Mucho humo ha levantado el escándalo de la Universidad del Mar y el reciente rechazo parlamentario al informe emanado de la comisión investigadora de la Cámara de Diputados. Resulta lógico que los defensores del mercado hayan criticado el contenido del informe y defendido la legitimidad del lucro en las universidades. Lo que pareciera sorprender es que desde la Concertación, conglomerado que en un primer momento rasgó vestiduras apoyando las demandas de los estudiantes, ahora veamos a importantes figuras como Pilar Armanet, ex vocera del gobierno de Bachelet; y Mariana Aylwin, ex ministra de educación de Lagos, unirse a los defensores del mercado. Todo esto al mismo tiempo que la "operación Bachelet" —las calculadas apariciones de la ex Presidenta y su efecto "unitario" en las filas de la oposición, etc— intenta proyectarla como la solución política al malestar social instalado, entre otras cosas, a causa del lucro en la educación.
El problema del lucro pone en aprietos a la "operación Bachelet". Y no se reduce a que algunos parlamentarios "se ausenten" en una votación clave. Distintas figuras, Agustín Squella y Ernesto Ottone entre otros, han salido en defensa de la ex Presidenta ensayando un argumento político distinto de su habitual apuesta por evitar las definiciones políticas complicadas y fortalecer la "empatía" con la gente, a modo de posicionarla como la verdadera intérprete del malestar social. Se ha señalado que el suyo fue un buen gobierno, y que su gestión fue depositaria de los valores de la centro-izquierda.
El problema de este argumento es que debe convivir tanto con los distintos personeros de su gobierno, como con los anteriores de la propia Concertación que aún defienden la legitimidad del lucro en las universidades y en educación en general. ¿Es compatible esto con los valores de la centro-izquierda? Es el zapato chino en que está el bacheletismo, la razón por la cual los parlamentarios "se ausentan" en la votación del informe del lucro. Sobre esto queremos comentar algunas cosas.
Confunde el hecho de que el lucro en educación sea defendido por sectores de la Concertación. El argumento conservador acá se viste de "progresista". Se dice que sólo hace falta fiscalizar al mercado, y que esto es parte de la identidad de la centro-izquierda (como lo ha planteado J.J Brunnerrecientemente). El problema es que la noción de derecho no implica "fiscalizar" al mercado, sino construir un espacio por fuera de este. En esta discusión, negarlo es simplemente una estratagema para vestir con traje progresista las mismas ideas conservadoras de la derecha.
Para que alguien pueda lucrar con algo, ese bien ha de ser mercantilizable. La existencia de lucro en educación —superior o escolar— no puede sino ocurrir en un mercado de la educación. No cambia esto el modo en que sea mercantilizada, si a través de "concesiones", o totalmente (propiedad de los establecimientos incluida). Antes de eso, la noción general de educación ha de ser susceptible de ser mercantilizada. De lo contrario, es imposible el lucro. No sólo jurídicamente sería impedido, también moralmente condenado. De la misma manera, nuestra sociedad se horroriza cuando adultos lucran con niños. Se llama "trabajo infantil". Esto porque moralmente los niños no deben ser parte del mercado del trabajo.
Tanto con las universidades como con los niños no se permite ni moral ni jurídicamente el lucro. Los argumentos en cada caso varían, pero el punto es el mismo. En educación, tiene que ver con que los bienes mercantilizados jerarquizan distintos espacios según la capacidad de compra. El mercado segmenta, no puede ser de otro modo. A la vez, los recursos generados por la educación, en caso de existir lucro, no se reinvierten en educación. Es decir, hay una merma en la calidad. Esto se traduce en educación tipo A, B, C, y D, según capacidad de pago, de las cuales, además, surgen utilidades que no se reinvierten en educación.
Actualmente, en la mayoría de los países desarrollados se considera a la educación un derecho social universal, y por tanto, se niega su mercantilización. Es el espacio donde la sociedad entrega las herramientas básicas para desenvolverse en la vida. Donde se nos enseña a ser personas y ciudadanos. Por lo mismo, debe ser un espacio donde sus participantes sean considerados como iguales, no segregados según capacidad de pago (como ocurre en todo mercado). Esto no significa que todas las instituciones deban ser estatales, ni que no pueda haber variedad de ofertas educativas; esas son otras discusiones. Sostener que no es tan dramático que exista lucro en educación, implica anular su carácter de derecho, considerarla justamente un "bien de consumo" como señaló el presidente Piñera, y por tanto, posicionarse implícita o explícitamente a favor del mercado.
Confunde el hecho de que el lucro en educación sea defendido por sectores de la Concertación. El argumento conservador acá se viste de "progresista". Se dice que sólo hace falta fiscalizar al mercado, y que esto es parte de la identidad de la centro-izquierda (como lo ha planteado J.J. Brunner recientemente). El problema es que la noción de derecho no implica "fiscalizar" al mercado, sino construir un espacio por fuera de este. En esta discusión, negarlo es simplemente una estratagema para vestir con traje progresista las mismas ideas conservadoras de la derecha.
Difícil encrucijada para el bacheletismo. O asume una identidad de centro-izquierda, y se polariza contra el lucro y el mercado en defensa de la educación como derecho social universal, o se sigue apostando a la evasión de la política, a la "empatía", a la sonrisa, al carisma, para así esconder su connivencia con ideas de derecha. Hasta ahora, ni lo uno ni lo otro: sino todo lo contrario. Estrategias comunicacionales para esconder lo que realmente se hace: política de derecha.
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