El directorio y la auditora externa, PwC, concentran las mayores críticas. En ellos radicaba, dicen agentes del mercado y ex autoridades, la responsabilidad de evitar que ocurriera un escándalo financiero como el que se destapó esta semana.
por Equipo Negocios
Algo falló y todos -la autoridad, los inversionistas, los intermediarios- intentan descifrar qué fue. Quién o quiénes fueron. El directorio de La Polar detectó esta semana un riesgo de no pago por créditos a sus clientes que podría superar los US$ 400 millones.
El problema fue que La Polar renegoció de manera unilateral muchos créditos morosos, lo que abultó artificialmente su cartera vigente y dio una apariencia de sanidad a sus cifras. "El pecado fue la repactación automática", dice un director de La Polar. La difusión del descubrimiento desplomó en 42% el precio de la acción el jueves. El viernes subió 19%, pero el daño patrimonial es monumental. Las teorías se multiplican y cada cual saca su lección. La mayoría apunta dardos a la propia empresa. Y a sus auditores. Pero no son los únicos.
La Polar creció fuerte. A fines del año pasado llegó a valer US$ 1.800 millones. Hoy vale US$ 800 millones. Una de las 40 del Ipsa, es la única sin controlador, con una propiedad diluida, donde las AFP tienen 24% y las corredoras, para sus clientes, el 34%. "La Polar necesita tener un controlador. Si no, caemos en el mismo problema que tuvieron Enron, Citi, Chrysler o GM, donde los ejecutivos manejaban las compañías", opina Manuel Bengolea, de Wac Inversiones.
Un director de empresas opina lo mismo. "El problema es que esta empresa no tenía dueño", dice.
Pero las opiniones al respecto están divididas. "Hay un mayor riesgo de agencia en propiedades diluidas. Pero no es una razón para pensar que estas estructuras de propiedad no prosperan", según Heinrich Lessau, gerente general de Bice Corredores. Un agente financiero coincide y recuerda que en empresas con controladores fuertes, como en Farmacias Ahumada, también hubo graves problemas de gobierno corporativo.
Con todo, "acá se requiere el ingreso de un socio sólido y solvente", pronostica un director de empresas. En ello ya trabaja La Polar. El viernes contrató a LarrainVial para buscar un grupo controlador.
"Es una lástima lo de La Polar. Era el primer caso de control por mérito exitoso de Chile. Es un daño para todos", sostiene un ex gerente de un banco.
El directorio de La Polar, de siete miembros, se reunió el lunes y miércoles a analizar el caso. El jueves lo destaparon. De los siete integrantes, tres entraron en abril: Fernando Tisné, Martín Costabal y Luis Hernán Paul. Los otros cuatro venían de antes: Pablo Alcalde (presidente), Heriberto Urzúa (vicepresidente), Andrés Ibáñez y Francisco Gana. Varios de ellos están sondeando abogados civiles y penales para enfrentar eventuales acciones legales. Las AFP y otros accionistas anunciaron que perseguirán responsabilidades. Y Alcalde renunció a la presidencia el viernes, presionado por los accionistas.
Una ex autoridad del BC cree curioso que el directorio no haya visto al menos una luz amarilla ante el inusual aumento de los créditos y del monto promedio de la deuda de sus clientes, que más que duplica al resto de la industria. "Aquí fallaron todos los filtros", acota.
"Los mecanismos de control en las empresas existen y naturalmente es responsabilidad de los directivos y ejecutivos el tomar las providencias para que esos mecanismos operen. El caso de la Polar es una excepción", cree Juan Antonio Guzmán, director profesional de empresas.
La industria del retail elevó sus provisiones tras la crisis de 2008. La Polar lo hizo recién a fines de 2010. "Las malas prácticas están en la empresa. La cartera no creció de esta manera de un día para otro", afirma un alto ejecutivo de un retailer local. Otro actor del comercio asegura que en ese momento surgieron las sospechas en la industria sobre el inusual crecimiento de la actividad de La Polar y de sus buenas cifras.
