Sergio Villalobos Rivera en EMOL
El Gobierno ha tenido la iniciativa de enviar al Congreso un proyecto de ley para reconocer constitucionalmente la existencia del pueblo araucano, con todas las consecuencias jurídicas que pueda tener.
Es de suponer que habrá invocaciones históricas para justificar la reforma y que, una vez más, se tendrán en cuenta conceptos vulgares y folclóricos debido a la ignorancia de los políticos y los gobernantes.
Debe considerarse, en primer lugar, que el conglomerado al cual va dirigido el proyecto no es de indígenas puros, sino de mestizos chilenos que ya habían surgido en el siglo XVIII y que hoy se designan artificialmente como mapuches. No se entiende por qué no se dará igual trato a los otros mestizos chilenos, como somos todos en general, que se originaron por el contacto con aymaras, diaguitas y picunches. El proyecto es discriminatorio y tiende a crear un sector privilegiado. La unidad esencial del país se resentirá, y ello es lamentable dado que esa unidad ha sido fundamental en el trayecto exitoso de la nación.
También es necesario considerar que el pueblo araucano resistió violentamente la dominación sólo en los comienzos, y que luego fue protagonista de su propio sometimiento. Le atrajeron todos los bienes de los dominadores, especialmente el aguardiente y el vino, y aceptaron un trueque que favorecía su economía y el nivel de vida. Desde tempranos tiempos se fueron incorporando a la cultura superior, en un proceso exitoso que ha continuado hasta hoy. Por esa razón poseen automóviles, celulares y computadores. Y, lo que es más importante, se han incorporado a toda clase de trabajos, profesiones y hasta han tenido parlamentarios y ministros de Estado. No se entiende por qué hay que agregarles más privilegios y constituirlos en un grupo más favorecido que el resto de los chilenos.
Los antiguos araucanos fueron protagonistas de su propia dominación. Se acercaron a los dominadores, trabajaron para ellos, en algunos casos entregaron tierras o las vendieron para la fundación de ciudades y fuertes. Hubo "indios amigos" que combatían decididamente al lado de las huestes militares y caciques que fueron grandes colaboradores, que se complacían en ser reconocidos como gobernadores, recibir bastón de mando y un sueldo, por modesto que fuese. Algunos contingentes se incorporaron al ejército español y al chileno y recibieron salario. Fueron despiadados para combatir a sus hermanos de sangre.
Los parlamentos celebrados cada cierto tiempo han llamado la atención de los indigenistas, creyendo ver un trato de potencia a potencia. Pero la verdad es muy distinta. La corona española jamás jugó con su soberanía, y sólo buscaba reducir por medios pacíficos a sus vasallos indígenas. Por esa razón, fueron las autoridades castellanas las que promovían la concurrencia de los caciques y sus mocetones, siguiendo las instrucciones permanentes de los reyes. El mismo sentido tuvieron los parlamentos durante la República. Era una condescendencia con los nativos.
En el parlamento de Tapihue, celebrado en 1825, los caciques solicitaron ser reconocidos como chilenos y que entre ellos tuviesen vigencia las leyes chilenas bajo el imperio del Estado chileno.
Ese predicamento fue reiterado en 1869 por el "pacto" establecido en Angol, donde los principales caciques manifestaron su voluntad de respetar el orden del Estado chileno, y agregaron un hecho simbólico: "En prueba de nuestra sumisión a las leyes de la República y respetuosa obediencia a las autoridades constituidas, nos desprendemos de nuestras lanzas que entregaremos juntas con las demás armas que existan entre nosotros".
Un senador indigenista, animoso y bien intencionado, concurrió a la Biblioteca Nacional en busca del parlamento de Tapihue. Se le facilitó, y después de leerlo guardó el más profundo silencio.
Tales hechos y una infinidad de otros similares prueban que la historia ha sido muy distinta a lo que vulgarmente se cree.
No faltarán, sin embargo, los suspicaces que aleguen que aquello fue la historia, pero que debe considerarse la situación actual. A ellos les recomendamos que consulten la encuesta realizada por Mideplan durante el gobierno de Frei Ruiz-Tagle y la del Centro de Estudios Políticos del año 2002.
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Saludos
Rodrigo González Fernández
Diplomado en "Responsabilidad Social Empresarial" de la ONU
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