Foco del SII sobre Ripley, Alsacia y CorpBanca está en aportes irregulares a campañas parlamentarias

Delito perseguido será la emisión de boletas y facturas ideológicamente falsas para reducir la renta líquida imponible de las compañías.

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• Por Sebastián Valdenegro Toro

  

  A toda máquina continúa el trabajo del Servicio de Impuestos Internos (SII) para presentar acciones penales sobre una serie de contribuyentes, entre los que han trascendido SQM, Alsacia, CorpBanca y Ripley, entre otros, por distintos delitos tributarios.

  
  Esto, luego de que el subdirector jurídico del organismo, Cristián Vargas, confirmara a Diario Financiero el miércoles que se disponen de antecedentes suficientes para "fundar" acciones penales contra dichos contribuyentes.

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  Y según altas fuentes del sexto piso de Teatinos 120, el panorama para las empresas involucradas, en especial Alsacia, CorpBanca y Ripley, es complejo.

  
  En el servicio comentan que el principal ilícito que perseguirán al presentar las acciones legales contra las compañías, es la emisión de boletas y facturas ideológicamente falsas para reducir la renta líquida imponible, mecanismo empleado para financiar campañas políticas en el período 2009-2013.

  
  Y si bien en el SII han recalcado que no es su "responsabilidad" fiscalizar el cumplimiento de la Ley Electoral, sí apuntarán a velar por el interés fiscal.

  
  En este sentido, altas fuentes del organismo comentan que las irregularidades detectadas mediante la auditoría del organismo -complementada por la información enviada por el Ministerio Público a fines de enero- apuntan a documentos emitidos por personas y sociedades ligados a campañas políticas a las citadas empresas por servicios no prestados.

  
  "En particular, hemos encontrado a muchas personas y sociedades ligadas a candidatos, por ejemplo, que emitieron boletas y facturas a una compañía por trabajos que finalmente nunca se hicieron. Se repite el patrón de empresas publicitarias ligadas a ciertas campañas políticas", comenta una alta fuente del servicio que está al tanto del avance de la investigación.

  
  En la práctica, el delito tributario bajo investigación sería que los contribuyentes incluyeron los documentos emitidos por las sociedades y personas ligadas a los políticos en su contabilidad para "inflar" su gasto y reducir su base imponible.

  
  "Aún estamos en el análisis de los documentos que se incluirán en las acciones penales. Hablamos de por lo menos cientos de documentos", comentan en Impuestos Internos.

  
  En el servicio continúan afinando los detalles de la presentación de los recursos, aunque sin plazos en específico. "No necesariamente hay un plazo establecido para presentar los recursos. Se va a presentar mucho antes que el 30 de abril".

  Transversalidad política
  Si bien en el organismo mantienen a firme que la arista política es "menor" en comparación a los delitos tributarios que se pudieran encontrar en la investigación, están muy al tanto del interés de la opinión pública por conocer los nombres de los políticos investigados.

  
  Y aunque el SII se encuentra investigando los aportes a campañas municipales, presidenciales y parlamentarias durante el período, los principales hallazgos se encontrarían en el proceso eleccionario para llegar al Congreso.

  
  "Acá hay una transversalidad de nombres ligados a campañas políticas. No se podría hablar de un solo sector político involucrado", señalan cercanos al detalle de la investigación.

  
  Además, también analizan la manera en que se presentarán las inminentes acciones penales. "Aún no tenemos claro si se presentará una acción conjunta contra los contribuyentes investigados o si será de manera individual".

  SII remite hoy antecedentes de SQM a la Fiscalía
  Al cierre de esta edición, Impuestos Internos continuaba analizando los antecedentes contables 2009-2014 de SQM solicitados por el Ministerio Público el miércoles, en el marco de la arista relacionada con la empresa controlada por Julio Ponce. Acorde a altas fuentes del organismo, a más tardar hoy "a primera hora" se entregará la información a la Fiscalía.

  Ministerio Público pide inhabilitar a ministro del TC Cristián Letelier

  En este caso todos los factores importan. Es por ello que en medio de la disputa con SQM por el acceso a la información contable de la empresa, el Ministerio Público ingresó un recurso en el Tribunal Constitucional para inhabilitar a uno de sus integrantes, el abogado Cristián Letelier.

  
  Esto, debido a que el ex diputado UDI es uno de los nombres que ha sido vinculado en boletas del caso Penta. Se trata de un escenario que era previsible debido a que Letelier apareció en un mail en el que solicitaba a Carlos Alberto Délano financiamiento para campañas políticas. Adicionalmente, fue abogado de la secretaria de Alberto Cardemil, Paula Rojo, quien fue citada a declarar por el mismo caso que vinculaba al ex parlamentario.

