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viernes, mayo 09, 2014

Mineduc evalúa quitar suma urgencia a proyecto de interventor

Mineduc evalúa quitar suma urgencia a proyecto de interventor

Diputados UDI pidieron ayer que se dé más plazo para analizar la iniciativa y que sea revisado por la Comisión de Constitución.

por D. Muñoz y P. Salazar - 09/05/2014 - 07:29
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La alerta que dio el rector de la U. Diego Portales, Carlos Peña, en una entrevista a La Tercera, sobre la posibilidad de que el proyecto del interventor sea inconstitucional, dio pie para que diputados de la UDI pidieran ayer al Mineduc el retiro de la discusión inmediata de la iniciativa, para que pueda ser revisado por la Comisión de Constitución.

"Eso permitiría que lo pueda analizar con mayor detalle la Comisión de Educación, que tenga más plazo la Comisión de Hacienda e incluso, que lo pueda ver la Comisión de Constitución, porque claramente hay vicios de inconstitucionalidad en partes del proyecto", señaló el diputado José Antonio Kast (UDI).

Pese a que la solicitud se hizo directamente a la subsecretaria Valentina Quiroga, durante la sesión especial de la Comisión de Educación para discutir el proyecto, la respuesta del Mineduc fue por parte del jefe de la División de Educación Superior, Francisco Martínez, quien afirmó que "es una materia que vamos a estudiar, hay una solicitud recién y hay que estudiarla".

Martínez añadió que "la suma urgencia tiene una razón y no es fácil de reestudiar y cambiarla, porque hay razones bien importantes que apremian y tenemos que evaluarlo". Estos motivos, dijo, tienen que ver con que "hay un tema de fe pública que el ministerio tiene que responder y para eso requiere tener los instrumentos, y restituir la legitimidad del sistema es fundamental".

Sobre esto, la diputada Cristina Girardi (PPD) recordó que "si el ministerio estima que es urgente, es porque tienen información, han hecho investigaciones y la fiscalía igual está investigando".

En la sesión (ver nota secundaria) a ratos el debate fue tenso, debido a los cuestionamientos al proyecto por parte de los diputados UDI Jaime Bellolio, José Antonio Kast y María José Hoffmann, quienes además de solicitar el retiro de la suma urgencia, cuestionaron la eventual inconstitucionalidad del proyecto que crea la figura del interventor. "Porque aquí se pueden suspender contratos realizados con terceros de buena fe por un interventor y lo más grave es que si este interventor se nombra por el Ministerio de Educación es por un plazo casi indefinido, por causales que define el ministerio, que es juez y parte", dijo el diputado Kast.

Sobre esto, el jefe de Educación Superior planteó que "no hay ninguna certeza sobre eso todavía y es una materia que podrá discutirse, pero por ahora es una opinión... Nuestra opinión es que el proyecto se sostiene muy bien, que fue bien trabajado".

Mientras que el diputado Jaime Bellolio (UDI) indicó que "yo creo que quisieron hacer un proyecto más apurado y se entiende la urgencia de lo que están viviendo algunos alumnos, pero esto no significa que hagamos mal una ley".

Tramitación

Si se mantiene la suma urgencia, el próximo lunes, los diputados de la Comisión de Educación van a escuchar las opiniones de expertos con respecto al proyecto. El martes se realizaría la votación y el miércoles se debería despachar el texto a la Comisión de Hacienda, que tiene cuatro días para analizar la iniciativa.

En total se debe discutir y votar para ser despachada al Senado en un plazo máximo de 15 días corridos desde su ingreso.¿

El presidente de la Comisión de Educación de la Cámara, Mario Venegas (DC), acusó a los parlamentarios de la UDI de intentar "una maniobra dilatoria" para demorar la tramitación del proyecto: "Es el Ejecutivo quien determina las urgencias".

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Planificación Estratégica, Liderazgo pensativo Traiga inversiones apalancadas, vitalidad comunitaria a la pequeña ciudad de Virginia Occidental

Planificación Estratégica, Liderazgo pensativo Traiga inversiones apalancadas, vitalidad comunitaria a la pequeña ciudad de Virginia Occidental

Publicado por Patrice H. Kunesh, Subsecretaria Adjunta para el Desarrollo Rural , el 9 de mayo de 2014 a las 10:30 AM
Después de nuestra excelente reunión con funcionarios de la ciudad en Ranson y Charles Town, tuve la oportunidad de visitar a los estudiantes de FFA locales en la Escuela Secundaria Hampshire en Romney, WV.  América Rural verdaderamente es un lugar donde la innovación de vanguardia cumple antigua diversión en la granja!

