(II Parte: Nuestra Misión) A lo largo de los años, nuestra principal misión ha sido la de promover, estudiar y ejercer influencia o persuasión en distintos ámbitos, en pos de la instalación en Chile de la institución del Defensor del Pueblo (conocido internacionalmente como ombudsman). Sus principales referentes han sido el derecho y la doctrina internacional, los pronunciamientos de los órganos de Naciones Unidas, todo ello aplicado a la realidad nacional y nuestra propia institucionalidad. Así, la propuesta básica –la creación del ombudsman– a lo largo del tiempo ha tenido diversas expresiones y énfasis, variando asimismo la composición de los miembros que adhieren o participan en las actividades de la organización. Al momento de su creación, a fines de 1985, obviamente la visión estaba centrada en la demanda de término del régimen militar y recuperación de la democracia, con explícitos contenidos de derechos humanos. Los fundadores del Capítulo provenían mayoritariamente del mundo de la academia y de sectores políticos opositores al régimen imperante. Esta primera etapa culminó en el proyecto de reforma constitucional de 1991, preparado por nuestro Capítulo a petición expresa del Presidente Aylwin. Los contenidos de la figura del Defensor del Pueblo fueron los de promoción y protección de los derechos humanos en su acepción más clásica, al punto que, incluso contrariamente a la idea del Capítulo, a última hora ingresó al Senado con un fuerte contenido en derechos civiles y políticos, en desmedro de los económicos, sociales y culturales. El primer proyecto no tuvo el respaldo necesario e iniciado un nuevo gobierno (1994), no se contó explícitamente con apoyo oficial a la creación del ombudsman (si bien en 1997 se propuso una ley de defensoría del usuario). Desarrollamos pues nuestra labor en un contexto distinto, tanto por la falta de iniciativa gubernamental, como por el surgimiento de organizaciones de la sociedad civil, que recogían y expresaban las demandas ciudadanas en democracia. El concepto de derechos humanos, por la realidad nacional y diríamos por un mejor entendimiento de su desarrollo internacional, asumió en el país las reivindicaciones de una ciudadanía emergente. Todo ello tuvo repercusión en nuestros objetivos y podríamos situar en 1997-1998 el fortalecimiento de la identidad ciudadana del Capítulo y el cambio de perfil de las mayorías en su interior. La tendencia a una mayor "ciudadanización" se ve confirmada por el avenimiento del gobierno de Ricardo Lagos, y en nuestro ámbito, por un nuevo proyecto, el del "Defensor del Ciudadano" (2000). Se abrían nuevamente posibilidades para la instalación de la figura del ombudsman e incluso en 2001 el Presidente Lagos instaló una comisión mixta Gobierno- Sociedad Civil (con nuestra participación), supuestamente provisoria, que sentaría bases para la futura Defensoría. Sin embargo, los intereses políticos de la oposición e incluso de sectores de la Concertación -sin nunca oponerse a la idea del ombudsman- en la práctica impidieron la discusión del proyecto. Nuestro Capítulo tuvo los mayores "éxitos" en cuanto a la difusión de la necesidad de la Defensoría, siendo al mismo tiempo de resultados notoriamente estériles. El gobierno de la Presidenta Bachelet logró revertir la negativa tendencia, pues en enero de 2008 un remozado proyecto recibía por primera vez la aprobación de una comisión parlamentaria y luego de una azarosa tramitación, sería aprobado en general y por amplia mayoría por la Cámara de Diputados, en marzo de 2009. La misión del Capítulo asumió nuevas expresiones, tanto por su participación activa en las discusiones parlamentarias, como por su trabajo con todas las expresiones políticas, reforzándose el carácter autónomo de la organización. Últimamente diversas organizaciones de la sociedad civil han incluido en sus programas –y con recursos– la demanda de la Defensoría de las Personas. A su vez el Capítulo ha extendido sus objetivos hacia la creación de defensorías a nivel local, de lo cual hay valiosa experiencia internacional. Lo anterior ha permitido establecer alianzas con instituciones afines tanto nacionales como internacionales. La colaboración y alianza parecen ser las formas mas adecuadas de abordar la exigencia de la creación de la Defensoría del pueblo, en una etapa que se ha paralizado nuevamente el proyecto legislativo y en la que paradojalmente, se hace mas que nunca necesaria la institución defensora de los derechos humanos y ciudadanos. Próxima III Parte: Las perspectivas |
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Rodrigo González Fernández
Diplomado en "Responsabilidad Social Empresarial" de la ONU
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