El deterioro ambiental en los últimos 20 años es la prueba palpable del fracaso de las políticas internacionales. / ONU Hace 20 años se celebró la denominada Cumbre de Janeiro, para poner en el escenario internacional la preocupación por el deterioro del medio ambiente global resultantes del proceso de desarrollo y la adopción de caminos para hacerlo compatible con el cuidado del medio ambiente. La reunión estuvo inspirada en el muy razonable principio de colocar el medio ambiente como el valor dominante y a partir de allí, buscar formas de desarrollo que permitieran la mejora de las condiciones de vida de la población y la conservación de la oferta de bienes y servicios ecosistémicos que garantizan la sostenibilidad del progreso humano. Se propuso una generosa hermandad internacional para salvar el planeta y se preparó una hoja de ruta hacía la sostenibilidad, que se denominó la Agenda XXI.
Los logros de esta ambiciosa y renovadora iniciativa han sido muy modestos y la salud del planeta sigue deteriorándose. El PNUMA prepara periódicamente un informe, el GEO, para evaluar el estado del ambiente en las diversas regiones del mundo. El GEO preparado el año pasado, que es el quinto de la serie, manifiesta para América Latina y el Caribe que "Los esfuerzos por reducir la magnitud de los cambios – incluyendo una mejora en la eficiencia de los recursos y medidas de mitigación- han dado resultados moderados pero no han conseguido revertir los cambios ambientales adversos. En los últimos cinco años no han disminuido ni la escala de los cambios ni su velocidad". También concluye en que hemos cruzado "umbrales críticos" que amenazan gravemente el bienestar humano, en especial por los efectos el Cambio Climático. Estos mensajes se pueden generalizar para todas las regiones del mundo.
En síntesis se puede afirmar que los ideales y metas acordadas en Río 92, no se han cumplido en lo fundamental y que el estado del planeta sigue un peligroso curso de deterioro impulsado por un modelo económico globalizado e insostenible.
Por que ha sucedido esto? Cuales son las razones por las cuales la sostenibilidad sigue siendo una meta elusiva e inalcanzable? Por qué los gobiernos no han sido capaces de revertir las tendencias de deterioro del planeta y sus ecosistemas? En último término por que seguimos destruyendo nuestra propia casa?
Si bien es cierto que las respuestas a estas preguntas son múltiples e interrelacionadas, se presentan enseguida dos de las principales causas de los lamentables resultados citados.
La ineficacia de los acuerdos multilaterales: Si bien es cierto que muchos de los fenómenos de deterioro ambiental tienen expresiones globales, su tratamiento debe hacerse a nivel local, resolviendo problemas concretos en contextos muy diversos y diferentes. Es muy difícil llegar a acuerdos prácticos que aborden realidades, intereses y situaciones tan diferentes como, las de Dinamarca y Yemen, o las de Colombia y Manchuria. Las enormes diferencias biofísicas y culturales permiten llegar apenas a acuerdos genéricos, burocráticos e inocuos, que no son vinculantes y carecen de "dientes" para hacerlos cumplir. El mejor ejemplo de estos acuerdos globales es la frustrante historia del Protocolo de Kioto, que no ha permitido reducir y ni siquiera mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero, con lo que día a día sigue la desestabilización del clima con sus impredecibles consecuencias, tal vez las más graves que ha enfrentado la especie humana.
Probablemente tenga mucho más sentido actuar mediante acuerdos y compromisos entre países con condiciones culturales, naturales y problemas ambientales semejantes y compartidos, como puede ser el manejo sostenible de la Alta Amazonia, como un territorio de enorme importancia regional y planetaria por su riqueza hídrica y biológica, que comparten los países andinos.
El espíritu de Rio 92 para buscar el desarrollo sostenible, incluía una posición generosa y proactiva de los países desarrollados en cuanto al otorgamiento de condiciones "preferenciales y concesionales" para acceder a la tecnología y ofertas generosas en los montos de la ayuda para el desarrollo. En la práctica estas buenas intenciones, que en alguna forma trataban compensar la deuda norte-sur, por el uso sin pago de los bienes y servicios ambientales y los tradicionalmente bajos precios de las materias primas, no se materializaron.
La falta de participación: La gestión ambiental debe ser un proceso compartido e integrado. Sus principales actores; el Estado, la Sociedad Civil y el Sector Privado, deben acordar objetivos comunes en materia de conservación y manejo del medio ambiente. Las tres partes tienen intereses y responsabilidades que pueden ser incompatibles, lo que debe dar lugar a la negociación y a la generación de consensos. En la práctica la integración de las partes para generarlos ha sido muy débil. Como ejemplo, los acuerdos multilaterales han tenido un marcado sabor gubernamental y su conversión en leyes, políticas y proyectos en los diferentes países signatarios ha carecido de espacios participativos y consensuales.