Después de nuestra excelente reunión con funcionarios de la ciudad en Ranson y Charles Town, tuve la oportunidad de visitar a los estudiantes de FFA locales en la Escuela Secundaria Hampshire en Romney, WV. América Rural verdaderamente es un lugar donde la innovación de vanguardia cumple antigua diversión en la granja!

Me han dicho que los pueblos vecinos de Ranson y Charles Town, Virginia Occidental, son vibrantes comunidades donde la gente quiera vivir, trabajar y criar una familia. Durante una reciente visita con los líderes locales y comunitarios asociados para el desarrollo económico del USDA en la zona, vi de primera mano cómo los enfoques y las asociaciones regionales están atrayendo la inversión pública y privada para la región que hacen de esta calidad de vida posible.

Junto con el Director Estatal de Desarrollo Rural WV Bobby Lewis , hace poco organicé una discusión con los alcaldes y planificadores de las dos ciudades para aprender más acerca de sus éxitos y estrategias. Me enteré de que Charles Town y Ranson están pensando en grande , re-imaginar su futuro, y desarrollar un plan para su viabilidad económica a largo plazo. Usted ve, mediante el trabajo conjunto para desarrollar objetivos y planes integrales, las comunidades han sido capaces de aprovechar las subvenciones del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano, el Departamento de Transporte y la Agencia de Protección del Medio Ambiente para el desarrollo de nuevos negocios, la red de transporte y asequible vivienda. Y en 2011, el USDA contribuyó una pieza importante, proporcionar financiación a través de un Préstamo Directo Instalaciones Comunidad para un refugio ambulancia que tanto necesitan.

Este es exactamente el tipo de enfoque de desarrollo comunitario y económico USDA alienta y apoya. Al trabajar con las comunidades y organizaciones que han participado en, asociaciones regionales innovadores, USDA tiene la oportunidad de hacer más inversiones estratégicas que tendrán un impacto positivo en la vitalidad económica de toda la región.

Al pensar en nuestro trabajo en favor de millones de estadounidenses para mejorar el bienestar y calidad de vida en las comunidades rurales económica, sabemos que no es sólo acerca de lo que hacemos, sino cómo lo hacemos. Como parte de del presidente Escaleras de Oportunidad agenda -que postula que todos los niños, sin importar de dónde son, debería ser capaz de elevarse a la clase media-estamos dirigido nuestros recursos para las familias y las comunidades que más los necesitan. Y estamos participar directamente con los líderes locales y miembros de la comunidad, aprovechando los recursos limitados a través de socios locales, y medir nuestro progreso. Lo llamamos comunidad de desarrollo-o económica simplemente bueno, un negocio inteligente.

    

- See more at: http://blogs.usda.gov/2014/05/09/strategic-planning-thoughtful-leadership-bring-leveraged-investments-community-vitality-to-small-town-west-virginia/#sthash.yDpNTRFO.dpuf
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#agricultura : Monsanto: No necesitamos una nueva ley para operar

Monsanto: No necesitamos una nueva ley para operar

José Ignacio Salazar, gerente general de la empresa, aseguró en Cooperativa que llevan 30 años cumpliendo la normativa vigente.

Explicó que lo que se busca legislar es solo una actualización de normas que ya rigen.

Publicado: Jueves 8 de mayo de 2014 | Autor: Cooperativa.cl
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Archivo UPI
Ejecutivo explicó por qué no le afecta la tramitación de la ley.

Ejecutivo explicó por qué no le afecta la tramitación de la ley.

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José Ignacio Salazar, gerente general de Monsanto, afirmó en Una Nueva Mañana que su empresa no necesita ninguna legislación nueva para operar en Chile porque cumple "con todas las regulaciones", precisando que un cambio legislativo no afectará su producción.

Una semana después de asumir el Gobierno,Michelle Bachelet ordenó retirar el proyecto de ley que regula los derechos sobre obtenciones vegetales conocida popularmente como "Ley Monsanto", algo que Salazar califica como "una mala asociación, que no la entendemos".

De acuerdo con el gerente general, lo que se está tramitando es una actualización de la adhesión a la normativa de la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV): "Chile ya está adherido a UPOV 78 y lo que se está tramitando es una actualización de esa adhesión a UPOV 91".

"Esto tiene mayor impacto en Chile en los cereales y en la fruta. Monsanto trabaja en maíz y hortalizas. Cuando esto empezó a llamarse Ley Monsanto nunca entendimos la asociación y el mea culpa fue nunca haberlo aclarado", explicó.

"UPOV opera de modo que si una persona desarrolla una nueva variedad, como la manzana fuji, se demora 10 años de investigación para que sea crujiente, sea dulce, tenga rendimiento el árbol, da un marco de protección para que esa variedad tenga algún beneficio para el investigador que creó la variedad", detalló.

