Su último día en el Congreso, la actual embajadora Vidal se despidió con una selfie con sus ex compañeros.
Un tercio de los diputados que había en 2013 tenía claro, en noviembre del año pasado, que no volvería al hemiciclo en marzo de 2014. Una decena porque no repostuló, otros siete pasaron a integrar las filas del Senado, y el resto derechamente perdió en los comicios electorales.
Estos 40 parlamentarios siguieron con sus labores hasta el 11 de marzo. Y en febrero, pese a ser un mes de receso veraniego, llamó la atención que varios de ellos pidieron informes a asesores externos. Para este ítem, cada parlamentario cuenta con un monto de $ 2.056.000 mensuales y acumulables de un mes a otro (más el proporcional de marzo).
Algunos utilizaron parcialmente el dinero disponible y uno, Edmundo Eluchans (UDI), no lo usó. La utilización de estos recursos, que es legal, se rige por un reglamento de asesoría externa elaborado por el Consejo de Asignaciones Parlamentarias.
Dicha normativa indica que con cargo a estos fondos se "podrá encargar la elaboración de estudios, investigaciones, informes y asesorías sobre materias o asuntos científicos, técnicos, económicos, políticos, sociales, estadísticos, comunicacionales, informáticos, tecnológicos, jurídicos, legislativos u otros análogos para asistir a la labor parlamentaria, incluidas asesorías de imagen, estudios de opinión y encuestas". Labores que además sólo pueden realizar asesores inscritos en un registro especial al cual acceden tras acreditar su calidad profesional o técnica y acreditar que no tienen relación parental (hasta tercer grado) con parlamentarios o funcionarios de la misma Corporación.
Estas como otras asignaciones son auditadas por el Comité de Auditoría Parlamentaria, que en este momento se encuentra fiscalizando precisamente las asesorías externas a una treintena de los actuales diputados. Una evaluación que se hace en forma aleatoria.
Mediante una solicitud por Ley de Transparencia accedimos a doscientos de estos documentos que, en total, significaron un costo para el erario nacional de $177 millones por estos 39 diputados.
La revisión de los mismos arrojó una serie de interrogantes sobre la relación entre costo, calidad y utilidad de los mismos por lo menos en 17 casos.
El resto de los trabajos aparentemente cumplió con el objetivo expresado al momento de contratar los servicios externos, no sólo en forma, sino que también en contenido.
El reporteo de esta investigación generó que la mesa de la Cámara de Diputados citara a una reunión especial el miércoles pasado para tomar medidas, especialmente en el caso de las asesorías que se encargan en periodo de receso legislativo. Gestiones que consignaron otros medios de comunicación que, tal como los miembros de la Cámara Baja, desconocían el contenido del reportaje que presentamos hoy.
Próximo lunes: Segunda parte de esta investigación.
Marta Isasi (independiente) $1 millón por discurso
Están identificados como "asesoría legislativa" pero corresponden a dos documentos escritos en primera persona, con comentarios y opiniones, como si fueran discursos de la diputada en el hemiciclo. Se trata de "Votos obligatorios versus voto voluntario" y otro llamado "Fallo de La Haya". Ambos costaron $2 millones 56 mil y fueron elaborados (según la información de Transparencia) por Emilio del Solar.
Revisamos las actas de sesiones de noviembre de 2013 a marzo 2014 sin encontrar dichas alocuciones. Sólo detectamos tres exposiciones de la ex parlamentaria: en la sesión Nº 93 (Presupuesto, partida de Vivienda); en la Nº 103 (al informar y luego comentar proyecto que declaró patrimonio cultural la Fiesta de La Tirana) y la sesión Nº 124, la última de la legislatura (donde se despidió del Parlamento).
En febrero, el mismo asesor entregó un informe de 10 páginas sobre el relleno sanitario de Alto Hospicio que también costó $2 millones 56 mil.
Sobre el punto Isasi respondió: "Ese material lo solicité porque supuestamente había una invitación entre febrero y marzo por ONU Mujer y me iba a corresponder hablar a cerca de eso" pero el viaje no se concretó.
Marcelo Díaz (PS) $ 1 millón por proyecto que no se presentó
El hoy embajador de Chile en Argentina, Marcelo Díaz, pagó $1 millón 37 mil al abogado Juan Molina Tapia por dos informes de apoyo legislativo.
