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jueves, septiembre 05, 2013

POR DECLARACION DE ASOC DE MAGISTRADOS

Corte Suprema revisará el emplazamiento de jueces sobre su actuación en régimen militar

Asociación de Magistrados pidió ayer perdón e instó a los ministros a reflexionar por sus actuaciones durante dicho periodo.

Vocero del pleno, Hugo Dolmestch, calificó como "dura" la declaración y dijo que será estudiada.

por A. López y L. Ferraro - 05/09/2013 - 07:15
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A una semana de la conmemoración de los 40 años del Golpe Militar, la Asociación Nacional de Magistrados -que reúne al 70% de los jueces del país- divulgó ayer una declaración pública en que pide "perdón" a las víctimas de las violaciones de los derechos humanos e insta a la Corte Suprema a reflexionar "en relación con sus propias actuaciones y omisiones del pasado".

La carta, que generó sorpresa en el pleno de la Corte Suprema -muchos de sus jueces desconocían su contenido hasta entrada la tarde-, había comenzado a gestarse hace días en el seno de la comisión nacional de derechos humanos de la asociación.

Sin embargo, fue a principios de esta semana que los siete directores de esa instancia, en forma unánime, dieron su apoyo a la misiva de dos carillas que se distribuyó ayer.

Según fuentes de la asociación, la iniciativa busca desmarcarse de las actuaciones institucionales que el máximo tribunal tuvo durante el régimen militar y emplazar a la corte a generar un gesto similar.

"Consideramos que esta acción por parte de la asociación queda incompleta si la Corte Suprema no hace una reflexión crítica en los mismos términos respecto de sus propias responsabilidades. Esperamos que tenga en consideración que para los jueces esto es importante y, por tanto, se pronuncie", señaló la vicepresidenta de la asociación, Francisca Zapata.

La declaración de la entidad detalla que los miembros que integraban el máximo tribunal en ese período incurrieron en "acciones y omisiones" mediante la inadmisibilidad y rechazo a recursos de amparos; por la "negativa sistemática a investigar las acciones criminales" y por la "renuencia a constituirse personalmente en centros de detención y tortura".

En el marco del mea culpa que han realizado en los últimos días figuras políticas de distintos sectores, como Hernán Larraín (UDI) y Camilo Escalona (PS), la asociación pide perdón "sin ambigüedades y equívocos" a las víctimas, los deudos y a la sociedad chilena.

El Presidente Sebastián Piñera había apuntado, durante el fin de semana en una entrevista a La Tercera, al rol del Poder Judicial durante el gobierno militar. En esa oportunidad, el mandatario -tal como se señala en la misiva de los magistrados- puso el acento en la actitud pasiva de los tribunales respecto a los recursos judiciales que alertaban sobre las violaciones a los derechos humanos.

Revisión del pleno

La misiva de los magistrados será revisada en un pleno de la Suprema en las próximas horas. "Creo que esto se va a estudiar, no sé si mañana (hoy) o el viernes. Es una decisión que tenemos que ponderarla y calificarla", dijo a Canal 13 el vocero de la Suprema, Hugo Dolmestch.

El ministro también calificó como "dura" la declaración y junto con agregar que "yo no siento como persona que tenga que pedir perdón" también señaló que "las informaciones que llegaron en esa época eran muy sesgadas, casi no había información".

Además de sorpresa, entre los miembros del máximo tribunal existía ayer incomodidad por el emplazamiento de los jueces, quienes por primera vez de manera colectiva explicitaron su incomodidad con el actuar de sus pares en el régimen militar.

Según señalaron algunos de los integrantes de la Corte Suprema contactados por este tema, el contenido del texto deber ser analizado.

Uno de los ministros afirmó que tiene dudas respecto a que exista un pronunciamiento colectivo como el demandado por los magistrados debido a que este tipo de acciones son individuales. En esa línea, recordó que la Corte Suprema en los últimos años se ha manifestado de manera reiterada contra la prescripción de los delitos asociados a violaciones a los derechos humanos.

