El de Michelle Bachelet es más que un gobierno obsesionado con un Programa y un conjunto de slogans y fetiches, que adjudica a errores comunicacionales el mayoritario rechazo ciudadano y que es incapaz de ejecutar las tareas esenciales de toda administración pública.
¿Por qué el gobierno actúa contradiciendo el sentido común, la experiencia y la realidad? Porque sus objetivos no parecen ser aquellos que movilizaron a los gobiernos hasta el 2014: empujar el progreso social y económico, dotando a los chilenos cada vez de mayor autonomía e igualdad de oportunidades; y afianzar la democracia representativa, fortaleciendo instituciones y buscando la convergencia política por medio del diálogo y los acuerdos.
Si uno mira con detención las decisiones que se han ido tomando desde marzo de 2014 hasta ahora y la manera olímpica como la Presidenta simplemente "pasa" del malestar mayoritario de los chilenos con su gestión –que cumplió ya un año- y del rechazo a las reformas, todo indica que el propósito del primer mandato de la Nueva Mayoría es otro. Se trata de un objetivo de más largo aliento y de implicancias muchísimo más profundas que simplemente enfrentar problemas mundanos: preparar una pista de aterrizaje para, en un próximo período, avanzar hacia una etapa a la que reiteradamente se han referido la propia Mandataria y varios líderes del oficialismo en los últimos meses: la profundización de "las transformaciones".
Solo así se explica que cuando Chile enfrenta una cadena de problemas que exigen la máxima atención y mostrar en público al menos un asomo de preocupación, el gobierno cumpla dos semanas concentrado en el "proceso constituyente". Y que con el mismo espíritu de urgencia que se enfrenta una catástrofe, Bachelet se reúna en 48 horas con los ex Presidentes de la República y con la Corte Suprema, pero no se refiera más que tibiamente y con tono casual al paro del Registro Civil, que en su cuarta semana está causando un daño enorme a miles de chilenos a quienes se les ha postergado más de un millón de trámites.
O, que en medio de una severa crisis económica, originada fundamentalmente por malas reformas y por la incertidumbre que ha sembrado el gobierno desde el primer día de mandato, la Presidenta de la República, primero, relativice en una entrevista radial el derecho de propiedad, deslizando su revisión en una eventual nueva Constitución. Y, horas después, deje plantado a uno de los gremios más representativos de los empresarios, ausentándose de la Comida de la Industria (¿por qué prefiere un encuentro a puertas cerradas con 30 empresarios en el CEP, a una celebración institucional y pública?).
Solo así se explica que la reforma educacional parta no por resolver los enormes problemas de la educación pública, no por focalizar los recursos disponibles en los niños más vulnerables, condenados hoy a formación de mala calidad, sino ahogando a la educación particular subvencionada. Y que la obsesión oficialista contra los privados excluya de la gratuidad en la educación superior a 7 de cada 10 jóvenes vulnerables que asisten a institutos profesionales y a centros de formación técnica.
Esa es también la única explicación que se me ocurre para entender por qué, tras prometer un Presupuesto 2016 austero y ajustado al progresivo aumento del déficit fiscal, se recorten programas como los Liceos Bicentenario y el de Campamentos, pero se cree el ítem "Estudios para una nueva Constitución", al que se le asignan casi 3 mil millones de pesos (y 240 nuevos "asesores"). O que se entregue la responsabilidad de la "educación cívica y constitucional" express que contempla el "proceso constituyente" no al Ministerio de Educación, sino a la Secretaría General de Gobierno.
Los encargados de calmar a la platea insisten en que el modelo social de Bachelet es el "nórdico" y mencionan, muy serios, a Finlandia, Noruega, Suecia. Pero cuando se trata de explicar, por ejemplo, por qué promueven una Asamblea Constituyente (para una Nueva Constitución que, insisten, es imprescindible, pese a que la actual ha permitido al país el mayor salto de su histórica, en todos los ámbitos), muestran con orgullo un estudio del PNUD que consigna a los 12 países que han recurrido a ese sistema en los últimos 25 años y entre los cuales no hay un solo país nórdico (Nepal, Túnez, Somalía, Educador, Bolivia, Venezuela, Timor Oriental, Tailandia, Uganda, Camboya, Colombia, Islandia).
¿Cuál es el rumbo que este gobierno le está dando a Chile? Tal como explicó en esta tribuna ayer Luis Larraín, el objetivo no es enfrentar las urgencias y las prioridades del país, tampoco dialogar con todos los sectores políticos y sociales para acercar posiciones. Y mucho menos reevaluar las reformas, escuchando a especialistas y mirando las experiencias concretas en el mundo más desarrollado.
El rumbo es otro y va señalándose cada vez con mayor nitidez. A buen entendedor, pocas palabras.
Isabel Plá, Fundación Avanza Chile.
FOTO: CRISTOBAL ESCOBAR/AGENCIAUNO