  
  Así, el Fiscal Nacional, Sabas Chahuán, apela a una nueva jugada en el marco de la causa que concentra la atención tanto del mundo político como empresarial.

  
  La solicitud impulsada por el fiscal será resuelta por el Pleno del TC, por mayoría, lo que estaría previsto para el próximo martes.

  
  Si dicho requerimiento fuese aprobado, no afecta los quórum establecidos para que la entidad funcione. Ello, porque la Sala –compuesta por 5 miembros- necesita de un mínimo de 4 ministros para funcionar. Así también, el Pleno –que lo integran 10-, puede funcionar con 8 miembros.

  
  El ex diputado, si bien renunció a su militancia de 30 años en el gremialismo, se le reconoce como uno de los ministros de la instancia "más obedientes a los partidos políticos".

  El recurso de Contesse
  Dos días de plazo entregó el Tribunal Constitucional al Servicio de Impuestos Internos (SII) y a la fiscalía para que entreguen su opinión por un segundo recurso que presentó el abogado Samuel Donoso, en representación del ex gerente general de la Sociedad Química y Minera, Patricio Contesse. La nueva acción busca bloquear el acceso del Ministerio Público a los antecedentes que fueron entregados por la empresa al Servicio de Impuestos Internos (SII), luego de que la Fiscalía requiriera directamente al organismo la información contable. El documento ingresado por Donoso acusa al Ministerio Público de actuar de forma "obstinada, ya no sólo pasando por alto las atribuciones del SII, sino que ahora incluso en contra del sentido y espíritu de las resoluciones de este excelentísimo tribunal".

  
  El fiscal nacional, Sabas Chahuán, respondió al recurso señalando que "si entendemos que obstinarse es estar decidido a cumplir la labor que la Constitución nos encomienda, sí somos obstinados", dijo.
  Hasta el cierre de esta edición, desde el SII aseguraron que hoy entregarán la información.

• Fuente:diariofinanciero
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Luis Mayol B Ex Ministro de Agricultura advierte que las herramientas para solucionar o mitigar el déficit hídrico están disponibles desde el Gobierno anterior

Chile: Ex Ministro de Agricultura advierte que las herramientas para solucionar o mitigar el déficit hídrico están disponibles desde el Gobierno anterior

MARCH 19, 2015 BY ADMIN LEAVE A COMMENT

Chile: Ex Ministro de Agricultura advierte que las herramientas para solucionar o mitigar el déficit hídrico están disponibles desde el Gobierno anterior

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"Las herramientas para solucionar o mitigar el déficit hídrico están disponibles desde el Gobierno anterior y lo único que se necesita es ponerlas en práctica". Así lo afirmó el ex Ministro de Agricultura, Luis Mayol, quien lamentó que la actual administración haya desechado todo lo avanzado que apuntaba, precisamente, al fondo del problema.

Luis Mayol, ex Ministro de Agricultura de Chile

La ex autoridad del agro, conjuntamente con el ex secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Riego, Felipe Martin, recordó que a objeto de buscar soluciones de fondo a la grave crisishídrica, ocasionada fundamentalmente por el cambio climático y la falta de infraestructura, el Presidente Sebastián Piñera le encargó a los Ministros de Obras Públicas y de Agricultura desarrollar, como política de Estado que trascendiera a las administraciones de turno, una Estrategia Nacional de Recursos Hídricos.

Ésta fue llevada a cabo en conjunto con el Banco Mundial y la OECD, y dio como frutos la Estrategia Nacional de Riego, y los Planes Nacionales de Embalses, de Infiltración de Napas Subterráneas y de Revestimiento de Canales y Desarrollo de Telemetría. Del mismo modo, agregó, se determinó la estructura de una nueva institucionalidad que permita concentrar toda la gestión del recurso hídrico en una sola entidad y no en una serie de reparticiones públicas, como lo ha sido hasta ahora.

"Fue así como –explicó– el Comité de Ministros de la Comisión Nacional de Riego aprobó un plan de desarrollo de dieciséis embalses al año 2022. Aún más, se aprobó que cuatro de ellos comenzaran a ser ejecutados a la brevedad, con el correspondiente respaldo presupuestario de inicio. Se trata de Chacrillas, en la Región de Valparaíso, que comenzará su proceso de llenado en pocos meses; Chironta, en la Región de Arica y Parinacota; Valle Hermoso, en la Región de Coquimbo; y Punilla en Bío Bío".

