El 18 de octubre de 2005, a 53 días de la elección que le dio la victoria en primera vuelta, Michelle Bachelet presentó al país su programa de gobierno; un mamotreto de 102 páginas que prometía cambios sustantivos en materia social, laboral y constitucional. Fin del binominal, más negociación colectiva de los trabajadores, uniones civiles y reconocimiento constitucional a los pueblos originarios son algunas de la propuestas que la Bachelet de la Concertación no cumplió y que hoy en la Nueva Mayoría vuelve a presentar. ¿Por qué no se concretaron y por qué creerle ahora? Dirigentes sociales y políticos responden. En el comando no hay mea culpa y en la Segpres de la época arguyen que las energías estaban puestas en otras reformas.
Hay muchas similitudes entre el discurso actual de Michelle Bachelet, candidata presidencial de la Nueva Mayoría, y su programa presidencial de 2005, cuando representaba a la Concertación y apostaba por ejecutar un gobierno ciudadano y protector social.
Tal como en esta pasada, la candidata señaló hace ocho años que su propuesta resultó de "comisiones técnicas, del aporte de los partidos de la Concertación, y de las conclusiones extraídas de los Diálogos Ciudadanos". De la misma forma, esbozó que "no quiero hacer promesas, quiero hacer compromisos y los compromisos son aquellos que se pueden cumplir, porque efectivamente puedo ser la próxima presidenta de Chile".
Hace una semana, la ex directora de ONU Mujer presentó sus 50 medidas para los 100 primeros días de su eventual segundo gobierno. En la ocasión, precisó que "uno nunca cumple con las expectativas de la gente. Por eso no prometo cosas que no son posibles". Inmediatamente, sus propuestas fueron criticadas tanto por la derecha como por sectores de izquierda; quienes acusaron que varias ya habían sido anunciadas y otras prometidas hace ocho años sin cumplirse.
Tras revisar el programa de gobierno cuyo slogan fuera "Estoy contigo", identificamos las siguientes promesas incumplidas, algunas de las cuales se repiten en la campaña actual y que adquieren un simbolismo especial cuando aún no se anuncia el nuevo programa presidencial.
BINOMINAL, la eterna piedra en el zapato
El programa de octubre de 2005, se comprometía a "diseñar y aprobar un sistema electoral que sustituya el sistema binominal y garantice la competitividad, representatividad y gobernabilidad". Ya en el gobierno, fueron tres los intentos del Ejecutivo por cambiar el sistema. El primero en abril de 2007, cuando la propuesta presentada por el ministro José Antonio Viera Gallo fue aceptada por gran parte de la Concertación y del Juntos Podemos Más, pero rechazada por la UDI y RN, dejando sin cuórum la apuesta. En mayo de 2008 y en mayo de 2009, en tanto, el gobierno insistió con una iniciativa que proponía eliminar el límite de 120 diputados. Este primer paso para pasar a otro sistema -aprobado este año en el Congreso- también recibió el portazo de la derecha.
¿Fueron suficientes los esfuerzos de Bachelet para cumplir su palabra? Francisco Vidal, vocero de la Presidenta entre 2007 y 2009, responde que "no se pudo avanzar más en ese tema porque la derecha en bloque se oponía. Para cambiar el binominal tienes que cambiar una ley orgánica constitucional; eso requiere 72 votos en la Cámara de Diputados y 26 en el Senado. Si no rompes la unidad de bloqueo de la derecha no lo puedes hacer".
¿Faltó liderazgo de Bachelet para lograr un acuerdo? Sigue Vidal: "lo que pasa es que con ese diagnóstico, ni Aylwin, ni Frei ni Lagos; porque entre el 90 y el 2009 se presentaron 20 proyectos para cambiar el binominal". ¿Y qué garantiza que ahora Bachelet cumpla? Insiste el profesor de historia: "que la derecha está dividida. Y un grueso de Renovación Nacional quiere cambiar el binominal, porque los hunde al lado de la UDI. La posibilidad de cambiarlo es porque la mitad de la derecha se dio cuenta de que el binominal no sólo perjudica a la Nueva Mayoría sino a ellos también".
REFORMAS POLÍTICAS
Además del fin del binominal, el programa de Bachelet propuso "impulsar la elección directa de los Consejeros Regionales", "promover un sistema de registro electoral automático para los mayores de 18 años y un mecanismo de votación electrónico", e "insistir en el voto de los chilenos en el extranjero". De esas propuestas, sólo se cumplió con la elección directa de cores y la inscripción automática, aunque no pudieron regir debido a la falta de leyes complementarias. Las otras, no vieron la luz. Según Pablo Rodríguez, cientista político del Instituto Libertad, "se aprobó una parte de sus propuestas políticas, pero casi al final de su gobierno. Es en el gobierno de Piñera en que se aprueba el paquete completo de inscripción automática, voto voluntario y ley de cores. En el gobierno de Bachelet no hubo un gran énfasis por tratar temas de regionalización y descentralización".
