EL OBSERVATORIO POLITICO

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jueves, enero 13, 2011

Gobierno anuncia inicio de conversaciones en Magallanes con obispo Bastres como facilitadorEl subsecretario Ubilla dijo que mañana se reunirán con el prelado, quien además sostendrá citas similares con autoridades y dirigentes regionales.UPICompartir

Gobierno anuncia inicio de conversaciones en Magallanes con obispo Bastres como facilitador

El subsecretario Ubilla dijo que mañana se reunirán con el prelado, quien además sostendrá citas similares con autoridades y dirigentes regionales.

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Miércoles 12 de Enero de 2011 21:06

Foto: José Miguel Cárdenas, El Mercurio

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PDI detuvo a presunto autor del atropello que mató a dos mujeres en Punta Arenas

PUNTA ARENAS.- El subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, junto a la intendenta de Magallanes, Liliana Kusanovic, y la gobernadora Gloria Vilicic, anunciaron el inicio del diálogo con la comunidad de Magallanes para acercar posiciones y encontrar una salida a la situación que se vive en la región, con el obispo Bernardo Bastres como facilitador del mismo.

Ubilla indicó que mañana se reunirán con el obispo Bastres, tras recibir la convocatoria la autoridad eclesiástica, quien además sostendrá citas similares con los parlamentarios de la región y los dirigentes de la Asamblea Ciudadana.

"Este es un rayo de luz que se vislumbra y que nosotros queremos aprovechar, porque creemos que la región y la ciudad de Punta Arenas se lo merecen. Así, estamos esperanzados en poder avanzar a partir de lo que hemos dicho, que es una mesa de trabajo que permita acercar posiciones y poder levantar a la brevedad este paro que ha traído tanto sufrimiento a algunas familias de la región, principalmente de Punta Arenas, y tanta destrucción, principalmente en la noche", afirmó el subsecretario del Interior.

Rodrigo Ubilla explicó que la manera en que se desarrollará esta mesa de trabajo será definida por el padre, por lo que declinó adelantar detalles al respecto, como una forma de respetar la investidura de la autoridad eclesiástica.

Por su parte, la intendenta Liliana Kusanovic se refirió a la detención del presunto autor del atropello que terminó con la muerte de dos mujeres.

"Es un trabajo que tuvo mucha diligencia de la PDI y le agradecemos a esta institución por este trabajo tan rápido y por haber detenido a este sujeto que ya está confeso. Esperamos que sea una satisfacción para todos el saber que Carabineros y la Policía de Investigaciones está trabajando de forma muy eficiente por asegurar el orden público en la región", indicó.

Balance de Carabineros

En tanto, el general de Carabineros, Cristián Llévenes, realizó un balance de las manifestaciones ciudadanas que se han llevado a cabo hasta este minuto.

Según informó, durante esta mañana fueron pasadas al Juzgado de Garantía 34 personas que fueron sorprendidas cometiendo desórdenes, robos y daños durante la madrugada, 5 de las cuales eran menores de edad. Otras dos fueron dejadas en calidad de imputados, por el Juzgado de Garantía.

Llévenes señaló también que durante la mañana se efectuaron cortes de tránsito en los accesos de Punta Arenas, Puerto Natales y la ruta internacional de Porvenir, todas situaciones bastante calmas, según se informó. Además, se realizaron fogatas en sectores periféricos de la ciudad.

"Lo que ocurrió anoche nos lleva a que, como institución, debemos adoptar algunos cursos de acción distintos para hacer frente al lúmpen y para cuidar a la comunidad magallánica que se ha estado manifestando de forma pacífica", dijo.

"Pero lo de anoche nos señala un nuevo escenario, por la participación de esta gente que está dedicada a cometer algunos ilícitos y por lo cual se hace necesario reforzar los servicios policiales para velar por el orden, la tranquilidad y el resguardo de las personas de Punta Arenas", agregó.

