|
|
Además, durante el consejo se aprobó el cambio de estatutos donde se suspenderá y/o expulsará a todo militante que esté acusado de algún delito, sobre todo aquellos que atenten contra la probidad y transparencia.
Durante el Consejo General de Amplitud realizado en el ex Congreso Nacional y en medio de la aprobación por unanimidad del Consejo al voto político, donde el partido se compromete a llevar candidato propio o del conglomerado Sentido Futuro a la primera vuelta presidencial, la senadora Lily Pérez asumió la presidencia de la colectividad.
La nueva timonel de Amplitud aseguró que su presidencia estará marcada por una agenda más social, donde los temas de mayor preocupación serán educación, salud y pensiones. "Le decimos desde aquí a la Presidenta Michelle Bachelet: No venda ilusiones, como partido exigiremos realidades", dijo la senadora.
En su discurso frente a los militantes de la colectividad, Lily Pérez, recalcó que el partido irá un paso adelante en materia de probidad y confirmó que el conglomerado continuará la conformación del partido en el resto de las regiones con recursos propios tal como ocurrió en la primera etapa, por lo que prescindirán de los recursos en materia de pasajes aéreos que otorgará el Senado.
Además, aseguró que el límite de la reelección de autoridades debe ser sólo de dos períodos, ya que "queremos que nuestros concejales sean alcaldes, que nuestros Cores sean Intendentes, y que nuestros diputados sean senadores", y propuso que los candidatos electos en las próximas elecciones municipales donen el 5% de sus ingresos como autoridades a alguna organización de la comuna donde fueron electos.
La propuesta presentada por la directiva saliente, encabezada por el diputado Joaquín Godoy, ante el primer consejo nacional del partido tras ser ratificado por el Servel, estipula que: "Como partido político nacional, y como una forma de consolidar y dar proyección a nuestro proyecto de centro liberal, es que no se entendería apoyar una candidatura externa. Aún más, si esta proviene de los dos bloques tradicionales, que pese a sus cambios de nombre, siguen siendo lo mismo desde 1990".
Además, consejo en pleno aprobó el cambio de estatutos que agrega la suspensión y/o expulsión de los militantes que sean investigados o condenados por delitos marcando la diferencia con otros conglomerados.
"De esta manera, se marca una gran diferencia con el resto de los partidos políticos que tienen acusados dentro de sus filas y no han dado señales claras de transparencia hacia la ciudadanía. En Amplitud damos esta gran señal, porque las reglas éticas las fijamos nosotros", aseguró el secretario reelecto, diputado Pedro Browne.
El próximo Consejo de Amplitud se realizará el 19 de noviembre de este año.
Lee también:
En 2007, cuando partió el Transantiago, las condiciones para operar pactadas entre el gobierno y los privados eran de las "mejores del mundo", describe José Ferrer, director de Alsacia-Express, la mayor empresa del sistema, con 1.872 buses y 93 servicios que cruzan la capital. En contraste, el Ejecutivo reconoce que la firma hoy se encuentra en su peor crisis financiera: adeuda a inversionistas extranjeros y fabricantes de vehículos, US$ 400 millones. "No pudimos cumplir ni siquiera en forma parcial con una cuota, por lo que caímos en un default total", señala. No hace ninguna autocrítica respecto a la mala gestión que les endosa el gobierno, sino que Ferrer plantea que su situación se debe a los cambios de contratos (pago por pasajero transportado en un 70%), en 2012, y que no ha habido una modificación de los mismos, lo que agravó las condiciones. ¿El ministro de Transportes tiene responsabilidad en este problema? "El es el director de orquesta y lo que suceda en Transporte es su responsabilidad", responde.
Ustedes comenzaron a operar sin dificultades aparentes. ¿Qué los lleva a este escenario?
Este es un sistema que en sus orígenes tuvo un comienzo complejo, con una tasa de mortalidad alta: se partió con 14 operadores y hoy son siete concesionarios. Yo estuve desde la primera renegociación de contratos y la puesta en marcha de un sistema es muy agonizante. Se requiere de mucha voluntad política y de los privados para enfrentar sorpresas. El contrato de concesión con el que partió el sistema era uno de los mejores del mundo, porque contemplaba la capacidad de tener un equilibrio financiero, lo que era bien visto por los inversionistas. Era de bajo riesgo.
Luego vino la renegociación de contratos de 2011. ¿Qué impacto trajo para el sector?