Sobre el binominal, Rodríguez añade que "la comisión Boeninger hizo propuestas concretas para cambiar el binominal y no generaron consenso dentro de la Concertación. Nunca se pudo dar en el tono de que la Concertación se pusiera de acuerdo en una fórmula. Faltó mayor liderazgo, conducción y voluntad política para cumplir esas promesas. Pareciera que Bachelet no hubiera gobernado 4 años anteriores y ahora vuelve a tomar estas propuestas que ya no cumplió. Es irresponsable que una Presidenta haga borrón y cuenta nueva para un nuevo período. Surge la interrogante sobre por qué ahora lo podría hacer".
LA DEUDA CON LOS TRABAJADORES
El área laboral ha sido una de las menos abordadas por la candidata Bachelet en la actual campaña. A diferencia de los bullados anuncios que ha realizado en sectores como educación o reforma tributaria, en Trabajo sólo ha ratificado su compromisocon terminar con multirut de las empresas y avanzar en negociación colectiva. En 2005, su programa ya consideró "promover que empleadores y trabajadores negocien colectivamente las condiciones específicas de la jornada horaria para cada empresa; combatir las prácticas anti-sindicales e impulsar proyectos de ley contra abusos en horarios y cargas de trabajo, contratos falsos y excesos en polifuncionalidad; evitar que la subcontratación se vuelva una forma de eludir la legislación laboral; y promover el desarrollo de un sindicalismo fuerte y moderno". Sin embargo, poco y nada de eso se logró, según testimonia Arturo Martínez, entonces presidente de la CUT.
"Nosotros teníamos hartas expectativas con ese gobierno, de hecho lo trajimos en segunda vuelta a la CUT. Pero el tema laboral no lo enfocaron como una reforma profunda. La ley de subcontrato nació muerta, porque no era precisa en decir que las empresas no pueder tercerizar labores que les son propias y no tenía quién las fiscalizara. No sirvió", parte diciendo Martínez. "En multirut no se hizo nada. Estuvo en el debate durante los 4 años y sigue igual hasta ahora, nada. Mucho debate en el Parlamento, pero no ocurrió nada", agrega Martínez.
La crítica de Martínez continúa recordando que "Bachelet hizo leyes como la de igualdad laboral entre hombres y mujeres, pero eso no se cumple. Al final, si las leyes no son bien hechas y no se fiscaliza, no tienen sentido. En la negociación colectiva no hubo nada, ningún cambio".
Según el socialista, el de Bachelet fue el peor gobierno de la Concertación en lo laboral: "Hay un tema de fondo y es que en los gobiernos de la Concertación nunca se les consulta a los que saben, en este caso los trabajadores. En la candidatura actual siguen cometiendo el mismo error: los técnicos son los que deciden lo que se hace en el país. Si siguen discutiendo entre ellos no se van a a poner de acuerdo y si se ponen de acuerdo eso no va a servir, como ha ocurrido durante los 20 años de la Concertación".
El diputado Osvaldo Andrade, presidente del PS y ex ministro del Trabajo de Michelle Bachelet, reconoce que el programa laboral de la ex presidenta no se cumplió "a cabalidad", pero precisa que "el tema del multirut sí lo resolvimos nosotros; esto se resolvió en la Ley de Subcontratación, en la que interpusimos una indicación que se aprobó. Pero diez senadores, entre los que estaban Longueira, Allamand y Matthei recurrieron al Tribunal Constitucional, lo que echó abajo esa indicación y por eso no prosperó".
Sobre los duros cuestionamientos de Arturo Martínez, Andrade responde que "si el presidente de la CUT ve que las modificaciones fueron inútiles está bien, pero eso no quiere decir que no se haya cumplido. En materia de trabajadores terceristas se estableció la responsabilidad del mandante respecto de las materias de higiene y seguridad, y leyes laborales en general respecto del mandante y eso hasta el día de hoy funciona. Me llama la atención la opinión del entonces presidente de la CUT. Efectivamente en materia de negociación colectiva ese proyecto no se presentó, debido a la crisis. Aunque yo ya no era ministro, pero el proyecto estaba hecho".