Agregó que la demanda de los jueces podría ser vista con recelo entre los miembros del máximo tribunal, donde se sostiene que una señal en esa línea del pleno está enfrentado a un "escenario forzado".
























































































































































Fuente:LATERCERA 

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Rodrigo González Fernández
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G20

G20 frente a una paradoja económica mundial

Un periodista habla por celular junto a un letrero de la cumbre del G20 en San Petersburgo, Rusia, el miércoles 4 de septiembre de 2013. Foto: Virginia Mayo / APUn periodista habla por celular junto a un letrero de la cumbre del G20 en San Petersburgo, Rusia, el miércoles 4 de septiembre de 2013.Foto: Virginia Mayo / AP
  • CHRISTOPHER S. RUGABER

Algo inusual estará en el fondo de las discusiones cuando los mandatarios del Grupo de las 20 economías más grandes del mundo inicien una cumbre en Rusia a partir del jueves: pese al repunte del crecimiento económico en el mundo desarrollado, han aumentado los temores sobre el rumbo de los países emergentes.

Y algo también estará ausente: la preocupación sobre una renovada crisis financiera.

Los líderes del G20 tienen más confianza en sus sistemas bancarios que nunca desde que iniciaron las reuniones hace cinco años. Lo que es más, las economías de Estados Unidos, Europa y Japón finalmente crecen simultáneamente.

Empero ciertos temores están surgiendo sobre las naciones emergentes, que han contribuido a impulsar la economía mundial durante años: Desaceleración del crecimiento, salida del dinero de los inversionistas y el costo de la deuda va en ascenso, en parte a causa de las alzas de las tasas de interés en Estados Unidos.

El resultado es un mundo más dividido que el que se encontraron los líderes en cumbres anteriores del G20, una disparidad que podría causar que cualquier logro de la cumbre resulte vago.

Los asuntos más allá de los económicos seguramente se apropiarán de gran parte de la agenda. Es seguro que en algún momento va a surgir el tema de la amenaza de un ataque militar a Siria encabezado por Estados Unidos, en respuesta a lo que el gobierno del presidente Barack Obama califica como un letal ataque con armas químicas. El presidente ruso Vladimir Putin, aliado del mandatario sirio Bashar Assad y anfitrión de la cumbre del G20, ha pedido a Obama reconsiderar cualquier acción militar contra Siria.

Algunos países también podrían aprovechar la oportunidad para quejarse sobre el espionaje de la Agencia de Seguridad Nacional estadounidense.

La crisis financiera europea y los temores de que la alianza en torno al euro podría deshacerse habían sido temas centrales en reuniones anteriores. Los líderes se reunieron por primera vez en 2008 mientras la crisis financiera estadounidense se desataba e infectaba economías de otras partes del mundo. Estados Unidos, Europa y Japón ahora cuentan con mayor solidez económica.

"Existe un incentivo más fuerte para la cooperación si uno se encuentra al borde de una crisis", dijo Domenico Lombardi, economista en el Centro para la Innovación de la Gobernanza Internacional en Canadá. Sin tal amenaza, "cada país atiende sus propios asuntos internos".

Tras sus primeras reuniones, por ejemplo, los líderes del G-20 adoptaron políticas en un intento por rejuvenecer la economía global. El año pasado acordaron dar un impulso a los recursos financieros del Fondo Monetario Internacional (FMI), que habían sido agotados por la crisis de Europa.

Ahora, "se está convirtiendo en algo más como un ambiente de cada país por lo suyo", dijo Eswar Prasad, un ex funcionario del FMI que ahora imparte clases en la Universidad Cornell.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), un grupo de cooperación internacional con sede en París, indicó en un reporte el martes que pese a que las economías avanzadas experimentan una mejoría tras años de bajo crecimiento, una desaceleración de los países emergentes mantendrá el crecimiento económico mundial bajo para este año.

Aun así, es poco probable que las economías avanzadas alteren sus políticas de tasas de interés en respuesta a la tormenta económica de países emergentes. Dichas políticas han sido vitales a las recuperaciones en Estados Unidos, Europa y Japón.

"Esto es algo que el G20 puede acordar, porque llega al corazón de la legislación nacional", agregó Lombardi.

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Los periodistas de AP, Joe McDonald en Beijing, Elaine Kurtenbach en Tokio, Nirmala George en Nueva Delhi y Marjorie Olster en Washington contribuyeron a este despacho.

