornoz. Los temas de dicho ministerio no le son ajenos, ya que previamente fue jefe jurídico del Servicio Médico Legal y después se desempeñó como jefe de la División de Reinserción Social de esta cartera.
A pesar de eso, en el oficialismo aseguran que la principal carencia que hay en Justicia es la falta de articulación política, la que debería ser responsabilidad del subsecretario y que es precisamente lo que no ha sucedido, impactando directamente a la ministra Blanco. "Los subsecretarios son los encargados de ser los fusibles, de estar en lo cotidiano y eso aquí no ha sucedido", añadió un parlamentario de la NM.
Es la misma explicación que se da al interior del Gobierno sobre la tensión que hay con las asociaciones de funcionarios del ministerio, como la Asociación de Gendarmes, que pidió la salida de la ministra y que, a través de un comunicado, sentenció que Blanco "siempre ha mantenido una actitud altanera y arrogante. Su indisposición al diálogo se torna inconcebible en un momento en que la institución requiere más que nunca de una relación constructiva, muy lejana a lo que ha demostrado hasta ahora, incapacitada de comprender el complejo escenario que hoy atraviesa no solo Gendarmería".
El blindaje oficialista a Blanco es reforzado con una "estrategia de shock" desde Justicia, precisamente para comenzar a apagar rápidamente los distintos incendios.
Al final de la tarde ayer, se anunció que el nuevo director de Gendarmería será el PPD Jaime Rojas Flores, quien cumplía funciones en el Ministerio del Interior y en gobiernos anteriores fue jefe de gabinete más de una vez de Francisco Vidal.
"Tiene manejo", afirmaron en el Gobierno. "Es hombre de Aleuy y claramente este tomó el control de la crisis, Rojas tiene su mismo estilo y viene de hacer inteligencia fina en materia de conflictos, le dicen el 'chupacabras', quizá la Javiera no vea la pelota nunca más", señala una autoridad gubernamental que conoce a Rojas.
En el Ministerio aseguraron que durante la jornada de hoy se concretarían los despidos por el tema de las licencias médicas en Gendarmería, se están analizando las modificaciones a los equipos regionales, como también la reestructuración de los equipos internos en el Sename. La próxima semana la ministra Blanco comenzaría visitas en terreno a diferentes centros de menores y se evalúa la creación de una comisión de "hombres probos" que fiscalice permanentemente el trabajo con los menores de edad que están bajo el cuidado del Estado.
En la Nueva Mayoría y el Gobierno creen que la interpelación terminará siendo una buena oportunidad para la ministra Blanco, para cerrar esta estrategia de shock y mostrar esta lista de acciones concretas para terminar los flancos de críticas. "Es matea y, por lo tanto, es una oportunidad para lucirse", aseguraron en la coalición.
Sabido es en el oficialismo que la ministra Blanco es una de las "favoritas" de Bachelet. Después de la salida del Ejecutivo del otrora hombre de confianza de la Mandataria, Rodrigo Peñailillo, la titular de Justicia quedó como una solitaria sobreviviente del reducido núcleo que cuenta con la confianza de la Presidenta.
El lazo entre ambas se gestó durante la primera administración bacheletista, en la que Blanco se desempeñó, por esos cuatro años, como la primera mujer a cargo de la Subsecretaría de Carabineros. Cuando la Presidenta volvió a Chile para asumir la campaña el año 2013, Blanco asumió la primera línea en el comando como vocera y, tras el triunfo electoral, fue nombrada ministra del Trabajo.
"Tiene todo el respaldo de la Presidenta de la República, que es el más importante", dijo ayer el senador Zaldívar.
Un apoyo férreo que hasta ahora ha blindado políticamente a la ministra de Justicia, según reconocen en el Gobierno, al punto que su situación llevó a que en la semana se optara por congelar los ajustes de autoridades que están en carpeta, para no exponerla.
Pero hay quienes advierten que el hecho de ser "la regalona" de la Presidenta no implica que su blindaje político sea indefinido y más de uno en La Moneda recordó por lo mismo, estos días, la situación de Peñailillo, quien también era el preferido de la Mandataria, su "hijo político", su brazo derecho, el que gozaba de su confianza plena y, pese a lo cual, fue sacado del gabinete.
