Romaguera responsabiliza a Traverso, y diputado Tuma culpa a la ex subsecretaria BRUNO EBNER
Casi tres horas duró ayer la sesión en la que la ex subsecretaria de Educación Pilar Romaguera intervino ante los diputados de la comisión que estudia la acusación constitucional contra la ministra Yasna Provoste.
Romaguera no sólo evitó polemizar con la ministra: la exculpó de toda responsabilidad en las anomalías contables en el Mineduc; deploró la mentada cifra de los $262 mil millones no aclarados y culpó al ex seremi Alejandro Traverso del desorden en las cuentas de la seremi metropolitana de Educación.
Romaguera llegó al Palacio Ariztía a las 14:00 horas precedida de un ambiente caldeado. El miércoles, al contestar el libelo acusatorio en su contra, Provoste había dicho que la responsabilidad administrativa de su ministerio correspondía "por antonomasia a los subsecretarios".
Y el viernes, el ex ministro de Educación Martín Zilic -tal como en febrero, al destaparse el caso-, también acometió contra Romaguera recordando que ésta fue informada de las anomalías en el Mineduc antes de que él dejara la cartera, en junio de 2006.
La expectación de si Romaguera arremetería de vuelta en contra de Provoste llevó a los diputados firmantes de la acusación a hacer valer su derecho a voz e ir a la sesión a interrogarla.
Seremi responsable
Sin embargo, en la reunión (que la prensa sólo vio por televisión en una sala contigua) Romaguera fue cauta. Tras una larga relación de su gestión en el ministerio, de la intervención de la Contraloría tras conocerse las irregularidades a través de sus informes de auditoría y de las medidas tomadas para subsanarlas, vinieron las preguntas.
El diputado UDI Iván Moreira -sobre la base de la ley del Mineduc, que dice que el jefe del servicio es el ministro- la interrogó respecto de las precisiones de Provoste sobre la responsabilidad de los subsecretarios.
"El tema de las responsabilidades lo verá un abogado o quien corresponda. No creo que haya sido la intención de la ministra (asignarme responsabilidad)", dijo Romaguera, quien luego -y en forma sucinta- apeló a que todas las autoridades del Mineduc tenían algún grado de responsabilidad.
Acto seguido, evitó referirse a las palabras de Martín Zilic y, en cambio, aseguró que había sostenido múltiples reuniones de coordinación con la ministra al descubrirse las anomalías.
Romaguera reconoció que el avance de 2007 en las conciliaciones bancarias del ministerio fue mucho más rápido que en 2006 y que una de las grandes falencias del Mineduc fue no tener personal calificado para el tema contable. "Ese año (2007) pudimos entender mejor el problema, diseñar soluciones y capacitar a la gente", recordó.
Y luego, aunque no mencionó a Alejandro Traverso, añadió: "La responsabilidad en este sentido, de llevar las cuentas en detalle, sigue recayendo en la seremi".
Romaguera una y otra vez negó la existencia de la cifra no aclarada develada por la Contraloría, estimándola mediática. "Yo le puedo asegurar que no hay $262 mil millones perdidos, y que hemos hecho todos los esfuerzos para aclararlos", sostuvo, agregando además que cerca del 95% de esa cifra ya estaba conciliada y que "las subvenciones están en el bolsillo de los sostenedores que corresponden".
Otra pregunta fue por qué Romaguera prescindió del auditor ministerial Hernán Ortiz, quien le informó de las irregularidades y asistió ayer a la sesión. La ex subsecretaria Recordó que el puesto de Ortiz era de exclusiva confianza: "Cuando ésta se acaba, se acabó", dijo, no obstante gozar de buenas calificaciones como el caso del ex auditor.
A la salida, el análisis de la Alianza, en voz del diputado RN Germán Becker, fue que Romaguera "no aclaró nada ni se responsabilizó de nada. Quedamos en lo mismo de siempre. Sin responsabilidad de nadie".
Por su parte, el diputado Cristián Monckeberg aseguró que Romaguera habría ido con un esquema predeterminado y no entró al fondo del asunto para determinar la responsabilidad de la ministra. "Se dio vuelta en lo clásico, en superficialidades respecto de la orgánica en el Mineduc", reprochó.
En la Concertación, el diputado PPD y presidente de la comisión que investiga la acusación, Eugenio Tuma, dijo que existía un ámbito de la competencia de la ex subsecretaria que se le estaba imputando a la ministra. "En esta acusación constitucional todavía no está demostrado que las facultades que la ministra no ejerció las tenía ella. Según la versión de la propia subsecretaria, es la subsecretaría la que tenía ese ámbito", aseveró.
Por ello, consultado si Romaguera era la responsable de las anomalías, dijo: "Exactamente (...) Es la subsecretaria la que tiene que ver con los sumarios y las auditorías, nunca una ministra".
