"Cuando algunos estudiantes rechazan la invitación a dialogar que hizo este viernes el ministro Eyzaguirre -arguyendo que no cuenta con mecanismos resolutivos o vinculantes- están, en verdad, desconociendo la naturaleza y el valor de la democracia representativa..."
Este viernes el ministro de Educación anunció una amplia serie de debates y de foros acerca de la reforma educacional. Todos, dijo, están convocados a ese diálogo que carece de exclusiones.
Sería mezquino ocultar la importancia de esa iniciativa.
¿Cuál ha sido la reacción de una parte del movimiento estudiantil frente a esa invitación inédita?
Algunos de sus dirigentes se han mostrado renuentes a participar de ese proceso. Han dicho que si no se prevé un mecanismo resolutivo, un diálogo vinculante, un conjunto de reglas que permita dirimir qué posiciones, de las varias en juego, habrán de predominar, el procedimiento será puramente ritual, una compensación puramente imaginaria a la falta de participación real.
¿Es razonable esa objeción?
Aparentemente sí.
Un amplio proceso de diálogo en torno a la reforma educativa en el que actores de diversa índole -estudiantes, profesores, autoridades educativas, sostenedores y cualquier otro que se interese- intercambian posiciones y puntos de vista, puede ser terapéutico, tranquilizar los ánimos, dar respiro y conferir confianza, pero ¿de qué sirve, preguntarán los estudiantes, si, al final, las decisiones no las tomará la suma de voluntades que dialoga sino la misma autoridad que preside y organiza el debate? Cuando los estudiantes, o parte de ellos, reclaman un mecanismo resolutorio, están solicitando que su voluntad cuente a la hora de conferir la fisonomía definitiva a la reforma.
Desgraciadamente, ese punto de vista es solo aparentemente correcto.
Todos los miembros de la sociedad tienen, desde luego, el derecho de participar del diálogo al que ha invitado el ministro; pero, no hay que engañarse, luego que hagan valer sus razones, expresen sus puntos de vista y adviertan los peligros que en su opinión posea lo que se les dé a conocer, quien deberá adoptar la decisión final será el ministro. Él, y a través suyo la Presidenta, tomará la responsabilidad respecto de qué proyectos, y con qué preciso contenido, habrá de someterse, luego, al único proceso resolutivo que la democracia admite: el debate en el Congreso Nacional.
¿Hay algo de malo en eso?
No.
Porque lo que ocurre es que el proceso mediante el cual se forma una voluntad común está ya previsto en las instituciones vigentes, las que, defectuosas y todo, equivalen a una democracia representativa. En ella, los representantes, diputados y senadores, tienen el deber de deliberar racionalmente y luego decidir mediante su voto qué rasgo poseerá la reforma educativa y cuál no. Sí, es cierto. La democracia y sus representantes funcionan a veces torcidamente; sus miembros suelen ceder a la frivolidad, y a su peor versión, que es la popularidad fugaz; diputados y senadores no siempre sintonizan con las pulsiones inmediatas de la ciudadanía; y, en ocasiones, se dejan vencer por prejuicios o no combaten su propia ignorancia; pero así y todo -es el misterio de la democracia- se trata de la única forma de gobierno que logra preservar, más que cualquier otra, la racionalidad, impidiendo que sea el número, la amenaza, o el mero fervor de una asamblea, el que tenga la última palabra.
Por eso, así como es malo que los técnicos o expertos, a pretexto del saber, suplanten a los órganos de la democracia, o que la Presidenta, a pretexto de un pacto programático con el pueblo, inste al Parlamento a adherir simplemente a sus proyectos, también lo es que los estudiantes o cualquier otro grupo social, a pretexto de ser los principales afectados por alguna regla o decisión, sustituyan a los representantes o pretendan imponer su voluntad al Ejecutivo.
Después de todo, y como es fácil comprender, si el poder social (una expresión que en Chile han usado desde el gremialismo a la dictadura) tuviera formalmente la última palabra en los asuntos colectivos, entonces los procedimientos de la democracia, y quienes a través de ellos fueron electos, resultarían irrelevantes. Y es probable, por supuesto, que algún sector de los estudiantes crea esto de verdad y de manera sincera; pero si eso es así, entonces no vale la pena echarse tierra a los ojos: en tal caso el motivo de la discrepancia, y la razón para desechar la invitación del ministro a dialogar, no es la educación, sino el sentido y el valor de la democracia. Sí, de la democracia meramente formal, la única, dicho sea de paso, que hasta ahora ha funcionado
Sería mezquino ocultar la importancia de esa iniciativa.
