El Convenio de la Organización Internacional del Trabajo OIT número 169 del 7 de junio de 1989 obliga a los países a consultar a los pueblos indígenas y originarios en materia de proyectos que se desarrollen en sus tierras.
El Gobierno de Chile anunció que planea realizar una consulta en seis meses. Esto sería aplicando el decreto 66 vigente, que su partido político rechazó el año pasado durante las elecciones, al igual que hoy las comunidades.
Según cifras obtenidas a través del Servicio de Evaluación Ambiental de Chile, unos US$10 mil millones suman los proyectos de inversión cuestionados por las comunidades indígenas del país a través de este Convenio, informó la revista Electricidad el 18 de junio. Ecologistas y vecinos de los proyectos reclaman que los Gobiernos de Bachelet y Piñera trasgredieron este convenio y dieron curso a los proyectos sin la debida consulta.
El Gobierno de Chile anunció el 24 de junio que "el Ministerio de Asuntos Indígenas y el Consejo de Pueblos Indígenas - ambos organismos creados por el Estado- serán sometidos a consulta según convenio 169 de la OIT", según un comentario de twitter del Gobierno.
La Presidencia anunció en la misma fecha que la consulta se hará en un plazo de 6 meses y con ella se espera llegar a las 4.500 comunidades a lo largo del país. "Se desarrollará en cinco etapas: planificación, entrega de información, deliberación interna, diálogo y entrega de los resultados. En la consulta podrán participar las instituciones representativas de los pueblos indígenas, es decir, cualquier persona o grupo de personas que sean designadas por los pueblos para ser representada", según, dijo la Ministra de Desarrollo Social, María Fernanda Villegas, "La información sobre el proceso de consulta podrá seguirse a través del sitio web www.consultaindigena.cl donde se dará cuenta del estado de cada una de las etapas", dijo el Gobierno.
Sin embargo una comisión de la OIT reclamó este año al Gobierno de Chile de qué manera el decreto 66, que estableció el ex presidente Sebastián Piñera hará cumplir la ley: "La comisión solicita al gobierno que en su próxima memoria presente informaciones que permitan examinar la manera en que la nueva legislación asegura la efectiva consulta de los pueblos indígenas en todas las medidas susceptibles de afectarles directamente y da pleno efecto a las disposiciones correspondientes de los artículos 6, 15 y 16 del Convenio", señaló la comisión de la OIT en 2014, según cita el medio Pulso.
Las comunidades indígenas han estado reclamando estos puntos en las redes sociales, según Políticas Públicas.
La entidad internacional cuestionó el decreto pues emanó sin ningún acuerdo luego que el Estado de Chile llevara adelante un proceso de diálogo con representantes de los pueblos indígenas para consensuar la nueva normativa de consulta y participación, que finalizó en julio de 2013, señala el texto citado.
Doble pronunciamiento de Bachelet
Las comunidades indígenas chilenas además están cuestionando a Bachelet ya que su partido político antes de las últimas elecciones, se opuso al decreto 66.
Aucan Hulcaman, werken (autoridad) del Consejo de Todas las Tierras, a través de una declaración pública recordó que el decreto 66 adoptado por el gobierno del Presidente Sebastián Piñera, "fue declarado ilegítimo por todos los partidos políticos de la Nueva Mayoría cuando eran oposición, es decir, Partido Socialista, Partido Por la Democracia, Partido Radical, Partido Comunista, incluso pidieron su Derogación", por lo que cuestionan que el mismo Gobierno continúe con su aplicación, informó Mapuexpress, el 25 de junio.
"La presidenta Bachelet no se ha pronunciado sobre el cuestionado y viciado decreto de consulta Piñerista N 66", dijo a su vez Jorge Weke, werken del Parlamento Mapuche de Koz Koz en Panguipulli, al sur del país, según el medio Mapuexpress el 25 de junio.
Mapuches piden la derogación del decreto 66
En relación a los anuncios del Gobierno y de Bachelet el 21 de mayo sobre el ministerio y consejo, Weke recordó que "la gran cantidad de organizaciones mapuche y de derechos humanos ha exigido a la misma presidenta derogar este decreto. Asimismo, se le ha pedido la intervención al relator especial de los pueblos indígenas de la ONU, en su última visita a Chile, ya que transgrede directamente al propio convenio 169 de la OIT, sobre los estándares específicos de obligatoriedad del estado chileno, en el contexto del derecho internacional para la protección de los derechos de los pueblos indígenas, supeditando los procesos de consulta a la reglamentación del SEIA (Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental) en su decreto 40, cuando se trata de proyectos de inversión", según Mapuexpress.
El el sur de Chile, Endesa esta defendiendo la central hidroeléctrica Neltume (US$780 millones) en la Corte Suprema luego que un grupo de comunidades impugnara la consulta indígena de dicho proyecto, situado en la Región de los Lagos. La Corte de Apelaciones le dio la razón a la compañía, y esto fue apelado por las comunidades ante el máximo tribunal del país, según la revista Electricidad.
El proceso de consulta y las demandas del Pueblo Aymara
Por el norte la minera BHP se enfrentó recientemente a los Aymaras por la ampliación de Cerro Colorado (US$467 millones de inversión). Un grupo cuestionó la iniciativa obras de protección de la operación y el conflicto se encuentra actualmente en la Corte de Apelaciones de Iquique.
En otro caso, sobre el proyecto minero El Morro, de la canadiense Goldcorp, las autoridades afirmaron que la comunidad Aymara rechazó participar en el proceso de consulta indígena. "Esto obligó a la autoridad regional a continuar con el proceso de evaluación, pese a que no se llevara a cabo el proceso de consulta. Vale decir, se generó una segunda Resolución de Calificación Ambiental, poniendo la institucionalidad ambiental a prueba", informó Electricidad, el 18 de junio
El arqueólogo Rolando Ajata López, señaló ayer que "el decreto 66 que interpreta Convenio 169 nace políticamente muerto, sin el apoyo de las comunidades indígenas Aymara. El Gobierno de Chile quiere que los Aymaras se sumen al proceso de consulta, pero no acoge las demandas del Pueblo Aymara. Las organizaciones Aymara en pro de la defensa de la Pachamama y el 1/2 Ambiente decidieron unánimemente decir No a la minería".
25 comunidades Aymara se reunieron en un congreso celebrado el 30 de junio. Previamente cuestionaron si "¿la creación del Ministerio de Asuntos Indígenas va a solucionar los temas de fondo del ejercicio de nuestros derechos? Eso lo tenemos que conversar ampliamente.
Los dirigentes plantean también que esta consulta podría dividir al pueblo aymara y a los distintos pueblos originarios", de acuerdo al medio Puerto Libre.
"Se nos quiere imponer dos cosas. La aplicación del convenio a través del decreto 66 y otros temas relacionados a la aplicación del decreto 40 del Sistema de Evaluación Ambiental. Y al mismo tiempo se nos quiere imponer los temas", explicaron.
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