DC rechaza dichos de embajador PC en Uruguay y emplaza a Cancillería a "tomar medidas"

Eduardo Contreras responsabilizó a la "ultraderecha" de atentados y dijo que en 1973 la DC "apoyó el Golpe". Timonel Ignacio Walker dijo que declaraciones son "absolutamente desafortunadas".

por Pablo Cádiz - 16/10/2014 - 10:07

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Nada de bien cayeron en la DC las declaraciones del embajador de Chile en Uruguay, Eduardo Contreras.

El militante del PC aseveró en una entrevista con el periódico La Diaria que "no tengo ninguna duda de que estos actos terroristas que se han registrado son de la ultraderecha. Es lo mismo que hacían cuando estaba Allende, aunque usen elementos anarquistas".

Y no sólo eso: Contreras señaló que la convivencia con la Democracia Cristiana al interior de la Nueva Mayoría no ha sido fácil, y atribuyó como una de las causales que "la directiva DC de 1973 apoyó el Golpe".

El presidente de la DC, Ignacio Walker aseveró a través de su cuenta de Twitter que las declaraciones del embajador son "desafortunadas". En este contexto, dijo estar seguro de que "el Ministerio de RR.EE tomará (las)medidas que correspondan".

En este contexto, el vicepresidente de la colectividad Fuad Chahín, detalló a La Tercera que hoy, posiblemente mediante Whattsapp, la directiva coordinará los pasos a seguir frente a la inesperada declaración del embajador.

Chahín dijo que si bien aún no se acuerda nada a nivel de directiva, su postura personal es que "los dichos son imprudentes, no corresponden a un embajador que representa al Estado de Chile".

"Me imagino que el gobierno no se siente representado por los dichos del embajador Contreras. Si se siente representado, deberá explicitarlo. Pero si es que no se siente representado debe actuar en consecuencia...es decir, sacarlo", agregó.

El senador e integrante de la comisión de RR.EE, Jorge Pizarro, dijo a este medio que "creo que el embajador debe hacerse cargo de sus dichos, puede tener opiniones personales pero no las puede expresar. Espero que cancilleria actúe en esta materia".

Consultado sobre si adscribe al llamado de diputados de la UDI a pedirle la renuncia a Contreras Pizarro dijo que "la cancilleria es la que tiene que evaluar si el embajador representa los intereses y las posturas del gobierno". 

En relación a las críticas hacia la DC, el legislador fue enfático: "Sus declaraciones son equivocadas, creo que está equivocado. Hay una tendencia a endosar responsabilidades a otros lavándose las manos respecto de las responsabilidades propias".

En tanto, el diputado DC y actual presidente de la Cámara, Aldo Cornejo, dijo a este medio que "no me parece ni conveniente ni prudente que los embajadores emitan este tipio de declaraciones".

"Nadie puede estar a favor del terrorismo, pero nadie está en condiciones de poder atribuir responsabilidades a ningun sector. Me parece francamente una imprudencia", manifestó.

En relación a los dichos de Contreras sobre la falange, el parlamentario dijo que "lo que hace el embajador en Uruguay es indicar de que la DC apoyó el golpe militar del 73, cuestion que yo en lo personal no comparto"

"No me parece ni prudente ni conveniente que un embajador que representa al Estado de Chile en otro país, cualquiera que este sea, emita opiniones de esta naturaleza, califique determinadas actitudes de determinados sectores politicos de nuestor país, toda vez que el representa al Estado de Chile y no a un determinado sector político", enfatizó.

Consultado respecto del llamado de la UDI y sectores de la Alianza a que el gobierno  pida la salida del embajador, Cornejo respondió que "la renuncia de los embajadores depende de la Prsidenta de la Republica. Ahora, si algún sector estima necesario hacer esa solicitud, creo que están en su derecho". 

