Demanda es en contra de 17 personas
Foto: Agencias
SANTIAGO.- En el 19º Juzgado Civil de Santiago, el abogado Mario Schilling presentó una demanda civil en contra 17 demandados y en representación de 80 accionistas minoritarios por el caso La Polar. De esta forma pasa a ser la primera demanda civil en contra de la compañía y es "en contra de aquellos que en el ejercicio, uso de sus cargos, roles, posiciones, y obligaciones legales, y que, ya sea abusando de aquellos o simplemente incumpliendo los deberes legales y/o contractuales que les cabían, contribuyeron en la producción de los daños y perjuicios experimentados por los demandantes".
Según el escrito presentado por el jurista los demandados son los siguientes:
Empresas La Polar, por infracción a la Ley de Sociedades Anónimas y a la Ley de Mercado de Valores, "especialmente en su deber de informar veraz, fidedigna e integramente sobre la verdadera situación de la empresa"
También es en contra de ex directores y ex gerentes de la compañía por infracción a las normas de la Ley de Sociedades Anónimas y a la Ley de Mercado de Valores, "por haber participado activamente en los hechos que determinaron la entrega de información no fidedigna a las autoridades, mercado en general y a los accionistas"
En contra de la empresa auditora externa independiente que auditó y opinó sobre los estados financieros de Empresas La Polar, PriceWaterhouseCoopers, tanto los consolidados, como los individuales, "dando siempre una opinión de razonabilidad, corrección y sustento de la información entregada por Empresas La Polar"
En contra de las dos clasificadoras de riesgo, que en el transcurso de los años fueron subiendo la calificación de las acciones de La Polar y de Empresas La Polar, "sin cerciorarse de la veracidad y sustento de la información sobre laque opinaron, dejando de validar sus propias clasificaciones avalando de ese modo antecedentes no reales; más aun certificando solvencia a través de las clasificaciones que fueron efectuando de Empresas La Polar y sus acciones", agrega.
En el escrito se solicita además, que se condene solidaria o individualmente a indemnizar a los 80 demandantes por todos los daños y perjuicios derivados del hecho de que fueron convencidos, instados o atraídos a invertir en acciones supuestamente rentables y emitidas por una empresa que presentaba una alta calificación de solvencia, siendo que esa imagen y calificación se basaba en la información financiera no real entregada a las autoridades, al mercado y público en general por la propia emisora, quienes la dirigían, la que fue reafirmada o respaldada por los auditores externos independientes y las empresas clasificadoras de riesgo.