La propuesta de contrato fue rechazada por el grupo Alsacia-Express en su momento, debatida financieramente y técnicamente y se extendió por muchos meses el análisis: fuimos los últimos en firmar. Nuestra continuidad en el sistema fue condicionada a la aprobación de los contratos. Se nos amenazó de que no terminaríamos las concesiones si no los aprobábamos y por ello alertamos al grupo de los problemas que veíamos, de los riesgos. La tarifa que se nos fijó no tenía el respaldo técnico y tuvimos que aceptar ingresos inferiores a los que debían ser. Además, hicimos inversiones para reducir la evasión, buscando capturar recursos a través de las validaciones.
¿Qué impacto observan hoy luego de que se aceptaran esas condiciones?
Durante los últimos años se afectó al estructura de costos y los ingresos por diversas situaciones. La industria cayó en demanda, lo que se traduce en que hemos perdido el 25% de las validaciones, tenemos costos para controlar la evasión que no se compensan y descuentos que alcanzan los US$ 20 millones por año, al no lograr los indicadores. Pero hay que entender que esos indicadores están impactados por la flota, su estado, comportamiento de conductores y eventos en la ruta.
Tenemos un deterioro progresivo de la flota -que cumple nueve años- y se opera en una infraestructura inadecuada. También se trabaja con un nivel de vandalismo no observado en ningún otro país de América Latina. Eso impacta en la reparación de los buses y en los descuentos por la falta de vehículos. Esto es equivalente a que tuviéramos nueve jugadores de fútbol en la cancha ¿Qué posibilidades tenemos de ganar? El ministerio nos ha obligado a mantener un plan inviable por los últimos dos años y que ha sido validado aunque haya déficit.
¿Eso los lleva a un desequilibrio económico total?
El desequilibrio económico ha ido en aumento por un nivel de ingresos que cae y los mecanismos de ajuste que no contemplan los factores clave. Nos sorprende escuchar al gobierno decir que las empresas tienen los suficientes recursos debido a su operación. Pero en ello no se considera el componente del endeudamiento en la estructura de capital. Por ello, cuando se habla de retornos, uno debe hablar del resultado después de las obligaciones financieras.
¿A cuánto asciende la deuda hoy y qué piensan sus acreedores sobre su realidad en Chile?
La deuda asciende US$ 400 millones, de los cuales US$ 350 millones corresponden a los bonistas, mientras que el resto es con brazos financieros, es decir, los fabricantes de buses (Volvo y Scania). Además, hay deudas hipotecarias por un terminal. Es el monto más alto del sistema. La principal frustración de los acreedores es que han visto que el actuar del gobierno va en contra de un contrato de concesión. No entienden por qué el Estado chileno ha sido exitoso en promover alianzas público-privadas, ha protegido la inversión extranjera históricamente, pero hoy posee un comportamiento que se aparta de lo que ha sucedido con otro tipo de industrias. En Chile nunca ha habido financiamiento para empresas del Transantiago y buscamos capitales afuera, pero hoy tenemos las puertas cerradas. Teníamos un pago de la deuda (de US$ 23 millones) en junio y no pudimos cumplir ni siquiera en forma parcial, por lo que caímos en un default (suspensión de pagos).
¿Hay riesgo de que no puedan seguir operando si no reciben recursos?
Acordamos con los acreedores un plazo de 90 días de gracia durante el cual los bonistas no van a ejercer acciones contra nosotros. Y vamos a trabajar en que esto se solucione. Cuando estás en cesación de pago, hay otros actores que toman decisiones que gatillan procesos. Luego de los 90 días, y si no hay acuerdo con ellos, pasaremos a un período donde vamos a enfrentar incertidumbres, pero tendremos la capacidad de operar intacta y resultados operacionales que nos permitan estar al día. Pero a los acreedores les deberemos.
Evaluación
El gobierno dice que hay empresas en similares condiciones con un buen desempeño...
Nos sorprende la falta de interés del gobierno en entender el funcionamiento de las empresas. Hemos extendido invitaciones al ministro de Transportes y a su equipo para que puedan aclarar cualquier duda, abrir procesos de auditoría y comprender nuestros resultados. Cada empresa tiene su propia estructura y funcionamiento. Ejemplo de ello es que el 75% de nuestros servicios que comienzan a operar fuera de las terminales, eso lleva que hayan kilómetros en vacío, los que llegan al 15% del total, lo que no son pagados. Hemos pedido cambios para que este factor se contemple hoy y también en la próxima licitación, pero no hemos sido escuchados.
¿Qué requerimientos están realizando a la autoridad hoy?