"El ejemplo más claro de no haber considerado los notorios avances para el mundo del agro, trabajados y desarrollados durante la administración anterior –advirtió Martin–, es que este último debería haber sido licitado a mediados de 2014 a más tardar, en consecuencia que recién se hará a fines de este año".

Asimismo, agregó que como medida complementaria al Plan Nacional de Embalses, y gracias a una gestión de benchmarking llevada a cabo en California, Australia, Israel y España, "pudimos traer a Chile tecnología de infiltración de napas subterráneas, que es mucho más económica y eficiente que la construcción de embalses. Además, antes del término de la administración anterior, pudimos ejecutar dos exitosas obras, en Alicahue y Aconcagua, en la Quinta Región".

Gracias a esta misma gestión, prosiguió, "se aumentaron al doble los recursos disponibles, tanto a través de la Ley 18.450 de Fomento a la Inversión Privada en Obras de Riego y Drenaje así como de fondos del Ministerio de Obras Públicas, para ejecutar obras de revestimiento de canales e introducir sistemas de automatización y control de compuertas de regadío vía telemetría y telecontrol".

Ambos ex personeros destacaron que también se aprobó la reforma a la citada Ley 18.450, que aumentó en diez veces el límite máximo de postulación para acceder a co-financiamiento para la construcción de obras de riego multipropósito, entre los sectores privados y público. Así, se permitió por primera vez la obtención de ayuda estatal, a través de este cuerpo normativo, para el desarrollo de embalses de gran capacidad con un alto beneficio social.

"En consecuencia –concluyeron– sólo se necesita poner en marcha todo, en vez de concentrar los esfuerzos en modificar leyes y textos constitucionales que lo único que producirán es debilitar la certeza jurídica que tienen los privados, sobre su acceso al agua, para invertir precisamente en estas obras".

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Mesa frutícola se reúne con Intendenta de Coquimbo para analizar la sequía

ELECONOMISTAAMÉRICA.COM | CHILE - 10:56 - 19/03/2015

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El impacto de la sequía en Coquimbo.

La visita busca apoyar la labor que la Sociedad Agrícola del Norte ha realizado tanto en el análisis de la gravedad hídrica que enfrenta la fruticultura y horticultura de la zona, como en las soluciones propuestas.

Representantes de la "Mesa Permanente de Diálogo Social y Laboral del Sector Frutícola" (Mesa Frutícola), y la Sociedad Agrícola del Norte, SAN, sostuvieron una reunión con la Intendenta de la Región de Coquimbo, Hanne Utreras.

En la oportunidad, los representantes gremiales analizaron junto a las autoridades la realidad que enfrentan, principalmente, los pequeños y medianos agricultores de la zona, tras la prolongada y dura sequía, ya que, en muchos casos éstos lo han perdido todo. Asimismo, solicitaron a la autoridad la pronta puesta en marcha de medidas que permitan mitigar sus efectos.

Al respecto, Hanne Utreras, Intendenta de la Región de Coquimbo señaló: "Hemos visto que una de nuestras tareas principales es trabajar en conjunto, para hacerle frente este mal que es la escasez del recurso hídrico. ASOEX, junto a la SAN y la Mesa Frutícola nos han venido a visitar para poder buscar soluciones conjuntas para paliar la sequía que estamos viviendo, y al mismo tiempo no dejar morir este estilo de vida que es el mundo agrícola, el mundo campesino. Hoy, les hemos mostrado qué estamos haciendo, y hemos recibido también sus propuestas en una conversación muy positiva".

"Nosotros creemos que la sequía es una situación bastante crítica. Hay que apoyar lo que se está haciendo, pero creemos que se debe hacer mucho más, pues debemos pensar que se requieren definiciones de corto, mediano y largo plazo. En el largo plazo, obviamente tenemos que tener, a nivel de ciudadanía en general, y de aquellos que tenemos cierta dependencia respecto de esta región, y que deseamos que siga progresando, una visión clara sobre cuáles serán las soluciones reales que se darán al tema de la falta del recurso hídrico como desalaciones o cualquier otro tipo de energía que nos permita lograr soluciones. Y ésta es una de las principales preocupaciones como Mesa Frutícola y como gremio", indicó Ronald Bown, Presidente de ASOEX.

De acuerdo a un estudio de la SAN, de las 120 mil hectáreas de superficie plantada en la Región de Coquimbo, 73 mil (casi 60%) han dejado de ser regadas a causa de la severa sequía, dejando a su paso endeudamiento y desempleo en el sector agrícola.

