Extracto de la entrevista realizada por Mariela Herrera Muzio para Reportajes
Tres días luego del anuncio, desde su oficina, el ministro de Justicia Felipe Bulnes entrega detalles de la reunión con los legisladores, subraya que no está de acuerdo con los indultos y explica cómo la realidad carcelaria chilena lo impactó tras visitar en al menos 12 oportunidades recintos penitenciarios del país. En esos momentos, comenta, se dio cuenta de la cruda realidad de las prisiones y se impuso buscar maneras para descongestionar el sistema. Y una de ellas es la propuesta que llevará al Congreso.
-¿Considera que debe hacer un mea culpa por no haber atendido la petición de la Iglesia en torno al indulto para personas que estaban en las cárceles y luego haber tomado algunas de sus ideas meses después?
-Primero, no habría ningún problema en reconocer, si es que fuera el caso, que se está acogiendo la solicitud de indulto de las iglesias. Pero el tema es que no se está recogiendo esa solicitud, y esto no lo digo con el ánimo de desmarcarme, sino porque se trata en lo fundamental de una inspiración diferente. A las iglesias les interesa la misericordia, la clemencia y su propuesta tenía esa inspiración. A nosotros, lo que nos exige la gente es que nos preocupemos de la seguridad pública y estas medidas buscan aplicar la cárcel de manera racional. Aquí no se trata de sacar gente bajo el amparo de la misericordia y el perdón, sino de sacar gente que creemos que es un error que continúe en prisión.
-Tras el incendio de la cárcel de San Miguel, que provocó la muerte de 81 reclusos, usted dijo que el hacinamiento no se solucionaba sacando a un número determinado de presos de las cárceles. ¿Cambió de opinión?
-Algunas medidas pueden ayudar, como en el caso del indulto para las mujeres, en descomprimir un poco la situación carcelaria, pero esto requiere una reflexión más profunda. Acá estamos modificando la legislación penal de manera permanente para decir "hay ciertas personas que no tiene sentido encarcelar". Yo no quiero ver las cárceles de 2011, 2012 ocupadas con gente que está condenada por cometer delitos menores como vender CDs piratas o por causar desórdenes públicos. Estamos tomando una definición de política pública que es racionalizar el uso de la cárcel.
-Pero, ¿cómo explicarle a la ciudadanía que, tras darles estos beneficios a miles de personas, eso no debe generarle temor e inseguridad?
-Tengo una diferencia en eso. Creo que la ciudadanía no vive atemorizada por alguien que no pague una multa, por alguien que venda un CD pirata o porque maneje sin licencia de conducir. Mi convicción es que la gente está preocupada por delitos violentos, robos, violaciones, homicidios, etc. Y esos delitos hay que contenerlos. Nuestra vocación es ser cada día más duros con ese tipo de delitos. Pero si seguimos encarcelando a quienes han cometido infracciones, sólo vamos a aumentar el número de delincuentes peligrosos.
-Pero cuando usted se reunió el domingo con parlamentarios de la Alianza y de la Concertación en su casa, se evaluó incluir a personas condenadas por microtráfico entre los beneficiados.
-Lo que pasa es que en una de las medidas -que era el indulto a las mujeres condenadas y que hubieran cumplido dos tercios de su condena mostrando excelente conducta- estaba efectivamente incluido el microtráfico, bajo condición de que si volvían a cometer cualquier delito, a la nueva pena se le iba a agregar la conmutación de pena producto de esta ley. Pero ahí hubo posiciones distintas. Algunos dijeron que no debían ser parte de este beneficio. Eso nos hizo sentido y excluimos el microtráfico.
"La propuesta no era un perdonazo"
-¿En esa reunión también planteó darles el beneficio a personas mayores de 80 años con enfermedades terminales, que incluiría a militares condenados por causas de derechos humanos?
-No, yo les planteé la propuesta que era permitir que personas en carácter terminal, que no les quedaran más de 6 meses de condena y que estuvieran postradas, terminaran sus condenas en arresto domiciliario. Y una igual medida, para aquellos mayores de 80 años que hubieran cumplido un tercio de su condena en la cárcel y que no estuvieran condenados a presidio perpetuo. La propuesta no era un "perdonazo" sino una modalidad de cumplimiento de penas en el domicilio, como ocurre en muchos países. Y les dije que podía alcanzar a militares condenados.
-¿Y cómo fue la reacción?
-Se los puse inmediatamente arriba de la mesa para sincerar el contenido de la información. Y cuando llegamos a ese punto, algunos miembros de la Concertación se manifestaron en desacuerdo. No estaban en espíritu de atender estas razones humanitarias si es que iban a beneficiar a los militares y no se generó consenso en esa oportunidad. Pero yo oí voces disidentes que estaban dispuestas a dar este paso con independencia de las personas que alcanzara. Nosotros estamos convencidos de que es un tema que debemos abordar como sociedad y que tendremos que tomar una decisión en esta materia.
-Días después usted y el ministro Hinzpeter descartaron esa medida, pero desde España el Presidente habló de no distinguir entre civiles y militares. ¿Derechamente les "quitó el piso"?