"Monsanto es una compañía multinacional que produce y comercializa semillas de maíz, soya, algodón y hortalizas. En Chile produce semillas para exportar al resto del mundo. Además Monsanto comercializa semillas en chile de hortalizas y maíz. Pero la gran operación de cualquier empresa de semillas en Chile es producir semillas para la exportación", agregó.

subir"Nada que ver" con transgénicos

"Hay dos leyes distintas. La ley para comercializar productor transgénicos en Chile no está vigente. Descansa en el Congreso desde el año 2006. En Chile no se comercializan productos transgénicos. Lo que sí se hace es que se producen semillas transgénicas de maíz y un poco de soya, se exportan y el SAG fiscaliza que no quede nada en Chile", explicó Salazar.

"Nada que ver es la ley UPOV que es una ley de propiedad intelectual. Monsanto no buscaba actualizar esta ley, no participamos en esta discusión. Cuando Chile en el 2003 asumió convenio con Estados Unidos, parte de la negociación fue que había que actualizar UPOV 78 a UPOV 91. Chile accedió a eso. Es el Estado de Chile el interesado en que ocurra eso, no Monsanto", argumentó.

"Esta ley tiene un impacto en frutas y cereales y nosotros trabajamos en maíz y hortalizas. Monsanto no necesita ninguna otra legislación para operar. Opera hace 30 años y UPOV existe en Chile desde hace 25 años. Nos da lo mismo que exista esta ley. El sector frutícola y cerealero sí tienen un impacto si esto se aprueba o no", expuso el ejecutivo.

subirApropiación de semillas

El gerente de Monsanto reconoció que "existe un temor de que alguien se apropie de un material genético que pertenece a Chile". Sin embargo aclaró que "en Chile apropiarse de una semilla o variedad significa que debiera ir a un registro e inscribirlo a mi nombre. Ese registro es del SAG".

"Cuando voy al SAG para inscribir una variedad me dice que tiene que ser nueva, estable en el tiempo y que debo demostrar que invertí en desarrollo para lograr esto. Eso demora cuatro años: tengo que ir al SAG, sembrar la variedad que digo que desarrollé y quiero registrar, que sería la manera de apropiarme, y el SAG diga 'en realidad esto es nuevo y me lo siembra cuatro años seguidos y sale lo mismo'", detalló.

"El Instituto Nacional de Investigación Agrícola (INIA) es el principal inscriptor de variedades nuevas y nuestro principal desarrollador de variedades en Chile. Muchas papas nuevas han sido desarrolladas por el INIA, que es del Ministerio de Agricultura", destacó.

"Las semillas originales no cumplen los requisitos para ser inscritas porque no están desarrolladas", sentenció Salazar.

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Araneda plantea sacar de las plantas de GNL a proveedores, generadoras y distribuidoras de gas

Araneda plantea sacar de las plantas de GNL a proveedores, generadoras y distribuidoras de gas

La regulación de estas plantas permitirá generar competencia en el sector eléctrico y con ello bajar el precio de la energía, dice.

  • Por Jéssica Esturillo O.

    Rudolf Araneda fue hasta hace un par de semanas y durante 16 años el gerente general de GasAtacama.

    
Hace un par de semanas Rudolf Araneda puso término a 16 años en la gerencia general de GasAtacama, el complejo termoeléctrico a gas natural más grande del país.

    Hoy, mientras evalúa si seguirá vinculado al negocio eléctrico o bien si se dedicará a negocios en los que participa y que son de otras áreas, el ejecutivo comparte la mirada "desde el interior de la industria" que se formó a lo largo de sus más de 20 años de carrera ligada al gas natural.

    Araneda se refiere a los cambios que se requieren para que el gobierno pueda cumplir uno de sus mayores objetivos en materia energética: bajar el precio de la energía mediante la incorporación en la matriz de más gas natural.

    El ejecutivo explica que para lograr este efecto es necesario acceder al hidrocarburo a un costo de entre US$ 10 y 
US$ 12 por millón de BTU (unidad térmica británica), nivel que le permite competir con el carbón. Precisa que lo anterior es perfectamente posible si se combinan tres factores, el más importante de ellos que en el más corto plazo los terminales de regasificación de gas natural licuado (GNL) sean regulados.

    "No es sano o razonable seguir con la estructura actual de terminales de GNL", dice Araneda y plantea que es fundamental que esta actividad sea regulada, determinando niveles de rentabilidad para el operador, como sucede en el segmento de la distribución eléctrica, ya que estas plantas por el tamaño pequeño del mercado y las economías de escala que ofrecen corresponden a un monopolio natural.