Cornejo, dijo que en lo personal "no voy a pedir la renuncia, pero sí me parece necesario que la cancillería instruya a sus embajadores a no realizar este tipo de declaraciones".

Por su parte, la ex senadora DC y ex canciller Soledad Alvear calificó las declaraciones como "complicadas" y se unió al llamado al ministerio de RR.EE a pronunciarse al respecto.

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LAS DESGRACIADAS Y FALSAS OPINIONES DE EMBAJADOR DE CHILE EN URUGUAY

No rectificamos, ratificamos

La entrevista con el embajador de Chile en Uruguay, Eduardo Contreras, que publicamos en la edición del miércoles 15 de octubre fue reproducida por medios chilenos y generó una polémica, mediática y diplomática.

A raíz de esa situación, el embajador dio a conocer esta tarde un comunicado en el que pide "sinceras disculpas" por las "molestias que involuntariamente se hayan podido ocasionar" con sus declaraciones.

Pero en lugar de finalizar el comunicado con esas disculpas, Contreras -o quien haya redactado ese mensaje- señala:

"He solicitado a ese medio periodístico (por la diaria) que reconozca y recoja las precisiones y rectificaciones a lo que efectivamente planteé en una conversación estrictamente privada con la periodista autora de la entrevista".

No corresponde que reconozcamos o recojamos ninguna rectificación o precisión. La entrevista con Contreras se realizó el jueves 2 de octubre en la sede de la embajada chilena en Ciudad Vieja. La hicieron Marina González, periodista de la sección Internacional, y el fotógrafo Sandro Pereyra. Duró una hora y media, y se registró el audio con un grabador a la vista del embajador.

Contreras declaró todo lo que le atribuimos en ese artículo. Fue una típica entrevista periodística en la cual todos los participantes saben (y avalan) que todo lo dicho puede ser publicado; por lo tanto, no es correcto decir que se trató de una conversación privada.

El artículo sigue estando disponible, con todas sus letras, aquí.

Fuente:http://ladiaria.com.uy/articulo/2014/10/no-rectificamos-ratificamos/

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Empresarios Reconocen Incertidumbre Por Batería de Reformas del Gobierno

Empresarios Reconocen Incertidumbre Por Batería de Reformas del Gobierno

Alfonso Swett Opazo, vocero del mundo privado en la reunión de ayer con la ministra del Trabajo, Javiera Blanco, se mostró preocupado también por la destrucción de 140.000 empleos que ha ocurrido en lo que va del año. Con un alto nivel de incertidumbre está el mundo empresarial nacional, ante la batería de reformas que está implementando el gobierno, como es el caso de la  tributaria que ya entró en vigencia, y la laboral que próximamente entraría como proyecto de ley al Congreso. Lo que se suma a la actual desaceleración económica que vive el país.  Entre otras cosas, por eso ayer se reunieron con la ministra del Trabajo Javiera Blanco, el presidente de Falabella, Carlo Solari; el vicepresidente de este retailer, Juan Carlos Cortez;  el presidente de Forus, Alfonso Swett Saavedra; el director ejecutivo de la firma, Alfonso Swett  Opazo;  el gerente general de Cencosud, Daniel Rodríguez; el gerente de Recursos Humanos de la compañía, Rodrigo Hetz, y el gerente corporativo  de Wal-Mart Chile, Gonzalo Valenzuela.  El vocero de los empresarios, Alfonso Swett Opazo, aunque señaló que no se puede pronunciar acerca de la Reforma Laboral, dado que no conoce el documento oficial que entraría como proyecto de ley, sí reconoció que este tema genera en el mundo empresarial incertidumbre, "ya es algo lanzado y es público, efectivo".  Indicó además que "nos hace mal como país manifestarnos frente a titulares, pues tenemos que hacerlo frente a contenidos. Una Reforma Laboral puede ser buena o mala, pero no la conozco, ojalá eso sí, la ministra (del Trabajo) me haga llegar los antecedentes".   "No vayamos a los slogans, no vayamos a las trincheras, sino que esperemos lo que va a pasar. Entiendo que la CPC está muy ocupada de este tema, por ahora es complicado expresarse sobre una noticia en desarrollo", admitió el director ejecutivo de Forus, dando cuenta que tampoco la ministra del Trabajo cuenta con el proyecto definitivo.  En tanto, el representante de los empresarios expresó que "vemos con preocupación el tema del empleo, es tremendamente relevante no solamente en lo económico, sino también en lo social. Las noticias de este año no han sido buenas, hemos destruido unos 140.000 puestos de trabajo en lo que va de 2014. Sabemos que el Gobierno está con la disposición de aportar soluciones a esto".  En cuanto a la iniciativa que buscaría cerrar los centros comerciales a las 17:00 hrs. los días domingo, Swett Opazo se limitó a decir que "entiendo que se está dialogando entre las partes sobre esto. Hacer público un diálogo, lo afecta".

