No cabe duda que tanto Alianza como Oposición han intensificado sus estrategias comunicacionales ante la conmemoración del segundo aniversario del 27/F. La oposición, basando su argumentación en el retraso de las obras de reconstrucción, en especial en materia de viviendas; la Alianza -secundada por el Ejecutivo- en la ineptitud de las tomas de decisiones en la fatídica noche del terremoto. Pareciera que ninguno de los dos conglomerados está dispuesto a restarse de una fácil victoria comunicacional con miras al 2013.
Sin embargo, con la teoría del empate (noche 27/F vs reconstrucción) una vez más sólo pierde la ciudadanía. ¡Que cada político asuma su responsabilidad por lo que le corresponde! Es así que el anuncio de la fiscal Solange Huerta de las inéditas formalizaciones a ocho autoridades de la época por las muertes del terremoto constituye un duro golpe a la impunidad política que siempre ha reinado en nuestro país. Aunque las defensas corporativas no tardaron en llegar justificando las poco acertadas decisiones de los encargados del manejo de la emergencia con la poca información que habrían dado organismos técnicos como el SHOA, el Centro de Alerta Temprana (CAT) o la ONEMI, la ciudadanía ya se ha formado una opinión sobre la toma de decisiones -o falta de decisiones-de esa trágica noche. De acuerdo al último sondeo del Centro de Encuestas de La Tercera, el 61% de los encuestados cree que la ex Presidenta Bachelet tiene responsabilidad en la demora por la alerta de maremoto. El 37% sostiene que el desempeño del Ejecutivo esa madrugada fue "muy mal" o "mal" y un 34% "regular, lo que obviamente no constituye una buena evaluación ciudadana.
No obstante, pareciera que la decisión de no decretar el estado de emergencia no se basó en la falta de información. Según el alcalde del archipiélago de Juan Fernández, Leopoldo González, él habría hablado telefónicamente con la Presidenta Bachelet a las 6.30 del 27 de febrero, advirtiéndole de la tremenda marejada que había azotado la isla. No se requiere ser sismólogo, geógrafo o geofísico para decretar una alerta de maremoto con esos antecedentes. Menos aún, existiendo un primer fax enviado por el SHOA a las 4.07, con una inicial alerta de tsunami. A pesar de la falta de información técnica posterior, nadie en su sano juicio hubiera dudado de la urgencia del aviso de la autoridad edilicia de Juan Fernández en ese trágico amanecer. De hecho, aunque la mayoría de las olas ya habían llegado a la costa chilena con su estela de muerte y destrucción, la última -a las 7 de la mañana en Dichato- costó la vida de 12 personas. Por consiguiente, aunque la ex mandataria tuvo la confirmación oficial de la alerta de tsunami a las 4.07 en un fax del SHOA -luego desvirtuado por radio-, resulta difícil sostener que no tuvo indicios para decretar una alerta de tsunami. En forma lamentable, la opinión pública no ha podido conocer la versión de los hechos la propia ex Jefa de Estado, quién ha evitado las declaraciones al respecto en sus cortas y discretas vacaciones en Chile. Según dicen sus cercanos, este silencio ha sido para no entorpecer la investigación judicial, lo que supone que después de las formalizaciones que hará en mayo la fiscal Huerta se conocerá los descargos de la ex mandataria. Las 181 víctimas fatales de la tragedia justifican una explicación a la opinión pública, de manera que no vuelva a repetirse la descoordinación de esa noche ante una emergencia similar.
Por otra parte, las acusaciones contra la lentitud de los trabajos de reconstrucción post terremoto evidencian un cambio de paradigma en la ciudadanía, la que exige sus derechos. Está claro que no se seguirá aceptando ineficiencias como las demostradas en el tsunami ocurrido en Aysén el 21 de abril de 2007 o la reconstrucción de Tocopilla, después del terremoto del 14 de noviembre del mismo año. Y aunque el Gobierno estime que se ha avanzado el 68% en las obras de reconstrucción de las zonas afectadas por el sismo del 2010, todavía existe una importante deuda pendiente en materias de vivienda. Aunque en materias de obras públicas esté ejecutado el 99,8% de lo proyectado o que en materia de salud el 100% de los establecimientos esté operativo, no compensan a los damnificados por la pérdida de sus viviendas. La entrega de 100 mil subsidios durante el 2010 o de 220 mil en el 2011 no son soluciones definitivas, desvirtuando las glamorosas declaraciones gubernamentales respecto al cumplimiento de los objetivos fijados.
Las regiones afectadas, la ciudadanía, los electores, Chile, la sociedad globalizada, y, en general el mundo ha cambiado, y se empieza a instalar un nuevo concepto: la efectividad de la responsabilidad política. Hasta hace poco tiempo atrás, ésta era una sarta de declaraciones líricas que hacían las autoridades ante la opinión pública, pero vacías de acciones concretas. Hoy la ciudadanía castiga la teoría del empate y las defensas corporativas. En cambio, comienza a exigir que cada político asuma la responsabilidad de sus acciones, al igual que cualquier otro trabajador chileno.
Columna publicada en La Tercera Online
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