Las masivas manifestaciones por la crisis de la educación pública y contra HidroAysén cuestionan dos importantes políticas iniciadas mucho antes que Sebastián Piñera fuera elegido presidente y no se dirigieron sólo contra La Moneda, sino también contra quienes la ocuparon hasta el 11 de Marzo de 201o.
Las protestas ocurren cuando la ciudadanía tiene opiniones muy críticas de las instituciones políticas y de sus dirigentes, especialmente el presidente Piñera, con apenas 35% de aprobación, como lo mostró el Barómetro de la Política entregado por el CERC. También están mal evaluados el Congreso, los tribunales de justicia y las principales instituciones del sistema económico, las AFP e Isapres.
Los problemas también están en la economía. Se desploman las expectativas para los próximos 12 meses, hay temor del aumento de los precios en similar período y se confirma lo que sabemos hace tiempo: las enormes desigualdades económicas. Se ha disminuido la pobreza, pero la riqueza se concentra en un número reducido de grupos económicos y personas. Este es un resultado rechazado por la inmensa mayoría de la población: 83% dice que los ricos son cada vez más ricos, apenas 14% cree que Chile está ganando la batalla contra las desigualdades y 12% opina que disminuye la distancia entre ricos y pobres. Las desigualdades no comenzaron en 1990, pero no hubo una voluntad política para disminuirlas.
Las desigualdades son un legado políticamente negativo después de cuatro administraciones de centro e izquierda y dos presidentes socialistas. La tesis de "crecimiento con equidad" del gobierno Aylwin se hizo cargo de ellas, pero no continuó después. Se pasó a una política económica que buscaba un crecimiento a secas, al cual se debió subordinar la política, los partidos y de la sociedad.
La política económica del gobierno Aylwin se dio en un difícil contexto político por la democratización y por la desconfianza del mundo empresarial hacia el PDC y la izquierda, hábilmente administrada por dirigentes gremiales y de la UDI y RN. La balanceó con una política de verdad y justicia por los crímenes cometidos por el régimen militar, formando la Comisión Rettig, una potente señal que no aceptaría que el general Pinochet le impidiera llevar adelante su programa.
El desplome de la Concertación el 2009 no se produjo por no realizar primarias para nominar al candidato presidencial. Fue por causas de fondo: sus votantes se cansaron que gobiernos de centroizquierda siguieran políticas de centro-derecha. Este sistema político-económico no se consolidó porque no basta la reducción de la pobreza, sino que es necesario que el crecimiento beneficie a la mayoría y ello no ocurrió.
El abandono de la preocupación por la equidad después de Aylwin no tuvo justificación porque el general Pinochet no era factor de inestabilidad política. Tampoco hubo una acción política que compensara las iniciativas económicas que favorecían a los empresarios. Hubo falta de visión sobre el tipo de país que se estaba construyendo y el sistema de poder que lo dominaría, convirtiendo a los grandes empresarios en los principales protagonistas del paso al desarrollo y ejerciendo una enorme influencia en el sistema político, pues los partidos no tienen financiamiento público. Haber tolerado el lucro en las universidades y la venta de varias de ellas a consorcios nacionales e internacionales fue una expresión de esa visión conservadora de la economía.
El desplome de la Concertación el 2009 no se produjo por no realizar primarias para nominar al candidato presidencial. Fue por causas de fondo: sus votantes se cansaron que gobiernos de centroizquierda siguieran políticas de centro-derecha.
Este sistema político-económico no se consolidó porque no basta la reducción de la pobreza, sino que es necesario que el crecimiento beneficie a la mayoría y ello no ocurrió. Esto le quitó legitimidad, una condición indispensable para que sea estable. Los chilenos asocian el crecimiento con una empresa estatal, Codelco, y no con empresas privadas. 32% dice que Codelco es la empresa que más contribuye al crecimiento.
Enfrentó nuevos problemas por el carácter del nuevo gobierno. No fue porque es de centro-derecha, sino por la biografía del Presidente, un importante hombre de negocios, con una de las principales fortunas del país, y su decisión de reclutar a sus principales colaboradores del mundo de las empresas y de priorizar la gestión y no enfrentar las falencias de legitimación del sistema económico y político. Se ha producido una superposición del poder político con el poder económico que concentra el poder de una manera antagónica con la democracia. Este es un gobierno de los empresarios para el 64% de los chilenos, un aumento respecto de la encuesta de dciembre.
La administración Piñera no ha tenido la visión política de reequilibrar las bases de poder del sistema económico, atendiendo las demandas de los trabajadores que descuidaron los gobiernos de la Concertación. Y ahora, más que antes, los sindicatos tienen mayor legitimidad, a pesar de la crisis de la CUT: aumenta 19 puntos al 73% los que creen que los sindicatos son necesarios y sube al 66% la opinión de que los creen que los trabajadores deben negociar colectivamente y no en forma individual. También mejora la confianza en los sindicatos al 44%, muy superior al de las organizaciones empresariales, 26%.
Cuando los estudiantes cuestionan el lucro en la educación superior, se están dirigiendo al corazón del gobierno, con dos ministros que fueron inversionistas de la Universidad del Desarrollo: Cristián Larroulet, Secretario de la Presidencia, y Joaquín Lavín, de Educación, un conflicto de interés que en un país europeo sería motivo de escándalo nacional.
No se sostiene una democracia con la concentración del poder económico que existe hoy y sin instituciones que eficazmente regulen el sistema económico. La crisis de La Polar lo ha demostrado recientemente. Es el fin de una política seguida durante años. Es el fin de la época de la Concertación. Está pendiente la eliminación del binominal y dar autonomía a los partidos del poder económico mediante el financiamiento público y una ley de lobby.
Y requerirá un enorme esfuerzo e imaginación para iniciar esta nueva etapa, porque la solución a la actual crisis no pasa por restablecer la política de "acuerdos" con operadores políticos que forjaron el sistema en cuestión, y que han impedido que hasta hoy no haya una ley del lobby. Se forjará por el protagonismo de los nuevos actores, los dirigentes sociales, el Consejo de Rectores, junto al Congreso y un gobierno que debe escuchar las demandas de los estudiantes y profesores y enfrentar las falencias del sistema económico y político.
