La Editorial Siglo XXI, responsable de la publicación del diario El Siglo, el medio impreso propiedad del Partido Comunista (PC), se ha negado a cumplir un fallo judicial que la obliga a pagar la indemnización a varios ex periodistas del medio, recurriendo a cuestionables prácticas que se estilan en estos casos: vaciar la cuenta corriente, cambiar de domicilio y esconder bienes susceptibles de ser embargados. Incluso desconocer la legalidad del sindicato.
La historia comenzó en septiembre de 2006, cuando asumió la dirección el periodista Francisco Herreros, quien no milita en el PC. El profesional, en marzo de 2007 inició – apoyado por el abogado Pedro Aravena, entonces miembro de la Comisión Política de la tienda- los despidos para conformar un equipo nuevo, en el marco del acercamiento de la colectividad a la Concertación.
Pese a que los empleados del diario llevaban varios años laborando, sólo se les quiso pagar el último mes, ya que emitían boletas de honorarios. De indemnización ni hablar. Para muestra un botón: uno de los exonerados sin el pago legal fue Jorge Texier, antiguo militante, quien trabajó en Radio Moscú. Texier incluso fue miembro de la dirección clandestina de la colectividad que sobrevivió a la eliminación de la DINA en 1976, en un episodio conocido como el caso Conferencia.
Los empleados de El Siglo resolvieron ese mismo marzo recurrir a la Inspección del Trabajo y conformaron un sindicato, al cual Aravena se opuso por considerarlo ilegal. Pero no lo logró.
Lo que sí consiguió fue que la Corte Suprema le anulará todas las multas que le había cursado la Inspección del Trabajo por no tener contratos laborales, entre otras anomalías. Sin embargo, el fallo abrió un flanco: un tribunal laboral debía determinar si los trabajadores del sindicato habían mantenido relación laboral con la empresa.
El fraude procesal
Uno de los periodistas que no aceptó las condiciones de la empresa fue Cristián Pavez, quien recurrió a la justicia junto a la encargada de suscripciones, Eliana Gómez. Y ganó. El 16 de junio de 2009 el Quinto Juzgado Laboral acogió su demanda y El Siglo fue declarado en rebeldía por el tribunal.
En el cuerpo de la resolución puede leerse que efectivamente no sólo se le adeudan la indemnización legal, sino al menos tres años de imposiciones para la jubilación (ver fallo anexo).
El 16 de agosto de 2010 se dictó el "cúmplase" de la sentencia. Ahí comenzaron los problemas.
El abogado patrocinante de Pavez, Jorge Blas Morales, afirmó a este medio que la empresa del PC cometió un "fraude procesal". Justifica sus dichos porque una vez trabado el embargo a El Siglo, se escondieron los bienes y se vació la cuenta corriente con el fin de evitar la acción de la justicia laboral. De hecho, cuando llegaron a las dependencias de Radio Nuevo Mundo, ubicada en Estados Unidos 246 -donde se fijó el domicilio-, sólo había dos computadores viejos.
"Aquí se han vulnerado los derechos humanos de dos trabajadores de El Siglo", se apresura a decir.
Blas Morales es un reconocido abogado laboralista. Conoce al dedillo los vericuetos y malas prácticas que usan las empresas para evitar los pagos.
"Por ejemplo, con las Pymes ocurre lo mismo que en este caso. Los demandados se escapan, transfieren o esconden los bienes. ¡Son los peores deudores de los trabajadores! Por eso, aquí pasó algo que no me esperaba. Creí que estábamos actuando de buena fe. Además hablamos de poca plata, son poco más de $ 5 millones que con la dieta de uno de los parlamentarios se podría solucionar", asegura el profesional.
Pese a que los empleados del diario llevaban varios años laborando, sólo se les quiso pagar el último mes, ya que emitían boletas de honorarios. De indemnización ni hablar. Para muestra un botón: uno de los exonerados sin el pago legal fue Jorge Texier, antiguo militante, quien trabajó en Radio Moscú. Texier incluso fue miembro de la dirección clandestina de la colectividad que sobrevivió a la eliminación de la DINA en 1976, en un episodio conocido como el caso Conferencia.
Desde que se produjeron los despidos, nunca ha habido acercamientos para solucionar el tema, asegura el profesional. "Sin embargo, una vez, una persona que ya no recuerdo su nombre me llamó por teléfono y me indicó que querían negociar por una cifra muy menor a la exigida por mis representados y que renunciáramos al pago de las cotizaciones, cuestión a la que por cierto me negué. Vamos a llegar al final. Porque si esto fuera una Pyme sería muy difícil, pero aquí estamos hablando de otro tipo de cosas".
Pero el caso de Pavez y Gómez no es el único. También está el de Julio Oliva, presidente del sindicato de El Siglo, y sus colegas Raúl Blanchet y Jorge Zúñiga. Estos últimos ganaron en el Sexto Tribunal Laboral, en diciembre pasado, obteniendo un fallo similar que estableció que siempre existió relación laboral con la empresa y que deberían ser reintegrados o bien pagarles la indemnización. El dictamen también fue recurrido a la Corte de Apelaciones de Santiago.
Este diario contactó al diputado PC Hugo Gutiérrez, presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara. El profesional si bien explicó que no tenía todos los antecedentes para opinar del tema, afirmó que en las instancias de la colectividad que correspondan se va a "investigar qué ha sucedido".
También se intentó obtener unan versión del presidente de la tienda Jorge Teiller, pero este no contestó su teléfono.
Pasajes desconocidos
En entrevista con El Mostrador, Oliva recordó además algunos pasajes de este ya largo conflicto laboral.
Cuando se iniciaron los despidos y se conformó el sindicato en marzo de 2007, comenzó el acoso laboral y sindical. "Nos daban trabajo, pero no nos publicaban las cosas, nos desarmaban los puestos donde laborábamos entre otras cosas", recuerda Oliva.
Y otro punto: cuando los trabajadores iniciaron la huelga en octubre de 2007 la empresa tenía su domicilio en la calle Diagonal Paraguay. Pero el diario se estaba diagramando en la sede del Comité Central del Partido, ubicada en Vicuña Mackenna. Cuando la fiscalizadora llegó al lugar no le permitieron el ingreso, argumentando que era una práctica similar a las realizadas por los servicios represivos de la dictadura.
"Hubo también intentos de acercamiento con la dirección del PC. De hecho, el abogado Eduardo Contreras (aparece como socio de Siglo XXI), uno de los querellantes contra Pinochet, intentó mediar con el presidente Jorge Teiller. No sabemos lo que le dijo Teiller, pero lo tramitó. Mi impresión era que no quiso involucrarse en el tema porque Lautaro Carmona, el secretario general, era el responsable y que debía ser este último el que arreglara el problema".
Hay que recordar que este no es el primer conflicto laboral que enfrenta el PC a través de sus empresas. Uno de ellos lo afectó cuando el premio nacional de historia, Gabriel Salazar, ganó una demanda laboral consiguiendo que se le cancelaran más de $ 30 millones y las cotizaciones por su despido de la Universidad Arcis.
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