"Es impresentable que el directorio no conociera la situación", opina Alejandra Aranda, de Humanitas Executive Search.
"Pareciera que acá hubo presiones de crecimiento que llevaron a relajar las normas de riesgo", interpreta un director de empresas.
Las AFP apuntan al gobierno de la empresa y pidieron una junta extraordinaria de accionistas para escuchar explicaciones.
"Las clasificadoras de riesgo no pueden hacer mucho si las engañan. Es el auditor el que debe chequear que las partidas estén bien revisadas. Las clasificadoras no son detectives", opina José Ramón Valente, de Econsult y ex socio de una clasificadora. Alejandro Ferreiro, ex titular de la SVS, también exculpa a las clasificadoras. "Hacen su trabajo con la información disponible. No les cabe cuestionar los balances", indica.
Valeria García, directora senior de corporaciones de Feller Rate, que bajó la nota a La Polar el mismo jueves, dice que las clasificadoras no tienen las atribuciones para solicitar "que un externo proceda a auditar en forma exhaustiva la calidad de la cartera".
Varios consultados apuntan así a la auditora externa. En este caso fue PwC, la que tras estallar el caso cedió su puesto a Ernst & Young. Al respecto, Hugo Lavados, otro ex SVS, señala: "En este caso no se tenía un adecuado sistema de control interno, lo que no fue advertido por PwC, debiendo haberlo hecho".
Un retailer afirma que las auditoras tienen mecanismos para certificar mediante muestras aleatorias si la información proporcionada es certera. Caso aparte es el de las corredoras de Bolsa que hasta esta semana recomendaban invertir en La Polar.
Las superintendencias de bancos y de valores y seguros se reunieron esta semana, por separado, con directivos de La Polar y ejecutivos de PwC. Poco antes de que estallara el escándalo y varias veces una vez que explotó. Algunos se preguntan por qué no se enteraron antes. Pero el ex superintendente Alvaro Clarke no ve fallas de regulación. "No ha afectado al sistema de pagos de la economía. No hay riesgo sistémico", apunta. "Un sistema infalible sería tan oneroso que restringiría demasiado el rango de acción de los agentes del mercado", agrega.
Sin embargo, el abogado Andrés Sepúlveda, de G&S Abogados, que a nombre de un socio de La Polar, Felipe Ponce, advirtió del caso la semana pasada a la SVS, tiene una visión sumamente crítica. "Nos sorprende que esto no se haya detectado antes. Lo que nosotros hicimos fue cruzar información pública, al alcance de cualquiera", explica sobre el documento de seis páginas que dio origen a las pesquisas de la SVS. Sepúlveda dice que las superintendencias tienen responsabilidades. "En el caso de la Sbif, porque La Polar emite tarjetas de crédito no bancarias y en el de la SVS, porque es una empresa abierta en Bolsa. Ambas tenían amplias facultades para determinar si la gestión de La Polar era sana".
Un profesional dedicado a la alta dirección de empresas dice que la SVS tiene un rol que jugar, pero no se puede caer en el cogerenciamiento. "No puede supervisar con balances en frío. Tendría que pedir que le abran información y debe argumentar buenas razones para ello", sostiene.
Otra ex autoridad dice que la SVS no puede ver empresa por empresa si sus estados financieros reflejan la realidad. "En ningún país del mundo se involucra de esa manera", afirma.
Un retailer reclama que la Sbif no siente que deba fiscalizar a las empresas del comercio. "Es prematuro aventurar la necesidad de un cambio legal a raíz de este caso", agrega Ferreiro.
CONSULTEN, OPINEN , ESCRIBAN .
Saludos
Rodrigo González Fernández
Diplomado en "Responsabilidad Social Empresarial" de la ONU
Diplomado en "Gestión del Conocimiento" de la ONU
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