"A la ministra Blanco la puede afectar el síndrome Peñailillo", advirtieron en el Gobierno, entendiendo que la Presidenta hace meses que no logra salir del fondo en las encuestas, lo que –agregaron– le estrecha el espacio de maniobra si estos temas sensibles a la opinión pública, como las pensiones, las licencias y los niños del Sename, terminan convertidos en un búmeran para La Moneda.
Este viernes la recién confirmada candidata de Chile Vamos para competir por la Municipalidad de Providencia, Evelyn Matthei, aseguró en entrevista con Tele13 radio que "pocas veces en mi vida he estado tan entusiasmada".
"Es una oportunidad maravillosa, vengo trabajando desde noviembre, tengo todos los días reuniones con los vecinos y es una tremenda alegría y un aliciente para seguir en esto", dijo la ex ministra del Trabajo.
La idea de Matthei es poner foco en recuperar la comuna, ya que como comentó, "es una comuna que está en peligro de convertirse en un lugar invivible".
Es por ello, que des ya propone que Providencia forme parte de la alianza estratégica que tienen las comunas de Las Condes, Lo Barnechea y Vitacura en materia de prevención del delito, y modificar a la brevedad el plan regulador, para bajar la altura de las construcciones y proteger ciertos barrios para que no se sigan interviniendo.
"Yo entiendo que Providencia es un lugar donde hay comercio, pubs, restoranes, universidades, pero también vive gente y ellos quieren tener una calidad de vida razonable (…)Lo que tú ves en todas las reuniones es que los vecinos quieren vivir y gozar sus barrios, y ahora se está degradando Providencia", dijo la candidata.
En esta línea, Matthei insiste en que ahora su foco esta sólo en Providencia, "quiero una base de gestión de Providencia. Me estoy metiendo cada vez menos en los temas a nivel nacional, hoy mi pasión mi interés está en otra cosa, estoy leyendo libros sobre urbanismo, sobre cómo prevenir delincuencia, estoy viendo como se hace una buena ciudad", señaló.
De esta forma, la candidata se muestra a favor de que los guardias municipales pudieran estar armados para tener un rol más efectivo y además propone en que se traspasen ciertas funciones de Carabineros a estos guardias.
Fecha de publicación: 13/07/2016
A la acción de simpatizantes de Wente Winkul Mapu es atribuido preliminarmente el ataque que desconocidos realizaron en la tarde de hoy en las cercanías de Collipulli, donde fueron quemados dos camiones estacionados y un inmueble que funcionaba como albergue para los camioneros.
Las sospechas se sustentan en el hallazgo en el lugar de un panfleto donde se reivindica la causa mapuche, además de exigir la libertad de los denominados Presos Políticos Mapuches, y que es firmado por la comunidad de la "Wente Winkul Mapu ¡resislte!".
El ataque se registró pasadas las 19 horas, cuando los desconocidos llegaron hasta las inmediaciones de la Hostería San Carlos, ubicada a unos 12 kilómetros al sur de Collipulli.
En fuentes policiales se indicó que fueron al menos siete las personas encapuchadas que actuaron y que incluso realizaron unos disparos al aire para amedrentar a las personas cercanas al lugar.
La dirigente de los agricultores de Victoria, Gloria Naveillán, confirmó que se trató de "un atentado en una de las regiones más seguras del país, según dice el intendente. Esto es para la risa, porque a las siete de la tarde, llegan desconocidos, a orilla de la carretera y queman camiones. Eso no es seguridad".
LA POLÉMICA que se ha desatado en torno al pago de millonarias pensiones en Gendarmería motivó que el Ministerio de Justicia anunciara una "intervención" de dicha institución, lo que entre otros aspectos implica reforzar los controles del Ministerio sobre decisiones internas, además de indagar posibles abultamientos en el pago de remuneraciones y pensiones. Ayer también se conoció el antecedente de que en el servicio se habrían extendido licencias médicas por sobre los mil días, hecho que motivó el anuncio de despidos, los cuales serían comunicados en los próximos días.