Ante la pregunta de por qué habría que creerle a Bachelet que ahora sí aprobará lo que no cumplió, Andrade responde: "porque en el gobierno de Bachelet mientras fui ministro se dictaron 53 leyes laborales, todas en beneficio de los trabajadores. En ningún gobierno en la historia de Chile se dictaron tantas. En el gobierno de Piñera, siendo ministra la señora Matthei, se dictaron 4. Pregúntale a los ciudadanos a quién le creen".
GAYS Y ANTIDISCRIMINACIÓN
En este sector, el programa se la jugaba por aprobar la "ley antidiscriminación y toda medida legislativa y administrativa que establezca recursos judiciales y/o administrativos eficaces para resolver reclamos por discriminación arbitraria", además de formalizar las uniones civiles entre homosexuales.
Tras enfrentar una serie de dificultades en el Congreso, la votación final del proyecto antidiscriminación -enviado el el gobierno de Lagos, en 2005- nunca se realizó. En cuanto a las uniones civiles, recién en octubre de 2009 se presentó un proyecto por el entonces diputado y actual senador, Fulvio Rossi (PS). De acuerdo a la biblioteca del Congreso Nacional, el "Pacto de Unión Civil" se redactó con el apoyo del Movimiento por la Liberación Homosexual (Movilh).
Jaime Parada, vocero del Movilh, señala que "nosotros estamos muy escépticos por lo que pueda pasar en el gobierno de Michelle Bachelet. En primer lugar, porque ella se comprometió con nosotros en su primera campaña e incluyó en su programa algunas medidas que no fueron cumplidas. Y eso hay que destacarlo. Entonces, menos podríamos esperar que con los pronunciamientos vagos que ella ha realizado pueda convencernos de que realmente está con las minorías y la diversidad sexual. Incluso ya nos parece delicado que no haya puesto en sus primeras 50 medidas lo que no cumplió en su primer gobierno".
"Para ser concreto, lo primero que no cumplió fue el pacto de unión civil. Hay un dato súper relevante: en una reunión con organizaciones de la diversidad sexual hace un par de meses ella dijo que no tenía claridad si sus asesores habían enviado el proyecto o no. Eso para nosotros es inaceptable, porque quiere decir que nunca fue un tema para ella. Es más, hay declaraciones de Lagos Weber cuando era vocero diciendo que esto no era prioridad para el gobierno y así lo demostraron", agrega el concejal de Providencia.
"Puso y retiró de urgencia la Ley antidiscriminación, y eso para nosotros es gravísimo; porque si ella hubiera tenido la voluntad, si no hubiese sido receptiva a todas las presiones que tuvo, hubiéramos tenido una Ley antidiscriminación hace bastante rato. Y, por ejemplo, hoy día el agravante penal que aumenta las penas para los actos discriminatorios podrían estar usándose para el caso de Daniel Zamudio. Nosotros somos escépticos. Tiene un mal historial, pero esperamos que esta vez cumpla. Le damos el beneficio de la duda, no nos vamos a restar si nos pide colaboración", cierra Parada.
En marzo de 2012, tras la aprobación de la Ley en el gobierno de Piñera, José Antonio Viera Gallo, ministro de la Segpres de Bachelet, contestó los dichos del Presidente del Movilh, Rolando Jiménez, quien criticó el lento avance legislativo del proyecto contra la discriminación durante el último gobierno de la Concertación. "En la administración de Bachelet -que no contó nunca con mayoría real en el Senado-, la Cámara Alta envió el proyecto para su análisis a las Comisiones de Derechos Humanos y Constitución. El Gobierno hizo siempre presente la urgencia para su despacho, y en varias ocasiones la suma urgencia, sin lograr que fuera votado en la Sala del Senado. El problema para su aprobación estuvo en la carencia de acuerdo sobre su contenido y no en la falta de voluntad del Gobierno de Michelle Bachelet".
Hasta ahora, la candidata mejor posicionada en las encuestas se ha mostrado a favor del matrimonio homosexual; aunque sin precisarlo como propuesta.
PUEBLOS ORIGINARIOS
El proyecto de nueva constitución que Michelle Bachelet recibió de su comisión hace unas semanas, concibe sin discusión el reconocimiento constitucional a los pueblos indígenas. Pero no es la primera vez que Bachelet comprometerá la medida. En 2005, el programa consideraba "impulsar urgentemente el reconocimiento constitucional de los pueblos originarios y dar alto rango político a las políticas a través de la creación de una Subsecretaría de Asuntos Indígenas en el Ministerio de Planificación". ¿Se cumplió? No, con ninguna de las dos, como reconoce Francisco Vidal. El 23 de noviembre de 2007 el gobierno ingresó al Senado el proyecto para el reconocimiento constitucional; sin embargo, nunca vio la luz.