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DIPUTADOS UDI-RN CALIFICAN COMO “EXTREMADAMENTE GRAVE” QUE CAMBIOS A LEY ANTITERRORISTA NO INCLUYAN ATENTADOS EN LA ARAUCANÍA

DIPUTADOS UDI-RN CALIFICAN COMO "EXTREMADAMENTE GRAVE" QUE CAMBIOS A LEY ANTITERRORISTA NO INCLUYAN ATENTADOS EN LA ARAUCANÍA

Publicado el 14 de octubre del 2014

Luego de conocer los primeros alcances del informe elaborado por la "Comisión Hermosilla", parlamentarios de oposición condicionaron respaldo a iniciativa que debiera ser presentada en las próximas semanas al Congreso.

 Este lunes -dos semanas después de lo anunciado originalmente-, la llamada "Comisión Hermosilla" entregó al ministro Rodrigo Peñailillo su informe con propuestas para modificar la Ley Antiterrorista.

Tras conocer los primeros alcances del documento en que el grupo de expertos -liderados por el abogado Juan Pablo Hermosilla- propone al Ejecutivo una serie de cambios legales para combatir el terrorismo en el país, los diputados UDI Juan Antonio Coloma y Arturo Squella, junto al RN Gonzalo Fuenzalida -todos integrantes de la Comisión de Seguridad Ciudadana-, expresaron su "preocupación" porque dichas modificaciones dejarían fuera de la calificación terrorista a los atentados que ocurren en la región de La Araucanía.

"Se estaría dejando fuera los actos de terrorismo que vemos comúnmente en La Araucanía, y eso es extremadamente grave. Si hay un lugar en donde está desatado el terrorismo es precisamente en la región de La Araucanía, y no vamos a aceptar que se deje fuera de las modificaciones legales que se pretenden hacer a la ley 18.314", dijo Squella.

En la misma línea, el diputado Coloma sostuvo que "no hay que equivocarse, acá lo que tenemos que hacer es buscar cómo enfrentamos drásticamente al terrorismo en Chile y no dejar de lado temas como La Araucanía, que lamentablemente quedaría excluido de esta legislación".

El diputado Fuenzalida, en tanto, se refirió a otro de los aspectos que genera controversia en los anuncios de la comisión: la necesidad de comprobar la existencia de una "organización terrorista" en la persecución de este tipo de delitos. "La organización terrorista hay que demostrarla, y siguiendo la teoría alemana es muy difícil poder hacerlo, porque hay que demostrar una organización ilícita y eso la verdad es que en nuestro país es muy difícil de conseguir con la legislación que tenemos", apuntó.

El legislador lamentó, además, que "el proyecto que conocemos por la prensa es totalmente distinto a lo que en su oportunidad conversamos con Juan Pablo Hermosilla, el abogado que está a cargo de la Comisión".