El primer reporte -de enero- es sólo una relación de actividades de una página donde se indica que se "Prepara proyecto de ley que autoriza el autocultivo de Cannabis". Sin embargo, nunca se presentó (existe una previa del ex senador Nelson Avila de 2005). Su ex colega María Antonieta Saa (PPD) utilizó un procedimiento similar para la moción para crear los delitos de venta o cesión e inscripción fraudulenta de menor. ¿La diferencia? Que sí ingresó a trámite y se informó en la cuenta del 12 de marzo.
El trabajo de febrero hecho para Díaz, según se especificó, fue el estudio de la ley sobre protección a la vida privada y "atención y preparación de propuestas de solución ante requerimientos orales y escritos de ciudadanos del Distrito". A pesar de solicitar una respuesta de parte de Díaz, hasta el cierre de esta edición, eso no se producía.
Ximena Vidal (PPD) $400 mil por 24 líneas
Entre los informes que solicitó la actual agregada cultural de Chile en México se encuentran dos sobre "asesoría de imagen comunitaria".
El de enero es de dos párrafos (24 líneas). Allí José Gallegos Quijada -inscrito en el Registro de Asesores Externos como encargado de producción de eventos y gráfica- resalta la prioridad de contar con "identidad personal" para lograr "una identidad colectiva". Menciona "jornadas con la comunidad" pero no indica fecha, ni hora, ni identifica al grupo con que se interactuó. No existe mención de esta actividad en la página web de la ex diputada.
El de febrero es un poco más extenso (6 párrafos, 54 líneas) pero sigue sin especificar personas ni barrios beneficiados.
Durante 2013 este asesor presentó nueve informes (entre abril y diciembre) sobre la misma materia a un costo promedio individual de $400 mil. Los del verano resultaron 22% más caros: $490 mil cada uno.
Análisis de prensa: Asesores comunicacionales
Análisis de prensa, de política coyuntural, así como el monitoreo de apariciones en medios de comunicación, es la oferta de quienes aparecen como asesores comunicacionales.
Revisando este ítem encontramos que el ex diputado Giovanni Calderón (UDI) suscribió un contrató por el verano de $2 millones 100 mil, que no han sido pagados porque hasta ahora no llega el respectivo reporte.
Quienes sí presentaron fueron Adriana Muñoz (PPD), Carlos Recondo (UDI), Alfonso de Urresti (PS) y Patricio Hales (PPD).
El ex diputado Felipe Salaberry (UDI) pagó el máximo permitido para asesorías para este periodo ($5 millones 84 mil 550) a Rodrigo Díaz Hurtado por el servicio de "seguimiento de la imagen corporativa - mantención sitio web y actualización de la página, diseño y construcción de resumen informativo de la oficina parlamentaria". Hasta la corporación llegaron dos informes: en enero uno de tres páginas (con 5 fotos) y en febrero uno de dos páginas (con 3 fotografías). Sobre el tema Salaberry clarificó que el pago no fue sólo por los informes sino por la mantención de las diferentes plantaformas sociales que utilizó como parlamentario. Más aún, dijo, el asesor sigue colaborando con él en sus actuales actividades profesionales.
Nino Baltolu (UDI) y Eugenio Bauer (UDI): Informes repetidos
El abogado Jorge Olguín (titulado en abril de 2012) asesoró durante el 2013 a estos dos ex parlamentarios y al diputado Jorge Ulloa (también UDI). Según la descripción del cargo, su trabajo era elaborar minutas para sesiones especiales, para los proyectos de ley; preparar indicaciones así como proyectos de ley.
En enero entregó a cada uno de estos congresistas sendos documentos que compartían dos tercios de su contenido mientras que los que despachó en febrero eran exactamente iguales (28 páginas).
Por todos estos documentos la Cámara tuvo que erogar $4 millones 200 mil por parlamentario. Es decir, Olguín terminó recibiendo $8 millones 400 mil por dicho trabajo.
No es raro que se repitan informes, pero, por lo general, se indican en la primera página los nombres a quienes van dirigidos, dejando claro que es un documento duplicado.
Consultados Baltolú y Bauer aseguraron desconocer que los informes eran duplicados, dado que nunca consultaron ni compararon con sus colegas los contenidos de estos trabajos.
René Alinco (independiente) "Copy Paper" por $ 5 millones
Once páginas tiene el informe "Análisis y propuestas en políticas de turismo para la Región de Aysén" que encargó, por poco más de $ 5 millones, el ex diputado obrero René Alinco (ex PC, ex PPD) quien se caracterizó por criticar prácticas poco transparentes en el Congreso.