En la reunión estuvieron presentes la Intendenta Regional de Coquimbo, Hanne Utreras; la Presidenta de la SAN, María Inés Figari, además de los miembros de la Mesa Frutícola Pedro Pérez y Salomón Pavez de la Federación de Trabajadores Agrícolas Manuel Rodríguez; Olga Gutiérrez de Confederación Unidad Obrero Campesina; Manuel Llao Presidente del Movimiento Unitario Campesino y Etnias de Chile; Rigoberto Turra de la Confederación Nacional Sindical Campesina e Indígena. Además de Osvaldo Zuñiga de la Confederación Nacional Sindical, Campesina, del Agro y de Pueblos Originarios; Esteban Díaz, Agustin Mariano y Andrés Castillo de la Confederación Nacional de Federaciones de Cooperativas y Asociaciones Silvoagropecuarias Chilenas, Luis Marihuan del Sindicato de Trabajadores Eventuales de San Pedro-Newenche; Ronald Bown de la Asociación de Exportadores de Frutas de Chile AG, Juan Carlos Sepúlveda de la Federación de Productores de Fruta de Chile y Rodrigo Muñoz, Secretario Ejecutivo de la Mesa Frutícola.

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CIPER: EL PERIODISMO DE INVESTIGACION

ALEJANDRO CHAPARRO: DEL CASO COIMAS AL CASO PENTA

Empresa que emitió facturas falsas para campañas cobró $126 millones en asesorías a parlamentarios UDI y oficialistas

Por : Pedro Ramírez en Actualidad y EntrevistasPublicado: 16.03.2015

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Parlamentarios del PS, UDI, PPD y DC figuran entre los clientes del otrora operador político y ahora experto en campañas electorales, Alejandro Chaparro, condenado por cohecho en el "Caso Coimas". Hoy está bajo la lupa de Impuestos Internos y la Fiscalía por múltiples facturas que emitió la empresa Asesorías Cristina Zúñiga para encubrir aportes ilegales a campañas. Chaparro es el motor y "estrella" de esa empresa. Hasta ahora aparece con cinco facturas pagadas por Soquimich y una por Corpbanca para la campaña de Zalaquett. Entre sus clientes figura Javier Macaya, actual timonel de la UDI.

Asesorías Cristina Zúñiga Paredes EIRL, una de las empresas que entregó facturas falsas para financiar campañas políticas y que actualmente está siendo investigada por el Ministerio Público y por Impuestos Internos, fue contratada por el presidente interino de la UDI, diputado Javier Macaya, para sus asesorías legislativas. Si es ratificado por la Comisión Política de este lunes 16 de marzo, Macaya encabezará la UDI al menos hasta el próximo 10 de abril, fecha en que está programado un Consejo General del partido que deberá determinar la nueva directiva que enfrentará la crisis por la que atraviesa el gremialismo. Y Macaya figura como uno de los rostros que podría integrar la nueva mesa.

En los 25 días que tendría por delante como timonel de la colectividad, Macaya deberá enfrentar los corcoveos y cuestionamientos por el juicio a los dueños del Grupo Penta y que afecta también a parlamentarios y dirigentes de su partido. El último remezón fue la renuncia del presidente de la UDI, el diputado Ernesto Silva, con quien Macaya había forjado una estrecha alianza como secretario general de la directiva descabezada el miércoles 11 de marzo.

Javier Macaya

La tarea puede complicarse para Macaya, pues su nombre ya figura en el expediente de la Fiscalía como receptor de aportes legales de empresas del Grupo Penta, por la vía del Servicio Electoral –al igual que Silva-, para su campaña de 2013. A eso se suma su vínculo con la empresa de Cristina Zúñiga, la que emitió múltiples facturas y boletas de honorarios que están bajo investigación judicial y tributaria, pues habrían servido para encubrir aportes a candidaturas. Hasta ahora, en la investigación de las irregularidades del Grupo Penta hay constancia de que al menos seis de sus facturas habrían enmascarado aportes ilegales a la campaña senatorial de Pablo Zalaquett (UDI) por Santiago Poniente.

Macaya encargó trabajos de asesoría comunicacional a la empresa de Cristina Zúñiga Paredes por un total de $10,1 millones en los años 2013 ($5,3 millones) y 2014 ($4,8 millones). Esos montos fueron pagados por la Cámara de Diputados con cargo a las asignaciones parlamentarias del ahora presidente de la UDI.

El nuevo timonel gremialista no es el único diputado que ha contratado los servicios de Cristina Zúñiga. En la nómina figuran otros parlamentarios y no sólo de la UDI: Mónica Zalaquett (UDI), con $18,8 millones; Carlos Recondo (UDI), con $22,5 millones; Denise Pascal (PS), con $21,4 millones;Clemira Pacheco (PS), con $9,7 millones; Maya Fernández Allende (PS), con $3,2 millones;Daniella Cicardini (PS), con $4,8 millones; Tucapel Jiménez (PPD), con $5,6 millones) y Matías Walker (DC), con $5 millones.