Aucán Huilcamán, vocero de del Consejo de Todas las Tierras, lo ve así: "No tan solo ese proyeto no fue aprobado; porque desde el gobierno de Aylwin la Concertación siempre públicamente se comprometió a un reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas. Y lo vino a ratificar la señora Bachelet. Sin embargo, no hubo ningún cumplimiento, lo que muestra que no hay ninguna voluntad política ni un compromiso real, serio, para reconocer los derechos de los pueblos indígenas. Hoy ella vuelve a presentar una nueva idea, pero hay dos cosas ahora: en primer lugar ya no es creíble. Y en segundo lugar, no es suficiente el reconocimiento constitucional si es un texto diluido, restringido, y que tenga por objeto limitar los derechos del pueblo mapuche. Ahora tiene que incluir imprescindiblemente cuatro cuestiones fundamentales: el derecho a la autodeterminación, el derecho al territorio, el reconocimiento a las tierras ancestrales y los parlamentos mapuches. Lo que tenía el proyecto anterior de Bachelet sólo reconocía formalmente a los pueblos indígenas, pero sin derechos".
"Hoy día decir reconocimiento constitucional es no decir nada. Hoy día los estándares internacionales son demasiado altos. Sin los cuatro derechos nosotros no estaremos a favor", agrega Huilcamán, ex candidato presidencial.
El tema indígena cobra una sensibilidad especial en la apuesta de Bachelet por volver al poder, debido a que en su gobierno fueron asesinados, por efectivos de Fuerzas Especiales de Carabineros, el estudiante Matías Catrileo (3 de enero de 2008) y el comunero Jaime Mendoza Collío (12 de agosto de 2009). Las reticencias de organizaciones indígenas respecto a la ex gobernante se acrecientan al considerar la aplicación de la Ley Antiterrorista en causas que involucraron a activistas de la causa mapuche. Respecto al conflicto de la Araucanía, Bachelet comentó en abril en entrevista con The Clinic, que "en ningún caso" volvería a aplicar la cuestionada ley. "Eso fue un error. Bajo mi Gobierno se presentó un proyecto de modificación de la Ley Antiterrorista que no prosperó en el parlamento", reflexionó.
Francisco Vidal explica el fracaso de estas propuestas programáticas: "La derecha en bloque se negó. Para decirlo fácil, las cosas que no se hicieron corresponden a algunas vacilaciones de nuestro gobierno -no hay duda-, pero el grueso de las cosas es porque no obstante que empezamos con mayoría en el Congreso, esa mayoría se fue diluyendo cuando Jorge Schaulsohn y Fernando Flores se pasaron a la derecha y el colorín Zaldívar y 5 diputados se pasaron a la derecha. Eso nos dejó a expensas de la derecha. Y esas vacilaciones están despejadas hoy, porque como nunca antes va a ser fundamental el programa. Cuando tienes un programa en que están de acuerdo desde la DC al PC, la hoja de ruta está decidida".
La defensa de la SEGPRES
Edgardo Riveros (DC) fue subsecretario de la Secretaría general de la Presidencia durante los cuatro años de la administración de Michelle Bachelet. Hoy, alejado de cargos políticos relevantes, valora los "grandes avances" conseguidos en el período y arguye que lo que no se alcanzó a hacer fue porque las energías se concentraron en otras tareas.
"El binominal no se cambió por un problema de que no había una mayoría que hiciera prosperar una reforma. Hay dos cosas concomitantes: una es la reforma constitucional misma y la otra es la reforma al binominal, que requiere un cuórum igual a la reforma constitucional; porque así lo indica el artículo transitorio pertinente, que se estableció en la reforma del año 2005. Para eso se requieren tres quintos de la Cámara y el Senado, y es el problema al que nos vamos a enfrentar en el futuro; porque se puede eliminar el guarismo 120 pero ahora viene toda la tramitación de la ley misma", dice el también ex diputado falangista.
"En materia indígena, el énfasis estuvo puesto en la aprobación del convenio 169 de la OIT, del que se había dado cuenta en enero del año 1991. Aylwin lo había mandado en diciembre de 1990, y recién el año 2008 se pudo conseguir la mayoría exigida para aprobarlo. Hubo que reunir cuórum de ley orgánica constitucional en la Cámara y en el Senado. Eso fue un tema de larga tramitación, donde hubo que colocar una cantidad de esfuerzo notable. Eso se priorizó y hubo un avance muy importante para los pueblos indígenas en nuestro país. Indudablemente que el reconocimiento constitucional está pendiente, pero en esta materia donde se gastaron grandes energías fue en la aprobación del convenio 169 de la OIT", argumenta el ex subsecretario, sobre la modificación lograda que establece la consulta obligatoria a los pueblos originarios para medidas que les afecten.