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Saludos
Rodrigo González Fernández
Diplomado en "Responsabilidad Social Empresarial" de la ONU
Diplomado en "Gestión del Conocimiento" de la ONU

Diplomado en Gerencia en Administracion Publica ONU

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OCTAVO JUZGADO CIVIL DETERMINA QUE CONCESIONARIA NO PUEDE ALZAR TARIFAS A SUS CLIENTES

El Octavo Juzgado Civil de Santiago prohibió a la Autopista Concesionaria Costanera Norte realizar el reajuste de sus tarifas en el horario punta, fuera de punta y horario de saturación, aumento que debía comenzar a regir a partir del 10 de enero pasado. En resolución de la jueza suplente Sylvia Papa Belletti se acogió una medida cautelar planteada por los abogados de Constanza Madrid Quinteros y otras 49 personas (rol 16140-2009), quien presentó una demanda de interés colectivo difuso en contra de la mencionada autopista basada en la Ley 19496 o Ley del Consumidor. El dictámen determina que: "Se concede la medida precautoria solicitada sólo en cuanto se prohíbe efectuar por parte de la demandada Sociedad Concesionaria Costanera Norte S.A. reajuste por el periodo 2011 a las tarifas para horario fuera de punta, horario punta y horario de saturación". La decisión ya fue notificada a la empresa demandada, el 7 de enero y al Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) el 10 de enero. El 5 de enero la demandante (representada por el abogado Cristián Heerwagen Guzmán) solicitó al 8° Juzgado Civil de Santiago que decretara la prohibición de alza en las tarifas mencionadas y que entrarían en vigencia el 10 de enero. En resolución del 6 de enero pasado la jueza Papa solicitó a la parte demandante rendir fianza de resultas, es decir dejar en el tribunal consignado un monto de dinero como resguardo ante una acción judicial temeraria. Sin embargo la parte demandante presentó un escrito de reposición solicitando que se eximiera del pago, basado en que el artículo 50, letra E de la Ley del Consumidor establece una serie de sanciones antes acciones judiciales injustificadas. La jueza Papa acogió la reposición argumentando que: "La sanción que establece la Ley resulta una garantía suficiente para el afectado en caso que sea declarada temeraria la demanda solicitada, a fin de tenerla en consideración para conceder la medida precautoria solicitada, máxime si resulta facultativo exigirla o no. Que por estas consideraciones, se concede la reposición solo en cuanto a no requerir caución". A reglón seguido la jueza Papa acogió la solicitud de los demandantes en los términos ya señalados.

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CORTE DE APELACIONES DE SANTIAGO CONDENA A MULTITIENDA POR VIOLAR LEY DEL CONSUMIDOR Y DETENCIÓN ILEGAL