"Lo importante es tener una ley antiterrorista que sea aplicable. Los chilenos esperan una ley que sea fuerte, que engrose nuestra legislación en defender el derecho de las personas, la democracia y nuestra institucionalidad de personas que están fuera del sistema y que lo ponen jaque a través de actos terroristas", concluyó Fuenzalida.

Consultado acerca de la eventual derogación de la ley sobre conductas terroristas y la introducción de modificaciones para perseguir y condenar estos delitos a través del Código Penal, el diputado Coloma explicó que "en principio, lo que queremos es que se fortalezca la institucionalidad antiterrorista. Lo ideal sería que el gobierno acceda a agregar a la Ley Antiterrorista facultades para las policías y que dichas facultades permitan después mejorar las pruebas cuando se presenten en los juicios (…) Pero si finalmente el Ministerio del Interior, cuando presente el proyecto, accede a dejar éstas y más facultades en el Código Penal, nosotros vamos a estar abiertos a debatir".

En cuanto al retraso en la entrega de este informe, Squella puntualizó que "es preocupante que la fecha que el gobierno se autoimpuso, es decir, el 30 de septiembre, no se haya cumplido. Nos habían dicho que en esa fecha iba a estar ingresado el proyecto en la Cámara de Diputados o en el Senado para su tramitación y eso no se ha cumplido". Y acotó que "el 30 de octubre ingresaría al Congreso Nacional el proyecto de ley que modifica la institucionalidad de la ANI. Esperamos que, en ese caso, sí se cumpla con la palabra".

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FNE Investiga Peligros de Nuevas Adquisiciones de Cruz Verde

14/10/2014

FNE Investiga Peligros de Nuevas Adquisiciones de Cruz Verde

La Fiscalía Nacional Económica indaga las sucesivas adquisiciones que ha llevado a cabo en el último tiempo Socofar, de diversos prestadores de salud y distribuidores de medicamentos locales especializados en el área oncología. Nuevamente está en la palestra pública el mercado farmacéutico en temas ligados a la libre competencia. Esta vez, la Fiscalía Nacional Económica inició una investigación a causa de las sucesivas adquisiciones que ha llevado a cabo la filial del holding Cruz Verde, Socofar, de diversos prestadores de salud y distribuidores de medicamentos especializados en el área oncología.  Según el documento firmado por el fiscal nacional económico, Felipe Irarrázabal, la referida operación incide directamente en rubros de alto impacto para los consumidores como son el mercado de salud y el ámbito farmacéutico en general.  Conforme a los datos recopilados por la FNE hasta el momento, los prestadores de tipo oncológico adquiridos por Socofar tendrían presencia nacional, pudiendo en ese sentido presentarse una serie de superposiciones en varias áreas geográficas.  En tanto, la compra de un distribuidor de medicamentos por parte de la filial de Cruz Verde, de acuerdo a lo recalcado por la FNE, podría incrementar la participación de un actor relevante en los mercados de venta mayorista y minorista de remedios a nivel país.  Por lo que ante la ausencia de datos públicos relativos a la participación de mercado de los prestadores y distribuidores que fueron adquiridos por Socofar, admitió el fiscal Irarrázabal en su escrito, resulta imposible para la FNE determinar con exactitud el grado de concentración que producirá la operación.  El fiscal nacional económico apuntó que el ente antimonopolio requiere realizar mayores indagaciones dirigidas a obtener información detallada sobre el mercado en que incide la operación, con el fin de evaluar sus posibles riesgos anticompetitivos.  De esta manera, la industria de la salud local se encuentra otra vez bajo la lupa de la FNE, luego de casos emblemáticos como el de la colusión entre las farmacias Cruz Verde, Fasa y Salcobrand, y de que el ente antimonopolio adelantara que proporcionaría recursos extraordinarios a investigar este negocio.