En total, la Cámara de Diputados ha desembolsado $101,8 millones en asesorías pagadas a Cristina Zúñiga.

El Comité de Senadores de la UDI también ha contratado los servicios de la empresa de Cristina Zúñiga Entre 2013 y lo que va de 2015, el Senado le pagó con los dineros asignados al comité UDI una cifra global de $24,8 millones.

En suma, desde 2012 a la fecha el Congreso Nacional ha pagado más de $126 millones por asesorías de Cristina Zúñiga (hechas a través de sus empresas o como persona natural), de acuerdo a los registros que figuran en las páginas de transparencia de ambas cámaras.

La justificación formal del servicio prestado por Cristina Zúñiga al diputado Macaya indica que el trabajo consistió en "una asesoría comunicacional, administración de plataformas web y redes sociales". Los trabajos realizados para distintos parlamentarios son de similar tenor, incluyendo otros ítems del mismo rubro: "desarrollo y producción de herramientas de comunicación", "producción de plataforma multimedia de comunicación en internet", "diseño y elaboración de manual gráfico de comunicación", "elaboración de los contenidos de difusión y comunicación del trabajo parlamentario" y "producción de material de prensa en el distrito", entre otros descriptores.

Para el comité de senadores de la UDI, la empresa ha desarrollado trabajos que se justifican bajo la siguiente glosa: "Asesoría comunicacional y política: Definición de plan de trabajo comunicacional; definición de plan de difusión parlamentaria en la región; propuestas gráficas (de) herramientas de comunicación y difusión; gestión y administración del sitio web y redes sociales; actualización de plataformas digitales de comunicación; actualización y generación de contenidos comunicacionales y políticos en redes sociales (fotos, videos, entre otros)".

Además, las empresas de Cristina Zuñiga -Pecado Kapital y Asesorías Cristina Zúñiga- figuran en los registros del Servel como proveedoras de distintas campañas en la última elección parlamentaria. CIPER revisó las rendiciones de cuentas de los candidatos de la campaña de 2013 y estableció que en esa elección las sociedades de Cristina Zúñiga recibieron un total de $78,8 millones.

Los archivos del Servel indican que entre los candidatos que contrataron los servicios de Cristina Zúñiga para la campaña 2013 también figura el nuevo presidente interino de la UDI, Javier Macaya, quien le pagó $3,1 millones. A él se suman el senador Guido Girardi (PPD), con $23,8 millones; el senador Jorge Pizarro (DC), con $21,4 millones; la diputada Maya Fernández Allende (PS), con $4 millones; el derrotado aspirante a senador Pablo Zalaquett (UDI), con $5,2 millones; la consejera regional María Antonieta Saa (PPD), con $14,2 millones, y elPartido Démocrata Cristiano, con $7 millones ($2 millones para la campaña de consejeros regionales y $5 millones para la campaña de senadores).

CHAPARRO, EL EXPERTO

Si bien la empresa figura a nombre de Cristina Zúñiga, el verdadero motor de su transversal participación en asesorías a partidos es Alejandro Chaparro Cavada, un antiguo operador político que militó en el PPD, experto en diseño y planificación de campañas. Hace una década su nombre saltó a las primeras páginas cuando estuvo involucrado en la investigación por cohecho conocida como "Caso Coimas" y que dio pie a la indagación del escándalo político-financiero del Mop-Gate. Chaparro es la carta de presentación de Asesorías Cristina Zúñiga Paredes en el mundo político.

En el "Caso Coimas", Chaparro fue acusado de recibir un vale vista proveniente del pago de sobornos para permitir la instalación irregular de plantas de revisión técnica. Entonces era jefe de gabinete del ministro de Obras Públicas y Transportes del gobierno de Ricardo Lagos, Carlos Cruz.

En 2007 la Corte Suprema confirmó la condena de Chaparro por "cohecho aceptado" y lo sentenció a "sesenta días de prisión en su grado máximo, más una multa a beneficio fiscal de $5 millones, que corresponde al tanto del cohecho aceptado; y a la pena de inhabilitación especial perpetua para cargo u oficio público".

Alejandro Chaparro

Cristina Zúñiga aparece en el Diario Oficial como periodista, constituyendo empresas en el área de las comunicaciones, producción de eventos, servicios audiovisuales y diseño gráfico. En 2004 formó con cinco socios su primera empresa: Grupo Cinco. Dos años más tarde creó Pecado Kapital junto a Paola Lecaros Álvarez, quien poco después, en 2007, le cedió su parte. Fue en esta empresa que se inició su vínculo con Alejandro Chaparro.

