Fue uno de los cuatro proyectos que el gobierno de Sebastián Piñera se comprometió a enviar al Congreso horas antes de dejar La Moneda. La iniciativa, que establecía el pago retroactivo de un bono por media hora de colación, y que el primer jueves de marzo contribuyó a dar por cerrado el conflicto con los trabajadores portuarios, finalmente no entró a tramitación legislativa.
Así lo afirmó ayer la ministra del Trabajo, Javiera Blanco, quien sostendrá hoy una reunión con los representantes sindicales del sector.
“El gobierno de Sebastián Piñera no cumplió con el acuerdo suscrito con los trabajadores portuarios. El gobierno saliente no solo no envió el proyecto de ley comprometido al Congreso, sino que tampoco especificó los criterios de asignación del beneficio compensatorio ni realizó los cálculos financieros que implica el cumplimiento del acuerdo”, criticó Blanco. Desde el Congreso ratificaron que el proyecto nunca fue despachado a la oficina de partes.
En ese contexto, recalcó que el gobierno tomó la decisión de realizar modificaciones para “modernizar el sector portuario y favorecer sus condiciones laborales”.
La denominada “ley corta”, comprometida por la administración anterior, buscaba saldar el conflicto generado por la demanda de los trabajadores de un bono retroactivo -desde 2005- por media hora de colación. Para ello, el texto establecía un beneficio de $ 750.000 por año para los portuarios que hubieran desempeñado funciones hasta el año pasado y que sumaran 288 turnos. Si no alcanzaban o excedían dicha cantidad, el pago se calcularía de manera proporcional. El bono implicará un costo fiscal de US$ 28 millones, y sería financiado con cargo al Tesoro Público.
Sergio Vargas, vocero del Puerto Central de San Antonio, anticipó que hoy instarán a la autoridad a retomar el acuerdo alcanzado. “Es una falta de respeto a los acuerdos que habíamos firmado (...), pero nosotros no firmamos con el gobierno, firmamos con el Estado, y el gobierno entrante se tiene que hacer cargo de los compromisos que dejó la administración anterior”, señaló el dirigente.
NUEVO FOCO DE CONFLICTO
En la reunión de hoy, además del bono pendiente, los trabajadores plantearán otras demandas. Una de ellas consiste en mitigaciones por los efectos en la empleabilidad que podría tener la licitación del Terminal 1 de Iquique, proceso que lleva a cabo la empresa portuaria estatal EPI.
“El 10 de marzo se abrió el proceso de licitación del terminal de Iquique, pero aún no sabemos nada sobre las medidas de mitigación que siempre se aplican en estos casos. Si no hay una respuesta pronto, convocaremos a una movilización de aquí a la próxima semana”, señaló César Luna, del sindicato de Iquique Terminal Internacional (ITI), perteneciente al Grupo Luksic.
Otro de los puntos que pedirán serán la eliminación de las tarjetas portuarias, ya que aseguran que los salarios se han visto afectados debido al “exceso” de trabajadores que hay en el sector, además de regularizar el trabajo pesado y evaluar la posibilidad de establecer una jubilación anticipada.
Respecto del escenario que atraviesan las negociaciones entre portuarios y el gobierno, el presidente de la Asociación Nacional de Exportadores de Fruta (Asoex) Ronald Bown, manifestó que “la falta de cumplimiento de los acuerdos es una materia compleja de administrar, pero estamos ciertos que las nuevas autoridades de gobierno encontrarán los mecanismos que permitan evitar nuevas movilizaciones y lograr una solución definitiva a todos los temas laborales asociados a las operaciones portuarias”.
Bown agregó que “es lamentable que los gobiernos no hayan abordado esta materia de una forma integral, limitándose a mitigar problemas puntuales que se arrastran desde hace años. El país no puede continuar perdiendo imagen y competitividad internacional por situaciones que con voluntad de todos pueden ser solucionadas en forma permanente”, insistió.
