PRESIDENTE HUGO DOLMESTCH EN CUENTA PÚBLICA 2016: "HAY UN QUIEBRE EN HÁBITOS DE PRUDENCIA, DIGNIDAD Y SOLIDARIDAD EN NUESTRAS VIDAS DIARIAS"
El presidente de la Corte Suprema, Hugo Dolmestch Urra, llamó a las autoridades de los poderes Ejecutivo y Legislativo a realizar una serie de modificaciones legales que permitan mejorar la gestión del Poder Judicial en diversas materias, tales como: tramitación de procesos del antiguo sistema criminal; cumplimiento efectivo de las penas y situación carcelaria, y los recursos de protección interpuestos por alzas de planes de isapres.
Al encabezar la ceremonia de rendición de la Cuenta Pública 2016 –a la que asistieron entre otras autoridades, la ministra de Justicia, Javiera Blanco; el presidente del Senado, Patricio Walker; el fiscal nacional, Jorge Abbott; el contralor general de la República, Jorge Bermúdez, y el presidente del Tribunal Constitucional, Carlos Carmona–, el presidente Dolmestch destacó la gestión realizada por el Poder Judicial en 2015, y anunció los desafíos para el periodo que comienza.
El presidente de la Corte Suprema recordó los principios de independencia del Poder Judicial, pronunciados el 6 de enero pasado, cuando asumió la testera del máximo tribunal del país.
"Reafirmo con fuerza que la independencia judicial y la inamovilidad de los jueces son los pilares fundamentales de nuestro quehacer y el sustento del Estado de Derecho. Lo anterior importa el pleno respeto a la autonomía e independencia de los restantes poderes del Estado, por una parte, y en lo interno, dar todas las garantías de imparcialidad a los jueces en la tramitación y decisión del asunto sometido a su conocimiento. Las manifestaciones previas y prejuiciadas respecto de temas sobre los que habremos de decidir y las declaraciones genéricas de carácter ideológico hechas al margen del proceso –que siempre ha de ser racional y justo– no corresponde hacerlas. No pueden existir ganadores o perdedores anticipados en el juicio, pues debe darse garantía absoluta de ecuanimidad para todas las partes y un razonamiento adecuado a la decisión", dijo Dolmestch.
Además, el ministro Dolmestch insistió en que no existe en los tribunales chilenos un supuesto "activismo judicial" y aseveró que los jueces de todas las instancias, actúan guiados por la legislación interna y por la aplicación de los tratados internacionales suscritos por Chile.
"En los últimos años existe una crítica sostenida por una parte del foro y la sociedad, en el sentido que esta creación jurisprudencial puede confundirse con un activismo exagerado de los jueces, que podría conducir a una suerte de dictadura judicial, sobre todo en razón de que por esta vía se interviene gran cantidad de actos de la administración y que se relacionan especialmente con la actividad económica del país (…) Afirmo que ello no es así, no tiene ese alcance aquella proyección, ni mucho menos obedece a una política o estrategia judicial determinada. Lo cierto es que en tales casos, seguramente ante la inexistencia de tribunales administrativos, se ponen en riesgo directamente los derechos de las personas y allí, por mandato expreso de la Constitución, la jurisdicción no puede sino intervenir, particularmente por la vía de los recursos de protección. Es así como, en la actualidad y por los antecedentes que hemos recogido –profusamente divulgados por la prensa– y tal vez como consecuencia de la actuación más eficaz de la administración y de los oferentes, como también de los tribunales especializados, sobre todo en materia ambiental, existen muchos proyectos en ejecución y que no sufren medida judicial alguna que interrumpa su trabajo".
Sobre este punto, agregó: "La Corte Suprema ha entendido siempre que su labor y facultades están limitadas a los términos que la Constitución le ha fijado y así no interviene y acata cuando corresponde, las decisiones de los otros poderes del Estado, actitud de reciprocidad que reconocemos en los actuales Ejecutivo y Legislativo".
