Por Blanca Arthur
Como una manera de mostrar que La Moneda está actuando para enfrentar el complejo escenario que se ha generado en el país, la presidenta Michelle Bachelet decidió anunciar la primera medida tendiente a regular la relación política-negocios, partiendo de la base que allí radica la causa de fondo del problema.
Pero en un contexto en que incluso se ha desatado un conflicto institucional, el reciente anuncio presidencial -que responde a lo adelantado hace 10 días cuando se dio a conocer la conformación del Consejo Asesor que preside el ingeniero Eduardo Engel – que apunta básicamente a que se extenderán las declaraciones de patrimonio e intereses, dista de ser una salida a una crisis que aumenta con el correr de los días.
Es que la fórmula ideada en Palacio para tratar de contenerla, no parece ser la solución que se está esperando, como lo confirma el nulo impacto que ha tenido para esos fines la creación de dicha instancia, al punto que hasta los partidos oficialistas optaron por desmarcarse formando su propia comisión, con lo que demostraron su disconformidad con la forma con que el gobierno está enfrentando este trance.
Con creciente fuerza, se ha ido instalando la sensación de que no existe una estrategia política acorde con lo que requieren las actuales circunstancias. En esa línea, la principal crítica apunta a que las autoridades no pueden centrarse en anunciar medidas de futuro, ni tampoco continuar amparándose en el discurso de que se debe permitir que las instituciones funcionen de manera independiente, considerando que La Moneda no es ajena a la pugna que éstas protagonizan.
Las sospechas sobre el SII
Con la credibilidad afectada después del caso Dávalos, el gran lío en que está ahora La Moneda es la sospecha que se ha instalado acerca de si efectivamente no ha tratado de impedir que el SII inicie las acciones que le permitan a la fiscalía investigar la platas políticas de SQM.
Por tratarse de un caso en que se sabe que aparecerían pagos irregulares a candidatos de todo el espectro - dentro de los que figurarían aportes a la campaña de Bachelet- la incredulidad ha ido en aumento. Contribuye a ello que, contrariamente a lo que han sostenido algunas autoridades, el SII no tiene la misma autonomía de las otras instituciones, por tratarse de un organismo que depende de Hacienda, a lo que se agrega que su actual director, Michel Jorratt, trabajó en el comando presidencial.
Son dudas que se han ido apoderando de la opinión pública, alimentadas por las críticas no sólo de algunos personeros de oposición o de distintos organismos, sino también de manera creciente desde sectores de la Nueva Mayoría o de la izquierda que no tienen riesgo de aparecer involucrados, los que reclaman que la inacción del ente fiscalizador está profundizando la crisis de credibilidad en el sistema.
La presión llegó a un punto en estos días, que luego de que distintos ministros, como los titulares de Interior, Rodrigo Peñailillo, o de Hacienda, Alberto Arenas, salieran a blindar a Jorratt, él mismo optó por defenderse, afirmando que el SII no está ocultando nada, mientras explicó que la demora en presentar acciones en contra de SQM se fundamenta en que no han contado, hasta ahora con los antecedentes suficientes para hacerlo, sin perjuicio de que lo están estudiando.
El contraataque del director del SII - que incluso al aludir a su pugna con la fiscalía apunta a que a ésta nadie la ha criticado porque ha sido lenta- confirma la preocupación que existe entre las autoridades frente a las sospechas de que algo se está tratando de esconder en el caso de SQM.
Frente al reconocido costo de esta situación, es que desde el gobierno se ha intentado que el SII muestre que está actuando con transparencia, lo que constata no sólo la defensa de Jorratt, sino las precisiones que debió hacer el organismo de que la posibilidad de autodenuncia de las empresas, no buscaba ser una puerta de escape para que SQM encontrara una salida administrativa, porque aclaró que en los casos en que se encontraran ilícitos, se presentarían las acciones judiciales correspondientes.
La jugada en el TC
Cuán fundadas sean las aprensiones respecto al accionar del organismo fiscalizador, lo cierto es que la demora en actuar en el caso de la empresa de Julio Ponce Lerou, permitió que ésta diseñara su estrategia que culminó con un recurso ante el Tribunal Constitucional, el que tras ser acogido, suspendió las diligencias de la fiscalía, al menos para incautar la información que SQM se ha resistido a entregarle.
En este cuadro, comentario obligado en el mundo político es que el gobierno no ha sido ajeno a la estrategia de la minera, que hábilmente ha liderado el abogado PPD, Samuel Donoso, en representación del ex gerente general Patricio Contesse, la que entre otras cosas, podría conseguir que se dilatara el caso, con lo que correría la prescripción para los posibles delitos cometidos en 2009, período de plena campaña electoral.
Es lo que pretende impedir cómo sea el fiscal Sabas Chauhán, quién aparece decidido a dar la lucha hasta el final. De hecho, frente a otra de las jugadas de SQM, como fue remitirle sus antecedentes al SII, sacó su propia carta al darle un ultimátum a éste para que se los entregue en un lapso de 48 horas, lo que el organismo se comprometió a hacer dentro de ese plazo.
Pero en medio de una pelea que no da tregua, Donoso intentó frenar esa acción con otro escrito ante el TC, situación que quedó pendiente a la espera de informes que pidió este organismo.
Con esta última movida, lo que busca el abogado PPD es postergar la entrega de la información por parte del SII a la fiscalía, hasta la audiencia del próximo miércoles 25 cuando, en la que apuesta a que TC declare admisible su primer recurso, lo que le permitiría entrar al fondo del problema, paralizando de ese modo las indagaciones de la fiscalía.
Decisiones políticas
Todo indica que a estas alturas, las decisiones que se están tomando exceden las razones jurídicas, porque la apuesta del abogado Donoso de centrar el caso en el TC respondería a una jugada política para detener la investigación a SQM.
Tal afirmación se fundamenta en que -tras no tener éxito con una acción similar en el juzgado de garantía- optó por acudir a dicho Tribunal, acción que contaría con la anuencia de algunos personeros de gobierno que saben que tienen más posibilidades de influir en sus decisiones que en las de la justicia, dada su composición política.
El problema para el gobierno en este escenario, es que así como se le está cuestionando que el SII no actúa con independencia, ocurra lo mismo si es que el TC detiene el caso, lo que se ha comenzado a sugerir, como lo hizo ex senador socialista Camilo Escalona, quien junto con plantear que el SII debe entregar toda la información a la fiscalía, el Tribunal no debe interferir de ninguna manera en la investigación.
La tesis del dirigente en cuanto a que el caso de SQM dejó de ser un asunto tributario, transformándose en un desafío para legitimidad del gobierno en la línea de reinstalar su autoridad con el debido respeto al Estado de Derecho, es ampliamente compartida en distintos sectores del mundo político, especialmente entre quienes perciben que lo peor para enfrentar la crisis es ocultar una información que, tarde o temprano, se conocerá.
Pero no es el criterio que se ha impuesto hasta ahora en La Moneda, ni en los partidos de la NM como tampoco en la derecha, por el temor que ronda entre todos de que los efectos que pueda tener para el sistema abrir una indagación en que todos aparezcan dañados.
Es la línea que estaría imperando, que se traduce en poner todas las fichas en el TC, lo que incluso formaría parte de un soterrado acuerdo político, entre quienes creen que lo peor para la credibilidad sería la bomba de SQM, aun a riesgo de que el manto de dudas sobre el SII, afecte también al organismo encargado de resguardar el respeto a la Constitución.
Julio Ponce
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