"Hoy día lo que se sabe es la punta del iceberg". Así resume el abogado Mauricio Daza lo que hasta ahora se conoce del caso Cascadas y que ha estado en el centro de la polémica luego de que la SVS formulara en septiembre pasado cargos contra Julio Ponce Lerou y otros tres ejecutivos por presuntas infracciones a la Ley de Sociedades Anónimas y Ley de Mercado de Valores.
De eso sólo han pasado dos meses, pero todo parte más atrás. En abril del año pasado la SVS instruyó a Pampa Calichera, Oro Blanco, Norte Grande y Potasios de Chile efectuar ajustes a la información financiera presentada en sus estados financieros. Esto fue el "punto de inicio" de la querella que Daza interpuso en representación de Roberto Lobos, uno de los accionistas minoritarios de las sociedades cascadas, y la que ahora está siendo investigada por la Unidad de Delitos de Alta Complejidad de la Fiscalía Centro Norte.
"Analizando en detalle las operaciones de venta cruzada realizada entre empresas cascadas y el fondo de inversiones Linzor, nos dimos cuenta de que aquí había algo más profundo que un simple error contable", dice el abogado.
- ¿En qué consiste el esquema de funcionamiento que se está investigando?
- Este esquema fraudulento consiste en que una sociedad cascada controlada por Julio Ponce Lerou vende en bolsa un paquete de acciones a un precio artificialmente bajo a un palo blanco. Este palo blanco minutos después vende ese mismo paquete de acciones a otra cascada, pero en esta oportunidad lo hace a un precio artificialmente alto. De esta forma se pretende manejar al alza el precio de las acciones.
- ¿Existe un registro de cuántas operaciones se han realizado con este esquema que se cuestiona?
- Son cientos de operaciones, pero tan importante como el número de operaciones son los valores involucrados. El monto total de las operaciones suman una cifra de aproximadamente 9.000 millones de dólares. El perjuicio que se habría generado, según lo han señalado algunos ejecutivos de ciertas AFP, asciende entre 400 y 600 millones de dólares. Esto, a la fecha y sin que se conozcan todos los antecedentes, ya es el fraude más grande de la historia del mercado de valores en Chile que se haya denunciado alguna vez.
- Estas operaciones se realizaban desde hace años, ¿por qué se investiga ahora?
- Nunca alguna autoridad quiso hacer algo al respecto, todas miraban hacia el lado. Como hipótesis una explicación posible podría encontrarse en la red de influencias que logró construir Julio Ponce Lerou. Otra hipótesis sería que la SEC de EEUU estaría investigando las condiciones que se establecieron para un bono que Ponce Lerou colocó a través de Pampa Calichera el 2007 en ese mercado. Habría solicitado información a la SVS, por lo que ésta tuvo que reaccionar frente a estos hechos que habían sido omitidos.
- ¿Por qué la SVS se negó a entregar los antecedentes al Ministerio Público?
- Lo desconocemos. Tengo la convicción personal que esto se debe a que en un principio toda esta investigación se plantea con la finalidad de cursar multas y generar un resultado controlado que no afecte de manera profunda a los importantes actores del mercado de valores y al mismo mercado.
- Y ahora, ¿pierden ese control?
- Cuando este conflicto sale del ámbito de la SVS ya no está bajo su control. Ni la Superintendencia ni los agentes tienen la posibilidad de definir la conducta del Ministerio Público y los tribunales. Además estas conductas están asociadas a penas que son muy altas, y por lo tanto existe la creencia falsa de que sanciones penales a personas muy importantes del mercado de valores podría causar un daño enorme al funcionamiento. Pero no es así.
- ¿Cuál es la diferencia con el caso La Polar donde se entregaron los antecedentes al Ministerio Público?
- El caso La Polar provocó un tremendo daño a las personas afectadas directamente, sin embargo, comparado con el caso Cascada es una situación menor. Acá estamos hablando de sociedades vinculadas a SQM, que forma parte del Ipsa; estamos hablando de la corredora más importante del país, que es Larraín Vial, y estamos hablando del dueño de Larraín Vial, que es Leonidas Vial. Es una situación en la cual podría existir la tentación de decir vamos a aplicar sanciones, pero vamos a acotar este conflicto.