Ingresos
El presidente de la Corte Suprema destacó, además, la labor realizada por su antecesor en el cargo, el ministro Sergio Muñoz Gajardo, y dio a conocer las cifras de ingresos de causas en distintas instancias, informando que en 2015 ingresaron en cifras gruesas, 3 millones 800 mil procesos en primera instancia, 235 mil causas en las 17 Cortes de Apelaciones del país y se registraron 38 mil ingresos en la Corte Suprema.
En este aspecto, reveló la gestión de las diversas unidades y comités de la Corte Suprema y la Corporación Administrativa del Poder Judicial.
Condiciones carcelarias
El ministro Hugo Dolmestch manifestó especial preocupación por la situación de las personas privadas de libertad en el país y recordó que ha sido preocupación permanente de los jueces, ministros de Corte de Apelaciones y de la Fiscalía Judicial desde hace varios años.
"Creo necesario reflexionar sobre una preocupación prioritaria de la ciudadanía y que dice relación con la seguridad pública. En efecto, tal problemática se ha instalado en el debate nacional y en la discusión política y legislativa. Observamos con preocupación que se plantee como única solución a ésta la cárcel para todos quienes delinquen. Atendida esta realidad, la situación carcelaria, fuente indiscutida en la generación delictual, debe ser un tema que analicemos y tratemos en profundidad y con decisión. Cuando como sociedad pregonamos sobre el empleo de la cárcel como mecanismo de solución, sin dimensionar sus condiciones, no nos hacemos cargo de las causas que motivan la delincuencia", afirmó el magistrado.
En este sentido, agregó: "Como Poder Judicial, como Estado y como ciudadanos, no podemos contentarnos con descansar en el hecho de que la sanción ha sido impuesta. Necesitamos asegurarnos de que ella sea humana, legítima y, en suma, justa. Sin eso, incumplimos uno o más determinados deberes morales, pues la sanción se deslegitima y se transforma pura y simplemente en violencia de Estado (…) el desafío que como país debemos asumir es el de transparentar esta realidad y atacarla de manera frontal. Se requieren más recursos y políticas de desarrollo para cambiar drásticamente esta situación. Así las cosas, espero que desde el Gobierno, desde el Parlamento y desde el Poder Judicial no sólo hablemos de delitos y cárcel, sino que participemos de las acciones dirigidas a enfrentar las causas de la delincuencia, conscientes de la precariedad e injusticia que la cárcel absorbe y reproduce".
Al referirse particularmente a la situación de los adolescentes infractores de ley, el presidente de la Corte Suprema llamó a asumir la problemática desde una perspectiva integral y ampliando iniciativas de justicia restaurativa como los tribunales de tratamientos de drogas.
"No parece que existan antecedentes completos para elaborar la respuesta que, de seguro, merecen todos estos niños, niñas y adolescentes, pero existen algunos signos de esperanza, por ejemplo, en la justicia restaurativa que se orienta a acoger a los afectados y eliminar o disminuir las condiciones que provocan el problema, de manera que víctimas, imputados y la sociedad puedan reconstruir sus relaciones", sostuvo el ministro Dolmestch.
Añadió, además: "ahondar en medidas constructivas como ésta, en especial respecto de los jóvenes, parece ser una alternativa eficaz y por sobre todo humana en una etapa fundamental de la formación de la persona. De hecho, según la declaración de Doha –instrumento internacional del que Chile es parte– los países deben propender a guiar su política criminal hacia esta clase de medidas. Espero que, como Estado, nos pongamos de acuerdo en el diseño y concreción de una institucionalidad que permita fortalecer el programa descrito con particular énfasis en los menores infractores. Hoy, con los antecedentes, experiencias y resultados que hemos reunido, nos atrevemos a insinuar el estudio e implementación de un serio plan de acción dirigido a una de las fuentes de producción del delito, como lo es el intensificar la actuación de los tribunales de tratamiento de drogas, dirigida su aplicación, ahora, lo más masivamente posible, a los jóvenes adolescentes que se involucran en actos delictivos, como intervención del sistema penal y bajo el control judicial".