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Chris Rugaber está en Twitter como: https://Twitter.com/ChrisRugaber

APAP - The Associated Press. Todos los derechos reservados.

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MINERIA EN CHILE


COMO CONSECUENCIA DE LA BAJA EN EL PRECIO DEL COBRE 
 Adelantan ciclo de menor inversión en minería en Chile
El menor dinamismo se reflejará en la moderación de la demanda interna.
05/09/13

(Diario Financiero) "La culminación de este proceso (altos precios internacionales de las materias primas) debería normalizar el crecimiento de la inversión en lo venidero, reflejándose en una moderación de la demanda interna, las presiones sobre los recursos internos y el mercado laboral, y sobre las importaciones de bienes de capital. Además, el inicio de las operaciones de los proyectos ha contribuido a elevar los volúmenes exportados".

Esas son las proyecciones que hace hacia futuro el Banco Central en lo relacionado con la inversión minera.

Desde la entidad entienden que estos factores, junto con la depreciación cambiaria que se ha observado hasta el momento, redundarán en una disminución del déficit de la cuenta corriente.

Asimismo, y en alusión a esta maduración del ciclo de inversiones, hacen hincapié en que se han registrado correcciones a la baja en las proyecciones de consenso para la inversión, tanto para 2013 como para 2014.

De hecho, mencionan el catastro de la CBC, en el que si bien se corrigieron al alza las inversiones para el periodo 2014-2016, se redujeron las estimaciones para 2013 sucesivamente desde diciembre del 2012.

Además, agregan como refuerzo las proyecciones del catastro minero de Cochilco, que disminuyó su estimación para las inversiones en minería del cobre tanto para el 2013 como el 2014.

Fuente / Diario Financiero



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·RSE: una visión desde Costa Rica

DATOS DE ENCUESTA DE OPINIÓN DEL TECNOLÓGICO

Ticos delegan acciones de responsabilidad social en el Gobierno y poco en el ciudadano


ANA CRISTINA CAMACHO SANDOVAL / 04 SEP 2013, 12:06 PM

NEGOCIOS / 04 SEP 2013 /

En el campo de la responsabilidad social, el ciudadano percibe al Gobierno poco comprometido con el pago de salarios justos

Para el costarricense, las acciones enmarcadas en el modelo de responsabilidad social recaen en primer lugar en el Gobierno, luego en las empresas y finalmente en el ciudadano. Además consideran que poco se hace a lo interno de las empresas para rechazar la corrupción, generar empleos con salarios justos y proteger los recursos naturales.

Estos son algunos de los hallazgos que revela  la encuesta de oipnión 'Acciones de responsabilidad social desde la visión costarricense' realizada por el Centro de Investigación en Administración, Economía y Gestión Tecnológica del Instituto Tecnológico de Costa Rica (TEC) y dado a conocer la mañana de este miércoles.

Con el objetivo de identificar cuál es la opinión del tico en este tema, la encuesta telefónica abarcó todo el país, fue aplicada a personas mayores de 18 años y se entrevistaron a 500 personas, el 48% de ellos hombres y el 52% mujeres, siendo casi el 40% de San José.

Según los resultados, el 57% de la responsabilidad en asegurar el cumplimiento de las garantias laborales de los trabajadores recae en el Gobierno, el 51% en las empresas y el 14% en el ciudadano. Además el gobierno tiene el 59% de responsabilidad en promover la igualdad de condiciones en personas con discapacidad, el 63% en promover la igualdad de salarios entre hombres y mujeres, el 63% en evitar la evasión de impuestos y el 74% en reducir las diferencias económicas y sociales entre ricos y pobres.

Es claro entonces que la sociedad le da al Gobierno la mayor tarea en el campo de la responsabilidad social en comparación con el sector empresarial. Queda claro también que hay una pobre idea de que las empresas realizan tareas y acciones positivas en variables como rechazar la corrupción, pues el 51,6% de los encuestados cree que hacen poco. Poco hacen también por protegeer los recursos naturales, por pagar puntualmente los impuestos y por generar empleos con salarios justos.