De su etapa de militante del PPD –partido del que fue separado cuando se vio envuelto en el juicio por cohecho-, a Chaparro se le reconoce una gran experiencia en la administración de campañas, lo que le ha permitido a la empresa de Cristina Zúñiga gozar de un prestigio inusualmente transversal en el arco político.

En la declaración que prestó ante la Fiscalía el 15 de octubre del año pasado, por la investigación de boletas falsas para financiar campañas, el propio Chaparro indicó: "Trabajo en campañas políticas desde hace mucho tiempo (…). Desde 1995 o 1996 decidí profesionalizarme en algo que antes hacía de manera voluntaria. He asistido a cursos y seminarios para perfeccionarme (…). Con la ley de financiamiento político de 2002 o 2003 se me abre una oportunidad, por cuanto empieza a existir un financiamiento a las campañas, tanto estatal como privado. Trabajé en consultoras en este tema asesorando tanto a personas naturales y jurídicas".

FACTURAS BAJO INVESTIGACIÓN

Fue la diputada Mónica Zalaquett, quien contrató asesorías legislativas de Cristina Zúñiga desde 2012 a 2014, la que recomendó la empresa a su hermano, Pablo Zalaquett, para que la empleara en su campaña senatorial de 2013. Según señala una persona que trabajó en esa candidatura directamente con Zalaquett, Chaparro llegó precedido de la fama de conocedor de la circunscripción Santiago Poniente: "Decían que tenía mapeado todo el sector, que conocía en detalle los puntos donde debía desplegarse la publicidad y fortalecer la campaña".

Ante la Fiscalía, Chaparro declaró que a través de la empresa Pecado Kapital trabajó en más de 50 campañas, primero con candidatos PPD y PS, para luego ampliarse hacia la derecha. También afirmó que fue Pablo Zalaquett quien se comunicó con la empresa tras su derrota en la elección municipal de 2012, cuando perdió la alcaldía de Santiago. La primera misión que les encomendó fue un estudio para medir sus posibilidades de ser senador. En marzo de 2013, declaró Chaparro, se integraron formalmente al grupo que trabajaba en esa campaña.

La investigación de la Fiscalía ha acreditado hasta ahora que Asesorías Cristina Zúñiga Paredes recibió pagos de dos empresas para las que no prestó servicios y que, en realidad, esos dineros eran para cancelar sus trabajos para Zalaquett. Esas empresas son la Sociedad Química y Minera de Chile (Soquimich) y Corpbanca. Esta última es controlada por Álvaro Saieh, principal financista de CIPER.

Las facturas que emitió la empresa de Cristina Zúñiga a Soquimich fueron cinco; a Corpbanca, una. Respecto de cómo se gestaron esos pagos, Chaparro indicó a los fiscales: "En abril de 2013 nos efectuaron (Zalaquett) el primer pago por lo ya hecho. Este pago se hizo con una factura por $10 millones de Asesorías Cristina Zúñiga Paredes EIRL (…). Se facturó a nombre de Corpbanca. No recuerdo como se llegó a eso, pero me parece que debió haber sido a través de una conversación de 'Coca' de Castro (Carmen de Castro, jefa de la campaña) o con Cristina (Zúñiga). El pago se hizo mediante una transferencia electrónica a la cuenta de la empresa. No hay ningún servicio que se le haya prestado a Corpbanca".

Pablo Zalaquett

En el entorno de Zalaquett explicaron a CIPER por qué la factura fue pagada por Corpbanca: Pablo Zalaquett había hecho una asesoría personal a Corpbanca que aún estaba pendiente de pago. Cuando llegó el momento de cancelar los primeros servicios de Cristina Zúñiga, en abril de 2013, la campaña aún no tenía dinero en caja, por lo que al propio Zalaquett decidió que la empresa de Zúñiga extendiera la factura a nombre de Corpbanca, para que se pagara con el monto que él debía cobrar a ese banco por su asesoría. Según esta versión, fue el propio Zalaquett el que presentó a Corpbanca la factura de Cristina Zúñiga en lugar de una suya.

Cristián Canales, director Legal y Control de Corpbanca, señaló a CIPER que efectivamente Pablo Zalaquett había hecho una asesoría al banco. El trabajo encomendando a Zalaquett fue un estudio de varias licitaciones realizadas por municipalidades para la apertura y mantención de las cuentas corrientes comunales en las que Corpbanca había participado sin éxito.