Tribunales de ejecución
Para afrontar el tema de la delincuencia y de los menores infractores de ley el ministro Dolmestch propuso retomar la idea creación de tribunales de ejecución de penas que ya ha sido discutida en los poderes Ejecutivo y Legislativo.
"Existen buenas razones que aconsejan insistir en la implementación de tribunales especializados de ejecución penal en nuestro país. Desde ya, y como lo hemos dicho antes, es relevante señalar que la carga de trabajo de los tribunales asociada a materias de cumplimiento alcanza a entre un 10% y un 15% del total de las audiencias que se realizan ante un tribunal. Esta medida podría, además, asegurar una mayor uniformidad en los criterios judiciales aplicados y extender buenas prácticas, mejorar las coordinaciones interinstitucionales necesarias y consolidar una mirada integral en esta materia que abarque la ejecución completa de la sentencia (…) Por esta razón, aparece de toda conveniencia que, sin perjuicio de los esfuerzos que se puedan desplegar por los actores institucionales para coordinar la gestión de la ejecución de las penas y medidas de seguridad, se evalúe por las autoridades correspondientes la necesidad de persistir en la idea de regular legalmente la materia, en función de la carga de trabajo que implican las actividades relacionadas a la fase de cumplimiento de las sentencias y por la trascendencia de las materias que han de ser resueltas, tanto para la dignidad de las personas, como para promover el efecto resocializador de la pena".
El presidente Dolmestch, asimismo, se refirió a la situación de procesos que se tramitan en la Región Metropolitana en los antiguos juzgados del crimen y que se extienden por más de 10 años desde la implementación en el país de la Reforma Procesal Penal.
"Se advierte que las medidas orientadas a agilizar la marcha de esos juzgados hacia un cierre definitivo no resultan suficientes. Si se consideran las estadísticas más recientes respecto a estos tribunales, las causas en plenario sin fallo son mínimas en comparación a los sobreseimientos, prescripciones de pena y las órdenes de aprehensión pendientes. Creemos que la solución debe ser legislativa, toda vez que, con definiciones de esa naturaleza que innoven en la tramitación de estas causas, innegablemente destinadas a fenecer, pero que mantienen como hemos dicho medidas cautelares u órdenes de aprehensión pendientes o que, por el tiempo transcurrido en absoluta inactividad no admiten otro camino que el sobreseimiento definitivo por prescripción, los últimos juzgados del crimen en actividad verán desahogado el nivel de asuntos que aún tienen a su cargo", dijo.
Sobre la materia, el presidente Dolmestch aclaró que este tipo de solución debe excluir las causas iniciadas por violaciones a los derechos humanos, originadas tras la interrupción institucional del 11 de septiembre de 1973.
Alzas isapres
El ministro Dolmestch también propuso la implementación de cambios legislativos relacionados con el alza de planes de salud de las isapres, procesos que se han incrementado ostensiblemente en los últimos 7 años, lo que implica que el Poder Judicial esté invirtiendo actualmente, sólo por concepto de remuneraciones para unidades especiales de tramitación, un millón de dólares al año.
"Ha llegado la hora de asumir, creemos, con la seriedad y celeridad que tanto la ciudadanía como el normal funcionamiento de la jurisdicción exigen, la activación del cambio legislativo destinado a esta finalidad; problemática que debería ser asumida como una política pública del sector salud y también del sector justicia, con lo que por cierto se eliminaría este enorme ingreso de causas que importa un costo material y personal en los términos ya expresados", instó.
Hugo Dolmestch reiteró el llamado a retomar los proyectos concordados con el Poder Ejecutivo en la denominada "Mesa Judicial" y agradeció la aprobación de iniciativas como la ley que puso fin a la regla del turno y la que creó los tribunales de Alto Hospicio, Mejillones y Puerto Williams, y que redistribuyó vacantes de jueces de tribunales de Santiago en el resto del país.