Fuente:estrategia

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FRUTICULTURA: COLUSION EN EL MERCADO DE FRUTA DE EXPORTACION

COLUSION EN EL MERCADO DE FRUTA DE EXPORTACION DEBE SER INVESTIGADA POR FNE

Es sabido en el ámbito de los productores de fruta y recibidores internacionales que en Chile en el mercado de fruta de exportación hay colusión, abuso de posición dominante y absoluta falta de transparencia.

Es el caso que en este mercado de fruta de exportación  las grandes exportadoras se encuentran coludidas al igual o muy parecido a como operaba el mercado de los Pollos recientemente sancionado por  el TDLC y fundamentalmente por el hecho de haber usado una Asociación gremial  para coludirse. Esto mismo pasa en el mercado de fruta de exportación.

¿Uds dirán por que no  presiona el gremio de los productores para que la Fiscalía Nacional Económíca investigue? La respuesta es una y simple. Fedefruta, gremio de los productores , se encuentra secuestrada por el gremio exportador y basta ver quienes son sus directores. Es más, tienen negocios en conjunto con ASOEX y quien sabe que otros arreglines secretos para arreglarse liquidaciones como lo denunciara un productor hace algunos años.

En consecuencia, como esta colusión del gremio exportador daña gravemente el mercado y principalmente a pequeños y medianos productores que se encuentran muy endeudados con ellos producto de liquidaciones arbiitrarias e ilegales, es que la Fiscalía Nacional Económica debe investigar este coludido mercado de fruta de exportación y romper las barreras del fuerte Lobby exportador.

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CONFLICTO CHILE-BOLIVIA

Bolivia responderá a Chile antes del 15

El documento 'es muy serio y responsable' y está casi concluido

La Razón (Edición Impresa) / Dennis Luizaga

06:06 / 13 de octubre de 2014

El Gobierno de Bolivia concluye la respuesta a la impugnación planteada por Chile ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya por la demanda marítima y la presentará antes del 15 de noviembre, anunció ayer el procurador del Estado, Héctor Arce.

"El documento está prácticamente terminado. Es muy serio, muy responsable. Es un documento de características históricas yo diría, pero ha de ser presentado antes de la fecha (límite)", señaló Arce, según reporte de Patria Nueva.

La presidenta chilena, Michelle Bachelet, informó en julio sobre la decisión de la Moneda de impugnar la competencia de la CIJ ante la demanda marítima boliviana.

A través de este recurso se suspendió temporalmente el proceso que Bolivia instauró en 2013 contra Chile ante este tribunal, hasta que esta misma institución se pronuncie si es competente o no. Bolivia tiene como plazo hasta el 15 de noviembre para presentar sus alegatos a favor de la competencia de la CIJ.

El Procurador rechazó las declaraciones que emitieron algunos expresidentes chilenos en un spot televisivo que se difundió semanas atrás, donde acusan a Bolivia de pretender romper la arquitectura limítrofe de la región con su demanda ante La Haya.  "Lamentamos mucho que Chile pretenda confundir esta situación a la comunidad internacional", dijo.

comentarios

Fuente:http://www.la-razon.com/animal_electoral/Demanda-Bolivia-respondera-Chile_0_2142985700.html

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CASO PENTA Y LA FISCALÍA

La fiscalía en el caso Penta

93 Comentarios

  

Señor Director: 

Entre que la víctima de un delito común acude a las oficinas del Ministerio Público a realizar una denuncia y hasta que recibe una respuesta de parte del fiscal a cargo, pueden pasar fácilmente 30 o 60 días. Peor aún; por lo general, la respuesta es poco esperanzadora: se archiva provisionalmente la causa por falta de antecedentes (Art. 167 NCPP).

El miércoles recién pasado, el SII presentó una nueva denuncia en el marco del denominado caso Penta. Como es de público conocimiento, habían pasado poco más de 24 horas desde la denuncia, y la fiscalía y la PDI ingresaban al domicilio particular de Andrés Velasco y a oficinas vinculadas a Laurence Golborne.