Ellos aceptaron reajustar por la caída de pasajeros y el proceso del panel de expertos fue tortuoso, porque se declararon incompetentes. El gobierno no aceptó tratar algunos temas, como el aumento de los vehículos de reserva y la renovación de la misma. La posición ante estos puntos en el último año y medio fue una posición 'fiscalista', no reconociendo el contrato de concesión. Pero, en 2012, hubo condiciones de ajuste en los contratos a operadores, a quienes se les renovó la flota y se les aumentó la tarifa. Hemos pasado por una situación de flota muy compleja que tiene un componente de calidad y cantidad: en la medida que la velocidad baja en las calles, se genera un requerimiento de buses extra. Y si el vehículo envejece, los tiempos requeridos para el mantenimiento aumentan y la cantidad de máquinas, finalmente, baja.
¿Han obtenido alguna respuesta en concreto?
Hemos estado en forma permanente solicitando un análisis profundo. La autoridad establece los ingresos y costos, además de los recorridos. Hay que ver cuántos cambios se han establecido en el programa operacional en los últimos 36 meses. Este gobierno no ha hecho nada y ha incumplido sus responsabilidades, especialmente, el equilibrio económico.
¿Tiene responsabilidad el ministro de Transportes en estos problemas de la industria?
El ministro (de Transportes) es el director de orquesta, tiene nombre y apellido, acá hay responsabilidades personales. Es ineludible que él es responsable de lo que suceda en el sector Transportes. Pese a que hay estudios respecto a estos problemas, no ha habido una respuesta adecuada para el usuario, ante lo masivo que es el transporte público. Ante el diagnóstico hecho por los operadores, no hubo un acompañamiento de la autoridad. Hay déficit que nos siguen golpeando: la gestión de flota que estaba en los contratos iniciales; la evasión y que se nos responsabilice por ella, porque no estamos encargados del orden público. Existen apenas 3,5 estaciones de recarga por cada 10 mil habitantes (de la tarjeta Bip). ¿Y quién pone las reglas del juego? es el gobierno, que ve los servicios, los contratos, aprueba flotas. Quieren evadir su responsabilidad en el tema.
¿Participarán de la licitación de 2018?
Nos preocupa que cuando llegue el momento de financiar las inversiones en miras a la nueva licitación, las puertas del financiamiento van a estar cerradas. El proceso que vivimos puede condicionar el participar en una próxima licitación, en la medida que no logremos hallar un mecanismo para solucionar la situación financiera.
Respecto al interés de la industria internacional, tenemos conocimiento de que la autoridad ha hecho gestiones en los últimos 12 a 18 meses con operadores que conocemos. La respuesta que han tenido es que no están interesados en participar en el sistema, en este momento. Algunos de ellos visitaron Chile, se familiarizaron con el sistema y la verdad, objetivamente, ven que el sector tiene situaciones preocupantes: varias quiebras, las empresas endeudadas, entonces las compañías extranjeras dicen "¡yo no lo haría mucho mejor!".
La fundación Avanza Chile inició esta semana un espacio audiovisual y el primer video fue protagonizado por el ex Presidente, Sebastián Piñera.
En las denominadas "Sesiones Avanza Chile", el ex mandatario realiza un crítico análisis de la situación del país.
"¿Qué le está pasando a Chile, porqué vamos por mal camino, que ataja el poderoso vuelo de la república?", dice en su intervención.
"Los resultados de este Gobierno han sido muy pobres en todos los campos", continúa Piñera, quien en los minutos que dura el material habla de realizar un "proyecto de unidad nacional".
"Cuando terminó nuestro gobierno, tres de cada cuatro chilenos creía que Chile iba por buen camino, hoy es justo lo contrario, tres de cada cuatro cree que Chile va por mal camino", dice.
"Las principales reformas estructurales tienen la oposición de una inmensa mayoría de chilenos", manifiesta.
"La gente sabe que no estamos aprovechando en plenitud nuestro potencial", agrega.
Piñera entrega además su diagnóstico de la situación político-social del país y sus propuestas, que según la fundación tienen como objetivo "recuperar el potencial perdido" de Chile en los últimos años.
"¿Cómo recuperar el buen camino? Primero, creando un proyecto de unidad nacional", dijo Piñera.
"Chile puede y tiene que recuperar el liderazgo y el dinamismo, la capacidad de crecer con fuerza", planteó.
PUB/NL
La aprobación de la Presidenta Michelle Bachelet cayó a su nivel más bajo desde que asumió en 2006 y alcanzó el 22%, es decir, dos puntos menos que la evaluación de mayo cuando obtuvo un 24%. Sin embargo, la desaprobación se mantuvo con respecto al mes pasado en 72%.