En otro aspecto, el presidente de la Corte Suprema manifestó su preocupación por la desconfianza en distintos actores políticos y sociales del país y llamó a trabajar entre todos para mejorar esta situación.
"El país vive una situación particularmente preocupante y cuyos efectos mediatos aún desconocemos, pero que sí podemos suponer y que no son nada de auspiciosos, más aún me parece que sí son indignos de heredar a las nuevas generaciones. Y lo son o serían indignos por la doble circunstancia de, primero, haberlos provocado nosotros, como generación, y seguidamente, no haber sabido ni aún querido solucionarlos (…) Es la desconfianza total y recíproca de la ciudadanía, la falta de credibilidad que alcanza a todos, particularmente a nuestras instituciones básicas, con lo que lógicamente se resienten en su base las costumbres y hábitos que mucho nos halagaron y fortalecieron. Tanto el origen como las consecuencias obedecen precisamente al quiebre de los sanos hábitos de la prudencia, la sobriedad y la solidaridad en nuestras vidas diarias, tan propias de nuestra gente, que en general siempre sólo aspiró a tener un trabajo digno y con su producto mantenerse y educar a su familia. Alguien o más de alguien, excedió sus aspiraciones y frustró las de muchos. Necesitamos volver al equilibrio y la realidad de lo que efectivamente somos", aseveró el presidente Dolmestch.
Agregó que: "En esta cruzada de recomposición que nos urge, en lo que dice relación a nosotros como institucionalidad judicial –en cuyo concepto aspiro a entender ésta en su conjunto, esto es conformada por jueces, fiscales, defensores públicos y privados y policías, desde que la decisión jurisdiccional última es la consecuencia del actuar de todos– corresponde entregar al país un resultado condigno con su alta responsabilidad social y ético moral, resumen que ha de traducirse en sentencias que, respetando todas las reglas procesales y derechos sustantivos, devuelva aquella parte de la confianza extraviada haciendo que los chilenos queden con la sensación de que sí hubo justicia. Advierto desde ya que por lo menos a mí personal juicio y como lo he sostenido tantas veces en diversas resoluciones, esta necesaria sensación no sólo se expresa cuando se aplican penas o sanciones altas, o bien como algunos creen, mientras más altas mejor, sino que ella debe representar la genuina síntesis de un juicio justo del que habrá de surgir la convicción de que se ha entregado civilizadamente a cada cual lo suyo. Invito y exhorto desde esta tribuna a todos los actores del sistema jurídico nacional a cumplir cabal y honradamente con lo que es nuestro deber funcionario. Anido la esperanza cierta de que todos y cada uno de los chilenos, en su respectivo medio, haremos los esfuerzos necesarios para volver la vida ciudadana a su centro en el más breve plazo, única manera de lograr que nuestra gente confíe plenamente en sus autoridades, las organizaciones sociales y finalmente entre todos, nosotros mismos, pues sólo sobre esa base lograremos la paz, la tranquilidad y el progreso a que aspiramos. Para ello, en lo íntimo, a mi modesto entender, habrán de limitarse las aspiraciones en los términos tan acertados a que el Papa Francisco se refiere en su Encíclica Laudato Si al decir que esta debe consistir en el logro personal de una "feliz sobriedad", la cual más adelante agrega que ésta, cuando se vive con libertad y conciencia, es liberadora; y lo es porque de ese modo "es capaz de disminuir las necesidades insatisfechas y reducir el cansancio y la obsesión".
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Uno de los querellantes en los casos Penta y SQM asegura que el servicio ha tenido "una actitud errática" desde que aparecieron entre los involucrados personas del bloque oficialista. "Ha obrado con un criterio más bien político", dice.
LEONARDO CÁRDENAS 