Admiten que 'algo' hacen  por respetar las garantías laborales, por promover la igualdad entre ambos géneros. En ninguna de las variables contempladas en el estudio destacan las respuestas de mucho aunque tampoco el de 'nada', lo cual hace suponer que si bien reconocen que no hay mayores esfuerzos por implementar acciones en Responsabilidad Social, no perciben que no se hace nada.

Es un patrón similar cuando se les consulta sobre el compromiso de las organizaciones en el bienestar de la población pues: la mayoría cree que los partidos políticos no están nada o poco comprometidos; la mismo para el Gobierno y los sindicatos. En la variable grandes empresas la mayoría cree que están poco o algo comprometidas. La percepción mejora cuando se menciona a las pequeñas y medianas empresas y los medios de comunicación dado que aquí crece un poquito la respuesta de que están muy comprometidas sin llegar a ser un porcentaje importante.

Los investigadores y líderes del estudio, José Martínez, Gustavo Cubillo y Ronald Brenes admiten que existe un desconocimiento general del término de RSE en la población. De hecho en la encuesta se indica que el 42% nunca lo ha escuchado y 33% sí lo conoce pero no lo entiende.  Solo un 21% sí conoce el término y además sabe qué significa.

Martínez reconoce que un gran porcentaje de lo que saben el significado de RSE lo circunscribe a temas ambientales.  Sobre este punto, en el capítulo sobre cómo influencia la población sobre la RSE de las empresas, la mayoría cree que la calidad y el precio son los elementos más influyentes, le sigue la marca y apenas un 6% menciona el impacto ambiental.  A pesar de lo anterior el 48,6% dice que procura comprar sus bienes a empresas que cuidan y no contaminan el medio ambiente; el 39% dice que procura comprar a empresa que apoyan proyectos de bienestar social en las comunidades.

"Los países más desarrollados han basado su desarrollo en la promoción de empresas que generan un efecto multiplicador para su sociedad y esto es un elemento que falta en Costa Rica, detalló Brenes.

No logran desarrollar acciones a favor de la sociedad y dentro de la filosofía de RS porque no tienen un sistema o modelo; además el ciudadano se sacude de responsabilidades y se lo delega al Gobierno y las empresas. 

Tenemos la gran tarea de formar y educar, ojalá desde las escuelas en materia de responsabilidad social, comentó Cubillo. "Tenemos tres áreas para trabajar: hacer verdadera responsabilidad social, promocionarla e involucrar a colaboradores y consumidores".

El investigador José Martínez agrega que la RS no es gratuita, se debe invertir y sería inútil pensar que se tendrán réditos en el corto plazo, pues es un proceso de largo plazo de crear valor y de mulitplicarlo entre todos los actores interesados y en la cadena de producción.


Fuente:

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abusos sexuales y violación en prisiones

En el esfuerzo para poner fin a violaciones sexuales en prisión, las preguntas sobre la independencia de un monitor

Tomó años para promulgar normas más estrictas para la investigación y sanción de la violencia sexual en las cárceles y prisiones de la nación. Ahora, hay frustración por la forma en que se aplican esas reformas. (Adam Fagen, Flickr )

por Joaquín Sapien
ProPublica, 30 de agosto 2013, 8:57 am

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Después de más de una década de esfuerzos legislativos nacionales para poner fin a las violaciones en prisión, este mes se supone que produce una importante victoria: auditorías formales de las prisiones y cárceles de todo el país que la crónica más fiable incidentes de abuso sexual y las consecuencias para sus autores.

Pero ese momento de un posible progreso ha resultado ser más complicado de lo que muchos esperaban. La primera ronda de auditorías se llevará a cabo principalmente por la Asociación Correccional Americana (ACA), la misma organización que ha sido criticado en los últimos años por no identificar y abordar los problemas de seguridad en las cárceles de todo el país.

La ACA , con sede en Virginia, realiza una serie de servicios para la industria de correcciones: se ofrece formación a los guardias y otros funcionarios, conferencias hosts y grupos de presión en Washington. Pero es quizás mejor conocido por su servicio de acreditación. Los funcionarios de prisiones pagan la organización para evaluar las instalaciones en temas como la salud recluso, saneamiento, servicios de comida, y la capacitación del personal. Se buscó la bendición de ACA, en parte, para ayudar a las prisiones defienden contra demandas de presos.