Al momento de cursar el pago por la asesoría, explicó Cristián Canales, fue Zalaquett quien presentó al banco la factura de Asesorías Cristina Zuñiga.

-Lo importante es que hay un servicio prestado y que la persona que debía recibir el pago es la que presentó esta factura. Pudiera haber una falta de rigurosidad por no haber chequeado la relación de esta persona natural con la persona jurídica que facturó -señaló Cristián Canales a CIPER.

El ejecutivo explicó que es común que los profesionales que forman parte de una sociedad o que están contratados por una sociedad, presenten facturas de esa sociedad. Por eso, dijo, si el mismo profesional es el que presenta la factura y el trabajo está hecho, como habría ocurrido en el caso de Zalaquett, habitualmente se procede al pago sin mayores cuestionamientos.

Después de ese pago inicial, la jefa de campaña, "Coca" de Castro, determinó que el trabajo de Asesorías Cristina Zúñiga se cancelaría en mensualidades de $3,5 millones, según la versión que entregó Chaparro a la Fiscalía. En su declaración, el asesor adjuntó un correo de "Coca" de Castro en el que pidió que facturaran a Soquimich esas mensualidades:

"Para ello nos envío un contrato tipo para que lo firmara Cristina (Zúñiga) que venía vacío en cuanto al otro contratante, que era Soquimich (…). Tampoco hubo ningún servicio que se prestara a Soquimich. Los servicios eran para la campaña de Pablo Zalaquett. Y se facturó mensualmente, con las facturas 21, 27, 28, 37 y 60 por $3,5 millones cada una".

 

Vea aquí la carta enviada por el abogado de Alejandro Chaparro Cavada, y la respuesta de Ciper.

Fuente:CIPERCHILE

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ESTO EXPLICA MUCHAS COSAS .SII GOLPEA A LA MONEDA.

LA CORRUPCIÓN ATACA EL ADN DE LA MONEDA

La querella por delito tributario que Impuestos Internos sí presentó a la Fiscalía: involucra a universidad ligada al ministro Elizalde

El SII denunció a la U. Bolivariana por irregularidades que involucrarían un perjuicio fiscal de $980 millones entre 2008 y 2011. Durante parte de ese período, el vocero de Gobierno era gerente general de una de las sociedades dueñas de la casa de estudios, además de superintendente de Seguridad Social.

El SII denunció a la U. Bolivariana por irregularidades que involucrarían un perjuicio fiscal de $980 millones entre 2008 y 2011. Durante parte de ese período, el vocero de Gobierno era gerente general de una de las sociedades dueñas de la casa de estudios, además de superintendente de Seguridad Social.

Publicado 19.03.2015

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Uziel Gómez

El director provisional y transitorio del Servicio de Impuestos Internos, Michel Jorratt, está en el centro de la polémica por su negativa a presentar una denuncia o querella en el caso Soquimich solicitada por laFiscalía.

La entidad ha recibido críticas desde el oficialismo y la oposición, desde donde se ha especulado que su tardanza podría terminar protegiendo a autoridades políticas de todo el espectro que habrían recibido financiamiento electoral irregular, y que es una de las aristas que quiere indagar el Ministerio Público. Ayer en la tarde, tras varios días de polémica, finalmente el SII anunció que entregaría información contable de SQM al fiscal nacional.

Una de las críticas es que el SII no estaría actuando con la misma diligencia y celo que tuvo al comienzo del caso Penta, donde tempranamente presentó una denuncia y querella, gracias a la cual la justicia formalizó a 10 personas, cuatro de la cuales están en prisión preventiva como medida cautelar.

Sin embargo, al revisar cómo ha sido la actuación del SII en el pasado reciente frente a otros casos de eventuales delitos tributarios, es posible encontrar que la entidad sí ha ejercido acciones penales en situaciones que podrían afectar a personeros de alta connotación pública, incluso de la Nueva Mayoría.

La denuncia del SII contra la U. Bolivariana por delito tributario que involucra $980 millones

Se trata de la "denuncia criminal por el delito tributario previsto y sancionado en el inciso primero del número 4 del artículo 97 del Código Tributario", que tuvo a la vista "El Líbero",  y que fue presentada ante la Fiscalía de Ñuñoa el 5 de agosto de 2013 por el SII en contra de Martín Manuel Gárate Díaz, "en su calidad de  representante legal  de la corporación de derecho privado Universidad Bolivariana, entidad que en reiterados períodos, entre los años 2008 y 2011, presentó declaraciones maliciosamente falsas al haber omitido las retenciones efectuadas por concepto de impuesto único a sus trabajadores, y por concepto de honorarios pagados a profesionales independientes".