-Cuando nosotros hicimos el anuncio en La Moneda dijimos que ancianos y enfermos terminales eran un tema que la sociedad debía enfrentar y agregamos que no descartábamos que durante el trámite legislativo se reviviera el tema. Lo que dijo el Presidente es que en ningún caso el Gobierno ha dado por terminado el asunto. Y no creo que la causa de DD.HH. se vea fortalecida porque una persona muera llena de tubos en prisión o en su casa. O porque un anciano que no está condenado a presidio perpetuo termine sus últimos días cumpliendo un arresto en la cárcel que en su domicilio.
-Cuando usted asumió este cargo sobre su escritorio estaba la petición de indulto de Odlanier Mena (84 años), ex jefe de la CNI hoy condenado, y usted se negó a firmarlo. ¿Hoy qué haría?
-Yo no soy partidario de los indultos en general. Aquí no estamos hablando de indulto sino de una legislación carcelaria que se hace cargo de dar un régimen especial de condenas a aquellas personas en donde concurran condiciones humanitarias. Hoy en día hay indulto porque no existe la pena de arresto domiciliario. No se le puede decir a una persona ''te saco de la cárcel para mandarte a reclusión por 24 horas a tu casa''. Hoy uno debe optar si lo perdona o no lo perdona, pero dentro del régimen de conmutación no existe como condena el arresto domiciliario de 24 horas.
-¿Por qué no optaron por presentar directamente el proyecto con los puntos que le interesan al Ejecutivo en vez de buscar consensos políticos que los obligan a modificar asuntos que sí desean incluir? Algo similar ocurrió con la reforma educacional, en la que se anuncia una cosa, para luego cambiarla en medio de las negociaciones con la oposición. ¿Este es un estilo ya definido del Gobierno?
-No puedo hacer una declaración de tipo general, pero creo que hay ciertos temas país en los que uno tiene que tratar de construir consensos y que todos los sectores políticos se sientan detrás de la iniciativa que se está empujando. Uno no puede estar en política todo el tiempo tratando de pasar leyes con uno o dos votos producto de una mayoría circunstancial.
-La Concertación vio con buenos ojos este proyecto, pero luego de conocerse el tema de DD.HH. muchos calificaron la actitud del Gobierno como una voltereta. ¿Cree que este tema puede afectar finalmente al éxito de todo el proyecto?
-Creo que al final va a imperar la racionalidad en todos los sentidos. Con lo que he visto hasta ahora tiendo a creer que es algo que en la Concertación están analizando. Porque igual no es fácil justificar que uno no reconozca razones humanitarias en los casos que yo he planteado. Lo que nos distingue como sociedad de las personas que han cometido delitos graves, que han herido el alma nacional -cuestión que alcanza por supuesto a quienes violan los DD.HH. y a otros delitos graves- es que nosotros les reconocemos mayor grado de humanidad de lo que los condenados les reconocieron en su momento a otros.
-Algo similar defendió el comandante en jefe del Ejército y parlamentarios como Alberto Cardemil (RN) y María Angélica Cristi (UDI). ¿Sintió presiones en ese sentido?
-Yo nunca descarté y dije que era posible que este tema resurgiera en la discusión parlamentaria del proyecto. Pero cuando la diputada Cristi dice que no estamos ayudando a los que salvaron a la patria, creo que el peor favor que se le puede hacer a la causa de las razones humanitarias es no presentar las cosas como son: aquí no hay personas condenadas por defender a la patria sino que están condenadas por violar los derechos humanos.
-Uno de los sellos que ha querido mostrar este Gobierno es la seguridad ciudadana y el "fin a la puerta giratoria". ¿Se necesita explicar de mejor manera las medidas para quienes pensaron que esta administración se preocuparía de esos temas?
-Yo he visto a algunos políticos tratando de manipular a la gente diciendo cosas como que aquí se han abierto las puertas de las cárceles para que salgan delincuentes peligrosos. Eso a uno le genera desilusión porque ve que algunos tienen como vocación participar en política con pequeñeces y no con la verdad.
-¿Ha pensado en los costos políticos que puede traer para el Gobierno del Presidente Piñera el que alguno de los más de 9 mil beneficiados con estas medidas pueda delinquir estando en libertad y cometa, por ejemplo, un delito de sangre? ¿A quién se le traspasa esa responsabilidad? ¿Al Gobierno por propiciar medidas?
-Es necesario, primero, no hablar de 9 mil personas porque eso es una confusión. Estas medidas van en la dirección de no meter presas a unas 5 mil personas y lograr beneficios para otras con conmutación de penas. Y estamos hablando de personas que les queda muy poca pena por cumplir, por lo tanto, si comete un delito mañana es muy probable que igual lo iba a cometer en un par de meses más. Pero eso es ficción. Nosotros tenemos que hacer cargo que las personas que estamos liberando no figuran como personas peligrosas y mientras más días estén en la cárcel con mayor probabilidad se volverán peligrosas.
Foto: Felipe Gonzáles
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Saludos
Rodrigo González Fernández
Diplomado en "Responsabilidad Social Empresarial" de la ONU
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