- De hecho, la SVS sólo formula cargos a cuatro personas…
- Es increíble cómo se detalla un conjunto de actuaciones y se formula cargos solamente respecto de cuatro personas. A partir de los antecedentes que expone la propia SVS, claramente en esta estructura fraudulenta hubo intervención de otros agentes, corredoras de bolsa, personas que prestaron sus empresas como palos blancos, que están señalados con nombre y apellidos, sin embargo, respecto de eso nada se dice. Por eso los cargos son tardíos e incompletos.
La red de Ponce Lerou
- La querella que presentaron es contra quienes resulten responsables…
- Este esquema fraudulento requería no solamente de la voluntad de las sociedades cascadas, sino también de un palo blanco que conocía perfectamente esta situación y también de una corredora de bolsa que le daba cobertura en términos de impedir que terceros pudieran intervenir en estas ventas cruzadas.
- ¿Quiénes son esos palos blancos?
- Son distintas entidades. Dentro de quiénes son señalados como palos blancos están empresas controladas por Leonidas Vial, que a su vez es uno de los dueños de la corredora Larraín Vial, que sería la que le habría dado en gran parte a estas operaciones cobertura. También hay otras empresas cascadas que hacían las veces de palo blanco. Hay empresas vinculadas con Roberto Guzmán Lyon, y que tiene un conjunto enorme de sociedades tanto en Chile como en el extranjero. Y también hay un señor Alberto Leblanc que también habría facilitado sociedades.
- ¿Cuál es el rol de Roberto Guzmán en todo este esquema?
- Roberto Guzmán Lyon operaba como palo blanco, pero su participación es mucho más profunda porque él tiene nexos directos con Julio Ponce Lerou. Él fue uno de los que creó la estructura de las sociedades cascadas. Además, él es socio y también ha sido gerente y representante de muchas empresas cascadas. Él está mucho más involucrado con el funcionamiento de esta estructura fraudulenta.
"Encontramos personeros de la Concertación como de la derecha"
- Mencionas que Julio Ponce Lerou logró construir una "red de influencias", ¿cuál es esa red?
- Esa es una hipótesis que tiene que ser investigada. Una muestra de aquello es constatar los nombres de las personas que él ha colocado sucesivamente en los directorios de empresas y sociedades que él controla. Ahí encontramos a ex ministros del gobierno de Pinochet como del gobierno de Bachelet, encontramos personeros de la Concertación como de la derecha. Se puede observar que hay personas que no tienen mayor conocimiento del mercado de valores o de minería, sin embargo, están allí.
- ¿Cómo quiénes?
Ahí está Cristián Leay, ex jefe de bancada de la UDI, que no es ninguna persona que tenga conocimiento de esas materias. Hernán Buchi, que es un gran economista, pero no creo que tenga conocimiento acerca de ámbitos de minería. En el caso de Alejandro Ferreiro es difícil creer que con el conocimiento que tiene respecto de cómo funciona el mercado de valores, no haya estado a lo menos en posición de conocer de este tipo de operaciones, sin embargo, hay distintos ámbitos de responsabilidades.
- ¿Cuáles son esos tipos de responsabilidades?
- Hay responsabilidades penales, éstas radican en las personas que intervinieron directamente en las ventas cruzadas o en el funcionamiento de esta estructura fraudulenta. Hay responsabilidades administrativas que también alcanzan a los directores y gerentes. Y hay responsabilidades políticas, estas a mi juicio recaen en quienes habiendo tenido posiciones de poder vinculados a órganos de fiscalización pasaron de ser autoridad fiscalizadora a formar parte de directorios o gerencia de órganos fiscalizados.
- ¿Por qué la defensa de Ponce Lerou intentó vincular al caso Cascada al presidente Sebastián Piñera?
- Aquí lo que se pretende es involucrar a la mayor cantidad de personas y a los más grandes posibles, para que en la práctica se inhiba tanto a la Fiscalía como a la SVS llegar a las últimas consecuencias, diciendo que esto es demasiado grande para que caiga.
El argumento se vinculaba con justificar la petición para que el superintendente se inhabilitara. Esto se funda en que Piñera en 2008, a través de sus empresas era uno de los accionistas minoritarios de las sociedades cascadas, y que por lo tanto él podría haberse vistos afectado. Como tal, él no tiene la posibilidad de dar garantías de imparcialidad de un funcionario de su confianza como lo es Fernando Coloma. Es absurdo y da cuenta de que hay una defensa que está algo desesperada y que carece de argumentos de fondos.