Si bien es cierto que sería ingenuo pretender equiparar la investigación de casos de connotación pública con los de delitos comunes, en el último tiempo observamos con preocupación un celo desmedido en los primeros -y en que todo se filtra a la prensa- y un total abandono de los segundos. Ingresar al domicilio particular de una persona -sea quien sea- en casos en que no concurren las causales de flagrancia y en los que la investigación siquiera se encuentra formalizada, parece una medida absolutamente extrema. Es legítimo y destacable que los funcionarios del Ministerio Público ante una gran exposición mediática quieran realizar su labor con diligencia y esmero; sin embargo, por sobre sus legítimos intereses personales, debe prevalecer siempre el respeto a la ley y a las personas involucradas en sus investigaciones: víctimas, imputados y familias de unos y otros.

En relación con este último punto, don Enrique Cury enseñaba que el Derecho Penal no era el conjunto de normas para castigar a los delincuentes -como creen a rajatabla nuestros honorables-, sino que es "el conjunto de normas que regulan la potestad punitiva del Estado...", entendiendo que es este último el que tiene todas las de ganar, y que es propio de una sociedad desarrollada limitarlo en sus facultades. En el mismo sentido del profesor Cury, otros abogados han sostenido que el Derecho Penal debe ser entendido como la contracara de los derechos y garantías constitucionales.

Esperamos que el Ministerio Público sepa mantener adecuadamente la autonomía que le consagra nuestra Constitución Política, en tiempos en que imaginamos que algunas fiscalías serán objeto de fuerte presión política y mediática.

Juan De Dios Ferrada Walker
Abogado 

Fuente:EMOL

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COLUSION: Investigación de FNE Por Eventual Colusión Supermercadista Sigue en Pie

¿CUANDO LE TOCA EL TURNO AL MERCADO DE FRUTA DE EXPORTACIÓN ?