Ahora, como parte de la legislación destinada a reducir la incidencia de las agresiones sexuales en la cárcel, el ACA se encargará de ayudar a asegurarse de que las cárceles de adultos, estatales y federales y centros de detención de menores que acredite investigan adecuadamente las denuncias de abuso sexual, disciplinar a los guardias y reclusos y proporcionar atención médica adecuada a las víctimas.

El desarrollo ha consternado algunos de los implicados en la mejora de la seguridad de las cárceles del país.

"Si algún grupo estaban estrechamente ligada a la policía, ¿de verdad ir a ellos para quejarse de la brutalidad policial", preguntó Jack Beck, director de la Asociación Correccional de Nueva York, una organización sin fines de lucro dedicada a los esfuerzos de reforma penitenciaria.

"Esta es una forma de gestionar todo esto por lo que no se va a mover el bote demasiado", dijo Beck.

La Asociación de Prisiones de Estados Unidos aún no ha respondido a las preguntas de esta historia. Si lo hacen, vamos a publicar una actualización.

Rep. Bobby Scott, D-Va., Que ayudó autor de la legislación nacional, conocida como la Ley de Eliminación de Violaciones en las Prisiones, dijo que se siente cómodo con el manejo de la ACA trabajo.

"Es la organización natural de hacer las auditorías", dijo Scott. "Si ellos resultan no ser tan agresivo, entonces se convertirá en un problema. Pero yo no creo que sea un problema ahora. Estas personas tienen mucho invertido en su profesionalidad ".

El Departamento de Justicia de EE.UU., que desempeñó un papel fundamental en el desarrollo de la legislación, envió un comunicado de cuatro páginas en respuesta a las preguntas de esta historia. Dijo que el primer grupo de auditores se "elegido a dedo", pero no se refirió a las preocupaciones acerca de la conveniencia de llevar a cabo las auditorías ACA abuso sexual. El departamento dijo que se requerirán sesiones de capacitación obligatorios para todos los auditores, no importa para quién trabaja.

Con los años, el trabajo de la ACA de los centros penitenciarios del país ha sido examinada por los tribunales federales y ocasionalmente hallado falto.

En enero de 1999, un Tribunal de Distrito de EE.UU. en Texas presidió una demanda presentada por los prisioneros que afirmaron haber sufrido abusos por los guardias y otros presos. Después de tres semanas de duración, la audiencia de determinación de hechos, el tribunal encontró que violaciónes constitucionales fueron generalizados , esto a pesar del hecho de que las cárceles del estado fueron acreditados por la ACA.

El tribunal consideró que los reclusos en prisiones estatales de Texas viven "en condiciones que permitan un riesgo considerable de abuso físico y sexual por parte de otros internos, así como el uso malicioso y sádica de la fuerza por los funcionarios de prisiones." Además, el tribunal determinó que el Estado "no a tomar medidas razonables para proteger los reclusos vulnerables de otros presos, depredadores y, empleados estatales físicamente agresivos exceso de celo ".

Los tribunales han llegado a conclusiones similares sobre las condiciones en las cárceles ACA acreditados en California y Florida.

Amy Fettig, senior asesor personal de la Unión Americana de Libertades Civiles, dijo que tal historial socava la credibilidad de la ACA como un agente eficaz en el impulso de limitar verdaderamente la violencia sexual en las cárceles del país. Fettig y otros defensores están presionando al Departamento de Justicia que amplíe el grupo de auditores potenciales para incluir opciones distintas de la ACA.

Esas opciones podrían incluir jueces o abogados u otras organizaciones con experiencia en temas de correcciones. La ACLU, que no acepta fondos gubernamentales, no sería un candidato.

"Tenemos que asegurarnos de que estas auditorías son parte de un proceso significativo.De lo contrario, estamos perdiendo la oportunidad de crear instalaciones más humanas ", dijo Fettig.

El impulso para hacer frente a las agresiones sexuales en prisión - la violencia que incluyó a los reclusos y funcionarios de prisiones, así - se inició hace décadas, y estuvo marcada por los contratiempos y años de retraso.