Sobre las uniones civiles, Riveros reconoce que "estaba planteado. Pero la ley de no discriminación fue la que concitó los mayores esfuerzos por nuestra parte, y avanzamos bastante en la ley sobre no discriminación y participación ciudadana. Entonces, hay algunos énfasis que explican el hecho de que algunas otras materias hayan quedado con un tratamiento -si no postergado-, en paralelo, más lento".
Consultado respecto a por qué ahora Bachelet si hará los cambios que antes no cumplió, la ex autoridad de gobierno responde: "Por todo lo señalado, porque los avances en su gobierno fueron significativos y los pendientes tienen una explicación en el hecho de que se fueron sacando otras cosas: reforma al sistema previsional, el convenio 169, las reformas constitucionales para hacer posible luego una legislación. Es decir, es un país que en materia legislativa avanzó profundamente. Fue un gobierno de un claro desarrollo en materia legislativa que hay que complementar con aquellas cosas que quedaron pendientes. Punto, eso es. Faltó tiempo y las mayorías que se necesitan para reformas de esta envergadura, como las que se hicieron y otras que quedaron pendientes", cierra.
¿POR QUÉ AHORA SÍ?
Desde el comando de la candidata de la Nueva Mayoría, en tanto, descartaron hacer un mea culpa por los incumplimientos descritos y adujeron que ello se debió a la oposición parlamentaria. "El binominal, las uniones civiles, el reconocimiento a los pueblos indígenas y la negociación colectiva son todas iniciativas que son materias de ley; por lo tanto lo que se requiere es la voluntad del parlamento. Se enviaron los proyectos respectivos, pero el parlamento no los aprobó, que es distinto", defiende una alta fuente del comando de calle Italia.
Sobre qué haría pensar a un posible votante de Bachelet que ahora sí se cumplirán estas promesas, el dirigente agrega que "por eso Michelle Bachelet ha planteado dos cuestiones en la campaña: no basta con votar por el Presidente de la República, se requiere también votar por los candidatos parlamentarios de la Nueva Mayoría. Y lo segundo que ha planteado es que se requiere de una nueva constitución, porque en Chile existen leyes orgánicas constitucionales que necesitan altísismos cuórum en la Cámara y el Senado, que hacen imposible que las reformas se puedan llevar a cabo".
Respecto a si faltó voluntad política para insistir en la aprobación de los proyectos, desde el comando responden que no: "sobre estas materias ella no tuvo apoyo parlamentario y eso es un dato de la causa; y los que hoy día están gobernando se opusieron a través de sus bancadas sitemáticamente a los avances en estas materias".
Entre algunos dirigentes sociales, sin embargo, la desconfianza es alta. Andrés Fielbaum, vocero de la Confech -la organización estudiantil que puso en jaque al gobierno de Piñera-, adelanta que "uno siempre puede partir de la buena fe de que la gente no está mintiendo, sin embargo el problema no es de confianza o desconfianza, es de política y correlaciones de fuerzas. En particular, cuando Michelle Bachelet quiera hacer sus reformas es probable que los primeros opositores no vayan a estar en la derecha sino al interior de la misma Nueva Mayoría. En ese sentido uno puede ser escéptico de si se van a realizar reformas que afectan los intereses de muchos miembros de esa coalición. Hay un legítimo escepticismo de que la Nueva Mayoría puede impulsar esos cambios, pero fundamentalmente hay una conciencia de que si uno delega los cambios en los viejos partidos políticos de la Concertación y la derecha, lo que vamos a encontrar es que van a intentar traducir nuestras demandas en el mismo lenguaje neoliberal. Cualquier reforma realmente relevante debe hacerse desde un comienzo con las organizaciones sociales; de lo contrario vamos a seguir en la calle. Un aprendizaje evidente que hemos tenido es que si no estamos en la calle sólo vamos a conocer la derrota".
Saludos
Rodrigo González Fernández
Diplomado en "Responsabilidad Social Empresarial" de la ONU
Diplomado en "Gestión del Conocimiento" de la ONU
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Los funcionarios paralizarán sus actividades este miércoles y jueves.Foto: Reproducción / Asemuch