    Añade que esto no es todo, sino que también "la autoridad debería sacar de la propiedad de estas plantas a cualquier proveedor grande de GNL o cualquier generadora eléctrica grande o distribuidora de gas natural".

    Específicamente lo que Araneda plantea es que la autoridad debería replicar en esta industria lo que hizo en la electricidad al separar la transmisión de los segmentos de generación y distribución.

    "Es absurdo e inconveniente para el país lo que estamos viendo, que un nuevo entrante esté obligado a ir a un terminal que está controlado por su competidor, que le ofrece el acceso en los términos de precio y uso que ellos quieren y que no son viables para esos clientes potenciales", dice.

    Comenta que en ningún caso plantea que los dueños de los terminales no reciban una indemnización acorde al esfuerzo de inversión que hicieron en su momento y que se enmarcó -añade- en un esquema de urgencia dada la crisis en el suministro argentino de gas.

    EEUU el objetivo


    A juicio del ex timonel de GasAtacama los otros dos factores están vinculados, ya que el país debe obtener el gas y plantea que aunque la opción regional (Perú, Argentina, Bolivia, Paraguay o Uruguay) es la alternativa más económica, no estará disponible antes de 15 años, por lo que de aquí a 2030 -dice- la mejor opción es el shale gas de Estados Unidos, al que Chile podría acceder a partir de 2018. Plantea que el país "tiene la ventaja enorme del TLC vigente, que le da a las empresas chilenas la garantía de que no pueden ser discriminadas en contra de las empresas locales".

    Araneda agrega que para conseguir el combustible, el Estado, en primera instancia, debería agregar la demanda y comprar directamente a un terminal y no a un intermediario, todo el volumen que se necesita y que sería suficiente para viablizar las inversiones para la habilitación en EEUU de plantas de licuafacción. Esto, dice, porque los operadores que tienen permisos para exportar ese gas sólo acceden al financiamiento para adaptar sus plantas a la licuefacción si cuentan con contratos a firme.

    Conseguido el gas, en volúmenes que hagan más económico el transporte, lo siguiente para el Estado es ponerlo a disposición de nuevos actores mediante licitaciones de esas posiciones de gas, lo que debería ir de la mano con un mecanismo que ayude a tramitar los proyectos de generación, explica.

    Para eso es menester, insiste, contar con infraestructura de tratamiento que tenga condiciones de acceso igualitarias "y que no sea utilizada, como se hace ahora, como una ventaja comparativa de las empresas que participan en la propiedad", asegura.

    Factor precio del combustible
    Rudolf Araneda explica que el elemento clave para determinar la trayectoria de los precios de la energía es el costo de los combustibles, ya que contrario a lo que sucedía hace 15 años, cuando el costo de inversión era mayor al costo del combustible que usaría la central, hoy la relación es inversa y el segundo factor es el que más pesa porque es mayor.
    "Entonces lo más relevante es cambiar la señal de precio que en Chile parte de la base de que lo escaso es el capital, pero no se considera el costo del combustible que se usará y que es lo que actualmente incide en el costo de la energía", dice.
    A ello añade que el gas natural tiene otras ventajas como su capacidad para suavizar la huella de carbono de los productos de exportación del país y, más importante aún, que es energía de base que, a diferencia del carbón, tienen la flexibilidad de operación necesaria para complementar a menor precio que el del diésel la intermitencia del 20% de energías renovables no convencionales (ERNC) que es la meta  a instalar a 2025.


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#mineria: Minera Cerro Dominador se declara en quiebra

Minera Cerro Dominador se declara en quiebra

Publicado el 8 de mayo del 2014

Se trata de la misma empresa donde hasta el 11 de marzo se desempeñaba como gerente general el actual subsecretario de Minería, Ignacio Moreno Fernández.

(El Mercurio) Al menos 300 trabajadores podrían quedar desempleados en la Región de Antofagasta debido a la quiebra declarada por la Sociedad Minera Cerro Dominador, informó ayer ValorFuturo.

El 28º Juzgado Civil de Santiago resolvió que el síndico de quiebras Enrique Ortiz D'Amico se hará cargo provisoriamente del proceso legal que enfrenta la firma, ligada a la familia Callejas. Se trata de la misma empresa donde hasta el 11 de marzo se desempeñaba como gerente general el actual subsecretario de Minería, Ignacio Moreno Fernández.

Según información oficial del síndico de quiebras, se estudia la posibilidad de decretar una continuidad de giro de la empresa a fin de recontratar a trabajadores y proveedores. La deuda total de la minera será calculada una vez que termine el período de verificación de créditos. Sin embargo, extraoficialmente alcanzaría los US$ 30 millones.

 TEMAS ASOCIADOS

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