La Corte de Apelaciones de Santiago ratificó que una multitienda debe cancelar una multa en beneficio fiscal y pagar una indemnización a un consumidor al que se le acusó de hurto al interior de un local y se le detuvo ilegalmente en la vía pública en las cercanías de la tienda. En fallo unánime (rol2808-2010) los ministros de la Octava Sala del tribunal de alzada Lamberto Cisternas, Gloria Ana Chevesich y la abogada integrante Claudia Chaimovich determinaron que Falabella debe cancelar una multa de 50 Unidades Tributarias Mensuales, equivalentes a $ 1.882.150 (un millón ochocientos ochenta y dos mil ciento cincuenta pesos) y una indemnización de $ 2.016.240 (dos millones dieciséis mil doscientos cuarenta pesos) a Jaime Muñoz Muñoz. La resolución confirma el fallo del Tercer Juzgado de Policía Local de Santiago que determinó que la demandada infringió los artículo 15 y 23 de la Ley del Consumidor; estos sancionan a los proveedores por las violaciones a la dignidad de las personas que cometan sus sistemas de seguridad (guardias) y por el actuar negligente que cause menoscabo al consumidor, respectivamente. El 2 de diciembre de 2008 Jaime Muñoz Muñoz concurrió hasta el local de Falabella ubicado en Ahumada 366 y adquirió una figura A Mas ST$ por $19.999. Luego de la compra salió del local y a poco caminar fue detenido por guardias del local, en el sector del Portal Fernández Concha, acusándosele de hurto de especies. Los vigilantes redujeron a Muñoz Muñoz en plena vía pública y además en los forcejeos le provocaron diversas lesiones en uno de sus antebrazos, la rodilla y tobillo izquierdo. Cuando los guardias tenían detenido ilegalmente al consumidor concurrieron al lugar dos efectivos de Carabineros de Chile, los que se acercaron al local y comprobaron que el consumidor había efectuado el pago del juguete y que no había hurtado ninguna especie. El fallo de primera instancia determina la arbitrariedad del actuar de los guardias de la empresa al realizar una detención ilegal y dañar la honra del consumidor demandante. "De la prueba rendida en la causa (...) se desprende de manera clara que producto de la reducción y detención ilegal del actor por parte de la denunciada, y de la acusación del delito de robo que la última formuló respecto de la primera al momento de su detención, todo ello en una vía pública con alta afluencia de personas, como lo es el sector de Plaza de Armas de Santiago, en una fecha próxima a las fiestas de fin de año, el actor ha sufrido un claro menoscabo, ya que al verse enfrentado a los hechos ya señalados frente a un número indeterminado de personas, la cuales según declaración de uno de los testigos, lo sindicaban como lanza o ladrón, en circunstancias que el actor no había robado objeto alguno, la denunciada con su actuar ha dañado de manera grave tanto la libertad e integridad personal del actor, como también su honra y dignidad, los que constituyen garantías fundamentales, encontrándose solo por debajo del derecho la vida en nuestra carta fundamental, hecho reconocido además por los dos funcionarios policiales que presenciaron directamente los hechos, cuyo testimonio rola de fojas 62 a 64, por lo que debe considerarse que el daño provocado a las condiciones normales de vida del consumidor fue en extremo grave, resultando por ello dicha circunstancia manifiestamente injusta, configurándose por ello un perjuicio de orden moral para su persona", dice el fallo del juez Héctor Jerez Miranda. En primera instancia el fallo había determinado una indemnización total de $ 21.286.240 (veintiún millones doscientos ochenta y seis mil doscientos cuarenta pesos), pero el tribunal de alzada determinó rebajar el pago retirando algunos aspectos del daño patrimonial (perjuicio ocasionado por la serie de exámenes que debió realizarse el demandante) y por una valoración distintas del daño moral. "Que, en razón de lo anterior, no resulta procedente fundamentar una condena por concepto de daño moral en otros argumentos no esgrimidos por el que lo sufrió, como es el señalado por el a quo en el motivo XIX de la sentencia que se examina y que se ha eliminado, porque, en el caso de autos, como ya se señaló, el afectado o la víctima expresó de manera clara y precisa cómo el suceso que experimentó perturbó sus condiciones normales de vida; alteración que, obviamente, depende del nivel de tolerancia de las personas ante los sucesos de la vida y que se deben soportar por el solo hecho de vivir en sociedad, como también de sus cualidades o calidades individuales, lo que hace indispensable que se rindan probanzas para que los juzgadores puedan aquilatar la magnitud del daño extrapatrimonial que se solicita resarcir y, en la mayoría de los casos, la existencia misma del menoscabo moral que se dice sufrido; así, en todo caso, lo ha señalado en forma reiterada la doctrina y la jurisprudencia. En esas condiciones, no puede considerarse, para los efectos indicados, la particular percepción que puede tener los sentenciadores de los hechos que se le presentan para juzgar o la impresión que les provoca en su fuero interno", asegura el fallo del tribunal de alzada en este aspecto.