¿Cuál ha sido la reacción de una parte del movimiento estudiantil frente a esa invitación inédita?
Algunos de sus dirigentes se han mostrado renuentes a participar de ese proceso. Han dicho que si no se prevé un mecanismo resolutivo, un diálogo vinculante, un conjunto de reglas que permita dirimir qué posiciones, de las varias en juego, habrán de predominar, el procedimiento será puramente ritual, una compensación puramente imaginaria a la falta de participación real.
¿Es razonable esa objeción?
Aparentemente sí.
Un amplio proceso de diálogo en torno a la reforma educativa en el que actores de diversa índole -estudiantes, profesores, autoridades educativas, sostenedores y cualquier otro que se interese- intercambian posiciones y puntos de vista, puede ser terapéutico, tranquilizar los ánimos, dar respiro y conferir confianza, pero ¿de qué sirve, preguntarán los estudiantes, si, al final, las decisiones no las tomará la suma de voluntades que dialoga sino la misma autoridad que preside y organiza el debate? Cuando los estudiantes, o parte de ellos, reclaman un mecanismo resolutorio, están solicitando que su voluntad cuente a la hora de conferir la fisonomía definitiva a la reforma.
Desgraciadamente, ese punto de vista es solo aparentemente correcto.
Todos los miembros de la sociedad tienen, desde luego, el derecho de participar del diálogo al que ha invitado el ministro; pero, no hay que engañarse, luego que hagan valer sus razones, expresen sus puntos de vista y adviertan los peligros que en su opinión posea lo que se les dé a conocer, quien deberá adoptar la decisión final será el ministro. Él, y a través suyo la Presidenta, tomará la responsabilidad respecto de qué proyectos, y con qué preciso contenido, habrá de someterse, luego, al único proceso resolutivo que la democracia admite: el debate en el Congreso Nacional.
¿Hay algo de malo en eso?
No.
Porque lo que ocurre es que el proceso mediante el cual se forma una voluntad común está ya previsto en las instituciones vigentes, las que, defectuosas y todo, equivalen a una democracia representativa. En ella, los representantes, diputados y senadores, tienen el deber de deliberar racionalmente y luego decidir mediante su voto qué rasgo poseerá la reforma educativa y cuál no. Sí, es cierto. La democracia y sus representantes funcionan a veces torcidamente; sus miembros suelen ceder a la frivolidad, y a su peor versión, que es la popularidad fugaz; diputados y senadores no siempre sintonizan con las pulsiones inmediatas de la ciudadanía; y, en ocasiones, se dejan vencer por prejuicios o no combaten su propia ignorancia; pero así y todo -es el misterio de la democracia- se trata de la única forma de gobierno que logra preservar, más que cualquier otra, la racionalidad, impidiendo que sea el número, la amenaza, o el mero fervor de una asamblea, el que tenga la última palabra.
Por eso, así como es malo que los técnicos o expertos, a pretexto del saber, suplanten a los órganos de la democracia, o que la Presidenta, a pretexto de un pacto programático con el pueblo, inste al Parlamento a adherir simplemente a sus proyectos, también lo es que los estudiantes o cualquier otro grupo social, a pretexto de ser los principales afectados por alguna regla o decisión, sustituyan a los representantes o pretendan imponer su voluntad al Ejecutivo.
Después de todo, y como es fácil comprender, si el poder social (una expresión que en Chile han usado desde el gremialismo a la dictadura) tuviera formalmente la última palabra en los asuntos colectivos, entonces los procedimientos de la democracia, y quienes a través de ellos fueron electos, resultarían irrelevantes. Y es probable, por supuesto, que algún sector de los estudiantes crea esto de verdad y de manera sincera; pero si eso es así, entonces no vale la pena echarse tierra a los ojos: en tal caso el motivo de la discrepancia, y la razón para desechar la invitación del ministro a dialogar, no es la educación, sino el sentido y el valor de la democracia. Sí, de la democracia meramente formal, la única, dicho sea de paso, que hasta ahora ha funcionado
Fuente:
Saludos
Rodrigo González Fernández
Diplomado en "Responsabilidad Social Empresarial" de la ONU
Diplomado en "Gestión del Conocimiento" de la ONU
Diplomado en Gerencia en Administracion Publica ONU
Diplomado en Coaching Ejecutivo ONU(
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