La sociedad civil ha tenido muy poco que decir en el diseño y la práctica de la gestión ambiental. Los mecanismos de participación pública son escasos y formales. Por ello los afectados por los proyectos de desarrollo, han recurrido a la protesta y a las instancias judiciales para hacer valer sus derechos e intereses en relación con el medio ambiente. La falta de diálogo basado en información confiable y la ausencia de participación efectiva para construir metas de forma concertada, ha llevado a conflictos violentos como ocurre a lo largo y ancho de América Latina en relación con la expansión frenética de la megaminería.
Si comparamos los marcos conceptuales e ideológicos de las cumbres de Río 92 y de Río+20, la diferencia principal estriba en que la posición dominante de los temas ambientales sobre los temas económicos que inspiró a la primera, ha sido sustituida por la preponderancia de los temas económicos sobre los ambientales en la segunda. El medio ambiente ha pasado de entenderse como un bien público generador de derechos que debe ser regulado y administrado por el Estado, a convertirse en un campo de negocios y actividades liderados por el sector privado. Este cambio ha resultado de la falta de voluntad política y la poca efectividad del liderazgo estatal en la gestión ambiental y en su remplazo por el ambicioso liderazgo del sector privado impulsado por la gran demanda mundial por recursos naturales y materias primas. Presenciamos una especie de privatización del medio ambiente y de los bienes y servicios ambientales, basada en la idea de no considerarlos como externalidades gratuitas e ilimitadas, dándoles valor para crear con ellos nuevos y prometedores mercados. Es decir el sometimiento del medio ambiente a las leyes del mercado.
Este cambio de paradigma, plantea la búsqueda de la sostenibilidad por la vía de la actividad económica liderada por empresas de gran tamaño, tratando de ajustar el insostenible modelo económico vigente. Este nuevo camino basado en el reconocimiento de la interdependencia entre las economías humanas y los ecosistemas naturales y la reducción de la dependencia en el carbono, se ha denominado la Economía Verde. De acuerdo con el PNUMA, debe, "mejorar el bienestar del ser humano y la equidad social, a la vez que reduce significativamente los riesgos ambientales y las escaseces ecológicas". En él se reconoce el valor del capital natural y lo incorpora en las políticas análisis y decisiones económicas y se argumenta a su favor que en la transición hacia él, se logrará estimular el crecimiento económico, la generación de empleos en nuevas actividades y un aumento en la equidad. Sin embargo, la Economía Verde es aún un concepto en construcción y existen serios temores de que con él se afiancen las fuerzas extractivistas que impulsan la privatización de los bosques y la biodiversidad, del agua, de los alimentos y de la energía, en detrimento de los derechos económicos, culturales y políticos de la sociedad civil y de los actores regionales y locales.
La Economía Verde estará en el centro de la discusión en Río+20. Si se adopta como orientación y guía para las políticas ambientales nacionales, su éxito en la búsqueda de la sostenibilidad dependerá de que su concepción y ejecución se basen en el conocimiento y en la participación efectiva de todos los grupos de interés, en el ejercicio justo y cualificado de la autoridad ambiental por parte del estado y de que tan precisos y efectivos sean los recursos y medios para su implantación.
La propuesta colombiana para Río +20, formulada de manera muy cerrada y poco participativa en la Cancillería, propone la adopción de un nuevo conjunto de indicadores, esta vez sobre desarrollo sostenible. Es muy posible que tenga una buena acogida en Río +20 pues reúne las condiciones para ello; es una iniciativa cómoda para una reunión multilateral de gobiernos, pues suena bien, es inteligente y creativa, pero muy poco precisa y no compromete a nadie.
Para que su propuesta sea creíble, el gobierno nacional deberá superar la dicotomía entre el discurso y la práctica. Su gestión ambiental casi a la mitad del período se apoya todavía en una institucionalidad débil y en transformación, que dispone de recursos muy limitados para atender el nuevo escenario. En él las "locomotoras" sobre todo las más peligrosas, la minera y la petrolera, corren sin rieles sobre el territorio nacional. Hasta ahora ha sido la rama judicial la que ha protegido el ambiente y el derecho a la participación, pues la capacidad del gobierno para ejercer la autoridad ambiental y proteger los derechos de los ciudadanos en defensa de lo público es muy débil.
Infografía sobre los cambios que ha sufrido el planeta desde que se celebró la gran Cumbre de Río en 1992
* Director Instituto Quinaxi
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