En 1968, un activista llamado Tom Cahill fue arrestado en una protesta contra la guerra y enviado a una cárcel de San Antonio, donde se dice que fue violada y golpeada en serie a lo largo de 24 horas. Luego, él dedicó su vida a poner fin a este tipo de violencia tras las rejas. Se llevaron a cabo una huelga de hambre de 60 días fuera de San Quentin, escribió innumerables cartas a los legisladores, y comenzó una organización sin fines de lucro llamada Rape parada prisión.

En los años 1990, Cahill ganó la atención del congresista Frank Wolf, R-Va., Que, en colaboración con Scott, comenzó a trabajar en la redacción y adopción de la legislación.

En 1998, se introdujo una legislación en el Congreso que buscan una amplia gama de reformas y requisitos, incluyendo una mejor capacitación para el personal de la prisión y de rendición de cuentas clara y medidas de investigación. La ley nunca llegó a una votación en el pleno.

Pero en 2003, una legislación similar ganó mayor apoyo y dio lugar a lo formal acto violación en las cárceles .

La medida pide la creación de una comisión nacional compuesta por abogados y funcionarios penitenciarios. La comisión tenía que examinar el problema y recomendar una serie de normas dentro de dos años. Le tomó cinco.

La comisión emitió un informe en 2009, y en ese momento se suponía que el Departamento de Justicia para adoptar y hacer cumplir las reglas basadas en las recomendaciones de la Comisión en el plazo de un año. Le tomó tres.

Las reglas finales fueron puestos en libertad en junio de 2012. Pidieron que la tolerancia cero de los abusos sexuales en las cárceles, el aumento de la formación del personal penitenciario, y requieren auditorías independientes de todos los establecimientos de reclusión, una vez cada tres años.

Sin embargo, los requisitos se aplican a todas las instalaciones federales. Los Estados pueden optar por cumplir con ellos o no, pero el riesgo de perder fondos federales si no lo hacen. La legislación exige una reducción del 5 por ciento en el financiamiento federal para cualquier estado observado que están a la altura de los esfuerzos de reforma.

Pero siguiendo la ley costará estados dinero. Algunos sistemas penitenciarios tendrán que reformar sus sistemas de vigilancia, contratar más personal, y poner en práctica nuevos mecanismos para los internos para reportar el abuso sexual. Algunos gobernadores podrán decidir que, dado el costo de la reforma, sino que más bien aceptaban la reducción del presupuesto en su lugar.

El Departamento de Justicia no ha hecho público que los estados han aceptado cumplir y cuáles no. La primera auditoría se llevó a cabo la semana pasada en una prisión federal en Virginia Occidental, los dos siguientes se llevarán a cabo en las instalaciones federales en Pennsylvania e Illinois.

Los defensores que reivindicaban la legislación son en su mayoría orgullosos del resultado final, pero sienten que no necesitan tomar tanto tiempo.

"La Ley de Eliminación de Violaciones en Prisión y las normas son hitos reales en la lucha de una vez por todas eliminar el abuso sexual durante la detención. Habiendo dicho eso, creo que es una verdadera lástima que tuvimos que luchar tanto tiempo y tan duro para los estándares PREA ", dijo Lovisa Stannow, que ahora dirige el Los Angeles-basada Just Detention International, que se desarrolló fuera de la organización no lucrativa que Cahill empezó hace décadas.

"Estas normas deberían haberse desarrollado más rápidamente, y que hubiera sido posible conseguir que se hagan más rápidamente si no hubiéramos estado en contra de las correcciones realmente intensa oposición por muchos años."

Stannow y otros defensores se han comprometido a supervisar la primera ronda de auditorías vigilante para detectar cualquier signo de clemencia.

"Creo que estamos cautelosamente optimistas", dijo Chris Daley, sólo el representante de Detención Internacional en Washington, que también señalaron que las instalaciones se les da un plazo para corregir las deficiencias identificadas en las auditorías. "Eso es una indicación de que las auditorías no son sólo acerca de la transparencia, sino transformando el medio ambiente dentro de una instalación de manera que las normas no son sólo políticas sino prácticas reales."der

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