El llamado de la Iglesia a darle a los trabajadores un sueldo ético generó en la sociedad chilena un intenso y positivo debate. Se trata de una propuesta de gran profundidad que debemos asumir con responsabilidad y sentido de país, construyendo acuerdos que permitan dar solución a importantes temas sociales e institucionales que aún están pendientes.
Como todos sabemos, esta interpelación de la Iglesia no es nada nuevo. Basta recordar, a propósito de que nos encontramos en el mes de la solidaridad, que el mismo Padre Alberto Hurtado nos habló siempre de la necesidad de establecer un sistema que promoviera el diálogo social para construir un Chile más justo.
Estos temas, de una u otra forma, siempre han estado presente en la vida nacional y lo seguirán estando en el futuro. Asimismo, debemos reconocer que pese al gran esfuerzo que ha hecho el Estado en estos años, aún subsiste en nuestra sociedad un alto grado de desigualdad. Esta es una realidad que debe remecer nuestras conciencias y remediarla es un imperativo ético ineludible.
Por eso es que esta es una gran oportunidad para que nos dotemos de un mecanismo que promueva el diálogo social con la participación de trabajadores, empresarios y otros actores sociales, con el objetivo de construir consensos que den solución a los grandes problemas que hoy nos aquejan y los que puedan surgir más adelante.
En este sentido, valoro todas las propuestas que han surgido en esa dirección desde distintos sectores y que la Presidenta Michelle Bachelet recogió a través de la conformación del Consejo Asesor Presidencial Trabajo, Salario, Competitividad y Equidad.
Principalmente, quiero destacar y agradecer que la Mandataria haya considerado, entre las materias que estudiará este consejo, la posibilidad de institucionalizar el diálogo social a través de la creación de un Consejo Económico Social. Estoy convencido que es el mejor instrumento para generar un debate permanente y continuo sobre este tipo de temas, que además nos permitiría adelantarnos a eventuales escenarios de conflicto.
De esta manera, estaremos contribuyendo de una forma decidida y concreta al fortalecimiento de nuestra gobernabilidad democrática. Y es que no hay democracia en una sociedad si no es capaz de hacerse cargo de la inequidad, la exclusión, de generar más oportunidades y más y mejores empleos.
Eso es precisamente lo que han hecho los países que más han progresado en los últimos años. Sus gobiernos, parlamentos, universidades, trabajadores y empresarios, entendieron que mediante diálogos amplios y participativos se podían alcanzar grandes acuerdos nacionales sobre materias fundamentales. Esta voluntad fue lo que les permitió dar el salto al desarrollo que nosotros todavía no damos, pese a que estamos frente a una oportunidad histórica para hacerlo.
Entonces, lo que estoy planteando desde hace más de un año es una institución que existe en muchas partes y que funciona desde hace tiempo con excelentes resultados. Se trata de un organismo que cumple una función asesora del Estado, promoviendo el diálogo, el intercambio de opiniones y el traspaso de información, lo que es primordial para el éxito de las políticas públicas que inciden directamente en la calidad de vida de las personas.
En mi gobierno impulsamos algo parecido con el Foro de Desarrollo Productivo, en el que participaron representantes del mundo empresarial, trabajadores y autoridades. A través de esa experiencia se impulsaron nuevas y diversas formas de discusión e intercambio, a distintos niveles y sobre varias materias de interés nacional. Ello nos permitió alcanzar importantes acuerdos relativos al aumento de la productividad, la seguridad en el trabajo, protección de la maternidad, derechos laborales, etc.
En esta o cualquier iniciativa de este tipo es vital la presencia de los trabajadores. No comprendo la actitud asumida por la CUT de restarse de cualquier propuesta que vaya en esa dirección. Sus dirigentes deben entender que Chile necesita a todas sus organizaciones sindicales, las que no pueden marginarse del necesario debate de los temas país.
Asimismo, los empresarios pueden y deben hacer mucho más, sobre todo si consideramos que han sido el sector que más se ha beneficiado con el crecimiento que ha experimentado el país en los últimos diecisiete años. Por ejemplo, estableciendo mecanismos de interacción con sus trabajadores muchos más amplios y participativos, socializando las ganancias y no esperando que se produzcan escenarios de conflicto para mejorar las condiciones de trabajo.
Los temas de carácter social y económico son permanentes y, por lo tanto, requieren de la preocupación de todos, especialmente de aquellos que tienen a su cargo la toma de decisiones en el sector público y en el privado, así como también de quienes son afectados por esas decisiones.
Como ya se ha demostrado con hechos concretos en otros ámbitos, la promoción de alianzas público privadas son un elemento que contribuyen a un mayor desarrollo del país. Los grandes problemas que atañen a Chile, se deben enfrentar de manera global para encontrar grandes soluciones, especialmente cuando se trata de las dificultades que a diario deben enf