Tuma recordó que la misma Romaguera dijo que estaba entre sus facultades el entenderse con la Contraloría "y la prueba es que todos los documentos de la Contraloría están dirigidos a la subsecretaria y no a la ministra".
Diputados de la Alianza no asisten a la sesión de hoy
Estaban citados ante la comisión, algunos de cuyos miembros habrían cenado anoche con el defensor de Provoste, Luis Bates.
En medio de la exposición de Pilar Romaguera, un nuevo conflicto se dio entre los diputados acusadores de la Alianza y los que componen la comisión que investiga el libelo constitucional, todos del oficialismo.
Ello porque para las 10 horas de hoy se fijó una nueva sesión del comité ad hoc a la que estaban citados los diez diputados que suscribieron la comisión, con el objeto de aclarar sus fundamentos.
Sin embargo, los diputados opositores se negaron a asistir hoy. Afirmaron que ni reglamentaria ni legalmente correspondía una citación de ese tipo y, en subsidio, ofrecieron quedarse exponiendo hasta tarde en la sesión de ayer. Pero esto fue denegado por el presidente de la instancia, Eugenio Tuma (PPD).
Por eso, ayer, a la salida de la comisión -y mientras Romaguera abandonaba rápidamente el Palacio Ariztía sin hacer declaraciones-, hubo reproches cruzados a viva voz.
La Alianza recriminó que la estrategia de Tuma era crear una "pirotecnia comunicacional" para concitar hoy a la prensa. Acusó a los oficialistas de no haber trabajado durante ocho días -bajo la excusa de la semana distrital- y de no citar a la comisión a 20 de los 21 invitados que la oposición había pedido, entre ellos el ex ministro Zilic y Hernán Ortiz.
En respuesta, los diputados oficialistas -con la excepción de René Alinco, que no estaba- aseguraron que estos días se habían dedicado a examinar la llamada "cuestión previa", que ya tenían analizada en un 90%. Esto, pese a que la Alianza insiste en que la "cuestión previa" sólo se vota en la sala.
"Esta comisión tiene el deber de pronunciarse sobre la cuestión previa antes de la sala. De no ser así estaríamos transgrediendo el reglamento", dijo el PPD Jaime Quintana.
No obstante, en el oficialismo trascendió que la verdadera razón de los diputados de la comisión para no quedarse ayer hasta tarde fue que algunos de ellos cenarían por la noche con el abogado de Provoste, Luis Bates, para interiorizarse de la defensa de la ministra. Ello con el objeto de enfrentar hoy con esos argumentos a los diputados de la Alianza.
Hitos de las irregularidades en Educación
El 4 de febrero pasado, el contralor Ramiro Mendoza notificó a la ministra Yasna Provoste del resultado de un sumario administrativo que, desde junio de 2007, realizó en la seremi metropolitana.
El sumario determinó la existencia de $262 mil millones, traspasados desde el nivel central del Mineduc a la seremi entre 2004 y 2006, cuyo destino no estaba aclarado.
Por la gravedad de las irregularidades, el contralor recomendó la destitución del seremi Alejandro Traverso, sanción que le impedía ocupar cargos públicos por cinco años. El seremi pidió a la Contraloría reconsiderar la recomendación, pero su petición fue rechazada. Finalmente, la ministra desoyó a Mendoza y aplicó sólo dos meses de suspensión, pero antes ya le había aceptado la renuncia que presentó en 2007.
Luego de escuchar las declaraciones ante la Comisión de Educación de la Cámara por parte de la ministra, quien dijo que había diferencias en cómo se calculó la cifra anómala, y del contralor, quien manifestó que mientras no se respalden las conciliaciones bancarias de 2004, 2005 y 2006 no se podrá determinar la existencia de delitos, la Alianza confirmó que acusaría constitucionalmente a Provoste.
Y el 7 de marzo, los diputados RN Mario Bertolino, Germán Becker, René García, Rosauro Martínez y Alfonso Vargas, y los UDI José Antonio Kast, Enrique Estay, Iván Moreira, Juan Masferrer y Darío Paya firmaron e ingresaron el documento a la Cámara.
El argumento central de la acusación es que la ministra no habría fiscalizado oportunamente las irregularidades en su ministerio y adoptado medidas, no obstante enterarse a tiempo de su existencia.
El 11 de marzo se sortearon los diputados integrantes de la comisión que deberá informar a la Cámara sobre la acusación. Ésta quedó conformada por los oficialistas Eugenio Tuma (PPD) -quien preside-, Jaime Quintana (PPD), René Alinco (PPD), Raúl Súnico (PS) y Samuel Venegas (PRSD).
El 26 de marzo, la ministra entregó por escrito su defensa, que dirige el ex ministro de Justicia Luis Bates, en la que destacó que ella "no es un funcionario público".
"(Romaguera) no aclaró nada ni se responsabilizó de nada. Quedamos en lo mismo de siempre. Sin responsabilidad de nadie".
GERMÁN BECKER
Diputado RN