Luego de los escándalos La Polar, Cascadas, Endesa y otros la Bolsa experimenta cambios y la autoridad reguladora endurece su posición
La Bolsa que espera el regulador
Una estructura de propiedad desmutualizada, junto a un adecuado gobierno corporativo permite resolver algunos conflictos de interés que pueden surgir al conjugar los derechos de propiedad de la Bolsa, los de transacción de sus accionistas corredores y el rol público encomendado por ley a las bolsas.
Esta semana, la Bolsa de Comercio de Santiago (BCS) vivió importantes cambios en su mesa directiva, y la nueva dirigencia puso énfasis en su interés por avanzar en una agenda pro transparencia, lo que implica, entre otras cosas, mejorar la resolución de conflictos de interés en la entidad. Como SVS no podemos sino valorar esta señal, que ciertamente tiene que ir acompañada de una completa hoja de ruta que comprometa una serie de acciones concretas tendientes a subir el estándar de gobierno corporativo en la principal plaza bursátil del país.
En Chile, las bolsas y las sociedades listadas son un pilar fundamental en el impulso de la economía y, en consecuencia, son receptoras de los beneficios de este desarrollo (condiciones de favorables de financiamiento, diversificación de instrumentos, etc.), pero también son responsables de su cuidado (costos regulatorios).
Sólo basta mirar un dato para darse cuenta de esta situación: la capitalización bursátil de las empresas listadas en bolsa en Chile equivale al 116% del PIB en 2013, cifra similar a la que tiene una economía desarrollada como la de EE.UU. (115% del PIB) y muy por sobre los niveles de países de la región.
En línea con lo anterior, quiero detenerme en las palabras de Juan Andrés Camus cuando asumió la presidencia de la BCS, quien reconoció que dicha entidad, siendo una empresa privada, representa a un mercado público. Compartiendo esta definición, cabe agregar que, consecuente con el estatus descrito, la BCS está llamada a ser mucho más que sólo una plataforma tecnológica y, en tal condición, debe contar con una estructura de control y gobierno que represente la multiplicidad de intereses de los agentes y que responda a las crecientes exigencias de accountability por parte de la sociedad.
La Ley define claramente un conjunto de obligaciones y responsabilidades a la SVS, a las bolsas de valores y a los intermediarios, que permiten mitigar, pero no eliminar, los riesgos que se presentan en la oferta pública, cotización, intermediación y transacción de valores.
El rol asignado por la ley a las bolsas y los corredores tiene por objeto que estas entidades contribuyan a preservar los principios de transparencia, orden, equidad y competitividad que debe tener el mercado secundario de valores para resguardar la fe pública y para que los inversionistas puedan realizar de manera eficiente y segura sus transacciones.
Es en ese sentido que cada bolsa debe definir sus propios estándares y los de los corredores que transan en ella, complementando el rol de regulación y fiscalización que corresponde a la Superintendencia y contribuyendo, de esta manera, al desarrollo de los mercados cuidando de la fe pública y el resguardo de los derechos de los inversionistas.
Es precisamente en esa función de regulación y fiscalización realizada por las bolsas chilenas que la SVS tiene la convicción de que se puede avanzar y, para lograrlo, las bolsas deben considerar los mejores estándares internacionales, su experiencia, conocimientos de la industria y las particularidades de sus corredores miembros.
Es así como una agenda pro transparencia como la planteada debe incorporar los elementos antes descritos y prevenir la ocurrencia de diversas situaciones que, en los últimos años, han sido observadas en el mercado local y que se han traducido en cuestionamientos públicos al rol de las bolsas o sus corredores por diversos actores, tanto públicos como privados.
Esta responsabilidad de avanzar en una agenda de desarrollo bursátil también compete a la SVS en su calidad de regulador público. Sin perjuicio de los avances que las bolsas puedan realizar en materia de estándares de gobierno corporativo, gestión de riesgos, inscripción y funcionamiento de emisores e intermediarios de valores. Como SVS somos partidarios de que se propicie, a través de una reforma legal, un cambio en las condiciones básicas de cómo se organizan las bolsas de valores para fortalecer su gobierno corporativo.
El rol fundamental que juegan las bolsas en el mercado local hace necesario que su gobierno corporativo no sólo dé garantías de que ejercerá correctamente ese rol encomendado por ley, sino que le permita mitigar los riesgos frente a eventuales cuestionamientos que se pudieren formular ante la ocurrencia de fraudes, infracciones o conductas contrarias a las sanas prácticas de los mercados. De lo contrario, no obstante que hubieran actuado de buena fe y diligentemente, la sola duda razonable respecto de su actuar puede afectar la confianza y reputación del mercado nacional.
Además, al ser un activo fundamental para la economía nacional, las bolsas de valores deben ser proactivas no sólo en la generación de mejores estándares, sino que también en detectar y resolver las necesidades de los distintos agentes del mercado. La experiencia internacional (Euronext NYSE, Nasdaq OMX, TSX, BMF Bovespa, etc.) demuestra que bolsas desmutualizadas presentan ventajas comparativas respecto de las bolsas mutuales para detectar y financiar nuevas oportunidades de negocios y contribuir con su concreción a la generación de un mercado más dinámico y profundo.
Esa estructura de propiedad desmutualizada, junto a un adecuado gobierno corporativo, además de presentar las ventajas antes descritas, permite resolver algunos conflictos de interés que pueden surgir al conjugar los derechos de propiedad de la bolsa, los de transacción de sus accionistas corredores y el rol público encomendado por ley a las bolsas.
Asumiendo que cualquier solución que se quiera implementar debe reconocer las particularidades del mercado local y reflejar los intereses de todos los actores, la invitación de la SVS es discutir técnicamente estos temas de manera abierta para que, desde el ámbito de competencia que le corresponde a cada uno, cada quien contribuya a fortalecer uno de los activos fundamentales que tenemos como país.
Saludos
Rodrigo González Fernández
Diplomado en "Responsabilidad Social Empresarial" de la ONU
Diplomado en "Gestión del Conocimiento" de la ONU
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Los niños que son víctimas de abusos con frecuencia sufren lesiones físicas que incluyen cortaduras, moretones, quemaduras y huesos rotos. Las lesiones físicas están lejos de ser el único impacto negativo del maltrato, que puede también afectar la salud de manera más extensa, la salud mental, el desarrollo social y los comportamientos de riesgo al entrar en la adolescencia y la edad adulta.
El maltrato causa estrés que puede interrumpir el desarrollo del cerebro a edad temprana y el estrés crónico grave puede dañar el desarrollo de los sistemas nervioso e inmunitario. Como resultado, los niños que son víctimas de abusos o abandono tienen un riesgo mayor de tener problemas de salud cuando adultos. Estos problemas incluyen alcoholismo, depresión, abuso de drogas, trastornos de la alimentación, obesidad, comportamientos sexuales de alto riesgo, fumar, suicidio y ciertas afecciones crónicas.