Estos hechos dan cuenta de los graves problemas de gestión que aquejan a un servicio estratégico como el caso de Gendarmería, bajo cuya responsabilidad está la custodia de unos 45.000 reclusos, además del control de miles de personas que cumplen medidas alternativas. Ninguno de los antecedentes que hoy son motivo de escándalo son del todo sorpresivos, pero sin embargo llama la atención que sólo a raíz de un caso en que se vio involucrada la exesposa del Presidente de la Cámara de Diputados -quien tras 22 años en Gendarmería logró una pensión bruta de 5,2 millones, gracias a bonos que abultaron exageradamente su última remuneración- se hayan relevado estas falencias administrativas.
El Ministerio de Justicia, pese a caberle la supervisión directa sobre Gendarmería, parece haber estado ausente de estos problemas, y su anuncio de una "intervención" resulta ahora tardía, puesto que si se hubiese ejercido un rol efectivo de control, muchos de estos problemas se habrían detectado tempranamente y las medidas correctivas tendrían que haber estado en ejecución hace tiempo. En el caso de las pensiones, los antecedentes indican que desde 2014 un total de 207 funcionarios recibieron jubilaciones por sobre el tope de 60 UF, límite que fue establecido según una interpretación de la Contraloría. Entre ellas, había varias pensiones sobre $ 5 millones, lo que aparentemente no llamó la atención de ninguna autoridad en la cartera de Justicia, y su justificación fue que "el Ministerio no calcula ni paga las pensiones", lo que en todo caso no explica por qué no se alertó de montos que se escapan a cualquier racionalidad.
La interpelación parlamentaria que ha anunciado la oposición a la ministra de Justicia resulta atendible a la luz de los antecedentes que se han conocido, y sería una instancia propicia para que el gobierno entregue más antecedentes a la ciudadanía de por qué se han producido irregularidades de esta naturaleza, y qué medidas pretende poner en marcha para corregir los problemas detectados en Gendarmería, que no se limitan sólo a la entrega de beneficios desproporcionados, sino también a cuoteos políticos en su administración, fugas de reos y dispares criterios en la asignación de beneficios penitenciarios, aspectos que también deberían ser despejados en una interpelación. No hay razones que justifiquen que el Ministerio de Justicia no tenga en Gendarmería una de sus preocupaciones fundamentales y no adyacentes, como al parecer sucede.
El escándalo de entrega de beneficios discrecionales en la institución contrasta con las denuncias que realizan los funcionarios de Gendarmería respecto de las precarias condiciones en que deben ejercer su labor, que incluso han sido motivo de paros. Parece obvio que hay una situación crítica que no debe seguir postergándose.
El agente chileno por la demanda marítima de Bolivia, José Miguel Insulza, se refirió a la polémica establecida por la eventual visita del canciller altiplánico, David Choquehuanca, a los puertos chilenos para inspeccionar si se cumple el Tratado de 1904.
En conversación con T13 Radio, el ex ministro sostuvo que la situación es "ridícula" y que si el canciller quiere venir al país debe anunciarlo a las autoridades locales.
"Si el canciller quiere venir, debe venir como canciller de Bolivia. Si viene en esa condición podrá hacer las visitas que quiera, si viene como turista, no puede entrar a lugares reservados", dijo.
Además, sostuvo que "ya no se usa que los cancilleres anuncien por los diarios que van a ir aun país sin siquiera avisar a los países a los cuales van. Tiene que notificarlo".
En esta línea añadió que el objetivo de Bolivia es que se hable más de Choquehuanca, que de la contramemoria chilena que será entregada hoy en La Haya.
Ayer el presidente de Bolivia, Evo Morales, arremetió nuevamente contra las autoridades chilenas, cuando aseguró vía Twitter que un "neocolonialismo racista gobierna Chile y que no reconoce a un canciller indígena".
En cuando a la contramemoria, Insulza -que se encuentra en Holanda- indicó que será entregada en las próximas horas, 12 días antes del plazo, y que a partir de ahí se esperará a que el país altiplánico presente sus réplicas. Si bien no quiso entregar mayores detalles, Insulza aseguró que "tenemos una memoria bastante completa y acompañamos con todos los documentos que se pueda acompañar, por si los jueces quieren verlos".