"La superintendenta de AFP es una pésima funcionaria"
Daza califica como "impresentable" el actuar que la Superintendencia de Pensiones ha tenido en el marco del caso Cascadas. "Han tratado de bajarle el perfil bajo la increíble afirmación de que aquí solamente habrían 757 millones de dólares de los cotizantes involucrados. Eso es una cifra enorme para aquellos que forman parte de ese dinero", dice el abogado. A mediados de octubre pasado, el organismo informó que la inversión de las AFP corresponde al 0,46% de los fondos de pensiones.
- ¿Fue un error que las AFP invirtieran en las sociedades cascadas?
- Sin duda, pero hoy día están atrapadas en una situación que es realmente impresentable: Tienen que decidir si es que pagan o no un aumento de capital en un contexto que existe información que da cuenta que éste iría a financiar una estructura que se ha denunciado como fraudulenta. Si no pagan, podrían ser que la sociedad respectiva quiebre o que se diluya la participación de las AFP en estas sociedades y desmejoren su posición.
- Si las AFP están atrapadas, ¿cuál debiera ser el rol de la autoridad?
- Frente a ese chantaje del que hoy día están siendo sujeto las AFP, y por consiguiente millones de chilenos, la autoridad no puede quedarse callada. Esta encrucijada no puede ser resuelta sólo por estos administradores, también tiene que ser resuelta con la intervención del Estado. No solamente están entre la espada y la pared las AFP, sino todos los chilenos. Julio Ponce Lerou nos tiene entre la espada y la pared y nadie hace nada.
- ¿Faltan acciones concretas de la Superintendencia?
- La superintendenta de AFP es una pésima funcionaria pública que no tiene las competencias necesarias para servir su cargo.
- ¿Con qué competencias debería cumplir?
- La Superintendencia tiene las competencias necesarias para exigirle a lo menos a las AFP que le informen acerca de la situación en que se encuentran respecto de la suscripción y pago de este aumento de capital, al cual las AFP se negaron. Y solicitarle a la SVS que se impida el llevar a cabo el aumento de capital.
- Si están entre la espada y la pared, ¿existe alguna solución favorable?
- No hay solución favorable, sin embargo, los perjuicios generados por esto deben ser pagados por quienes generaron esta situación, y estos son los controladores de las sociedades cascadas.
- Pero hoy, que la investigación está aún en curso, ¿qué es lo que se puede hacer en términos concretos?
- A lo menos debería impedirse que el aumento de capital se lleve a cabo, la Superintendencia de Valores y Seguros tiene esa facultad.
GUÍA PARA ENTENDER CÓMO EL CASO CASCADAS AFECTA TU PENSIÓN
- En términos concretos, ¿cómo me afecta a mí como cotizante?
El dinero de cada uno de nosotros es invertido por parte de la administradora en distintos papeles. En este caso la afectación tiene que ver en que el precio de acciones, como es artificial, en algún punto reviente y baje. Compraste a un precio artificialmente caro algo que no valía eso, y eso va a tener un impacto bajando el monto global en el dinero que cada uno tenemos para cotizar, y que van a servir para pagar las pensiones de cada uno de los chilenos.
- ¿Qué falló?
- La Superintendencia, no solamente en esta administración sino en las anteriores, jamás ha realizado algún tipo efectiva de fiscalización respecto de cuáles son aquellos títulos en que se invierten el dinero de todos los chilenos. Simplemente es un buzón que se dedica a publicar la información que le entregan de tanto en tanto las distintas AFP.
- Las AFP, ¿en qué han fallado?
- Las AFP, que tienen un deber de cuidado de este dinero, han estado muy por debajo de la mínima expectativa que uno tendría de quienes tienen a su cargo la administración de fondos destinados a la jubilación. Su actuación ha dejado mucho que desear. Cualquier accionista minoritario podría querellarse y no lo han hecho, hasta la fecha.
- ¿Y en cuánto a la legislación?
- Nuestra legislación del mercado de valores es una legislación ejemplar, que no requiere mayores modificaciones. Lo que no es ejemplar y sí requiere mayores modificaciones es la calidad de nuestras autoridades, quienes generalmente no hacen cumplir la ley y prefieren sencillamente mirar hacia el lado respecto de estas irregularidades. Éso es lo que nosotros queremos cambiar para que la ley del mercado de valores en su estatuto penal deje de ser una letra muerta como lo es hasta ahora.