La denuncia la firmó Andrés Vio Veas, quien subrogaba al subdirector jurídico del SII,Cristián Vargas Méndez, funcionario de carrera desde 1995 y que ayer fue el encargado de anunciar que se entregarán todos los antecedentes al Ministerio Público en el caso Soquimich.

El artículo invocado por el SII se refiere a declaraciones maliciosamente incompletas o falsas que puedan inducir a la liquidación de un impuesto inferior al que corresponda, la omisión maliciosa en los libros de contabilidad de los asientos relativos a las mercaderías adquiridas, enajenadas o permutadas o a las demás operaciones gravadas, la adulteración de balances o inventarios o la presentación de éstos dolosamente falseados, el uso de boletas, notas de débito, notas de crédito o facturas ya utilizadas en operaciones anteriores, o el empleo de otros procedimientos dolosos encaminados a ocultar o desfigurar el verdadero monto de las operaciones realizadas o a burlar el impuesto.

El SII recibió 56 denuncias en contra de la U. Bolivariana, que puso a disposición de la Fiscalía, que dirige Sabas Chahuán.

"El perjuicio fiscal determinado administrativamente, producto de las conductas referidas, desde enero de 2008 a diciembre de 2011, alcanza la suma de $980.467.138", según información oficial de Impuestos Internos.

Fiscalía liderada por Gajardo investiga los presuntos delitos de la universidad

El 6 de junio de 2014, el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago formalizó por delitos tributarios en calidad de autor a Martín Manuel Gárate Díaz y como medida cautelar decretó una firma mensual en la 16° Comisaría de Carabineros de La Reina.

El querellante por parte del SII es Cristián Vargas, y el fiscal a cargo del caso es José Villalobos Gómez, quien forma parte de la Fiscalía de Alta Complejidad de la Región Metropolitana Oriente, que dirige Carlos Gajardo, quien investiga, a su vez, los casos Penta y Soquimich junto a Sabas Chahuán.

En la Fiscalía señalaron ayer a este diario que restan otros seis meses de investigación porque hay diligencias pendientes, como declaraciones de testigos y oficiar al SII para saber cuánto se ha pagado.

Gajardo lidera las indagatorias, además, de otras 12 universidades en el denominado "caso lucro" y en los presuntos sobornos pagados al ex presidente de laComisión Nacional de Acreditación (CNA), Luis Eugenio Díaz.

Los vínculos del ministro Elizalde con la U. Bolivariana que fundó su padre

La Universidad Bolivariana y el apellido Elizalde están vinculados desde su fundación a principios de los 90'.

Antonio Elizalde Hevia, -padre del actual ministro de la Secretaría General del Gobierno, Álvaro Elizalde Soto-, es uno de los dueños originales del plantel, fue su rector durante 11 años (1996-2007), integró el directorio, fue director de investigación y publicación y es rector emérito.

El 1 de mayo de 2005, mientras era rector, el padre del vocero de Gobiernoconstituyó la Sociedad Gandia S.A. junto a su cónyuge y madre de sus hijos, María Eugenia Soto Albornoz, con el objeto "de realizar la gestión educacional y participación en proyectos educativos de todo tipo, especialmente en el ámbito universitario".  Tres meses después, el 26 de agosto,Gandia S.A. se incorporó como socio de la corporación de la U. Bolivariana en una asamblea general extraordinaria.

Tres años después, en 2008, y mientras el hoy ministro Elizalde era superintendente de Seguridad Social en el primer gobierno de Bachelet –cargo que ocupó hasta marzo de 2010-, se desempeñó en paralelo como gerente general de Gandia S.A., según figura en su declaración de patrimonio de noviembre de 2008.

El cargo en Gandia S.A. lo mantuvo, al menos, hasta abril de 2010, cuando realizó su declaración de patrimonio tras su salida de la Superintendencia ante la llegada del gobierno del Presidente Sebastián Piñera.

La denuncia del SII por eventual delito tributario de la U. Bolivariana abarca el período entre enero de 2008 y diciembre de 2011. Al menos hasta febrero de 2013, Gandia S.A. figuraba como socio activo de la Corporación Universidad Bolivariana, según consta en un acta de asamblea general extraordinaria.

FOTO: PEDRO CERDA/AGENCIA UNO

Fuente:ELLIBERO

Saludos
Rodrigo González Fernández
Diplomado en "Responsabilidad Social Empresarial" de la ONU
Diplomado en "Gestión del Conocimiento" de la ONU

Diplomado en Gerencia en Administracion Publica ONU

Diplomado en Coaching Ejecutivo ONU( 

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