Durante ese mes comenzó la polémica con Revista Qué Pasa y se concretó la renuncia de Jorge Burgos como ministro del Interior, en cuyo reemplazo llegó Mario Fernández. Además, se anunció la demanda contra Bolivia por el caso del Silala.
Pero además, en ese periodo la violencia tras las manifestaciones estudiantiles generaron debate por la destrucción de un crucifijo de la Iglesia de la Gratitud Nacional, y por los destrozos en la toma del Inba.
Con esto, Bachelet enfrenta su periodo más bajo y mínimo en toda la serie histórica desde que asumió en el Ejecutivo hace diez años. Las disminuciones más relevantes fueron en la evaluación de las mujeres y entre los habitantes de Santiago.
En cuanto a los atributos presidenciales, la encuesta señala que "las alzas más relevantes son "Cuenta con liderazgo" 40% (+5 puntos). Asimismo, "Cuenta con capacidad para solucionar los problemas del país" y "Es activa y enérgica" aumentan en 4 puntos, llegando a 44% y 39%, respectivamente. Por otro lado, se produce una caída relevante en "Es respetada por los chilenos" (-5 puntos), atributo que llega a 37%. En último lugar se encuentra nuevamente "Le genera confianza" con un 36%."
La evaluación más baja de Bachelet en su primera administración, fue en septiembre de 2007 cuando llegó al 35%. Sebastián Piñera, en tanto, tuvo un mínimo de 26% en abril de 2012.
Los presidentes de Renovación Nacional y Evópoli destacaron que el expresidente, Sebastián Piñera, inicie una gira por el país. Sin embargo, reiteraron que el abanderado del sector debe ser elegido a través de una primaria legal.
Y es que a pesar de que aún mantiene en suspenso si será candidato presidencial, el expresidente, Sebastián Piñera, para muchos al interior de Chile Vamos ya actúa como tal.
El exmandatario, junto con aumentar sus apariciones mediáticas, el próximo 11 de julio llegará hasta el Centro Cívico de Vitacura para participar de la presentación del libro "La Historia se Escribe Hacia Adelante", que cuenta sobre el primer gobierno de centroderecha desde el retorno de la democracia. Texto que fue escrito por Mauricio Rojas.
Posterior a eso, el exjefe de Estado, iniciará una gira en ocho ciudades a lo largo del país, con el objetivo de promover dicho libro.
El diputado y presidente de Renovación Nacional, Cristián Monckeberg, valoró que el exmandatario ocupe su capital político para difundir las ideas de la centro derecha. Sin embargo, recordó que el candidato del sector debe ser elegido a través de primarias legales.
Si bien Monckeberg sostuvo que le corresponde al expresidente Piñera definir en qué momento tomará una decisión sobre su candidatura, reiteró que ya actúa como abanderado presidencial.
El diputado y presidente de Evópoli, Felipe Kast en tanto, también destacó que el exmandatario recorra el país. Al igual que su par de RN, dijo que el candidato del sector debe ser elegido a través de primarias. Además reiteró sus intenciones presidenciales.
Por otro lado, el diputado y exmilitante de la UDI, José Antonio Kast, inició el proceso para recolectar las 35 mil firmas que necesita para ser candidato presidencial.
Situación que preocupa al interior de Chile Vamos, ya que podría significar que algunos votos del sector se vayan hacia él.
Kast indicó que ya comenzaron a dejar carpetas en las notarías del país, con fichas de adhesión a su candidatura.
El ex presidente, Sebastián Piñera, en varias entrevistas ha reiterado que decidirá en marzo del próximo año si será candidato presidencial.
"Si faltaba algo para deprimir las expectativas en materia de inversión es que se mantuvieran latentes posibles alzas tributarias en el futuro, para financiar la gratuidad universal de la educación", advirtió el economista y director de empresas, Aldo Lema, en un primer acercamiento a la propuesta del gobierno.
El proyecto de educación superior, que ingresó ayer por la tarde al Congreso por la Cámara de Diputados y sin urgencia, es la última de las iniciativas comprometidas por la administración Bachelet dentro del ciclo de la gran reforma a la educación, como ella la definió.
En el texto se plantea la ruta para lograr la gratuidad para el 100% de los alumnos, incluidos los de mayores ingresos. Según la última minuta entregada por el gobierno a distintos parlamentarios, para incluir a los estudiantes del sexto decil en 2018 se requiere que los ingresos estructurales como porcentaje del PIB tendencial (capacidad de crecimiento de la economía en el largo plazo), lleguen al 23%. Luego, esa relación debe avanzar hacia el 23,5% para la llegada del decil siete. Para el octavo decil la exigencia es un punto más (a 24,5%); del ocho al nueve el salto es de dos puntos (a 26,5%) y del nueve al diez, tres puntos (a 29,5%), lo que a juicio de los expertos es muy difícil de lograr.
