Las complejidades del caso Karadima continúan generando polémica tanto a nivel jurídico como eclesiástico. La incautación del fallo canónico desde las oficinas del abogado defensor del ex párroco de la Iglesia El Bosque, Juan Pablo Bulnes, puso a la ministra en visita que encabeza la investigación, Jessica González, en el ojo del huracán y bajo las críticas de la Iglesia y del Colegio de Abogados.
Y es que la premura por determinar la culpabilidad de Fernando Karadima en los abusos sexuales a menores que se le imputan complica al Poder Judicial, especialmente, porque el mismo Vaticano ya emitió un fallo condenatorio contra el sacerdote. De ahí que la investigación canónica revistiera tanta importancia para la magistrada, quien se adelantó al resultado del exhorto que la Corte Suprema autorizó el jueves para solicitar los documentos a la Santa Sede a través de la Cancillería.
La acción provocó el rechazo del abogado Bulnes, quien desde hace un par de semanas estaba al tanto de la posible aplicación del procedimiento. El jurista se había reunido con González el 1 de abril, ocasión en que la ministra solicitó la entrega de las partes del fallo canónico que se refirieran "a los hechos que se le imputan (a Karadima), su declaración, el escrito de cargos y sus descargos". Bulnes respondió diciendo que el texto estaba protegido bajo el secreto pontificio y salió del paso con un recurso de amparo profesional ante el Colegio de Abogados, que fue aprobado de forma unánime por los miembros del consejo del organismo.
El gremio aseguró que defendería a Bulnes, quien invocó el secreto profesional, y anunció que harían llegar una carta a la magistrada y a los presidentes de las cortes de Apelaciones y Suprema para explicar las razones de su decisión.
Sin embargo, este viernes el presidente de la Corte de Apelaciones, Juan Eduardo Fuentes, respaldó a la ministra en visita y aseguró que era "independiente" para realizar todas las diligencias que estimara convenientes: "La magistrado en sus funciones es absolutamente independiente en lo que es la función jurisdiccional. Si las partes recurren, el tribunal superior tendrá que conocer los antecedentes y resolverá conforme al mérito del proceso", indicó.
Fuentes comentó también que los tribunales están dispuestos a otorgar audiencias a todas las personas que lo requieran, en referencia a la embestida emprendida por el organismo colegiado.
Pero la controversia no terminó ahí. El arzobispo de Santiago, Ricardo Ezzati, calificó como una situación "muy delicada", la incautación del fallo canónico porque, según él, "justamente la confianza y el secreto forman parte de lo que son los derechos de las personas".
Más agudo fue el obispo Opus Dei de San Bernardo y experto en derecho canónico, Juan Ignacio González, quien sostuvo que la ministra "optó por el camino más fácil y grave", ya que "un juez civil ha interceptado una documentación que estaba bajo reserva propia de la legislación de la Iglesia. Esto es gravísimo, porque un ordenamiento pasó a llevar al otro".
González manifestó que el procedimiento "pone en tela de juicio, en suspenso, el secreto pontificio" y añadió que "había un camino para hacer esto, se estaba siguiendo y de repente se interrumpe y se va por otra vía".
De todas formas, la polémica diligencia ya está dando frutos. El decreto formulado por la Santa Sede da cuenta de dos personas que integraban el círculo de la Iglesia Sagrados Corazones de El Bosque en los ´70 y que, en la actualidad tendrían 40 años, como víctimas de abusos sexuales siendo menores de edad. Además hace mención a otras personas cuyas identidades no son reveladas, que habrían sido interrogadas por el ex arzobispo de Santiago, Francisco Javier Errázuriz.
Cabe recordar que los crímenes están prescritos, por lo que Jessica González tiene que buscar casos más recientes que puedan ser penados ahora por la ley.
Declara Murillo
Por más de tres horas declaró este viernes ante la ministra González uno de los principales demandantes en este caso, el licenciado en filosofía, José Murillo, en las dependencias del 34 juzgado del crimen de Santiago.
Murillo comentó que no había aportado más datos a la investigación y que había mantenido la declaración que había realizado anteriormente.
Respecto de un posible careo en conjunto con Fernando Karadima en las próximas semanas, Murillo dijo que las víctimas están dispuestas a " hacerlo, con él, con quien sea, no hay secretos y no tenemos nada escondido".
Respecto del polvo que levantó el allanamiento, Murillo sostuvo que no tenía opinión respecto de esa diligencia que llevó a cabo la ministro, pero afirmó que "todo lo que se haga para establecer la veracidad de los hechos sea correcta siempre y cuando se respete la privacidad de las personas está bien".
Por otro lado, se espera que el próximo martes 26 de abril la Conferencia Episcopal de a conocer un protocolo a seguir para las denuncias contra sacerdotes por abusos a menores de edad.
Según explicaron fuentes eclesiásticas "para enfrentar este tipo de delitos aberrantes, hemos reformulado un protocolo, elaborado el año 2003, estableciendo en forma pormenorizada los procedimientos del obispo diocesano y del promotor de justicia ante denuncias de abusos, conforme a la normativa de la Santa Sede".
El documento está en su fase de revisión y podría ser nutrido con más acuerdos en relación a la prevención de los abusos sexuales y la ayuda a las víctimas.
Los argumentos para la incautación
Cuando Jessica González solicitó parte del fallo canónico al abogado defensor eclesiástico de Fernando Karadima, Juan Pablo Bulnes, lo hizo pensando en la autorización que el ex sacerdote había dado al primer fiscal a cargo de las indagaciones, Xavier Armendáriz.
"Sobre lo que se pregunta, en cuanto a la investigación eclesial, digo que ya señalé que sólo supe de ella el año pasado (…) Esta investigación, por deseo nuestro, se fue a Roma, lo que me da más confianza. En ella declaré por cuestionario, muy corto, no sé por qué no se me citó. Luego hubo un pliego de cargos y también hicimos unos descargos. Mi abogado es Juan Pablo Bulnes, no tengo problema en que él entregue copia de mi declaración, de los cargos y de nuestros descargos", expresó Karadima el 29 de abril de 2010.
En ese momento Armendáriz arguyó que el documento era esencial para "establecer que si en los delitos de abuso sexual que investigaba podían existir víctimas recientes, además los cuatro querellantes que denunciaron situaciones ocurridas entre 1980 y el 2004". Con eso se buscaba confirmar o descartar la "efectiva ocurrencia actual o próxima de conductas de carácter sexual que podrían revertir visos de delito respecto de menores o jóvenes en proceso de formación".
Sin embargo, Bulnes defiende el secreto pontificio indicando que "esta diligencia excedió absolutamente todos los términos de la declaración ante el fiscal Armendáriz. Hay una referencia, pero respecto de documentos que existían a junio del año pasado, no a los posteriores. Y yo creo que esa referencia en la declaración no tiene valor jurídico".
Cuando se reabrió el caso, una semana después de que el Vaticano diera a conocer su veredicto, la ministra en visita ofició al Arzobispado de Santiago para que le hicieran llegar el expediente de la investigación de la Iglesia. El prelado contestó diciendo que dicha diligencia estaba fuera de su potestad, por lo que se debía solicitar un exhorto directamente a la Santa Sede.
Este jueves la Corte Suprema aprobó la diligencia que se debía concretar a través de Cancillería, sin embargo, la magistrada optó además por la incautación de los documentos.