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Palacio de Cortes

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La resolución confirma el fallo del Tercer Juzgado de Policía Local de Santiago que determinó que la demandada infringió los artículo 15 y 23 de la Ley del Consumidor; estos sancionan a los proveedores por las violaciones a la dignidad de las personas que cometan sus sistemas de seguridad (guardias) y por el actuar negligente que cause menoscabo al consumidor, respectivamente. El 2 de diciembre de 2008 Jaime Muñoz Muñoz concurrió hasta el local de Falabella ubicado en Ahumada 366 y adquirió una figura A Mas ST$ por $19.999. Luego de la compra salió del local y a poco caminar fue detenido por guardias del local, en el sector del Portal Fernández Concha, acusándosele de hurto de especies. Los vigilantes redujeron a Muñoz Muñoz en plena vía pública y además en los forcejeos le provocaron diversas lesiones en uno de sus antebrazos, la rodilla y tobillo izquierdo. Cuando los guardias tenían detenido ilegalmente al consumidor concurrieron al lugar dos efectivos de Carabineros de Chile, los que se acercaron al local y comprobaron que el consumidor había efectuado el pago del juguete y que no había hurtado ninguna especie. El fallo de primera instancia determina la arbitrariedad del actuar de los guardias de la empresa al realizar una detención ilegal y dañar la honra del consumidor demandante. "De la prueba rendida en la causa (...) se desprende de manera clara que producto de la reducción y detención ilegal del actor por parte de la denunciada, y de la acusación del delito de robo que la última formuló respecto de la primera al momento de su detención, todo ello en una vía pública con alta afluencia de personas, como lo es el sector de Plaza de Armas de Santiago, en una fecha próxima a las fiestas de fin de año, el actor ha sufrido un claro menoscabo, ya que al verse enfrentado a los hechos ya señalados frente a un número indeterminado de personas, la cuales según declaración de uno de los testigos, lo sindicaban como lanza o ladrón, en circunstancias que el actor no había robado objeto alguno, la denunciada con su actuar ha dañado de manera grave tanto la libertad e integridad personal del actor, como también su honra y dignidad, los que constituyen garantías fundamentales, encontrándose solo por debajo del derecho la vida en nuestra carta fundamental, hecho reconocido además por los dos funcionarios policiales que presenciaron directamente los hechos, cuyo testimonio rola de fojas 62 a 64, por lo que debe considerarse que el daño provocado a las condiciones normales de vida del consumidor fue en extremo grave, resultando por ello dicha circunstancia manifiestamente injusta, configurándose por ello un perjuicio de orden moral para su persona", dice el fallo del juez Héctor Jerez Miranda. En primera instancia el fallo había determinado una indemnización total de $ 21.286.240 (veintiún millones doscientos ochenta y seis mil doscientos cuarenta pesos), pero el tribunal de alzada determinó rebajar el pago retirando algunos aspectos del daño patrimonial (perjuicio ocasionado por la serie de exámenes que debió realizarse el demandante) y por una valoración distintas del daño moral. "Que, en razón de lo anterior, no resulta procedente fundamentar una condena por concepto de daño moral en otros argumentos no esgrimidos por el que lo sufrió, como es el señalado por el a quo en el motivo XIX de la sentencia que se examina y que se ha eliminado, porque, en el caso de autos, como ya se señaló, el afectado o la víctima expresó de manera clara y precisa cómo el suceso que experimentó perturbó sus condiciones normales de vida; alteración que, obviamente, depende del nivel de tolerancia de las personas ante los sucesos de la vida y que se deben soportar por el solo hecho de vivir en sociedad, como también de sus cualidades o calidades individuales, lo que hace indispensable que se rindan probanzas para que los juzgadores puedan aquilatar la magnitud del daño extrapatrimonial que se solicita resarcir y, en la mayoría de los casos, la existencia misma del menoscabo moral que se dice sufrido; así, en todo caso, lo ha señalado en forma reiterada la doctrina y la jurisprudencia. En esas condiciones, no puede considerarse, para los efectos indicados, la particular percepción que puede tener los sentenciadores de los hechos que se le presentan para juzgar o la impresión que les provoca en su fuero interno", asegura el fallo del tribunal de alzada en este aspecto.

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