Absoluciones en caso Bombas marcan duro fracaso para Fiscalía
Poco más de una hora tardó el Tercer Tribunal Oral en arrasar con toda pretensión de condena para los seis imputados en el caso Bombas, por conductas terroristas de colocación y financiamiento de bombas.
La jueza presidenta, Marcela Sandoval, fue lapidaria: ni una sola prueba, ni un solo peritaje, ni un solo testimonio presentado por la Fiscalía Sur pudo probar la autoría en esos ilícitos de Francisco Solar, Gustavo Fuentes, Felipe Guerra, Mónica Caballero, Omar Hermosilla y Carlos Riveros.
Así, quedan sin imputados los bombazos del 18 de enero de 2006 en la sede de la Agencia Nacional de Inteligencia; del 27 de marzo de 2007, en la automotora Atal; del 16 de octubre de 2007, en Chilectra de La Cisterna, del 22 de mayo de 2009, en la Escuela de Gendarmería (hecho que causó la muerte de Mauricio Morales Duarte, quien habría transportado el explosivo), y del 21 de noviembre de 2009, en la iglesia de Los Sacramentinos. La acusación incluía también el hallazgo el 21 de diciembre de 2006 de un balón de gas conectado a un aparato de relojería en el edificio del CDE. Sin embargo, el tribunal estableció que no se logró probar que se tratara de un aparato explosivo.
Más aún, el veredicto absolutorio recalifica algunos sucesos indagados y los rotula como daños e incendio -en los casos en que estuvieron involucrados la ANI, una sucursal de Chilectra, Automotora Atal y la iglesia de Los Sacramentinos- pero también el tribunal descartó que se hubiesen aportado pruebas suficientes para atribuir autoría a los acusados. Incluso, en el caso de la ANI revela que hubo un error al presentar la evidencia (ver detalles de veredicto y los elementos que derrumbaron las acusaciones en nota aparte).
El tribunal habló de evidencia "espuria" en el caso de las acusaciones de financiamiento que pesaban sobre dos de los imputados, e incluso "parcialidad" de los investigadores.
Los imputados por el caso Bombas estuvieron cerca de nueve meses en prisión preventiva, luego de que en agosto de 2010 fueran detenidos. Ellos formaron parte de un grupo inicial de 14 detenidos en la denominada Operación Salamandra (ver línea de tiempo).
El caso Bombas movilizó a policías y fiscales desde hace por lo menos tres años, como causa única concentrada en un fiscal regional. En ese período, la investigación tuvo tres cabezas, Xavier Armendáriz -ex fiscal oriente-, Alejandro Peña -ex fiscal sur y quien dejó la fiscalía para irse a trabajar al Gobierno dos días después de presentar la acusación contra los hoy absueltos y otras ocho personas- y el actual fiscal sur, Raúl Guzmán.
Al interior del Ministerio Público diversos sectores recalcaron que este es el "peor fracaso" en lo que va de la nueva justicia, instalada en Santiago a partir de 2005. Incluso, algunos auguran que los costos para futuras investigaciones, en materia de escrutinio público, serán profundos. "Algo que no está mal, quizás con esto crezcamos", indicó un fiscal jefe con más de cinco años de ejercicio.
Luego de ser conocido el veredicto, tanto los imputados como el público que los acompañaba estallaron en aplausos, lanzaron improperios contra el ex fiscal Alejandro Peña y el ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter.
Asociación de fiscalesTambién hubo voces oficiales que pidieron responsables. El presidente de la Asociación de Fiscales, Pedro Orthusteguy, señaló a la salida de la lectura de veredicto: "Este es uno de los casos que más desprestigio le ha traído al Ministerio Público, evidentemente también al Gobierno, y es evidente que ahora se van a tener que hacer cumplir las responsabilidades civiles, las administrativas y eventualmente las penales que surjan".
"Hubo una decisión apresurada -añadió- de parte del ex fiscal Alejandro Peña y por eso es importante que él dé un paso al costado en este momento para efecto que los organismos que tienen que ejercer las responsabilidades puedan actuar tranquilos".
Según trascendió, Peña se encontraba ayer tranquilo tras enterarse del veredicto. Además se dijo que el análisis de sus cercanos, superiores en el Gobierno -por ser jefe de estudios de Interior- y colaboradores es que su papel se remitió hasta la acusación y que obviamente no participó del juicio oral.
El ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, cuya cartera es querellante en el caso, también se pronunció sobre el veredicto. Primero, mediante una declaración pública en la que señaló en lo medular que "este fallo no pone fin ni debilitará el esfuerzo del Ministerio del Interior por procurar que los tribunales de justicia esclarezcan quiénes son los responsables de las bombas que han sido colocadas o intentaron colocarse en nuestro país, y que han causado la muerte de un compatriota, lesiones en otros y han dejado daños materiales".
El jefe del Gabinete ahondó el tema con "El Mercurio" y, junto con decir que sólo queda "acatar el veredicto", enfatizó que éste es un llamado "al Ministerio Público para que continúe con la labor investigativa en otros procesos judiciales orientados a esclarecer quiénes elaboran, colocan y detonan artefactos explosivos en nuestro país".
Hinzpeter, además, recordó que las acciones judiciales iniciales en el caso Bombas fueron interpuestas en el gobierno anterior, procesos que continuó su cartera.
Asimismo, el titular de Interior se refirió no sólo a las críticas contra el ex fiscal Peña: "Los cuestionamientos más severos -recalcó-, yo creo absolutamente infundados, pero más severos a la investigación, tienen que ver con los fiscales (Xavier) Armendáriz y (Francisco) Jacir. Y con mucha fuerza los defensores imputan responsabilidades al ex fiscal Peña, pero cuando tuvieron la posibilidad de citarlo a declarar, no lo hicieron".
El próximo dos de agosto se dará a conocer el detalle de la sentencia absolutoria. Luego de conocer el fondo de ella, tanto el Ministerio Público como los querellantes verán qué pasos judiciales seguirán.
Foto: Christian Zuñiga / Texto: Pedro Lezaeta y Rodrigo Vergara Fuente:
Saludos
Rodrigo González Fernández
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Este segmento de productores agrícolas es el que integra el Prodesal, con más de 7 mil usuarios en la Región de O'Higgins, para cuyo funcionamiento el INDAP destina más de 2.200 millones de pesos, que se traduce en la entrega de asesorías técnicas y financiamiento para apoyar sus inversiones.
"Quiero equipos Prodesal coordinados con los municipios pero alineados con INDAP, preocupados de hacer bien su trabajo para atender las necesidades de quienes más lo requieren en el campo", precisó el directivo, quien señaló que no se descansará en seguir acortando la brecha de desigualdad existente en nuestro país, para lo cual "continuaremos acercando a la pequeña agricultura a la agroindustria en términos tecnológicos y comerciales a través de alianzas productivas. Seguiremos mejorando y promoviendo el uso más responsable y eficiente de los recursos del Estado, aumentando constantemente la productividad y la calidad de los servicios que entregamos".
