El comité de Ministros decidió por unanimidad poner fin al proyecto, al dejar sin efecto la Resolución de Calificación Ambiental, que data desde mayo de 2011 y que en 2012 fue ratificada por la Corte Suprema, en el mismo acto administrativo calificado como "terminal" el proyecto fuese rechazado.
Pasadas las 11:00 horas de ayer, cuando ya habían transcurrido más de tres horas de deliberación, el centenar de personas que aguardaba en la puerta del Ministerio de Medio Ambiente estalló en gritos y manifestaciones de celebración. El movimiento ambientalista y ciudadano se anotaba una victoria no menor: el Comité de Ministros había rechazado el proyecto HidroAysén.
La instancia gubernamental acogió 34 de las 35 reclamaciones que la comunidad y los detractores de la iniciativa presentaron contra la aprobación ambiental del proyecto y en las que precisamente se pedía la anulación.
Lo anterior permitió que al dejar sin efecto la Resolución de Calificación Ambiental, que data desde mayo de 2011 y que en 2012 fue ratificada por la Corte Suprema, en el mismo acto administrativo calificado como "terminal" el proyecto fuese rechazado.
La reclamación de la sociedad integrada por Endesa Chile (51%) y Colbún (49%), la cual perseguía precisar y modificar algunas de las condiciones con las que la iniciativa fue aprobada, fue la única que el comité rechazó.
Antes de las 8:00 horas comenzaron a llegar los secretarios de Estado. El titular de Medio Ambiente, Pablo Badenier, que en su calidad de presidente de la instancia fue el anfitrión, fue el primero y le siguió su par de Agricultura, Carlos Furche. Después se integraron los titulares de Salud, Helia Molina; Energía, Máximo Pacheco; y de Minería, Aurora Williams. El último en llegar fue el ministro de Economía, Luis Felipe Céspedes.
En medio de la expectación de los activistas en la calle y de la numerosa prensa apostada en el noveno piso de San Martín 73, se desarrolló la sesión el tercer comité de este año, cuyo resultado comunicó Badenier, al igual que los argumentos de dicha decisión (ver recuadro).
"Es importante que los proyectos que efectivamente no consideren todos los impactos que generan y que no presenten medidas de reparación, mitigación o compensación, efectivamente deben se rechazados", dijo el titular de Medio Ambiente.
La autoridad añadió que el pronunciamiento está fundado en el proceso de evaluación y en las prerrogativas del comité, al tiempo que ratificó el carácter definitivo de la decisión respecto de la construcción de estas centrales.
"El haber prolongado más de dos años y medio el pronunciamiento sobre recursos de reclamación daña la institucionalidad ambiental, que creemos estar restituyendo al cumplir el plazo reglamentario para este pronunciamiento", dijo Badenier.
Tras la decisión de ayer, el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) incorporará los acuerdos adoptados en el documento inicial de 300 páginas, que puso a disposición del comité previo a la sesión.
Este proceso, que no tiene plazos específicos, considera que cada ministro valide la versión final, luego de lo cual se redacta la resolución. Con este documento se notifica a todos los involucrados en el proceso, lo que sucedería dentro de un mes. Esto permitiría que la empresa, en este caso, pudiera apelar la decisión ante la justicia ambiental para lo cual tiene 30 días.
Los reparos de la entidad
Relocalización Se detectó la inexistencia de sitios de acogida y estudios de cabida, lo que no fue considerado como algo apropiado al no indicarse los sitios específicos con este fin como medida de compensación.
Hidrología No se evaluaron los impactos del fenómeno GLOF (de vaciamiento de glaciares) y no se presentaron modelaciones de los riesgos de inundación solicitados por servicios públicos.
Otro punto fue la fluctuación de caudal intradiaria por operación normal de la central (pulsos) en la operación de las centrales a plena capacidad, lo que tendría efectos no evaluados aguas abajo del embalse.
Ecosistema terrestre Sólo se considera un estudio de cérvidos, pero no aquellos relacionados con los impactos sobre la fauna carnívora y anfibia de la zona donde se emplazan las cinco centrales proyectadas.
Argumentación del Comité será clave
Entre algunos abogados hay preocupación por el precedente de esta decisión para los proyectos de desarrollo. Es el caso de Juan José Eyzaguirre de Philippi, Yrarrázaval, Pulido y Brunner, quien –haciendo la salvedad de que aún no conoce el detalle de la resolución- advierte que podría tener repercusiones importantes para el país. "Esto porque luego de tres años de emitida la RCA, por legítimas que puedan haber sido las observaciones de la ciudadanía, esto para el país es muy delicado (...) tomando en cuenta el clima de incerteza imperante generado principalmente por la judicialización", dice.
Eyzaguire explica que la autoridad, al dejar sin efecto la RCA y rechazar el proyecto, da un paso más allá de lo que hasta ahora habían sido los pronunciamientos del Comité, donde en última instancia habían optado por modificar las resoluciones ambientales impugnadas imponiendo en algunos casos medidas adicionales. "Desde ese punto de vista es inédito porque (la decisión del Comité de Ministros) pasó de ser un recurso administrativo donde se analizaba la debida ponderación de las observaciones ciudadanas, a una instancia que tendría la facultad y la fuerza jurídica para revocar una RCA".
Asimismo, agrega que por esto es clave conocer en detalle la resolución del Comité.
Otro abogado especialista, si bien coincide en la necesidad de conocer los argumentos para aclarar la legitimidad de la resolución, señala que ésta se ajustaría a derecho, toda vez que el Comité acogió las reclamaciones que pedían dejar sin efecto la RCA. "Para lo cual sí está facultado", advirtió.
Con todo, los especialistas coinciden en que la empresa debería acudir al Tribunal Ambiental de Valdivia, y si esa jurisdicción vuelve a ratificar el pronunciamiento del Comité, HidroAysén podría recurrir con una acción de casación ante la Corte Suprema, donde nuevamente vería el caso la Tercera Sala, la misma que en 2012, rechazó los recursos de protección interpuestos por las comunidades para frenar el megaproyecto hidroeléctrico.