Investigación de FNE Por Eventual Colusión Supermercadista Sigue en Pie

La indagación de la Fiscalía Nacional Económica por posible concertación ilícita de precios de Wal-Mart Chile, Cencosud, SMU y Tottus lleva casi 3 años y ha sido compleja, pero el ente antimonopolio estaría cerca de concretar una acción, donde se incluiría un requerimiento ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia. Ya han pasado casi 3 años desde que la Fiscalía Nacional Económica, con la ayuda de personal del OS9 de Carabineros, allanó las oficinas centrales de las cadenas supermercadistas Wal-Mart Chile, Cencosud, SMU y Tottus, llevándose importante material informático de los gerentes de Compra a Proveedores de las firmas por presunta colusión en las categorías de productos relacionados a limpieza, carnes blancas y abarrotes, donde el ente antimonopolio habría reunido antecedentes para materializar tal procedimiento.  Efectos No Cesan Y a la fecha, la investigación de la FNE sigue en pie, a cargo del subfiscal nacional económico (s), Mario Ybar, quien reemplazó a Jaime Barahona en esta labor. Es que el titular del ente antimonopolio, Felipe Irarrázabal, se inhabilitó apenas se dio el vamos al proceso de indagación, dado que su hermano Cristóbal es gerente general corporativo de Tottus, y porque además prestó servicios profesionales como abogado a Cencosud antes de llegar a la fiscalía económica.  Fuentes cercanas al proceso señalan que no existen límites de tiempo para la indagación de la FNE, pues la colusión prescribe en un plazo de 5 años, desde que cesan los afectos de esta práctica ilegal, con lo que la FNE contaría todavía con tiempo a favor. Lo que sí, pese a que la investigación ha sido compleja, el ente antimonopolio estaría cerca de concretar alguna acción, donde no sería descartable un requerimiento ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia.   El Radio de Acción Las diligencias se están llevando a cabo con máxima reserva por el equipo de la FNE, tomando en cuenta que es un caso de alta relevancia y delicado de tratar. Es más, hace rato en la industria supermercadista no tendrían luces al respecto, posiblemente, porque el ente antimonopolio se encontraría en la etapa de afinar un requerimiento.  Pero, ¿cuál sería el radio de acción de la FNE en su investigación? Radicaría en la relación entre las cadenas de supermercados con sus proveedores, donde las primeras firmas, en presunta coordinación ilícita, instarían a que las segundas les rebajen el precio de productos de limpieza, carnes blancas y abarrotes, para luego venderlos a un valor superior a los consumidores. Pensamiento de la Fiscalía En ese sentido, en el marco de la audiencia ante el TDLC por la fusión SMU-SdS, el representante de la FNE,  Mario Ybar, hoy a cargo de las indagatorias a los supermercados, recalcó que en el sector existen altos riesgos de colusión, por factores como la poca cantidad de actores –Wal-Mart Chile, Cencosud, SMU y Tottus concentran más del 90% de las ventas totales–, la integración entre ellos, la estabilidad de la demanda, la marcada transparencia de precios y las similares cifras de participación de mercado entre las primeras tres cadenas.  Además, agregó, los supermercados cuentan con datos semanales de precios de los competidores, a través de la consultora Nielsen y ciertas encuestas, y sobre todo en los productos más sensibles para la población. Con lo que si una de las cadenas baja los valores de éstos, las demás la emulan casi inmediatamente.  La FNE en la ocasión afirmó que el sector supermercadista se parece mucho al farmacéutico, en cuanto a las posibilidades latentes de colusión. Incluso, es mucho más riesgoso, y cabe recordar que el TDLC multó a Cruz Verde y Salcobrand con US$19 millones a cada una, tras coordinar precios con Fasa, que se eximió del castigo al confesar las malas prácticas y pagar US$1 millón.  Asimismo advirtió que los hogares chilenos gastan en promedio mensualmente $130.000 en los supermercados del país, según Nielsen, y el ingreso promedio de una familia es de $610.000. Con lo que las grandes cadenas cuentan con un gran poder, que se suma al que poseen frente a los proveedores locales.   Tras la fusión de SMU con SdS, argumentó la FNE igualmente, se ha reducido significativamente la competencia entre los supermercados. "Las posibilidades de coordinación y abusos unilaterales, habrían disminuido si las dos cadenas hubieran seguido adelante, por separado, con sus planes de crecimiento de tipo orgánico", manifestó Ybar. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¿Cuáles son las Bases del Proceso? La investigación de la FNE a los supermercados se sustenta en el artículo tercero del DL 211 que norma la institucionalidad que supervigila la libre competencia. El texto indica que "El que ejecute o celebre, individual o colectivamente, cualquier hecho, acto o convención que impida, restrinja o entorpezca la libre competencia, o que tienda a producir dichos efectos, será sancionado con las medidas señaladas en el artículo 26 de la presente ley, sin perjuicio de las medidas preventivas, correctivas o prohibitivas que respecto de dichos hechos, actos o convenciones puedan disponerse en cada caso". Se considerarán, entre otros, como hechos, actos o convenciones que impiden, restringen o entorpecen la libre competencia o que tienden a producir dichos efectos, los siguientes: a) Los acuerdos expresos o tácitos entre competidores, o las prácticas concertadas entre ellos, que les confieran poder de mercado y que consistan en fijar precios de venta, de compra u otras condiciones de comercialización, limitar la producción, asignarse zonas o cuotas de mercado, excluir competidores o afectar el resultado de procesos de licitación. b) La explotación abusiva por parte de un agente económico, o un conjunto de ellos, de una posición dominante en el mercado, fijando precios de compra o de venta, imponiendo a una venta la de otro producto, asignando zonas o cuotas de mercado o imponiendo a otros abusos semejantes. c) Las prácticas predatorias, o de competencia desleal, realizadas con el objeto de alcanzar, mantener o incrementar una posición dominante.

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