El "paper" desarrolla los problemas de accesibilidad a las comunas de la XI Región, gran parte del cual corresponde a un "copy paste" de las páginas web de los municipios. Su autor -el técnico en Turismo Orlando Orellana- también redactó previamente el análisis "de cómo el acceso al turismo es clave para poder desarrollar el turismo en la Región" por $10 millones 293 mil (entre octubre y diciembre de 2013) para el mismo parlamentario.
¿Las propuestas? "Leyes que permita (sic) desarrollar las políticas del turismo en la región para que parte de los impuestos del turismo sean reinvertidos en la región, que se tengas (sic) sueldo regionalizados para esta industria, que se cree la universidad del turismo y el medio ambiente" contenidos en un párrafo sin más explicación.
Alinco nunca presentó alguna moción u oficio sobre la materia, ni siquiera tocó el tema en el hemiciclo. Su asesor -un activo militante PPD (ligado al sector de Guido Girardi)- desde abril trabaja a honorarios en la Gobernación de Chacabuco que encabeza la también PPD Adela Bahamondes (hija de Alejandro, actual embajador en Paraguay). Su sueldo es de $ 1 millón 583 mil.
Hasta el cierre de nuestra edición no fue posible contactarse con el ex parlamentario.
Mario Bertolino (RN): $2 millones en consejos para volver a la política
Lapidario es el contenido del "Estudio sobre el reposicionamiento político en la IV Región. Perspectiva de política regional para el periodo 2014-2018" que realizó la empresa Tinto Producciones para el ex diputado Mario Bertolino a un costo de $2 millones 250 mil.
No es fácil imaginar que esta asesoría sirviera para apoyar el trabajo legislativo de Bertolino. Aparentemente, busca fórmulas que permitieran al ex parlamentario volver a tener un rol político a futuro (meta que no está contemplada en el reglamento que regula estas asignaciones).
Para los analistas de Tinto Producciones -que asesoran a varios diputados RN- "la estrepitosa derrota electoral (...) costará muchísimo revertir" dado que fue visto como "un constante factor de división no sólo en las filas de RN sino en la derecha completa".
Agregan que la imagen que proyecta lo hace ver como "anticuado y poco creativo". Y que la única posibilidad que le ven en política es recomponer personalmente las relaciones con su electorado a fin de postular a concejal (en 2016) y luego a alcalde de La Serena (en 2020).
Uno de los socios fundadores de Tinto Producciones, el fotógrafo Juan Diego Santa Cruz, participó además en la fallida campaña a senador de Bertolino haciéndose cargo de una revista y de la "asesoría de imagen" por $3 millones 985 mil 500, según rendición entregada al Servicio Electoral. Santa Cruz es actualmente el secretario general de Amplitud.
Al ser contactado Bertolino aseguró que "aquí no hay ningún santo tapado" y confesó que tras perder las elecciones al Senado "quise saber qué pasaba en mi región porque nos volaron del mapa. No era un análisis para mí futuro político. Además le doy firmado que yo no vuelvo nunca más a la política".
-¿Leyó el informe?
-Soy muy honesto en reconocer que no lo leí. Yo me vine y no sé qué pasó.
-¿Santa Cruz fue su asesor de imagen?
-El no fue mi asesor. Lo que pasa es que él tiene las boletas y facturas de eso ¿Me entiende? El me consiguió una persona que me sacaba las fotos y luego me lo facturó porque él (Santa Cruz) se arregló con esa gente.
Esta mañana, Bertolino agregó que llamó a la Cámara y se le informó que "esto no se le va a pagar".
Plataformas digitales: Escritos reciclados
Parte de las asesorías externas corresponde al mantenimiento de plataformas digitales como web, Facebook y Twitter.
Ximena Vidal (PPD), Carlos Recondo (UDI), Mónica Zalaquett (UDI), Enrique Accorsi (PPD) y Alberto Cardemil (RN) optaron por ello.
Este último pagó $ 5 millones por dos informes de 5 y 6 páginas, respectivamente. Documentos que contienen párrafos y hasta un gráfico idénticos (aunque están fechados en febrero y marzo de 2014). Su autora es Carolina González quien también aparece en la planilla de gastos presentada por el comando de Cardemil al Servicio Electoral, como coordinadora en terreno de la última campaña parlamentaria recibiendo $3 millones 300 mil.
Alberto Cardemil explicó que trabajó con González durante dos años y que la tarea que encomendó fue mucho más que lo que indican los dos informes: "En mi trabajo parlamentario le di gran importancia a las redes sociales y eso lo mantuve hasta el último día".