Aldo Lema precisa que, según lo que se conoce hasta ahora, los números no dan, y por lo mismo ello es terreno fértil para que "grupos de presión intensifiquen sus acciones pidiendo nuevas alzas de impuestos", donde el impuesto a la renta y el de las personas figuran como los candidatos de primera línea.
Algo de ello ya se verificó ayer tras el comité político efectuado en La Moneda. Al término de la cita, el presidente del Partido Comunista, Guillermo Teillier, enunció que para cumplir con la gratuidad quizás sea necesario que el próximo gobierno realice una reforma tributaria.
Otro economista plantea que para cumplir con los objetivos, según lo esbozado hasta ahora, "se necesitarían dos reformas tributarias para alcanzar al 29,5%, requisito para la gratuidad total". El experto detalla que se apunta a 6 puntos del PIB , unos US$ 18 mil millones de recaudación en régimen para llevar la gratuidad del 60% al 100%.
En esa misma línea, el economista de la U. Adolfo Ibáñez, Claudio Agostini, asegura que la fórmula para el avance de cobertura de la gratuidad condiciona la incorporación de más deciles a la recaudación vía mayores impuestos que los actuales. Un mayor crecimiento económico del país no es suficiente.
"La única manera de cumplir con la fórmula es haciendo una nueva reforma tributaria, porque sólo se puede incorporar a más deciles en la medida que se recaude más respecto al PIB y para eso se necesita modificar la carga tributaria con una reforma que la aumente", detalló Agostini.
Ahora bien, aun cuando hubiesen nuevas reformas, los expertos advierten que también se necesitarán recursos para otros objetivos, tal como ocurrió con la reforma tributaria de 2014. De hecho, la propia ministra de Educación, Adriana Delpiano destacó que no todos los recursos asociados a un eventual crecimiento pueden ser dedicados a educación, ya que "también existen otras necesidades".
Para Gabriel Iturra, presidente de la Federación de Estudiantes de la U. Central y vocero de la Confeh, es difícil estimar el avance de la gratuidad. "No sé cuántos años se demorará el gobierno en alcanzar la universalidad, ya que son muchos los factores que influyen para lograr ese objetivo, pero es una posibilidad que sea en 30 años o incluso más. No es lo que queríamos, porque esto extenderá el endeudamiento de las familias".
Bola de cristal
Para Sergio Urzúa, economista de Clapes-UC, toda proyección de cifras económicas está sujeta a revisiones. En este sentido, agrega, "el espíritu de la propuesta es clara: nadie puede asegurar hoy con seguridad que existirá gratuidad universal en educación superior en Chile en el futuro".
Para el experto, "dada la realidad económica actual del país y todas las proyecciones, sería sorprendente que la extensión a otros deciles se concrete durante la próxima década" y añade que la gratuidad universal "representa un capricho que no es sustentada por argumentos técnicos. Durante las próximas décadas, Chile enfrentará desafíos importantes que requerirán inmensos recursos públicos en materias de salud, pensiones, educación pre escolar, básica y media, entre otras. Los pasivos contingentes generados por la propuesta de gratuidad universal serán una traba", sentenció.
Una opinión similar manifestó el presidente de la Comisión de Productividad del gobierno, Joseph Ramos, quien más allá de si la fórmula cuadra o no tiene reparos de fondo. "Más que gratuidad universal, creo que es más urgente tener un ingreso ético de $ 300 mil; garantizar la educación técnica superior, asegurar una educación básica y media de calidad, ampliar la pre básica, creo que esos recursos debieran destinarse a otros objetivos", acotó.
Para la economista de Libertad y Desarrollo (LyD), María Paz Arzola, la propuesta no es clara, ya que habla de ingresos estructurales y también de carga tributaria, lo que es un error. Si efectivamente fueran ingresos estructurales, a su juicio sería "difícil llegar a la gratuidad".
De ahí que Arzola espera una mayor claridad en los parámetros, y más allá de ello cree que la reforma educacional está mal enfocada, al igual que Stefano Zecchetto, del Instituto Libertad, para quien la fórmula del gobierno resulta "algo riesgosa", pues las reformas tributarias tienen efectos de largo plazo, sobre todo en países pequeños como Chile, ya que terminan afectando el capital, los salarios y el crecimiento, más aún "en un escenario de incertidumbre como el actual".
